El artículo expone la corrupción como factor esencial del sistema político cubano, dejando en evidencia que ésta se manifiesta en “microgestos” o actos cotidianos propiciados por el acceso limitado a productos y a servicios imprescindibles.

 

Introducción

 

En mi primer año de universidad, allá por el año 2002, a la emoción del cambio se le agregaba una pequeña fuente de ansiedades, una de las tantas que protagonizan el día a día de cualquier cubano: tenía que trasladarme desde mi pueblo natal, Remedios, a Santa Clara, la capital provincial, donde se ubicaba la alta casa de estudios a la que asistiría. El punto es que solo un ómnibus hacía ese viaje por las mañanas y muchos residentes del municipio, por diferentes razones se veían obligadas a tomarlo. Obvio, los tickets eran limitados y levantarse a las 4 am no siempre era garantía de conseguir uno.

 

Esto se debía a que algunas personas, en contubernio con el personal de la terminal, adquirían un buen porcentaje de estos tickets y los vendían a sobreprecio. Además, generalmente eran los números más bajos, los que te permitían acceder a un asiento. Terminé, en lugar de ir a la taquilla, buscando a estos dealers cada vez que iba a la universidad. Algo similar ocurría cada vez que quería ir a La Habana, a la casa de mi abuela. En la terminal te decían que ya no había pasajes para la fecha en la que tenías planificado viajar, a no ser que los pagaras al doble, aproximadamente, a las propias trabajadoras del sitio.

 

En los shoppings, tiendas por CUC, había un mecanismo similar. Aprovechando que el abastecimiento de productos no es constante, los dependientes tenían contactos a los cuales, por una suma de dinero, se les avisaba cuándo el producto que les interesaba entraba al almacén y cuándo estaría a la venta. Así, muchos podían acaparar toda la mercancía y revenderla posteriormente, ya cuando estuviera en falta.

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Incluso en las consultas médicas o para conseguir unos análisis complementarios, una radiografía, un ultrasonido o cualquiera de estos procedimientos generalmente se le llevaba al médico o al personal correspondiente “la jabita”, es decir, una bolsa con cierta cantidad de productos. De esta manera se garantizaba el acceso privilegiado a consultas especializadas o a reactivos de los que los hospitales nunca estaban bien surtidos.

 

Claro, ninguna de estas ventas o intercambios enriquecían a los que participaban en ellos y a los clientes los favorecía como forma “fácil” de evadir el desabasto y la carencia tanto en cuestiones de movilidad, en productos alimenticios y electrodomésticos, como en situaciones de salud. Difícilmente pueden ser tipificados como delitos, pero sin dudas, caen en una zona gris, no por naturalizada, menos problemática desde un punto de vista ético. Ahora bien, ¿estos micro gestos se pueden clasificar como corrupción? Para responder esta pregunta, muy pertinente, necesitamos definir este concepto huidizo.

 

¿Corrupción?

 

Suele considerarse que la corrupción es ámbito casi exclusivo de la burocracia estatal, de líderes políticos o grandes empresarios. Sin embargo, lo cierto es que este fenómeno puede permear todos los niveles sociales posibles y desborda los recintos públicos (Mujica 2011), aunque las denuncias e investigaciones generalmente se orientan hacia sus manifestaciones macro. Casar (2016) define a la corrupción como “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. En otras palabras, el desvío del criterio que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa no prevista en la ley” (p. 11).

 

Los casos empíricos que esbozamos antes apenas entran en esta definición enfocada en decisores, aunque es obvio que la movilidad, el abastecimiento de productos de primera necesidad y la salud, no solo son bienes públicos, son derechos humanos[2]. Los decisores no son los únicos que pueden beneficiarse del mal uso de estos, sino que, a nivel micro, personas cuyo poder resulta escaso pueden beneficiarse de manera indebida del acceso limitado a estos. De aquí que se prefiera la concepción que sostiene Huber donde se considera que la corrupción solo puede ser comprendida en un contexto sociocultural específico:

 

En antropología, la corrupción es considerada una práctica social compleja con sus variaciones locales, donde se entremezclan prácticas como el nepotismo, el abuso de poder y la malversación de fondos públicos con estructuras particulares de reciprocidad y de poderes locales. Es decir, la corrupción no existe en el vacío social; para entenderla, hay que (re)contextualizarla… (Huber 2005, p. 24)

 

En el caso cubano, el acceso limitado a productos y servicios imprescindibles resulta el caldo de cultivo ideal para estos microgestos corruptos. A la par que genera desigualdad, puesto que todos no tienen la manera de pagar el plus que se exige informalmente por ellos, la esconde. Por ejemplo: la salud es gratuita, se repite como un mantra por la oficialidad cubana, pero en realidad, muchos son atendidos de mejor manera a partir de un cierto intercambio de productos por servicios que mantienen esta ilusión de gratuidad y buen funcionamiento[3]. Sin hacer generalizaciones totalizadoras, adentrándose en su cotidianidad, el acceso a la salud se revela, muy a menudo, como desigual, favoreciendo a los más privilegiados y vulneralizando aún más a los vulnerables. Esto ocurre en todos los ámbitos de la vida cotidiana en Cuba.

 

Socialismo cubano y corrupción: ¿cosas distintas?

