*Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda

**Profesor Investigador de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad

Sergio Arboleda

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Tal y como sucedería con Dimas Castellanos en el año 1992, Omara Ruíz Urquiola sería separada de su cargo como profesora en el Instituto de Diseño de la Habana (ISDI), en el año 2019. Pero, el asunto no sería tan sencillo como decir que el contrato allí se terminaba, sino que se trataba de una artimaña para producir su salida, cambiando su contrato para pasarla a profesora por horas, luego declararla insubsistente y conseguir, así, una ruta segura hacia el desempleo por razones ideológicas.

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El caso de Dimas Castellanos resultó aún más complejo porque, siendo profesor de filosofía marxista, se le separó de su cargo por vincularse como miembro a un grupo que proponía un conjunto de cambios para Cuba en medio de pleno “Periodo especial”. Pero, su salida no fue inmediata y el proceso para su expulsión estuvo precedido por una degradación, pasando a ocupar un cargo en la biblioteca del centro, en donde recibiría una menor remuneración y desarrollaría actividades no aptas para su vocación docente.

Y, aunque parecerían historias aisladas e inconexas, son la expresión máxime de un sistema educativo erigido sobre la base de constructos político-ideológicos que no soportan la diferencia y castigan el “divisionismo ideológico”. Es la muestra de que las practicas inquisitorias de la década del noventa no terminaron con la crisis económica, sino que se perpetuaron por años, dando continuidad a lo que José Raúl Gallego se ha dado en llamar como una “política de Estado” en la que solo se acepta en la Universidad a aquellos que comparten el dogma.

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Dogma que parece compartir la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, que en compañía del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, anunció que estaba explorando la posibilidad de celebrar un convenio de cooperación con Cuba para potenciar la salud, la educación y el deporte del municipio, a través de programas de capacitación que permitan fortalecer los programas de promoción y prevención.

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“Salud al barrio” o “Deporte al barrio”, suenan muy similares a la llamada “Misión Barrio Adentro”, comenzada por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro en Venezuela. Una misión que sirvió para fines político-electorales gracias al intercambio de servicios médicos por votos, un compromiso forzado por aquellos agentes cubanos encargados de controlar al personal médico en las zonas más vulnerables del país.

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Pero, además de su uso electoral, la organización Prisiones Defenders ha denunciado la esclavitud a la que someten a los profesionales de la salud que han participado de estas misiones, en la medida en que las jornadas laborales exceden en mucho el tiempo de cualquier trabajador, pero, además, les retienen su pasaporte y les violan su derecho a la libre circulación y a la libertad de reunión, en la medida en que no se pueden reunir con personas diferentes a las de la misión, más aun si son venezolanos.

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Una situación de esclavitud agravada por el salario que reciben, dado que el Estado cubano se queda aproximadamente con el 75% de los ingresos, entregando a los profesionales una ínfima parte para sobrevivir. Pero, con la garantía de que su familia en Cuba recibirá un ingreso adicional producto de su actividad en el extranjero, siempre y cuando el compromiso de regresar siga vigente.

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Y, cómo dejar de mencionar el carácter político-ideológico de la educación, que, además de expulsar a los profesores y estudiantes de las universidades cubanas por no compartir los dogmas del régimen, buscó expandir su dogma a través de la formación de cuadros en estos programas de formación de las misiones en el exterior. Solo basta con observar los programas académicos de la Misión Sucre desarrollada en Venezuela, donde el gobierno se preocupó por aumentar la cobertura, dejando a un lado la calidad, mientras reforzaba el dogmatismo de su currículo.

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Desconocer que detrás del apoyo del régimen cubano en salud, educación y deporte se encuentra todo un entramado de poder en el que hay claros intereses político ideológicos, con una muestra de explotación laboral, no solo sería ingenuo, sino también irresponsable. Por esto, consideramos que el gobierno de Santa Marta debe reconsiderar su interés por celebrar un convenio de esta naturaleza, a no ser que lo que efectivamente busque es construir una base político electoral con ciudadanos dóciles y cuadros bien amaestrados.