El 4 de febrero de 1992, el teniente coronel Hugo Chávez lideró un sangriento y fallido golpe militar contra el presidente democráticamente electo, Carlos Andrés Pérez (CAP). Nueve meses después, otro grupo de militares y civiles aliados de Chávez lanzaron otra brutal asonada. El intento fue sofocado dejando 300 muertos, 1000 heridos y 1400 civiles y militares detenidos. Aun cuando 200 fueron enjuiciados por un Consejo de Guerra extraordinario, por delito de rebelión, la Corte Suprema anuló los juicios. Esa misma Corte Suprema aceptó juzgar a CAP en lo que ha sido considerado “un linchamiento político”, una venganza política a través de un golpe judicial.    

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Tras una despiadada campaña mediática en su contra, avalada por los partidos tradicionales y un grupo de notables empresarios, académicos, figuras de la cultura y políticos, CAP fue despojado de su inmunidad parlamentaria, destituido y encarcelado tras un juicio amañado, mientras los golpistas fueron liberados. Había comenzado el fin de la democracia venezolana.

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No solo soltaron a los golpistas que habían intentado asesinar a CAP y a la Primera Dama, sino que el recién electo presidente Rafael Caldera les sobreseyó la causa permitiéndole a Chávez lanzarse a las elecciones apoyado por élites económicas, secundadas por los medios de comunicación. El militar golpista utilizó a estos “tontos útiles” y las herramientas de la democracia para ganar la Presidencia. Una vez instalado, desmontó todas las instituciones para perpetuarse en el poder.  Luego comprenderíamos que este era el libreto cubano, lo que llamarían Socialismo del Siglo XXI y hoy conocemos como el Castro/Chavismo.

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En dos décadas, Chávez, Maduro y los cubanos aplicaron un sistema represivo cuyo fin ha sido doblegar a la población con técnicas militares a través de una guerra de exterminio de los indóciles, es decir, una guerra cotidiana contra los ciudadanos. Impusieron una política de penuria y de escasez, dejando los hospitales públicos sin insumos condenando a muerte a los enfermos y a millones a huir del país.

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En 2017, los sectores populares que una vez fueron bastiones de Chávez comenzaron a unirse a las protestas. La pérdida total del apoyo popular a la dictadura desató el terrorismo de Estado contra los sectores más pobres. Para ello, Maduro creó un “escuadrón de la muerte”, la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), que incluye paramilitares delincuenciales, cuyo objetivo es detener, torturar y asesinar disidentes, sobre todo en las zonas populares.

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Durante cuatro meses, una nación traicionada, saqueada y despojada por una feroz dictadura salió a las calles en protesta por las violaciones del régimen a la constitución, por la liberación de los presos políticos, la inseguridad, la inflación, exigiendo un canal humanitario para paliar la falta de alimentos y medicinas. Reclamaban su derecho a la vida.

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Maduro respondió activando la maquinaria bélica del régimen junto con grupos delincuenciales paramilitares, llamados colectivos, para arremeter contra venezolanos de todas las edades, hiriendo, mutilando, humillando y segando vidas con una brutalidad y odio que aumentaba a diario. Balas, violencia, saqueos, allanamientos de comunidades, detenciones arbitrarias y torturas.  Las fuerzas del orden respondieron de forma mortífera, disparando a la cabeza y al pecho.

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Para mí fue escalofriante descubrir la fría y tétrica planificación de la represión militar. El plan para escalar la represión día a día, golpe a golpe, no fue fortuito. La historiadora venezolana Elizabeth Burgos, gran conocedora del régimen castrista, una vez me dijo: “Fidel Castro llevó las técnicas de guerra a la política y la diplomacia. Se ha utilizado el asesinato de gente no involucrada en las marchas como una técnica más de amedrentamiento. Los cubanos decían: ‘A esos venezolanos les matas uno y se van a su casa’”.

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Sin embargo, la gente seguía saliendo a las calles desafiando el miedo a la muerte. Creían que, si resistían, lograrían su meta. No entendían que los regímenes Castro/Comunistas no hacen concesiones y que la respuesta era aumentar los niveles de violencia hasta lograr aplastar la rebelión ciudadana. El objetivo siempre ha sido el mismo: crear miedo, aterrorizar y someter a la población. Y todo esto sucedía mientras Maduro bailaba ante las cámaras de televisión.

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      A los fusiles de perdigones los cargaron o “envenenaron”, con canicas y tuercas para asegurar que fueran mortales y no dejaran rastros del arma que las disparó; lanzaban las bombas lacrimógenas a quemarropa para destrozar los pechos de jóvenes defendiéndose con escudos de cartón; a los chorros de agua los llenaron de químicos y le subieron la presión para producir el mayor daño posible. Cubrieron las ciudades con gases tóxicos vencidos, asegurando a futuro el deterioro de los pulmones y muerte de quienes se atrevieron a protestar.

