Por: Ángela Mariottiz y Demian Danielle García
Diciembre y enero de 2025

Cuba fue el primer país en Latinoamérica en despenalizar el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y pese a que este triunfo se le atribuye a la revolución, lo cierto es que esta era una práctica recurrente en el país y ya se permitía dentro de ciertas causales. No se tiene certeza el momento en que esta práctica se empezó en el país, las primeras leyes datan de 1870, sin embargo la norma que explícitamente despenaliza el aborto regía en Cuba entre 1936 hasta 1979. Aquella establecía que se podría hacer el procedimiento cuando: A) el aborto necesario para salvar la vida de la madre o para evitar un grave daño a su salud; B) el que se provocare o llevare a cabo con su anuencia cuando la gestación hubiera sido ocasionada por haberse cometido sobre la grávida el delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, o estupro; y, C) el que se provocare o llevare a cabo, con la anuencia de los padres, cuando el propósito sea evitar la transmisión al feto de una enfermedad hereditaria o contagiosa de carácter grave.

​

Con la llegada de la revolución, se dice que se tomó consciencia de los posibles riesgos que acarreaba el aborto cuando este se hacía de manera recurrente y en malas condiciones. No obstante, la base para despenalizarlo completamente fue hacia 1965 y finalmente en 1979 – veinte años después de la revolución – cuando se firma un nuevo Código Penal; estas discusiones se dieron debido a que como consecuencia del éxodo de médicos especializados, hubo un aumento en los abortos inseguros y por ende en la mortalidad materna.

​

Esto empujó al gobierno a reconocer la problemática, cambiando de las nociones antiabortistas que tenía la “joven revolución” hacia una visión que primara las razones que empujaban a las mujeres a someterse a estos procedimientos. Por ello en 1979 se establece una normativa que, contraria a muchas en la región, dicta las situaciones en las que se penaliza el aborto: a) se comete por lucro; b) se realiza fuera de las instituciones oficiales; y c) se realiza por persona que no es médico o sin el consentimiento de la grávida. Esto supuso un avance en los derechos de las mujeres en la isla, no solo por regular una práctica ancestral, sino porque se acompañó con una estrategia pedagógica en anticonceptivos y capacitaciones de personal, para evitar la mortalidad materna. Y como se pretendía con los demás servicios de salud, la IVE se comenzó a realizar de completamente gratuita (Benítez, 2014).

​

La propaganda que hizo el gobierno de la despenalización de la IVE como un triunfo de la revolución y de las mujeres ha hecho que históricamente se ponga el caso cubano como un referente, fundamentalmente argumentando dos razones: 1) la universalidad, gratuidad y calidad del servicio, y 2) la despenalización absoluta de la IVE. No obstante, la despenalización no implica netamente la solución de los problemas, resulta indispensable que se acompañe con una educación sexual integral y un acceso libre e informado a métodos de anticoncepción o planificación familiar. Si bien se pretendía en un inicio que así fuera, con el paso del tiempo, la situación en este ámbito se ha tornado problemática en un entorno dictatorial que sume al país en una crisis política, económica y social. Y aunque, sin duda fue un logro el reconocimiento del aborto como un derecho reproductivo de las mujeres y personas gestantes; en la práctica, este acarrea barreras estructurales que se deben de acatar con una ley específica que regularice la IVE, que hasta el día de publicación de este artículo, es inexistente.

​

En los últimos años ha existido un aumento en la cifra de abortos en el país, que no ha sido tan marcada como en años anteriores, como en la década de los 80, pero que sí ha generado una percepción de crecimiento desmesurado que se asocia a los bajos índices de natalidad que hay en Cuba y fortalece los discursos antiabortistas. Este fenómeno ha dado lugar a una narrativa perjudicial que estigmatiza a las mujeres y a las personas gestantes de irresponsables, atribuyéndoles culpa por el envejecimiento poblacional. Y por más que el régimen cubano proclama internacionalmente que la llegada de la revolución exterminó el patriarcado, las actitudes machistas siguen estando presentes y una de las muestras es seguir cargando a las mujeres y personas gestantes con la responsabilidad sobre la reproducción y natalidad, y en ese sentido sancionar socialmente su placer y derecho a una sexualidad libre y sana.

