El establecimiento de la Tarea Ordenamiento ha traído un rápido deterioro en el entorno económico y social de la Isla. Frente a ello el autor menciona que, para una verdadera transformación de la economía cubana, se requieren reformas estructurales guiadas por principios de libre elección para los agentes económicos

​

A poco más de mes y medio desde la entrada en vigor de la Tarea Ordenamiento, sus efectos están siendo especialmente negativos sobre la economía y sociedad cubanas. La devaluación del peso cubano, unida al aumento de los salarios sin respaldo de productividad, han creado problemas de solvencia a numerosas empresas que, pese a no haber podido trasladar los incrementos de costes unitarios de producción a sus precios, han provocado tensiones inflacionistas en todo tipo de productos y servicios.

​

Estos efectos se han visto agrandados por la situación de parálisis de la actividad económica provocada por la pandemia desde el pasado año y que ha afectado, de manera especial, al sector turismo. Según fuentes oficiales, el PIB de la economía cubana disminuyó en 2020 un 12%, uno de los peores resultados del conjunto de países de América Latina. La erosión del poder adquisitivo de los salarios y pensiones, a pesar del aumento establecido en la Tarea Ordenamiento, ha generado cierta sensación de incertidumbre y malestar en la población, sobre todo, en los colectivos más vulnerables, de modo que la anunciada reducción de subsidios y gratuidades, se ha quedado en solo eso, un anuncio.

​

La acumulación de consecuencias negativas ha sido tan rápida, sorprendente e intensa, que las autoridades no han tenido más remedio que corregir algunas medidas y elevaciones de precios y salarios, sin llegar a calmar las protestas. Además, al topar los precios de los productos alimenticios y de uso corriente, han provocado una intensa reducción de la oferta, acrecentando la perniciosa escasez de los comercios y puestos de venta.

Ni siquiera la unificación monetaria y la subsiguiente devaluación del peso cubano en el sistema empresarial ha servido de algo. En cuestión de días, la cotización del dólar en el mercado informal se ha situado prácticamente al doble de la oficial, y ahí se mantiene con pequeñas oscilaciones, en tanto que los bancos impiden a los titulares de las cuentas en CUC extraer el dinero en dólares poniendo en circulación los certificados de depósito para resguardar las divisas. Las exportaciones, que se preveía que iban a aumentar como consecuencia de la devaluación del peso, siguen estancadas.

​

Visto desde esta perspectiva, el balance de la Tarea Ordenamiento, en tan poco tiempo desde el comienzo de su aplicación, se puede calificar como muy negativo, de modo que solo caben dos opciones, o bien las autoridades calcularon mal los efectos de la política económica, o, por el contrario, han sido conscientes de que esto iba a ocurrir, pero que era necesario cumplir el mandato del partido en los dos últimos congresos, al precio que fuera.

​

De las dos opciones, parece que la segunda gana peso, y lo peor es que, conforme avancen los meses, los mismos mecanismos que han provocado este rápido deterioro del entorno económico, volverán a actuar, porque las expectativas de los agentes económicos se dirigen en esa dirección. De hecho, ya se puede estar descontando una nueva y más intensa devaluación del peso, reconociendo que la actual, de diseño asimétrico y sin tener en cuenta los fundamentales de la economía, se ha quedado corta para lograr efectos dinámicos sobre la oferta.

​

La secuela de todo este proceso será, casi seguro, un aumento del desempleo, que trastocará los equilibrios del mercado laboral, basados en altos niveles de subempleo en las empresas. El aumento del desempleo combinado con una erosión del poder adquisitivo de las rentas salariales y las pensiones, provocado por una inflación sin control, anuncia un empobrecimiento general de amplios sectores de la población que no podrá ser compensado con más subsidios, porque el nivel alcanzado por el déficit público a finales de 2020, un 20% del PIB, lo impedirá. Sin márgenes para la política fiscal y con la circulación monetaria fuera de control (el indicador del dinero M2 alcanzó en 2019 el 103% del PIB) las tensiones inflacionistas van a condicionar el marco de actuación de las autoridades en los próximos meses.

​

Un escenario como el descrito no es favorable a la paz y estabilidad. Las protestas lógicamente tendrán que producirse, y algunas llegarán a la antesala del cónclave comunista que se celebrará en pocas semanas. Unas protestas más que justificadas porque al mismo tiempo que el grueso de la población detecta estos efectos negativos, un segmento reducido integrado por los cubanos con acceso a dólares, pueden seguir realizando sus compras de bienes de todo tipo en la red de tiendas en moneda libremente convertible. Una red creada por el gobierno para detraer las divisas que entran en la economía, en forma de remesas, que al parecer son las únicas que se han mantenido durante los últimos meses. Sin ingresos del turismo, o procedentes de exportaciones de bienes y servicios, de las inversiones extranjeras o del petróleo suministrado por Venezuela, la economía cubana se adentra en una fase crítica cuya salida se encuentra lejos de ser vista.

​

Un escenario como el descrito debería conducir a reformas estructurales de la economía que permitieran realizar una transición efectiva hacia la protección jurídica de los derechos de propiedad, el mercado y la empresa privada como fundamentos de un nuevo modelo económico. No basta con liberalizar 2.000 actividades para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, o autorizar la exportación por medio de agentes intermediarios del estado, si no se establece un marco de seguridad jurídica para la actividad económica y sus frutos, al tiempo que se faculta al emprendedor privado a realizar las mismas tareas que la empresa estatal.

​

La transformación de la economía cubana, que el régimen obstaculiza con criterios políticos e ideológicos, que no se sostienen por la evidencia de los hechos, resulta esencial para producir más y generar ingresos que permitan financiar los llamados “logros de la revolución”. En esta encrucijada se encuentra el tardocastrismo, que tiene que revisar las bases del modelo económico para mantener sus estructuras sociales.

​

Para ello, la ayuda y colaboración internacional resultan esenciales. No se trata de implementar programas de ajuste duro o, como gustan denominar las autoridades cubanas, “terapias de choque”. Otros países, como Vietnam o los antiguos comunistas del Este de Europa, realizaron esa transición sin poner en peligro a sus bases sociales. Estas transformaciones que necesita la economía cubana para funcionar, ya deberían haberse implementado hace dos décadas. Ganar tiempo desde el poder político tiene estas consecuencias. Que ahora hay que acometer la misma tarea, pero en un entorno mucho más complejo e incierto.

​

Quienes pensaron en la Tarea Ordenamiento como un instrumento para eliminar trabas y superar obstáculos que impedían a la economía cubana funcionar mejor, se han equivocado. La Tarea Ordenamiento puede ser condición necesaria, pero no suficiente para impulsar el crecimiento económico que Cuba necesita. Las reformas que se requieren son de gran calado, deberían haberse implementado con anterioridad y orientarse por los principios de libre elección por los agentes económicos, asignación de recursos por el mercado y acumulación de la riqueza.

​

[1] Economista, Consejo académico de Convivencia

​