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El periodista Jefferson Díaz, solía observar desde su casa a los efectivos de la Policía Nacional cuando regresaban de las manifestaciones. Díaz describe la deshumanización que se ha producido entre los uniformados del gobierno: “No veo en sus rostros síntoma de arrepentimiento, quizás pase algo muy diferente en sus mentes: quiero creer eso. Lo único que observas es cómo ríen, bromean entre ellos y compran tequeños y perros calientes en un puesto de comida cercano. Son chiquillos malvados que vuelven de hacer ‘travesuras’. ¿Pensarán en las heridas que dejan? ¿En las vidas que quitan? No lo creo. A simple vista, esos niños y niñas —porque son en extremo jóvenes— se regocijan de su poder. Acarician sus cascos, escudos, armaduras y escopetas como si besaran a un ser querido. Es un trabajo que les gusta. Les gusta reprimir. Sentirse superiores dentro de un sistema roto. Esos mismos valores los transfieren a su familia, a sus hijos. Y así, Venezuela ha entrado en el círculo vicioso de la reproducción de verdugos, fabricantes de rabia y pesadillas, que no morirán pronto”.

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Los métodos de represión se tornaban cada vez más crueles. En mayo, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) comenzó a atacar a los opositores desde dos tanquetas con perdigones y bombas lacrimógenas. Los civiles les devolvían las lacrimógenas y, además, les lanzaron bombas molotov que incendiaron el parabrisas de una de las tanquetas. Esta comenzó a retroceder mientras algunos jóvenes la perseguían devolviéndole sus lacrimógenas. De pronto, la tanqueta se detuvo. Cuando unos diez manifestantes envalentonados se acercaron, el blindado de siete toneladas los embistió.

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Según testigos, la tanqueta le pasó dos veces por encima al fotógrafo Pedro Yammine, de 22 años. Gravemente herido, Yammine fue llevado al hospital en moto donde llegó con un pulmón colapsado y siete costillas y ambos omóplatos fracturados. Estuvo dos días anestesiado y muchos más en terapia intensiva. Necesitaría por lo menos un año de rehabilitación. Como tantas otras familias, la de Yammine tuvo que solicitar donaciones para pagar los gastos médicos. En esta precaria situación se encuentran muchos de los heridos durante las protestas.

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La primera víctima mortal fue Jairo Ortiz, estudiante de 20 años, muerto el 6 de abril de 2017. Había nacido con la revolución y fue asesinado por la revolución. Un policía le dio un tiro en el pecho. Su asesinato en vez de asustar a la gente provocó una ola inmensa de protestas en todo el país. Ya no había miedo, solo rabia y dolor. Y un compromiso con el deseo de libertad.

 

A los pocos días del primer asesinato mataron a dos, luego a tres, a cuatro…, hasta sobrepasar la centena. Dejaron unos dos mil heridos, cientos de presos y torturados en las mazmorras del régimen y a los culpables libres. Con alarma vimos cómo el régimen comenzó a utilizar tribunales militares para procesar a jóvenes civiles detenidos en las protestas.

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Paola Ramírez Gómez, de 23 años, esperaba a su novio en una plaza después de haber participado en una protesta. Había motorizados armados rondando la zona. De pronto vio a unos hombres caminando en su dirección, se escondió detrás de una escalera, pero tres de ellos la divisaron. La agarraron por el pelo, le quitaron su gorra tricolor —que la identificaba como opositora—y una cartera negra. La empujaron y le gritaron “Corre, corre, te me largas, guarimbera” (término despectivo para designar a los manifestantes), y de inmediato se escucharon varios disparos.

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Un joven testigo, que se había escondido junto con otras ocho personas, dijo que motorizados armados le apuntaron y dispararon a la altura del corazón. Paola cayó. Pensaron que se hacía la muerta, pero luego se dieron cuenta de que había muerto de inmediato. Los verdaderos asesinos nunca fueron identificados. 

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En Barquisimeto, a una cuadra de la casa de Miguel Ángel Colmenárez, comerciante de 36 años, hubo una manifestación. A pesar de las advertencias de los vecinos que los colectivos andaban “sembrando terror” en la zona, Colmenárez decidió salir con sus amigos. Uno contó que fueron acosados por un grupo de hombres y mujeres armados, quienes se identificaron como Guardias Nacionales (GN). Les preguntaron si estaban manifestando y les olieron las manos para ver si había rastros de gasolina. Los requisaron, les quitaron los celulares y todas sus pertenencias. Los encapucharon, lanzaron al piso, golpearon, insultaron y amenazaron. De pronto les ordenaron que corrieran. “Cuento tres y no los veo”, dijeron. “Uno, dos…” y soltaron el primer tiro. Colmenárez se puso la mano de lado pero corrió. Se escuchó otro disparo y cayó. Todos huyeron. Después, los amigos de Colmenárez comprendieron que los agresores habían sido los colectivos. Los asesinos nunca fueron identificados.