Uno de los textos en los que se reproduce esta idea es en la monografía: Marco legal de la interrupción voluntaria del embarazo en tres países de Latinoamérica, Colombia, Cuba y Chile 2017 (2017); en la que se realiza un estudio comparado entre estos tres países. En su análisis, se concluye que, en el contexto cubano, existe una “cultura del aborto”, debido a que las mujeres y personas gestantes recurren a la IVE como un método de planificación familiar, aun cuando hay disponibilidad de educación sexual y anticonceptivos en la isla. En los apartados siguientes se discutirá esta tesis, con el fin de demostrar que el aborto en Cuba abarca dimensiones mucho más complejas, y que ignorarlas contribuye a la perpetuación de una narrativa patriarcal contraproducente que refuerza las violencias hacia las mujeres y personas gestantes.

​

¿Cómo funciona el aborto en Cuba?

​

Abortar en Cuba no es un trámite tan fácil y carece de guías y métricas claras para acceder a este procedimiento, ya que, no existe una ley específica para la IVE. Sin embargo, el documento Guías metodológicas para la instrumentación de todos los tipos de terminación voluntaria del embarazo, elaborado por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), establece los lineamientos principales. Según esto, el servicio debe realizarse exclusivamente por un médico que esté inscrito y habilitado en el Registro de Profesionales de la Salud en Cuba, en instituciones acreditadas para este fin, bajo los parámetros de este documento.

​

Para acceder a la IVE, primero se requiere un diagnóstico certero de embarazo mediante métodos clínicos, inmunológicos o de imagenología. La persona gestante acude a su médico de familia, a un especialista en ginecobstetricia o al profesional autorizado en una institución oficial. Una vez confirmado el estado, el servicio se brinda de manera gratuita. La terminación voluntaria puede realizarse libremente hasta la semana 12 de gestación, contada desde el primer día de amenorrea. Pasado ese límite, se autoriza solo en situaciones que pongan en riesgo la vida o la salud de la mujer, o ante inviabilidad fetal grave. Dichos casos exigen la evaluación de una comisión hospitalaria.

​

Los métodos empleados son la regulación menstrual (aspiración manual, sin anestesia, hasta la sexta semana), la inducción medicamentosa (con misoprostol, cuyo uso está limitado por la escasez de insumos) y el aborto quirúrgico (legrado), que se aplica cuando fracasa la inducción o el embarazo se encuentra más avanzado. El MINSAP determina la técnica según cada situación clínica.

En todos los procedimientos, se exige un consentimiento informado por escrito y la realización de exámenes previos (hemoglobina, hematocrito, serología, exudado vaginal y prueba de VIH). No siempre se aguarda el resultado de esta última (Anandra, 2022).

Aproximaciones a la tesis

​

El texto de Cáceres y Cardona (2017) toma el caso de Colombia, Chile y Cuba hasta el año 2017, cabe mencionar que en los dos primeros países la situación de la IVE se regulaba bajo tres causales, situación que ha cambiado en Colombia desde el año 2022 en el que se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. En el texto se realiza un análisis de cada caso a partir de una revisión bibliográfica recolectada a partir del tema, y esto se sistematiza en tres parámetros: los antecedentes históricos, los lineamientos normativos y la implementación de la norma; al final se hace una discusión general de los tres países.

​

En el caso específico de Cuba, las autoras se centran en dos textos: La trayectoria del aborto seguro en Cuba: evitar mejor que abortar (2014) ,de la doctora María Elena Benítez Pérez y El aborto en Cuba: Como sacarse una muela (2014), trabajo de grado presentado por Gabriela López Díaz ante la Pontificia Universidad Javeriana. Los argumentos que llevan a las autoras a afirmar que hay una “cultura del aborto” se centran en dos cosas: las altas cifras de fecundidad adolescente y el alto grado de conocimiento de la población sobre métodos anticonceptivos.

