Cuba y Puerto Rico son las sociedades de Latinoamerica cuyas historias están más íntimamente conectadas con el desarrollo político de los Estados Unidos como un super poder imperial en el siglo veinte. Cuando los Estados Unidos invadieron ambas islas en 1898, ellas no solo se volvieron fundamentales para el crecimiento del control económico en la región por parte de EE. UU, sino que también los hechos ocurridos en 1898 transformaron para siempre los destinos políticos y la identidad nacional de las tres sociedades. Después de 1898, la expansión imperial no mejoró notablemente las condiciones económicas de las clases bajas en los Estados Unidos, pero sí proporcionó una especie de adherencia ideológica a través de un poder racializado y de género que millones de inmigrantes europeos con poco en común compartieron en las celebraciones sobre la blancura imperial en EE. UU.

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En el sexto volumen del trabajo llamado Winning the West (“Ganando el Oeste”), publicado en 1888, Teddy Roosevelt lanzó descaradamente el argumento histórico de que el militarismo, la masculinidad y “el ansia de conquistar” formaban la esencia del carácter nacional de EE. UU. Menos de diez años después, el Partido Republicano incluyó la expansión militar en su plataforma política de 1896 y 1898, cuando el mismo Roosevelt dirigió la carga para excluir a “los vencedores de la victoria” de la última guerra cubana por la independencia de España. Como Louis A. Pérez ha escrito, el argumento de Roosevelt se convirtió en una profecía autocumplida. En efecto, el imperialismo de los EE. UU fue no solo un conjunto de políticas que descarrilaron y distorsionaron el futuro de Cuba y Puerto Rico, sino también un movimiento hegemónico cultural que hizo a los estadounidenses blancos y orgullosos, uniéndolos en contra de las tierras salvajes, las patologías políticas tropicales y los pueblos semi- bárbaros cuyas culturas seductoras habían peligrosamente degenerado sus razas, posiblemente hasta el punto de no retorno. En consecuencia, dos largos mitos sirvieron para explicar las estrategias de resistencia de los cubanos y puertorriqueños desplegadas en respuesta a los respectivos métodos neocoloniales y coloniales de gobernar de los Estados Unidos: la cubana inclinación al caos y la revolución, así como la presunta apatía y pasividad política puertorriqueña. 

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Estas contrarias esencias nacionales surgieron, como afirmaron los pensadores imperiales, de las deficiencias del carácter y la cultura que hicieron a los cubanos y puertorriqueños o de sangre demasiado caliente, inmaduros y atolondrados o simplemente muy perezosos, propensos a caprichos políticos y corruptibles para un autogobierno exitoso. Tan penetrantes eran estos principios que definían las imágenes estadounidenses de Cuba y Puerto Rico que incluso las críticas a las políticas extranjeras de EE. UU se relacionaban con estas, reiterando y reforzando muchos de los mismos valores racistas, culturalmente condescendientes y arrogantes que justificaban estas políticas. Cualquiera que ha examinado el registro histórico de los años del Nuevo Imperio (New Imperial Age) de los Estados Unidos puede dar testimonio, desde los discursos oficiales hasta los dibujos animados políticos, es imposible evadir las referencias a estos mitos hermanados sobre Cuba y Puerto Rico que el gobierno de EE. UU, los medios y la cultura popular produjeron alrededor de los primeros cincuenta años o más del siglo veinte. Sin embargo, estos mitos no fueron simplemente narcisistas, historias ficcionales cuya constante repetición los convirtió en verdades para la mayoría de los estadounidenses. Estos mitos acerca de la poca fiabilidad de los cubanos y la incompetencia puertorriqueña, sirvieron para justificar las violaciones de la Constitución de los EE. UU y su propio nacimiento nacional en la revolución antimperialista; estos hicieron que un promedio de estadounidenses creyera que la libertad y soberanía de los Estados Unidos dependía de la restricción de la libertad y la represión de la soberanía de los otros que aspiraban a convertirse en Estados-Nación. 

