I
El pasado 16 de julio, el gobierno cubano anunció una reforma económica, la más importante desde los incumplidos lineamientos del Partido Comunista Cubano, en 2010. Si bien, no es posible advertir cuánta voluntad sostendrá en el empeño. Según el presidente de la República, en octubre el parlamento aprobará los contornos y fundamentos de la nueva política. 

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Fue anunciado, por ejemplo: una nueva concepción de la planificación, que se aleje de la asignación de recursos y la administración; la descentralización de la gestión económica; el papel dinamizador de la demanda interna; la promoción de un mercado, regulado solo indirectamente, en especial por medio del ingreso; la competitividad, promoviendo además eficacia, ahorro y motivación; la complementariedad entre las empresas privadas y estatales; la autonomía de las empresa estatales; la institucionalización de la micro, pequeña y mediana empresa privada; la capacidad para que estas puedan importar y exportar, aunque a través de contratos con empresas estatales; la ampliación y el fortalecimiento del trabajo por cuenta propia; el desarrollo de las cooperativas; la reforma del sistema agropecuario y el final del monopolio de su comercialización; la promoción de la inversión extranjera directa, en especial en la agricultura; la creación de un mercado mayorista con respaldo en divisa; el encadenamiento de las industrias nacionales; y la cancelación del gravamen del 10 % al dólar. 

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II
Sin embargo, quedan muchas interrogantes. A continuación, me acercaré a pequeñas aristas de algunas de ellas. Cómo se concebiría, el plan estatal de la economía, de modo de que libere las potencialidades y, a la vez, asegure la asignación de recursos a la sociedad, además de manera indirecta, es una excelente fórmula. Pero esto requiere mayor atención a los balances financieros, no solamente a la producción física o la enumeración de turistas. También demanda instituciones y operaciones exquisitas y eficaces. Igualmente, ello solo sería factible desde actitudes dúctiles que lo propicien, las cuales suelen conseguir solidez únicamente a través de la experiencia práctica. En eso, como sabemos, aún somos feto, no “nato”. Por ende, esta nueva ruta será posible exclusivamente por medio de una política clara, bien respaldada, y sostenida por políticos vitales. 

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Asimismo, se desarrollarán las micros, pequeñas y medianas empresas privadas. Con ello parecen lograr alguna expresión política esos preceptos que, a modo de fantasma, ya “profetizaban” tal posibilidad en lo aprobado por Congreso del PCC, en 2016, y en la nueva Constitución de 2019. Sin embargo, concurren dudas al respecto. 

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Aún no conocemos si serán posibles las micro, pequeñas y medianas empresas en todos los ámbitos, o solo en algunos, o si tal oportunidad estaría únicamente reservada a unas pocas áreas, además pueriles. No estamos informados acerca de si disfrutarán de las facultades propias de una empresa, o sólo algo más de que ha sido. Desconocemos si el Estado comprende que deberá fomentarlas y apoyarlas con créditos, garantías de préstamos, asistencia técnica, capacitación, e incentivos fiscales, etcétera.  No estamos al corriente de la factibilidad de traspasar empresas estatales al sector privado, lo cual permite la Carta Magna. Tampoco sabemos si podrán ser inscritas y funcionar como corresponde al ingenio y a la iniciativa económica.  

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Acerca de esto último, deberían inscribirse por medio de un procedimiento veloz porque, de lo contrario, sería un absurdo. Del mismo modo, la “inspección” del quehacer empresarial debería recaer sobre poquísimos mecanismos, si bien muy sólidos, y con escasos “inspectores”, aunque muy efectivos. Ello aseguraría profesionalidad, probidad y escaso gasto para el presupuesto del Estado. Además, esto contribuiría a la transparencia y al control social, porque estarían identificados, con precisión, quiénes son los encargados responder por ello. 