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Colmenárez recibió varios disparos de perdigones; lo mató una bala que le atravesó el pecho. Tenía una hija de 11 años.  

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Gruseny Antonio Canelón, de 32 años, estaba observando la protesta con unos vecinos cuando llegó la GN arremetiendo contra los manifestantes. La gente comenzó a huir, pero Canelón se acercó a ayudar a un herido que estaba siendo detenido por la GN. Hubo gases, gritos y detonaciones. Canelón cayó al suelo, un uniformado le apuntó y le disparó al costado, a quemarropa.

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A él y otros los metieron en un camión y los estaban golpeando cuando trajeron a un guardia herido al que decidieron llevar al hospital de inmediato. Fue entonces cuando Canelón envió un mensaje de voz a un amigo: “Me llevan preso al Hospital Militar, voy disparado, voy herido. Ayúdame, por favor”.

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No los llevaron al hospital sino al cuartel de la GNB donde a Canelón le volvieron a disparar con una ametralladora en el costado, destruyéndole varios órganos. Lo amarraron y torturaron, lo golpearon, le quebraron la frente, el tabique y los dientes. Dos horas después de haberse desangrado, lo llevaron al hospital. Los guardias permanecieron allí hasta que confirmaron que había muerto.

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Los tribunales emitieron una orden de captura para 14 uniformados de la GNB. Sin embargo, los efectivos fueron enviados al Comando General de la GNB en Caracas, desde donde continuaron reprimiendo las protestas.

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David José Vallenilla, de 22 años, protestaba en Caracas a la altura de la base militar La Carlota. El joven se acercó a la reja de la base y lanzó lo que pareció ser una piedra hacia dos uniformados vestidos de negro, con cascos, escudos y armados. Uno de estos le apuntó con un arma larga, le disparó a quemarropa y lo asesinó.

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En un video vemos a Vallenilla caer y al efectivo seguir disparando. Un compañero corre y lo protege con su escudo de madera. Vallenilla se levanta y da unos pasos titubeantes en dirección opuesta. Varios jóvenes se acercan para ayudarlo, pero Vallenilla se desploma en el asfalto. Las últimas imágenes que vemos son de varios muchachos lanzando piedras hacia los efectivos, que siguen disparando lacrimógenas mientras ellos sacan a rastras al joven herido. Vallenilla llegó vivo a la clínica, pero murió mientras lo operaban. Le extrajeron cuatro esferas metálicas. Una le perforó el corazón, otra el hígado, otra el pulmón y la otra le fracturó la columna vertebral. Aun cuando su asesino fue identificado no ha sido detenido ni juzgado.

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“Las protestas dejaron un saldo de dolor”, dijo la diputada Delsa Solórzano. Para los padres y familiares de las víctimas, lo que ha quedado es el dolor, la irreparable pérdida. Se preguntan, ¿valió la pena el sacrificio de tantos?

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Cientos de miles de ciudadanos decidieron resistir en masa y plantar cara al “gobierno del mal”. Fue una declaración de fuerza y coraje observada por el mundo entero. Si las protestas no alcanzaron un cambio de Gobierno, sí lograron colocar al régimen de Maduro en la mira y someterlo al ostracismo internacional. Cercado por sanciones y bloqueos financieros a funcionarios y militares cercanos a la cúpula, el régimen también vio aumentar el descontento entre los militares.

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Salieron a las calles con la esperanza de una mejor vida y por su derecho a la libertad. Los venezolanos encendieron un fuego de orgullo y amor por su país que fue extendiéndose como un manto de esperanza, como una promesa de que el cambio era posible.

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Heroicos los jóvenes que arriesgaron sus vidas, pues sabían que el futuro del país está en sus manos. En miles de imágenes vimos la luz de la esperanza y la valentía enfrentarse a la oscuridad del régimen. Mientras la crueldad y la depravación de las fuerzas de seguridad iban segando vidas con tiros a la cabeza, y los dirigentes del oficialismo- carentes de humanismo- aplaudían el derramamiento de sangre y la tortura, el pueblo ofrecía su grito de libertad en ofrenda a esta hermosa tierra llamada Venezuela. Esta resistencia sigue ardiendo en los corazones de su gente y no hay totalitarismo ni represión que logre apagar ese derecho innato en cada venezolano.