​

Cáceres y Cardona (2017) se basan en el trabajo de López para afirmar que hay un preocupante número de adolescentes que quedan en embarazo y acceden al aborto, atribuyendo directamente esta razón a que ven el aborto como una medida de anticoncepción. No obstante para afirmar esto López recurre al texto Cuban Teenagers Overuse Abortion as Birth Control (2013) realizado por la agencia de noticias Inter Press Service (IPS) y al estudio El aborto en adolescentes en un contexto legal ( 2012) realizado por las doctoras Luisa Álvarez y Nelli Salomón.

En el primero se toma el testimonio del doctor Jorge Peláez, vicepresidente de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, y de las doctoras del segundo estudio, en donde se afirma que en efecto hay una preocupación por los altos índices de adolescentes embarazadas opten por abortar que corresponden al 76% (notar que esta cifra no se comprueba en el artículo de IPS con alguna otra entidad). Sin embargo, también se da cuenta que la razón de esto tiene que ver con una cultura tradicional arraigada que hace que haya una carencia de comunicación y pedagogía en las familias sobre los métodos anticonceptivos y se recurre al aborto para evitar el castigo social, sin tener presente los riesgos que implica su uso repetitivo.

​

Además Álvarez y Salomón (2012) en su artículo mencionan que también está relacionado que se responsabiliza a la mujer sobre la prevención del embarazo, lo que lleva a que no haya un papel activo del hombre en la decisión del aborto, pues la cultura ha hecho que la preocupación de la anticoncepción sea netamente de la mujer y su familia. Por lo tanto, estos tres autores ven la problemática como algo estructural por culpa de una cultura machista, por ello, las aproximaciones a la solución de esta problemática deben realizarse con un enfoque de género.

​

Si bien López incluye el último argumento dentro de su trabajo, ignora completamente el papel de las familias en la pedagogía sobre anticoncepción y riesgos de la IVE. Y aún así, nada de esto se relaciona en el trabajo de Cáceres y Cardona, que en referencia a López, afirman que  “tal libertad ha hecho que las mujeres abusen (…) de este derecho, hasta llegar al punto de utilizar el aborto como método de planificación; esta situación (…) influye fuertemente en la tasa de natalidad del país”  (2017, p. 53).

Finalmente, las autoras llegan a tal conclusión al comparar este alto índice de embarazo adolescente con lo argumentado por la doctora Benítez Pérez (2014), que rescata los resultados de las Encuestas Nacionales de Fecundidad (ENF) de Cuba, realizadas en 1987 y 2009.  La ENF-1987 incluyó a mujeres de 15 a 49 años y recopiló datos a través de entrevistas cara a cara sobre los métodos anticonceptivos que las participantes conocían y habían utilizado. La ENF-2009 amplió la muestra a hombres y mujeres de 15 a 54 años. Ambas encuestas demuestran que en el país hay un alto conocimiento de métodos anticonceptivos, llegando al 99%. No obstante, Benítez Pérez también asegura que después de 1987 hay un descenso en el número de abortos, y en las mismas cifras presentadas, que se pueden ver en la Figura 1, el número de nacidos vivos no aumentó después de ese año; lo que empieza a poner en cuestión la relación entre el número de abortos con los bajos índices de natalidad.

​

Figura 1. Cifras de nacidos vivos y abortos inducidos en Cuba entre 1968-2013

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Nota. Tomado de Benítez Pérez (2014)

​

Ninguno de los estudios referenciados en el trabajo de Cáceres y Cardona cuestiona la accesibilidad de la población a los métodos anticonceptivos, de hecho afirman que es completamente libre, gratuito y sin ninguna barrera. López (2014) directamente expresa:

La escasez de anticonceptivos en el país no constituye una causa para la alta tasa de abortos. Al contrario, en un país en el que abundan las carencias debido de su situación política y económica; donde la aspirina es expendida por cuotas y otros medicamentos son controlados mediante recetas médicas, los únicos productos que se dan de forma gratuita y sin control en las farmacias son los condones y las píldoras anticonceptivas (p.47).

​

No obstante, hay que mencionar que la situación del país ha empeorado desde entonces, y desde la despenalización del aborto a hoy en día, el acceso a anticonceptivos ha sido problemático. Durante un tiempo la disponibilidad de estos estuvo constante y era subsidiado por el Estado, a pesar de no rebosar el 77% de la demanda, sin embargo en el 2014 se comenzó a evidenciar una escasez en los métodos de planificación, en especial del condón. En ese año la BBC publicó un artículo denunciando la falta de preservativos en las farmacias cubanas y aun cuando la versión oficial sostenía que hubo un problema con la fecha de validez de los adquiridos de la marca “Momentos”, los problemas relacionados a la cobertura se expandieron (Rainsford, 2014).