De la mano de lo anterior, seguramente retornará la jerga en contra de la concentración de la riqueza y/o de la propiedad, con el propósito de limitar el desarrollo de las empresas privadas. A no ser que alguna instancia haya declarado el asunto como una especie de “cosa juzgada”.En el debate parlamentario, con motivo de la reforma constitucional, fue espeluznante la referencia de muchos acerca del tema. Numerosos parlamentarios opinaron al respecto de manera análoga a como las religiones trataban el asunto del sexo durante el medioevo. Sin razonar alegaron “pecaminosa” la riqueza y la propiedad, y a modo de “pecado mortal” (por ello, destinado a la “condenación eterna”) la acumulación de una de estas o de ambas. No obstante, gracias a Dios, alguna “voluntad superior” aseguró que el texto constitucional lo refrendara con racionalidad.   

El artículo 30 no pone límites a la riqueza y sólo pretende supervisar, mas no limitar per se, la concentración de la propiedad. No obstante, esto último resulta una concesión a tales “apasionados”, comprensible, pero irrazonable. Pues, por ejemplo, una sola propiedad podría constituir una riqueza superior a la de cuatro o diez propiedades con valores inferiores.  Por otra parte, el mismo artículo asegura, atinadamente, que el Estado deberá garantizar una justa redistribución de la riqueza. 

Resulta ilegitimo repulsar el dinero y, a la vez, utilizarlo como medidor esencial de la igualdad humana. Cooptar la capacidad y la oportunidad emprendedora de algunos por el hecho de que otros no la poseen. Renunciar a un modelo económico de desarrollo por sentir incapacidad para promover una riqueza individual que aporte al bienestar general. Restar valía, con esta posición, a todas esas otras capacidades antropológicas, sin las cuales el dinero no sería nada. Para, en definitiva, no garantizar el peculio necesario con el objetivo de amparar el desarrollo de todos.  

Por otro lado, las empresas estatales y las privadas compartirán un conjunto de desafíos que imponen esta reforma. Estimando la complementariedad entre ambos ámbitos, de seguro deberán procurar el modo de beneficiarse recíprocamente a través de la subcontratación, y las empresas privadas emergentes deberán capacitarse para emplear a los trabajadores estatales que resultarán “excedentes” al ejecutarse el imprescindible ajuste en ese sector. 

Un plan estatal de la economía, con fundamentos apropiados, demandará empresas mayoristas para todo el sistema empresarial, tanto estatal como privado; y, en tanto ese mercado mayorista necesitará ampliarse y consolidarse con rapidez con base a un respaldo en MLC (Moneda Libremente Convertible), quizá sea forzoso hacerlo con la participación de la inversión extranjera. De alguna manera, también se requerirá, para que esto funcione realmente, la aceptación del valor del comercio, del valor de lo mercantil, del valor de los intermediarios, todo lo cual ha sido demonizado una y otra vez. Acerca de ello, el sistema actual favorece la ineficiencia, la ilegalidad.

Desarrollar mecanismos de exportación e importación que permitan a las entidades económicas cubanas contratar empresas especializadas cooperativas o privadas o estatales, con precios de acuerdo a la oferta y la demanda. También aquí, y no solo en el comercio agroalimentario, no deben existir monopolios. En este sentido, se deberían buscar cadenas hoteleras que le hagan competencia a Sol Meliá.  

III                                                                                                                                                     
A la vez, todo proceso de esta índole necesita un sostén tangible sobre el cual erigirse. Evidentemente, tal vez en cualquier circunstancia, este resulta la MLC. Pero ello se torna particularmente complejo, en nuestro caso, porque la carencia de esta ha sido el detonante de esa decisión de reforma que jamás hubieran deseado emprender. En tanto, el ajuste comienza sin su pilar. Eso resulta una situación compleja, un desafío mayor, un riesgo extremo de fracaso. 

Dada la estructura económica de la Isla y la actual situación mundial, será difícil acceder a la cuantía necesaria de MLC. Esto fuerza a priorizar la búsqueda de ella a través de las remesas familiares y las posibilidades de inversión para los emigrantes cubanos. Pero esto, aun si se logra, no sería suficiente para salir de la crisis y edificar un modelo de desarrollo.  