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Las Guerras contra Los Indios (1877-1892) habían establecido claramente los precedentes legales y políticos para tratar a los puertorriqueños como “gente conquistada”, como sucedió con los indígenas, los oficiales de Washington los despojaron a ellos de toda soberanía y definieron a los puertorriqueños como una población domésticamente dependiente, quienes no eran ni extranjeros ni ciudadanos en su propia tierra, sino sujetos con una deuda de lealtad hacia el gobierno de los EE. UU pero sin garantías legales que los protejía. Quedaron dotados en 1971 con una ciudadanía parcial — una que no les permite a los isleños votar en las elecciones presidenciales y les niega votar por representantes en el Congreso. La “incorporación” original de Puerto Rico que estaba basada en la lealtad, establecida en presunciones de gratitud y benevolencia, todavía están vigentes. Así, los puertorriqueños quienes acababan de conquistar su autonomía de España en enero de 1898 y que tuvieron sus primeras elecciones multi-partido basadas en el sufragio universal masculino, vieron su emergencia política acabar prematuramente y su historia dar marcha atrás. En Cuba, la intervención militar de EE. UU, las secuenciales ocupaciones militares de 1898-1902 y 1906-1909 y el compromiso con una ideología extranjera originada en el Plattismo, han alterado para siempre qué tipo de nación hubiera sido posible en Cuba. En 1898, los EE. UU deliberadamente subvaloraron los logros de las tres guerras por la independencia y las luchas de esclavos y sus descendientes para empoderar el liderazgo de aquellos quienes habían permanecido en los márgenes políticos a lo largo de un siglo. Prevenir que los soldados y oficiales del Ejército Libertador de Cuba llegaran a alterar el orden social y la organización del poder económico implementando las promesas igualitarias de la Guerra de Maceo y Martí fue precisamente el propósito de la intervención de EE. UU. Apuntalando lo que hubiera sido el lado de los perdedores de la independencia cubana —los españoles, élites conservadoras, las “clases hacendadas” cuyas propiedades habían alguna vez incluido esclavos — ese fue el objetivo primario de Washington y Wall Street. 

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No obstante, decir que las estrategias y políticas imperiales de los Estados Unidos tuvieron éxito es ignorar las formas fundamentales en las cuales Cuba y Puerto Rico son diferentes pero semejantes; es también negar cómo los esfuerzos de EE. UU por “americanizar” Cuba y Puerto Rico han irónicamente resultado en una contra-colonización de las políticas, cultura y territorio estadounidense. Actualmente, la identidad y las políticas de muchos en Estados Unidos (particularmente en la Casa Blanca) podrían remontarse a los odios raciales y el principio que el poder otorga sus propias reglas, o sea, las bases de la misma ideología que ha definido el comportamiento estadounidense en América Latina desde su metamorfosis imperialista en 1898. En todo caso, hay igual tantos estadounidenses cuyos valores antimperialistas, perspectivas igualitarias y formas de vida contradicen el implacable mantra ficticio del “sueño americano” que promete una meritocracia pero cumple con patrones heredados de la desigualdad y la injusticia. Esta actitud no solo resuena sino que en parte debe sus orígenes al ejemplo cubano y puertorriqueño. Digo “ejemplo” en singular porque Cuba y Puerto Rico hoy tienen más cosas en común que diferencias. Estos puntos en común derivan de muchas lecciones relacionadas que los cubanos y puertorriqueños dibujaron o fueron forzados a dibujar en sus compromisos con Estados Unidos. 