​

En el año 2016, en el medio diario de cuba se publica un artículo con el testimonio de Blanca Rosa, una enfermera de ginecología que afirmaba que había un problema con la diversificación de métodos anticonceptivos, pues la falta de pastillas anticonceptivas y dispositivos intrauterinos (DIU) dificultó la recomendación del método acorde a las condiciones de la paciente y la disponibilidad de preservativo era inestable, y en algunos casos, los disponibles estaban vencidos (Zamora, 2016). Las cifras de cobertura y disponibilidad de anticonceptivos después de 2017 disminuyeron aún más, sin embargo este tema se actualizará mas adelante, en tanto que el artículo de Cáceres y Cardona se publicó en ese año.

​

Por otra parte, ninguno de los textos mencionados analiza y/o profundiza otros factores que pueden afectar los índices de baja natalidad y el aumento de la percepción de índices de IVE, como el abuso sexual, las condiciones socioeconómicas y la migración masiva. Además, considerando lo expuesto en el anterior apartado, a pesar de que en la normatividad la IVE se encuentra despenalizada, después de la semana 12 de gestación la decisión de acceder al aborto no es de la mujer y/o persona gestante, sino que depende de la decisión médica que muchas veces se ve sesgada, ya sea por posturas antiabortistas, barreras en el servicio o la idea de no afectar la natalidad en el país.

Situación actual del aborto

​

Haciendo una actualización de los datos y recopilando los testimonios, hoy en día no se puede afirmar que en Cuba exista un aborto legal, gratuito ni seguro.

​

En primer lugar, la despenalización del aborto no es suficiente, en cuanto a que, la ausencia de una ley de regularización de la IVE con un enfoque diferencial hace que existan barreras para el acceso a un procedimiento de calidad que no ponga en riesgo la vida de la mujer y/o persona gestante. Y es que aunque existe el documento Guías metodológicas para la instrumentación de todos los tipos de terminación voluntaria del embarazo, este resulta insuficiente para garantizar el servicio, ya que no regula algún tipo de sanción para aquella persona que viole, impida, restrinja o haga un mal procedimiento en el aborto inducido. Además de no reconocer la diversidad e interseccionalidad de las realidades de las personas que acceden a un aborto, puesto que no se ha incluido dentro de la terminología a los hombres trans y personas no binarias en capacidad de gestar.

​

Como en el caso de Lucía, que tuvo varias barreras para acceder al aborto; en un principio en referencia al cuerpo de guardia de un hospital en Santiago de Cuba afirmó “ Con una tremenda falta de empatía me comunicaron que debía continuar con el embarazo porque no practicaban abortos, solamente a jóvenes de edad temprana y yo tenía 24 años. Me dijeron que respondían a una decisión gubernamental, con el propósito de aumentar la natalidad en la provincia” y después de insistir por la IVE le pidieron avales específicos de ciertos especialistas, una de ellas se negó a firmarle el aval por razones religiosas. De ahí la necesidad de un marco normativo que indique directamente cómo proceder con la objeción de conciencia y con las violencias que se puedan enfrentar en el proceso (Alma Mater, 2023).

Aún más con el auge de organizaciones provida en la región que hacen “trabajo social” para evitar que las mujeres y personas gestantes realicen los abortos, bajo una narrativa religiosa que se sustenta en “la promoción del valor de la vida desde la concepción, el perdón de Dios ante lo que llaman el “pecado de abortar” y los beneficios de entregar la vida a la espiritualidad cristiana” (Rivera, 2022), que incluso realizan su labor al interior de los centros de salud de manera abierta y continua, lo que pone a reflexionar en el papel gubernamental que hace caso omiso a esta violación a este derecho.