De este modo se conseguiría responder a un grupo de demandas de sobrevivencia, pero no más. Se mantendría la distorsión monetaria, ahora no ya expresada en una “dualidad”, sino en una “trialidad”, además con una caótica variedad de tasas de cambio. Ello desataría una dinámica de tres monedas-tres mercados, además con diferentes tasas de cambios que, a la vez, permite venderle MLC al gobierno, pero no comprarle. Si no se corrigiera esto progresivamente, se estaría entronizando una especie de modelo de fracaso, frustración y pobreza.  

Incluso, algunos de los mecanismos que se implementan para dar curso a las potencialidades a pesar de la carencia de MLC, deberían considerar la necesidad de una moneda estable. Me refiero, por ejemplo, a las bonificaciones de deuda, que se sostienen en una especie de compromiso futuro, con capacidad de resarcirse solo por medio de una genuina capitalización. Además, ello podría impulsar peligrosas distorsiones si fueran concedidos a partir de la mera discrecionalidad. Algo de esta índole debe gestionarse desde puntuales criterios de concesión y precisas obligaciones para las empresas beneficiadas. Debemos evitar nuevas distorsiones financieras, económicas, comerciales y sociales.

La reforma exige ser atravesada por un binomio de liberación de “las fuerzas productivas”, junto a un proyecto audaz de desdolarización a través de una unificación monetaria y cambiaria, con sólido respaldo en MLC. Pero ello demanda, a su vez, un amplio acceso de Cuba a créditos. 

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Sin embargo, el acceso posible a créditos, sería difícil, o muy insuficiente, sin una agenda de negociación con las instituciones financieras internacionales. Lamentablemente, ha prevalecido un rechazo absoluto a esto. Se alega acerca de las afectaciones sociales que ello pudiera ocasionar. Reconozco que, en muchos casos y de alguna manera, pudiera ser arduo beneficiarse de este vínculo, sin perjudicar otros propósitos. No obstante, al respecto siempre me interrogo si, finalmente, no estamos renunciado a esos probables beneficios sin tampoco favorecer esas otras intenciones que no deseamos afectar. O sea, qué hacer cuando, en definitiva, no hemos sido capaces de trazar dispositivos que aseguren tal bienestar ni eviten el deterioro de esos otros afanes.       

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Sobre ello nos precisó el profesor Jorge Ignacio Domínguez, en un artículo titulado “¿Qué debe saber el presidente Raúl Castro para considerar una posible relación entre Cuba y el FMI?”, publicado en “Cuba Posible” el de julio de 2016. Deja claro el autor que: -sería lógico, oportuno, y relativamente sencillo que Cuba desarrolle conversaciones informales con el FMI, sin ningún compromiso previo; -porque acepta cualquier sistema político en sus países miembros; -la membresía no cede soberanía per se; -pues sólo exige transparencia de datos acerca de la economía; y -para que rija cualquier otra condición sobre algún país, tiene que aceptarla su gobierno, por lo general a cambio de algún apoyo financiero.

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No obstante, desde entonces Cuba ha dado “pasitos” en tal sentido, al ingresar al Banco Centroamericano de Integración Económica y al acercarse a la CAF, Banco multilateral que se ancla en los países andinos. Ahí se puede comenzar inclusive una conversación informal con las instituciones de mayor capacidad, como el FMI y el Banco Mundial, si bien para lo monetario/cambiario la clave es el FMI.

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IV
A la vez, en este momento cargamos con una limitación para esto, a modo de “espada de Damocles”. Será dificultoso el acceso a las instituciones financieras internacionales sin una normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que implicará la interpelación acerca de cuestiones políticas del modelo social cubano. Eso resulta una fortísima realidad. Sólo resta decidir si la enfrentamos, desde nuestros valores y en beneficio de los cubanos. Además, quizá las elecciones de noviembre en Estados Unidos puedan facilitarlo.    

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Igualmente, ello no sería una disonancia, pues el examen de actual modelo sociopolítico es un reto profundo que nos convoca desde hace mucho tiempo. No tenemos que hacerlo porque sea considerado en Estados Unidos. Debemos emprenderlo porque en ello, por muchísimas razones internas, nos jugamos la República, la soberanía y el bienestar de todos.  

Referencias

Domínguez, J. (2016). ¿Qué debe saber el presidente Raúl Castro para considerar una posible relación entre Cuba y el FMI? Cuba Posible.