La Policía Nacional Revolucionaría (PNR) se creó en 1959 tras la victoria de la revolución cubana. Esta tiene como antecedente inmediato a la Policía Rebelde, que comenzó su accionar durante la última etapa de la revolución. Desde su nacimiento la misión principal de esta fuerza es: “preservar el orden público, la tranquilidad ciudadana y la seguridad vial” (Trabajadores, 2020). Mediante la firma de la Ley No 940 de 1961, la PNR se integró a al Ministerio del Interior de la República de Cuba (MINIT) como una dependencia de la misma. Según esto, el ministerio del Interior es un: 

organismo de la Administración Central del Estado designado para organizar, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Partido, el Estado y el Gobierno en lo que concierne a la Seguridad del Estado y el Orden Interior. Acciona con la participación del pueblo en el cumplimiento de la Legalidad Socialista y está en capacidad de cumplir, bajo cualquier situación y condiciones, sus misiones en tiempo de paz y tiempo de guerra (MININT, 2019).

Desde el 9 de enero de 2017 el Ministerio se encuentra dirigido por del Vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo. El actual ministro es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Fue fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias y de la Asociación de Combatientes, así como Jefe de Batallón de la División 53 durante la Crisis de los Misiles de 1962. Asimismo, fue jefe del órgano de Contrainteligencia Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cumplió misión internacionalista en Angola y misiones especiales en otros países. Por su parte, el viceministro del interior, General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, también proviene de la Contrainteligencia militar y es militante del Partido Comunista de Cuba (MININT, 2019).

La misión de la PNR guarda cierta ambigüedad con respecto a lo que se entiende por preservación del orden público y tranquilidad ciudadana. Sin embargo, debido a que el Ministerio del Interior está dirigido por militares que pertenecen al Partido Comunista, y no por civiles, se deduce la complacencia o subordinación de la misión de la PNR a los objetivos del partido. La conducción del Ministerio del Interior por parte de militares deja en evidencia la falta de control civil efectivo sobre la fuerza policial. De esta forma, la tarea de controlar, regular y determinar las actividades de la PNR queda en manos de militares y miembros del Partido Comunista Cubano. 

Tanto la PNR como las FAR, transitaron un proceso de partidización desde el triunfo de la revolución. Como su mismo nombre lo expresa, ambas fuerzas se identifican con el objetivo revolucionario del PCC y cumplen con el rol de mantener el imaginario revolucionario vivo. Con el ascenso de Miguel Díaz-Canel a la presidencia de Cuba, se produjo una crisis política y de identidad del modelo revolucionario. La respuesta que ha encontrado el nuevo presidente para mantenerse en el poder y evitar la apertura social, política y económica del régimen ha sido emplear a las fuerzas armadas como una herramienta para las políticas del gobierno y como un aparato para neutralizar a la oposición (Diamint, 2015).

En consonancia con lo anterior, se inscribe la respuesta de las PNR a la pandemia de COVID-19. Desde el primer brote de coronavirus en Cuba, la PNR entiende que su rol es dar batalla contra el nuevo virus a fin de proteger a la población y al orden público. Para cumplir este objetivo, la fuerza policial amplió sus tareas habituales e incorporó otras misiones directamente relacionadas con el “enfrentamiento” a la pandemia. La PNR entiende a la pandemia como un enemigo al cual hay que darle batalla de forma urgente, por tanto, su discurso respecto a la COVID-19, es un claro ejemplo de securitización de una amenaza. El término acuñado por Wæver, Buzan y de Wilde se refiere a la designación subjetiva de una amenaza a través de un acto discursivo. 

Llamar a algo como un problema de seguridad lo carga con un sentido de importancia y urgencia que legitima el uso de medidas especiales, fuera del proceso político usual que se encarga de su solución. Securitizar un problema hace legitima una respuesta militar y crea una visión conflictiva (nosotros contra ellos) (Smith, 2000, p.85).

Mediante la securitización de la pandemia, la fuerza policial legitima la ampliación de sus misiones a otras áreas fuera de su incumbencia institucional. Con el pretexto de combatir a la pandemia se han justificado arrestos por desobediencia, actividades económicas ilícitas, especulación y acaparamiento, propagación de epidemias, desacato, desorden público y resistencia. A la vez, han aumentado las denuncias de la sociedad civil acusando represión policial. Asimismo, mediante la expansión de tareas de la PNR por la COVID-19, se le ha otorgado una mayor autonomía a la fuerza policial que le permite satisfacer otros intereses relacionados a la contención de actos considerados “contrarrevolucionarios”. Esto se vio reflejado en el actuar de la PNR durante la manifestación, llevada a cabo el día 30 de junio, por el asesinato de Hansel Ernesto Hernández Galiano a manos de las fuerzas policiales. Para evitar que se realice la manifestación, las fuerzas policiales cubanas detuvieron a varios activistas acusados del delito de propagación de epidemia. Lo anterior demuestra que lo que se quería impedir era la protesta en contra del abuso policial, no una preocupación desinteresada por el bienestar de los protestantes. 

La excusa sanitaria para poner fin a manifestaciones políticas se volvió a emplear el 26 de noviembre, para desalojar de su sede y apresar temporalmente a los integrantes del movimiento artístico San Isidro. Los artistas integrantes del Movimiento San Isidro se encontraban efectuando una huelga de hambre en protesta a la detención del rapero Denis Solís sentenciado a 8 meses de prisión por “desacato”. El portal estatal “Las razones de Cuba”, indicó que la causa del desalojo yace en una denuncia por el delito de “propagación de epidemia”. Ante esta situación, la PNR actuó de forma inmediata y retiró de la sede a los protestantes.

Como bien expresa José Miguel Vivanco, abogado defensor de derechos humanos chileno: 

Detener arbitrariamente para impedir que la población proteste de forma pacífica es un ejemplo de las muchas medidas represivas que el régimen cubano está dispuesto a tomar para impedir que se manifiesten voces críticas al gobierno. Estas medidas forman parte de un patrón general según el cual las autoridades cubanas apelan a cualquier excusa —en este caso, la pandemia— para tratar al disenso como un crimen, en vez de garantizar que las protestas pacíficas puedan transcurrir de manera segura (Human Rights Watch, 2020).

Referencias

Trabajadores. (2020). Policía cubana: por y junto al pueblo. Recuperado de: http://www.trabajadores.cu/20200722/policia-cubana-por-y-junto-al-pueblo-especial/

MININT. (2019). Sitio oficial del Ministerio del Interior. Recuperado de https://www.minint.gob.cu/

Diamint, R. (2015). Are the military eroding democratic institutions in Latin America? Journal of Democracy. 

Smith, S. (2020). The Increasing Insecurity of Security Studies: Conceptualizing Security in the Last Twenty Years. Stuart Croft & Terry Terriff, Critical Reflections on Security and Change. 

Redacción Razones de Cuba. (2020). Actúan autoridades sanitarias de Cuba contra violación del protocolo de salud para los viajeros internacionales en San Isidro. Recuperado de http://razonesdecuba.cu/actuan-autoridades-sanitarias-de-cuba-contra-violacion-del-protocolo-de-salud-para-los-viajeros-internacionales-en-san-isidro-la-habana/

Human Rights Watch. (2020). Cuba: Régimen suprime protesta en contra de violencia policial. Recuperado de: https://www.hrw.org/es/news/2020/07/28/cuba-regimen-suprime-protesta-en-contra-de-violencia-policial