Partiendo del deterioro considerable de la situación de las mujeres venezolanas, la autora destaca que, además de la falta de acceso a servicios de salud y justicia, uno de los mayores problemas es la falta de información confiable y sistemática.

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Las brechas de género son una realidad mundial y se han profundizado desde el primer trimestre del año anterior cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por la COVID-19. Según la medición de progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desarrollado por ONU Mujeres, desde la emergencia sanitaria, 12 millones de mujeres en 115 países de ingreso bajo y medio quedaron sin servicios de planificación familiar causando más de 1.4 millones de embarazos no deseados. Esta misma interrupción de la atención en salud facilitó cerca de 2 millones de casos de mutilación genital femenina (MGF), además, el promedio de tiempo que destinan las mujeres a las tareas del cuidado aumentó a 31 horas a la semana, 5 más que antes del confinamiento.

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Ahora bien, la evidencia apunta a que estas brechas entre hombres y mujeres aumentan a medida que disminuyen los ingresos de los países y los gobiernos tienden a ser más autoritarios. En estos contextos, prácticas como la MGF siguen siendo legales, hay poco acceso a servicios esenciales, la salud sexual y reproductiva no es una prioridad y es difícil acceder a información oficial que dé cuenta del avance de las políticas de género.

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Esto último es tal vez una de las dificultades más grandes para entender la situación de las mujeres en Venezuela, que muchas veces se hace evidente solo tras episodios de migración y posterior atención en los países de acogida. Respecto a la producción de información en Venezuela, el proyecto ENCOVI de la Universidad Católica Andrés Bello busca producir datos mediante encuestas de calidad de vida para generar incidencia sobre la agenda pública e identificar aspectos puntuales en los que se vulneran los derechos de la población.

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El reporte de septiembre de 2021 revela que el 78% de los acompañantes del proceso educativo a distancia son las madres, quienes atienden estas tareas a la par de las labores del cuidado y el trabajo. Adicional a esto, encontraron que hay un 15% de mujeres que manifestaron no poder participar del sector productivo por tener menores a su cuidado, esta cifra aumenta con la edad ya que, pasando los 55 años, solo 1 de cada 4 mujeres es económicamente activa.

 

Para entender los retos a los que se enfrentan las mujeres venezolanas es necesario dar una mirada a las acciones que se han tomado a nivel público en pro de la igualdad de género.

 

Contexto

 

En el año 2000 se crea en Venezuela el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), uno de los primeros esfuerzos por hacer formulación y monitoreo a proyectos que le apunten a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres. Con la creación del Ministerio del poder popular para la mujer y la equidad de género en el 2009, surgieron una serie de entidades y mecanismos que dieron un aparato estatal suficiente para la promoción de la equidad de género y la paridad. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes. Según Villalobos (2018), hay una falta de planes concretos para la implementación de proyectos legislativos en materia de género y hay una pobre participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, un ejemplo de esto es el parlamento, en el que la proporción de escaños ocupados por mujeres es uno de los más bajos de la región.

 

Esta falencia en la respuesta estatal hace que, en términos generales, sea más difícil hacer diagnósticos situacionales, así como promover una vida libre de violencias para las mujeres, ciudades seguras e incluyentes y una incursión efectiva en el sector productivo. Esto trae como consecuencia que mujeres y niñas tiendan a dedicarse de forma casi exclusiva a los oficios del cuidado, dificultando su movilidad social y haciéndoles más vulnerables a episodios de violencias dentro de sus casas como se explica a continuación.

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Violencias basadas en Género (VBG)

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A pesar de que en Venezuela está sancionado el delito de violencia contra la mujer mediante la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007, no se tienen cifras oficiales sobre el tema desde 2003. Así entonces, el conocimiento sobre este hecho se tiene por los datos de las ONG que brindan asistencia y atención o por reportajes y denuncias en medios de comunicación que pueden acceder a las cifras de denuncias realizadas en la Fiscalía. Según los cálculos de los observatorios y la academia, hay violencias contra las mujeres en el 51% de los hogares venezolanos, sin embargo, los porcentajes de casos denunciados son muy pocos y de los que llegan a conocimiento de la justicia solamente 1/3 termina en una sentencia judicial (Marcano y Palacios, 2017).