​

Además, es necesario analizar que, aunque se entiende que esta es una decisión de la mujer y/o persona gestante, después de las 12 semanas de gestación, la posibilidad de acceder a la IVE depende exclusivamente de una justificación médica y la aprobación de un comité especializado. Si tenemos presente que hay un sistema de salud que tiene carencias a nivel estructural y desde hace años se ha denunciado que está en crisis (Caballero, 2023); la accesibilidad al servicio antes de las 12 semanas se imposibilita entre los requisitos, las citas y los tiempos de espera. Vale la pena replantear si realmente las mujeres y personas gestantes deciden sobre su cuerpo o no, ya que fácilmente después de este tiempo se puede negar el servicio y no existe un amparo para la garantía del mismo.

​

Adicionalmente, la situación de persecución a opositores en la isla añade otro factor a considerar: y es cuando el Estado no hace cumplir la ley o la usa a su merced. Según un artículo publicado por Observatorio de Género de Alas Tensas, el Estado cubano ejerce de manera constante y sistemática violencia de género hacia periodistas independientes, activistas de la oposición, artistas disidentes y defensores de los derechos humanos. Uno de los instrumentos de persecución que se ha usado por parte del régimen es el aborto forzado y la violencia obstétrica (I. Fuentes, 2024).

​

El año pasado, la organización Prisoners Defenders denunció ante Naciones Unidas que a Lisdany Rodríguez Isaac la estaban coaccionando a abortar. Según la información que la madre le otorgó a la organización, Lisdany, quien es una de las presas políticas de las protestas del 11J y luego de quedar en embarazo en la cárcel, la Seguridad del Estado le dijo que “se lo tenía que sacar”, y aún cuando ella se ha mantenido firme en su decisión no se le ha dado la atención médica necesaria y ha estado hasta 12 horas sin comida (Prisoners Defenders, 2024).

​

Este es tan solo uno de los casos en los que se denuncia el aborto en contra de la voluntad de la madre y/o persona gestante. Según Prisoners Defenders (2021), a la par con la manipulación de cifras relacionadas con la mortalidad infantil, se realizan procedimientos sin consentimiento o con dictámenes médicos falsos, en situaciones en las que hay alguna mínima dificultad de manera tal que se pueda evitar una muerte temprana y esto perjudique las cifras que se presentan ante el mundo. De los más de 1500 testimonios de médicos cubanos que ha recogido la organización, más del 50% reconoce “que el gobierno les obliga a falsificar estadísticas médicas, informar de visitas inexistentes o asignar enfermedades y dictámenes médicos falsos” (p. 4).

En segundo lugar, no es gratuito, en cuanto a que la escasez y la crisis del sistema de salud en Cuba han encarecido y complicado su acceso, en especial la falta de insumos, instrumental médico y medicamentos obliga a muchas mujeres y personas gestantes a llevar sus propios materiales quirúrgicos, o incluso a pagar sobornos para ser atendidas con rapidez. En una entrevista para Programa Cuba, Ileana Álvarez, sustenta que la precariedad sumada a la salida de profesionales sanitarios y a la insalubridad de las instalaciones, lleva a que algunas personas gestantes busquen abortos clandestinos, exponiéndose a mayores riesgos. El supuesto carácter gratuito del procedimiento se ve desvirtuado por la necesidad de “regalos” o dinero, lo cual lo convierte en un servicio cada vez más dependiente de la capacidad económica de la paciente (Mariottiz, 2024).

Esta situación se sustenta con el testimonio de mujeres como Lucía que después de todas las barreras que anteriormente se explicaron, al final decidió recurrir al mercado negro y la clandestinidad para realizarse este procedimiento: “Me vi en la necesidad de tomar otro recurso. Pude conseguir, a través de un amigo, a un doctor que me hizo la interrupción escondido de las autoridades de Salud Pública. En la consulta me dijo que, a todas luces, me realizaba una regulación menstrual por un retraso en mi período, debido a mis problemas hormonales”. En ese mismo estudio realizado por la revista Alma Mater, se advirtió que al algunas mujeres tuvieron que llevar los insumos para los exámenes de sangre y una tuvo que pagarle a una enfermera por una cama (Alma Mater, 2023).