 

Aquí se llega a un punto central: la corrupción no es un accidente o una mala práctica aislada, es concomitante al sistema, lo lubrica y facilita su pervivencia. Como apuntan varios autores (Huber 2005; Manchinelly 2017), las perspectivas desde las cuales se ha concebido a la corrupción han sido básicamente dos: como un “mal necesario” o como una patología social, un obstáculo absoluto al buen funcionamiento de la sociedad. En el caso cubano ninguno de estos acercamientos parece válido. La corrupción es parte esencial del sistema y no un subproducto o un caso anómico porque se genera y se perpetúa a través de la falta de abastecimiento, limitando el acceso a lo poco que circula y, como ya hemos explicado en otro texto (Garcés Marrero, 2020), a través de una legislación que se dirige a la legitimación de la centralidad y el paternalismo de un estado autoritario. A esto se suma una pésima administración que no está supeditada a la eficiencia sino a lo ideológico, a la represión y a garantizar el status quo de una cúpula[4].

 

La corrupción, en realidad, termina garantizando la longevidad del sistema al abrir espacios para “resolver”, palabra empleada en eso que Mujica (2004) denomina “lenguaje de la corrupción” para designar una manera informal, pero expedita, de conseguir productos o servicios necesarios. Así, gran parte de lo destinado gubernamentalmente para ciertos fines colectivos es desviado en beneficio de aquellos que debían administrarlo o expenderlo, profundizando las diferencias sociales que el sistema dice querer eliminar y creando un espacio paralelo donde se adquieren las cosas “por la izquierda”. 

 

La corrupción ocurre desde lo macro a lo micro en muchas regiones y sistemas sociopolíticos diferentes, pero es muy sui géneris que se convierta, como ocurre en Cuba, en (casi) la única manera de garantizar derechos como la salud, la movilidad, la alimentación[5]. Obviamente, este fenómeno no surgió con la Revolución, pero, sin dudas, fue después de 1959 que se enraizó de manera rizomática en la cotidianidad cubana, obligando a la ciudadanía a acudir a ella para satisfacer necesidades ineludibles.

 

La naturalización de estos micro gestos corruptos no sería un problema menor para una futura transición a la democracia en la Isla, pues como señala López (2021) en los casos de Rusia y de los países exsocialistas de Europa del Este, estos sistemas de relaciones, conexiones y patronazgos han quedado enraizados en la trama social hasta hoy. Desde ahora debería alentarse un debate profundo sobre el tema, que no solo quede en un ámbito académico, para ir creando una masa crítica que vaya trasladando estas discusiones con la profundidad necesaria a la sociedad civil de la Isla.

 

Referencias

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Casar, M. (2016). México: anatomía de la corrupción. México: CIDE-IMCO

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Garcés Marrero, R. (2020). Control, discriminación y corrupción en Cuba. Antropología Experimental, (20), 83–92. https://doi.org/10.17561/rae.v20.07

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Huber, L. (2005). Una interpretación antropológica de la corrupción. Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/descentralizacion-y-modernizacion del-estado/una-interpretacion-antropologica-de-la

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Khan, S. (2016). La Corrupción en Venezuela: “Una Pérdida Total de La Moralidad”. The Kennesaw Tower Undergraduate Foreign Language Research Journal 8(2), 1-6 DOI: 10.32727/13.2018.43

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López, L. (2021). Corrupción y Transición a la Democracia en Cuba. Foro Cubano 4(38). https://www.programacuba.com/corrupción-y-transición-a-la-democracia

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Manchinelly Mota, E. (2017). Notas en torno al análisis dramatúrgico de experiencias desiguales de corrupción a pequeña escala. Estudios Sociológicos de El Colegio de México, 36(106), 189-210 https://doi.org/10.24201/es.2018v36n106.1539

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Mujica, J. (2004). Palabras corruptas: el lenguaje de la corrupción o la corrupción como lenguaje. Anthropía, 3, 40-44.  http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropia/article/view/11203/11715

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Mujica, J. (2011). Actores y escenarios de los sistemas de microcorrupción en el Palacio de Justicia del centro de Lima, Perú. Relaciones. Estudios de historia y sociedad, 32(126), 87-117

 

Pardo, D. (2013). Qué hace que la corrupción en Venezuela sea única. BBC, 3 de diciembre. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/12/131203_venezuela_corrupcion_trasnparencia_dp

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Tablante, C. (2018). Impacto de la corrupción en los derechos humanos en Venezuela. En Tablante, Carlos y Morales Antoniazzi, Mariela (eds.). Impacto de la corrupción en los derechos humanos. México: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro.

 

[1] San Juan de los Remedios, 1984. Doctor en Ciencias Filosóficas (Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, UCLV, 2014). Licenciado en Estudios Socioculturales (UCLV, 2007). Actualmente, doctorando en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México (UIA).

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[2] La corrupción, entonces, no solo es un problema económico o ético: dificulta el libre ejercicio de derechos humanos fundamentales en un país como Cuba donde ya están bastante restringidos.

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[3] Es necesario aclarar que no solo se logra el acceso a estos servicios a través del intercambio de productos, también es posible llegar como parte de un sistema de relaciones, en las cuales el paciente es presentado al médico o personal de la salud que lo atenderá como “el caso” de un colega, quien generalmente lo acompaña vestido con su bata de trabajo o le envía al consultante un mensaje previo.

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[4] La relación genésica y de retroalimentación entre administración socialista en general y corrupción ha sido poco estudiada. Pero pareciera que el caso cubano no es la excepción de una regla que se manifestó y aún se manifiesta ampliamente en los países del antiguo campo socialista. Ahora mismo, es uno de los mayores flagelos de Venezuela, siendo uno de los ejes de la crisis humanitaria que sufre ese país (Tablante 2018).

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[5] Una situación comparable es la que presenta Venezuela y parece que las causas son similares: problemas en el acceso a productos y servicios necesarios, excesiva burocratización, impunidad (Pardo 2013; Khan 2016). Insistimos en la necesidad de estudiar las particularidades de la relación entre administración socialista y corrupción.

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