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Ahora bien, en Venezuela como en el resto del mundo la violencia contra las mujeres se ha recrudecido a raíz de la pandemia. Según un informe de Amnistía Internacional (Vivas, 2021), las alertas por casos de VBG dentro de los hogares ha aumentado en un 50%. Adicionalmente, se ha alertado un aumento de las cifras de feminicidio, lo que va de la mano con dificultades legales para la tipificación de este delito y ausencia de herramientas que permitan hacer un monitoreo de la evolución de las cifras.

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Salud sexual y reproductiva

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Otro de los aspectos preocupantes en la calidad de vida de las mujeres venezolanas es la salud sexual y reproductiva. Según el ENCOVI y en concordancia con las alertas de ONU Mujeres, desde la pandemia solo el 49% de las mujeres se hicieron controles prenatales recurrentes en servicios públicos de salud. Así mismo, encontró que hay un 24% de mujeres que acceden a estos servicios a partir del cuarto mes de gestación, esta cifra de atención tardía aumenta en mujeres adolescentes y de bajos niveles educativos.

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En esta misma línea, Delgado (2021) menciona que las muertes derivadas del embarazo han ido aumentando de manera progresiva hasta el punto de constituirse como una violación a los derechos humanos ya que, al ser muertes fácilmente prevenibles, tienen una relación directa con la negación a los servicios de salud y seguimiento al embarazo y puerperio. Adicional a esto, son una muestra de desigualdad ya que la mayoría de los casos de muertes maternas se concentran en los Estados de mayor población indígena del país como el Zulia, que representa el 61% de los casos.

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Según los últimos boletines epidemiológicos, liberados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en el 2016 la taza de mortalidad materna llegó a 126,6 x 100.000 nacidos vivos, esto quiere decir que cada día murieron dos gestantes, así Venezuela se convirtió en el tercer país con mayor mortalidad materna en América Latina (Delgado, 2021).

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Una de las consecuencias visibles de esto ha sido la alta migración de mujeres gestantes a la ciudad de Cúcuta en Colombia: el Hospital Universitario Erasmo Meoz ha reportado que el 83,2% de los partos que atienden corresponden a mujeres venezolanas.

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Respecto al conocimiento y acceso a métodos de planificación familiar, se encontró una prevalencia de uso de anticonceptivos del 75%, lo que resulta significativamente más alto al promedio regional en mujeres migrantes provenientes de Venezuela en Perú, Ecuador y Colombia según la encuesta regional de Equilibrium CenDE (2021). Esta diferencia entre el uso de anticonceptivos puede deberse al alto nivel de vulnerabilidad económica de las mujeres migrantes en la región y a las dificultades para la regularización del estatus migratorio, lo que muchas veces las deja fuera de la cobertura de la seguridad social en los países de acogida.

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Sin duda las mujeres venezolanas se enfrentan a retos importantes para acceder a la justicia y a servicios de salud, lo que las pone en un alto grado de vulnerabilidad. Sin embargo, el reto más relevante en esta materia es la producción de información fiable y sistemática que de paso a la toma de decisiones basadas en la evidencia. Esto permitiría que los pasos a seguir no sean una respuesta de emergencia que perpetúe ciertas dinámicas, sino que permita establecer medidas de fondo para un aparato estatal más cercano a las mujeres, con enfoque interseccional y con garantía de derechos para todas.  

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Referencias

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Delgado, A. (2021). La mortalidad materna como problema de derechos humanos: El caso venezolano. Espacio Abierto, 30(3), 76-99.

 

Equilibrium CenDE. (2021). Encuesta Regional a Migrantes y Refugiados Venezolanos (2021). https://equilibriumcende.com/encuesta-regional-2021/

 

La situación actual de la mujer venezolana: Avances y retos. (2018). Summa luris, 6(2), 308-322. http://dx.doi.org/10.21501/issn.2339-4536

 

Marcano, A., & Palacios, Y. (2017). Violencia de género en Venezuela. Categorización, causas y consecuencias. Comunidad y Salud, 15(1), 73-85.

 

ONU Mujeres. (2021). El progreso en el cumplimiento De Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Panorama De Género 2021 (pp. 1-32). https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2021/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2021-es.pdf?la=es&vs=608

 

Proyecto ENCOVI. (2021). Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida. https://www.proyectoencovi.com/encovi-2021

 

Vivas, R. (2021). Venezuela: violencia basada en género y covid-19. No pensamos callar: La inseguridad y el desamparo como política de estado hacia las mujeres. Amnistía Internacional. https://www.amnistia.org/media/8150/ai_se_revistamujeres.pdf

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