​

Asimismo, se reconoce que ante la precariedad, se han popularizado las compras y ventas en plataformas como Revolico, WhatsApp y Telegram, en donde pueden hallarse 14 tabletas de Misoprostol (200 mcg) a precios que van de 600 CUP a 8 000 CUP, e incluso se comercializan en dólares. Esta situación ha sido reconocida por el presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz, que explicó que el abastecimiento e farmacias estatales seguiría siendo complejo y de ahí la venta de medicamentos en el mercado negro (Fernández, 2024).

En tercer lugar, no es seguro, en tanto que existen prácticas de riesgo asociadas a la situación del sistema. La carencia de medicamentos, estructura y aseo adecuado en los centros de salud crea condiciones peligrosas para las personas en el momento de acceder al aborto; se ha denunciado que hay muy poca higiene que crea entornos de infección, por tanto las personas evitan ir a los hospitales. A eso hay que adicionar el éxodo de médicos y las misiones, que dejan a la isla sin profesionales en salud adecuados para realizar este tipo de procedimientos; y de los pocos que quedan trabajan en condiciones precarias sin insumos para atender a la población y bajos salarios (Caballero, 2023; Mariottiz, 2024).

De la misma manera, el auge del mercado negro propicia el entorno perfecto para el uso irregular de los medicamentos y de los abortos clandestinos. El uso incorrecto de algunos métodos como el Misoprostol, lleva consecuencias graves para la salud de la persona gestante; en las guías, se establece que el uso de este se puede hacer hasta las 12 semanas de gestación, no obstante la recomendación es que se limite a 9 semanas para disminuir los riesgos, si se usa de otra forma se puede llegar a una rotura uterina. También, la práctica reiterativa de métodos como la regulación menstrual puede llevar a complicaciones como la infertilidad (Fernández, 2024).

¿Se puede concluir que hay un aborto cultural?

​

Volviendo a la conclusión de Cáceres y Cardona (2017), otro dato para rebatirla es la actualización de los datos referentes a la cobertura de anticonceptivos. En apartados anteriores se evidenció que hacia el 2016-2017 se empezaron a notar los matices de esta problemática, para 2018 el periódico cienfueguero Cinco de Septiembre, expuso que la provincia central había reducido la comercialización de preservativos un 23% respecto a los primeros cuatro meses del año anterior. De hecho, como se observa en la Figura 2, la tendencia de cobertura fue en decrecimiento a partir del 2013, hasta el año 2019 que es la última fecha en la que el régimen presentó datos referentes a esto, sin embargo es muy probable que la tendencia haya seguido igual.

​

Figura 2. Tasa de aborto por cada mil mujeres frente a la cobertura anticoncepcional. Periodo comprendido entre 1993 y 2021

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​Nota. Fuente: Anuario Estadístico de Salud. Autora: Loraine Morales Pino. Tomado de Morales ( 2023)

​

Para el 2020, la crisis de la salud en Cuba se puso en evidencia con la pandemia por COVID-19, uno de los sectores principalmente afectados fue la disponibilidad de anticonceptivos, en especial del preservativo. Para ese año la revista Alma Mater realizó un estudio con 106 farmacias en el país, encontrando que solo en dos de ellas había disponibilidad de condones; además se anunció en enero de ese año una novedosa llegada de suministro de preservativos a la ciudad de Pinar del Río, que solo garantizaba diez días de cobertura. Lo que se corroboró cuando el Ministerio de Salud Pública reconoció que existía una limitación debido a la pandemia  (T. Fuentes & Héctor, 2023; Guerrero, 2020).

​

Para el 2021 no había preservativos y la única manera de adquirirlos empezó a ser por medio del mercado negro, y pasó de lo estatal a lo privado. Al mismo tiempo el Ministerio de Educación informó que la implementación de la Resolución 16, emitida el 26 de febrero de 2021, sobre el Programa de Educación Integral en Sexualidad (PEIS) con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos, quedaría pospuesta debido a que la compleja coyuntura económica y epidemiológica en el territorio (Alma Mater, 2023). Lo que en definitiva sustenta que la cobertura de anticonceptivos en Cuba ha ido en decadencia, por esa razón, actualmente, para las personas gestantes es difícil acceder a un método de planificación que se acomode a sus necesidades, ya que deben comprarlos en el mercado negro o esperar a las donaciones por parte de organizaciones internacionales.