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Como el caso de Puerto Rico, los Estados Unidos prepararon una relación triangular en Cuba entre los inversionistas estadounidenses, sus partidarios políticos en Washington, y las élites políticas que compiten para reprimir o más bien, cooptar a las clases populares. A diferencia de Puerto Rico, sin embargo, los EE. UU enfrentaron en Cuba a la muy politizada, organizada y movilizada población que había luchado tres guerras de guerrillas por la independencia entre 1868 y 1898. No obstante, dentro de la primera década del siglo XX, las élites políticas de Cuba confiarían en la amenaza de invasión de EE. UU para justificar la represión de sus críticos y oponentes por mantener el control del estado y el estatus quo político.  Este cerco en la mentalidad y la realidad, nacido de la Enmienda Platt de la Constitución cubana de 1901 tendría una vida larga e útil: en el despertar de la Revolución Cubana de 1959 y la invasión dirigida por EE. UU en Bahía Cochinos, se convirtió en el eje de gobierno del partido único de Fidel Castro. Pero ni el contexto de la Guerra Fría ni el obstinado compromiso de Fidel Castro por mantener el control a toda costa formaron el origen de esta estrategia de larga duración. Las élites políticas aprendieron a usar la intervención de EE. UU como influencia contra las demandas por un cambio desde abajo en la primera década de la República. 

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Para ser más precisa, fue en 1908-1912 cuando los veteranos de las guerras de independencia fundaron el Partido Independiente de Color que esas élites políticas convirtieron la amenaza de la intervención de EE. UU en excusa para justificar su monopolio sobre el poder. Representando una coalición multi-racial, de diferentes clases de campesinos, progresistas de clase media y tabacaleros por igualdad de derechos, el PIC organizó bajo un liderazgo negro la demanda del desarraigo del estado continuando la desproporción de poder de los españoles y las élites blancas en la economía, los trabajos del sector público y el gobierno. Después su partido fue declarado ilegal por la ley Morúa en 1909, su periódico allanado y los líderes encarcelados en 1910, el PIC rosó lo que se suponía ser una breve y simbólica protesta que prohibía los ataques a la población, pero propuso los ataques a la propiedad, particularmente la propiedad de los españoles, para recordar a los cubanos lo que ellos habían luchado por décadas para conseguir. El PIC escogió el 20 de mayo de 1912 para protestar, décimo aniversario de la salida de las tropas de Estados Unidos de Cuba y el comienzo de la República. 

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En respuesta, el gobierno cubano cargó viciosamente la campaña racista de represión y terror que dejó alrededor de 4.000 negros muertos en nombre de la defensa “anti-racista” y la nación de “raza-ciega”.  Después de eso, se sancionó oficialmente la violencia anti- negra haciendo a los negros activistas autónomos —esto es, activismo sin liderazgo blanco— ambas traición y tabú. El hecho de que solo 17 blancos murieran (8 en manos de los compañeros quienes los acusaban de simpatizar con los negros) revelaba la intensidad del tabú.  Para el presidente José Miguel Gómez quien ordenó disparar indiscriminadamente a negros y permitió cientos de muertes por los vigilantes blancos (muchos de ellos españoles que había sido combatientes a favor de España en las guerras), la perspectiva de la movilización negra claramente representaba una amenaza de orden superior para el monopolio del poder que los liberales y conservadores blancos querían mantener en sus manos. Tal reacción de sus propios ciudadanos a la demanda legítima de los veteranos negros por su inclusión en un estado creado precisamente por los sacrificios de un ejército rebelde mayoritariamente negro redujo cualquier justificación o reacción en nombre de la “soberanía” al montón de mentiras ahistóricas. Increíblemente, o quizás de forma predecible, hoy el régimen actual, mientras condena la severidad de la respuesta gubernamental en 1912, concuerda con la lógica de esta mentira. En efecto, el enorme mausoleo de José Miguel Gómez en la Habana, originalmente construido en 1920 pero restaurado en medio del renacimiento de los esfuerzos de movilización negra cultural y política bajo el gobierno de Raúl Castro, se eleva como un solo ejemplo visible de muchos. 

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Posiblemente, aparte de asegurar la marginalización de los negros y la condición de negritud de las estructuras de poder en Cuba, el sistema político y el estado como un todo podría haber pagado el más grande y más duradero costo. Hoy, la Revolución del 1959 ha producido un gobierno nacionalmente soberano que mantiene por sí mismo un poder que largamente reprimió las demandas de los ciudadanos por un estado democrático. Como antagonista y espectador, los Estados Unidos forma la indispensable fundación de la narrativa nacional, las políticas y más importante, los reclamos por la legitimidad del estado cubano —de 1898 a 2018. La lección es no solo la apreciación de las ironías de la historia formada por la presencia de un poder extranjero y, después de 1959, su ausencia. Más bien, la lección miente en lo que hace capaz la elite política por ganar y sostener un monopolio de control bajo condiciones donde comprometerse con los Estados Unidos, como amenaza o como aliado, sirve la causa.

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Para Puerto Rico, la negociación de los derechos y espacios de activismo ocurrieron a lo largo de la primera mitad del siglo veinte en un contexto donde ni los gobernantes coloniales de EE. UU ni su mayormente conformista política contraparte toleró la movilización nacionalista. Como Cuba, la soberanía política sería definido dentro de los límites de un tabú. 

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En 1947, ambas casas del congreso estadounidense aprobaron la ley de elección de gobernador en Puerto Rico por un periodo de cuatro años, efectiva inmediatamente; por primera vez en 450 años de colonialismo, los puertorriqueños pudieron decidir quién iba a ser su gobernador, Luis Muñoz Marín ganó con el 61 % de los votos. Para garantizar la victoria del nuevo pacto colonial, Muñoz Marín, quien era todavía la cabeza del Senado puertorriqueño, aprobó la ley número 53 que se convirtió en la “ley del bozal”. Esta ley decretaba que el estado tenía el derecho de arrestar a cualquier ciudadano por la mera sospecha de conspirar contra la seguridad pública. Específicamente la ley Mordaza reclamaba que era “incompatible ser un servidor público del gobierno… y abogar por el derrocamiento del gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos  [en Puerto Rico] a través de la fuerza y violencia o ser miembro de cualquier grupo, sociedad, asamblea u organización que abogara por tal derrocamiento”. En otras palabras, la ley decretó que la discriminación o despido de cualquier servidor civil, burócrata o empleado gubernamental por albergar visiones proindependentistas era legal. Durante el curso de debate de la ley, quedó claro que los líderes (especialmente Luis Muñoz Marín quien la escribió) la propusieron para ser usada en contra de dos partidos, el Nacional y el Comunista, combinando el uno con el otro a pesar de que ellos no eran la misma cosa. Silenciado y criminalizado, el Partido Nacionalista protagonizó una revuelta a finales de octubre de 1950, días después del referendo, declarando la independencia de Puerto Rico en Jayuya en el 30. Una erupción de levantamientos armados de los oficiales locales y autoridades armadas siguieron un ataque directo en La Fortaleza, el palacio de gobierno. En un intento directo por aprovechar el control sobre el estado, los Nacionalistas escenificaron un asalto en la Casa Blair, la residencia temporal del presidente Harry Truman con el fin de llamar la atención a la causa puertorriqueña por la independencia y protestar por su exclusión de la agenda internacional después de la Segunda Guerra Mundial por decolonizar África y Asia. 

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La respuesta de las autoridades locales bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín fue una guerra total. Muñoz Marín llamó a la Guardia Nacional. Miles de Puertorriqueños sospechosos de ser nacionalistas, comunistas o simpatizantes con la independencia fueron arrestados o encarcelados por violar la Ley Mordaza. Unidades fuertemente armadas cargando pistolas ametralladoras ocuparon los pueblos de Arecibo, Utuado, y Jayuya que constituían el más fuerte apoyo nacionalista. El más crítico de todos, Pedro Albizu Campos — quien no reclamó absolutamente ningún papel en el asunto— fue rastreado en su casa el dos de noviembre, y acusado por “haber inspirado” el Asalto Nacionalista en la Casa Blair. Así, él no fue acusado por ningún acto criminal o por tener alguna conexión por la posesión ilegal o adquisición de armas que los nacionalistas tenían planeado usar. En su lugar, Albizu Campos fue acusado por violación de la Ley Mordaza, esto es, por “haberse expresado en contra del gobierno insular en diferentes ocasiones y de diversas maneras”. 