​

Ahora bien ¿los abortos provocan bajos índices de natalidad?, ¿hay una cultura de aborto en las mujeres cubanas?, la respuesta es: no. Mientras que, en los textos anteriores a 2017 se expone directamente esta relación entre la “alta cobertura” de anticonceptivos en el país con los altos índices de abortos inducidos, haciendo una actualización de los datos y revisando otros factores, no se puede ver una relación.

Haciendo una revisión de la situación del aborto se puede concluir que, si bien es cierto que hoy en día el uso del aborto se ha convertido en una práctica de anticoncepción, las razones detrás de esto no corresponden netamente a una “costumbre” arraigada entre las mujeres y personas gestantes cubanas, más bien ha sido consecuencia de las dificultades alrededor del acceso a anticonceptivos y una educación sexual que no ha sido efectiva. Prácticamente no hay opciones alternativas a la IVE.

​

En cuanto a la tasa de natalidad, si revisamos las cifras de la figura 3, se evidencia un incremento de abortos inducidos después del año 2011 en comparación de la década anterior, esto se puede explicar con las falencias en la cobertura de anticonceptivos en el país. Aun así, después del año 2018 hay una tendencia de decrecimiento, que resulta bastante curioso, mas sin embargo se puede explicar a partir de las barreras que se ponen al momento de acceder a la IVE, y más en el año 2020 que hubo una repercusión directa de la pandemia.

Ahora bien, si se revisa los índices de natalidad consignados en la Figura 4, lo que se esperaría según la conclusión de Cáceres y Cardona (2017) es que los años en los que el aborto disminuyó, la tasa de natalidad debe de incrementar. Sin embargo, lo que se observa junto a la Figura 3 es que el decrecimiento en la tasa de natalidad es parcialmente constante y no tiene cambios significativos en los periodos en los que el aborto disminuyó, como aquellos comprendidos entre 1993-2004 y después del 2018. De hecho es curioso notar que, en la década de los 80, época con mayor número de abortos inducidos, tuvo también un leve aumento en las tasas de natalidad.

Figura 3. Evolución de los indicadores relativos al aborto- Período comprendido entre 1980 y 2021

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Nota. Fuente: Anuarios estadísticos de salud . Autora: Loraine Morales Pino. Tomado de Morales (2023)

Figura 4. Tasa bruta de natalidad en Cuba (1966-2021)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​​​Nota. Fuente: Anuario Demográfico de Cuba 2021 de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Tomado de (Figueredo et al., (2022)

La construcción de esta narrativa de culpabilidad parte de la confluencia entre las arraigadas nociones patriarcales de la sociedad cubana y el afán del régimen por ocultar la crisis sanitaria que atraviesa el país. Para revertir ese panorama, se requiere un enfoque holístico que visibilice la diversidad de realidades de las mujeres y personas gestantes, contemplando las particularidades de cada caso y territorio, y una legislación inclusiva y justa capaz de eliminar las barreras que enfrentan los grupos marginalizados. Esto implica no solo un aborto legal, seguro y gratuito, sino también el respeto a la ley, una democracia abierta y transparente, un replanteamiento estructural del sistema de salud y, de manera esencial, una Ley de aborto seguro que actualice las directrices de la IVE y proteja efectivamente los derechos de quienes deciden interrumpir su embarazo.

​

Además, es fundamental garantizar el acceso equitativo a servicios de salud sexual y reproductiva, promover la educación sexual integral que considere las realidades diversas de la población y abogar por políticas públicas que reduzcan las desigualdades sociales y económicas que condicionan las decisiones reproductivas, entre estas una transición democrática que castigue las violaciones a los Derechos Humanos. Solo así podrá asegurarse que todas las personas cuenten con la libertad y la capacidad de tomar decisiones informadas y autónomas sobre su salud y su vida reproductiva. De esta manera se contará con una educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir.