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En febrero de 1951, la corte federal encontró culpable a Albizu Campos y lo sentenció a 79 años de prisión en la Penitenciaria Federal en Atlanta. Cinco meses después, en junio de 1951, el 76.5 % de los puertorriqueños votaron en favor de los planes de Luis Muñoz Marín por establecer el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Posteriormente, Luis Muñoz liberaría a Albizu Campos por motivos de salud y solo lo reencarcelaría unos meses después cuando los nacionalistas abrieran fuego en el Congreso, hiriendo a cinco personas. Silenciado una vez más, Albizu Campos murió en prisión menos de diez años después. La protesta de los Nacionalistas, como la protesta del Partido Cubano Independiente de Color, fue un esfuerzo por legitimar el pluralismo y el derecho de transformar el estado a través de un proceso político. En ambos casos, los que se beneficiaban del estatus quo colonial o neocolonial bloquearon el camino a la discusión pública y la posible elección de opositores al gobierno, dejando solo la opción de la protesta armada. De forma semejante, el populismo de Puerto Rico, al igual que el caudillismo de la República cubana y el comunismo del estado revolucionario bajo Fidel Castro, carecen de huellas pluralistas y de culturas políticas abiertas al cambio evolutivo, impuesto desde abajo. Sin embargo, la cooperación de los Estados Unidos, incluso en su enemistad, irónicamente y paradójicamente ha hecho contribuciones centrales al estancamiento que los líderes en Cuba y Puerto Rico han brillado como evidencia de legitimidad y estabilidad.  

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Indudablemente, la inflexibilidad perversa de Estados Unidos frente a sus intereses económicos y la hegemonía política en el periodo posterior a 1948 limitó la potencial liberación de ambos proyectos políticos en “la Guerra Fría Latinoamericana”, tanto el modelo económico-político de “Manos a la Obra” bajo Luis Muñoz Marín como el estado revolucionario-comunista de Fidel Castro.  Sin embargo, el discurso totalizador del anti-comunismo versus el comunismo y el apoyo tangible de los Estados Unidos en favor de sus aliados seguramente contribuyeron a la “popularidad” de Fidel Castro y a la legitimidad del libre estado asociado; después de todo, no había o parecía nada más. Hasta 1990, criticar el estilo capitalista-colonial en Puerto Rico, tildaba a uno de comunista, terrorista o tonto nacionalista. Desde 1960, criticar al Partido Comunista o cuestionar el “derecho” de gobernar de los hermanos Castro constituía un acto contrarrevolucionario y luego de 1975, una infracción de ley: el crítico en Cuba era traidor y agente inconsciente del imperialismo yanqui. 

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Posiblemente, los cubanos y puertorriqueños hoy piensan más intensamente acerca del legado y las lecciones de su historia porque no les queda otro remedio: la historia les afecta cada aspecto de su vida cotidiana. Después de más de 100 años de lucha por la segunda independencia, los destinos de las islas de Cuba y Puerto Rico no pueden estar más ligados a la riqueza, poder y desafortunadamente, capricho político de los Estados Unidos. La reciente historia de Cuba y Puerto Rico es una historia de patrones consistentes de comportamiento y una historia de las reglas por las cuales los Estados Unidos han habilitado ese comportamiento. Romper las reglas, rebelarse y protesta contra las injusticias y la conformidad no es solo una tradición igual de cubanos y puertorriqueños, ellos también son profundamente estadounidenses.