Referencias

​

Alma Mater. (2023). Aborto en Cuba: Un derecho en disputa. Alma Mater. https://medium.com/revista-alma-mater/aborto-en-cuba-un-derecho-en-disputa-180e1959caeb

​

Álvarez Vázquez, L., & Salomón Avich, N. (2012). El aborto en adolescentes en un contexto legal. Revista Cubana de Salud Pública, 38(1), 45-53. https://doi.org/10.1590/S0864-34662012000100005

​

Benítez Pérez, M. E. (2014). La trayectoria del aborto seguro en Cuba: Evitar mejor que abortar. Revista Novedades en Población, 10(20), 87-104.

Caballero, K. (2023). La salud pública en Cuba está en crisis, y no se avizora una mejoría, reconoce el gobierno. https://www.martinoticias.com/a/la-salud-p%C3%BAblica-en-cuba-est%C3%A1-en-crisis-y-no-se-avizora-una-mejor%C3%ADa-reconoce-el-gobierno/358961.html

​

Fernández, E. (2024). Cubanas enfrentan riesgos médicos por abortos inseguros. elTOQUE. https://eltoque.com/cubanas-enfrentan-riesgos-medicos-por-abortos-inseguros-en-cuba

Figueredo, O., Izquierdo, L., & Carmona, T. (2022). Cuba en Datos: Población cubana decrece y envejece [CubaDebate]. http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/07/15/cuba-en-datos-poblacion-cubana-decrece-y-envejece/

Fuentes, I. (2024). Aborto forzado: Violencia estatal contra las mujeres en Cuba. alastensas.com. https://alastensas.com/observatorio/aborto-forzado-violencia-estatal-contra-las-mujeres-en-cuba/

Fuentes, T., & Héctor, Y. (2023). Anticonceptivos en Cuba: Cuando querer usarlos no basta—Cuba Joven. Cuba Joven-CubaDebate. http://cubajoven.cubadebate.cu/anticonceptivos-en-cuba-cuando-querer-usarlos-no-basta-podcast/

González, I. (2013). Cuban Teenagers Overuse Abortion as Birth Control | Inter Press Service. Inter Press Service (IPS) News Agency. https://www.ipsnews.net/2013/09/cuban-teenagers-overuse-abortion-as-birth-control/

​

Guerrero, A. (2020). En Cuba, el aborto legal, seguro y gratuito no es suficiente. Foro Cubano, 3(16). https://www.programacuba.com/en-cuba-el-aborto-legal-seguro-y-gr

López, G. (2014). El aborto en Cuba: Como sacarse una muela [Pontificia Universidad Javeriana]. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/18449/LopezDiazGabriela2014.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Mariottiz, Á. (2024). Entrevista Ileana Álvarez «La realidad de la salud reproductiva en la dictadura más antigua de América Latina». Foro Cubano, 7(68). https://www.programacuba.com/copia-de-entrevista-edipcia-dubon

Morales, L. (2023). ¿Aumentaron los abortos en Cuba? El Toque. https://eltoque.com/es/aumentaron-los-abortos-en-Cuba

Prisoners Defenders. (2021). Mortalidad infantil y visitas médicas en cuba (p. 5) [Reporte de Estudio Científico]. https://www.prisonersdefenders.org/2021/05/16/mortalidad-infantil-y-visitas-medicas-en-cuba/

Prisoners Defenders. (2024). Prisoners Defenders denuncia en Naciones Unidas las coacciones a abortar forzadamente a Lisdany Rodríguez Isaac, presa política del 11J (p. 6) [Informe sobre represión]. https://www.prisonersdefenders.org/2024/02/21/prisoners-defenders-denuncia-en-naciones-unidas-las-coacciones-a-abortar-forzadamente-en-cuba-a-lisdany-rodriguez-isaac-presa-politica-del-11j/

Rainsford, S. (2014). La escasez en Cuba llega a los condones. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140424_cuba_condones_escasez_jp

Rivera, A. (2022). El aborto en Santiago de Cuba: Entre el conservadurismo religioso y la complicidad estatal. Periodismo de Barrio. https://periodismodebarrio.org/2022/03/el-aborto-en-santiago-de-cuba-entre-el-conservadurismo-religioso-y-la-complicidad-estatal/

Zamora, A. (2016). Ni píldoras anticonceptivas ni DIU para planificar los embarazos | DIARIO DE CUBA. Diario de Cuba. https://diariodecuba.com/cuba/1479153576_26729.html