TEMA: SOCIEDAD CIVIL EN CONTEXTOS AUTORITARIOS
Movilización ciudadana y acción colectiva en América Latina: algunos ejemplos y análisis de la coyuntura reciente
Por: Gina Romero*
Febrero 2020
Vistas
*Directora Ejecutiva Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad)
El Índice de Transformación de la Fundación Alemana Bertelsmann, que “analiza y evalúa la calidad de la democracia, la economía de mercado y la gestión política en 129 países y mide los éxitos y los retrocesos en el camino hacia una democracia basada en el imperio de la ley y una economía de mercado socialmente responsable”, señala que, en el 2018, existían menos democracias que hace 10 años y el mayor número de autocracias desde que el índice empezó a construirse en el 2006.
Según el informe, América Latina aporta el 26% de las democracias en consolidación del mundo (Jamaica, Uruguay, Costa Rica, Chile y Brasil), el 21% de las democracias defectuosas (México, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Colombia, Bolivia, Paraguay, Perú y Argentina) y el 27% de las altamente defectuosas (Guatemala, Honduras y Ecuador). Además, tiene dos de las 18 autocracias moderadas (Nicaragua y Haití), y dos de las 40 autocracias duras (Venezuela y Cuba). Destacando que, del 2016 al 2018 la situación de Honduras, Nicaragua y Venezuela empeoró.
Indica el informe que, aunque el 81% de los 21 países de la región analizados viven en democracia, el 71% de las democracias en el continente son defectuosas o altamente defectuosas. Esto demuestra una altísima vulnerabilidad en la región, que puede verse, en un futuro cercano, reflejada en un aumento aún mayor de las autocracias en el continente.
Por su parte, el índice de Freedom House (que mide las libertades políticas y civiles en el mundo) indicó que, de los 19 países con mayores retrocesos en el 2019, cinco son latinoamericanos (26%), siendo Nicaragua el país con mayor retroceso y Venezuela el tercero. Además, de los 10 países que Freedom House ubicó en su lista de monitoreo especial para el 2020, se encuentra uno Latinoamericano, Brasil.
Por supuesto, estos informes confirman lo que ya sabemos: los sospechosos de siempre en el continente siguen con sus tendencias de deterioro, ya que aún continúan los regímenes políticos cerrados, autoritarios y represivos. Sin embargo, en el último trimestre del 2019 se vio una inestabilidad sin precedentes, caracterizada por crisis casi simultáneas y muy similares en seis países de la región (Haití, Honduras, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia). Estos países no suelen ser los canallas de la clase, aunque tampoco son los destacados de la democracia regional.
Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a finales de noviembre del 2010, la crisis en Bolivia, Chile, Ecuador y Haití había cobrado 129 muertos y 4 074 heridos, de los cuales alrededor de 300 tenían daños oculares severos.
El caso de Chile encendió todas las alarmas. El modelo chileno ha sido considerado un éxito regional. Sin embargo, lo que mostró la crisis es que el modelo hace agua al esconder gravísimos problemas de inequidad y de desarrollo social, y un modelo autoritario que recordó los peores momentos de la dictadura. Si Chile, uno de los mejores de la clase (democracia en consolidación), falla; ¿qué se puede esperar de los demás?
Una de las claves que explican la crispación regional reciente y refleja el declive democrático es el abismo que se ha abierto entre los resultados cotidianos de nuestras democracias y las crecientes demandas sociales que cada vez más van quedándose sin respuesta. Hace un par de décadas, O’Donnell predecía que los colectivos más desfavorecidos de la región se organizarían para ejercer sus derechos y presentar sus demandas de una forma más decidida, porque “el proceso de legitimación de las instituciones públicas se va complicando ante una ciudadanía cada vez más reflexiva y crítica, con nuevos valores que no pueden ser satisfechos con la simple provisión tecnocrática de servicios públicos” (Blanco y Gomá, 2003).
“La clase media emergente está en riesgo de caer en un proceso de declive social. Estos estratos de la población, cuyos miembros consideran que su situación social está en riesgo, tienen claras expectativas y demandas del sistema político en materia de educación, infraestructura, transporte, seguridad pública y protección del medio ambiente. Si el desempeño del Estado no logra satisfacer estas expectativas, surge un descontento latente”. (Bertelsmann Stiftung, Índice de Transformación, 2016)
El último trimestre del 2019 fue una muestra clara del descontento, que está empezando a desatarse frente a medidas que, miradas sin contexto, parecen inofensivas (el aumento del transporte público en ciudades capitales, por ejemplo), pero que traen detrás, años de aguante silencioso que requiere válvulas de escape.
Al analizar los datos de decrecimiento de las libertades en el mundo en los últimos 13 años, podemos ver en el informe de Freedom House mencionado que América Latina ha retrocedido en casi todos los indicadores, pero en especial, en las libertades de asociación y de expresión. Estas son clave para el presente dossier, ya que precisamente las acciones de acción colectiva se sostienen en estas dos libertades. Lo que parece estar pasando en el continente es que la ciudadanía y sociedad civil decanta su inconformismo ante el pobre resultado de la democracia y la creciente inequidad con acciones que, a su vez, tienen desde los gobiernos una respuesta que presiona al cierre mayor del espacio cívico o ambiente habilitante (factores que permiten el desarrollo libre de los ciudadanos y la sociedad civil se relacionan directamente con las libertades de expresión, manifestación pacífica y asociación).
Este dossier es un esfuerzo por entender algunas de las características y casos de acción colectiva que en la región ha enfrentado alguno de los autoritarismos ya conocidos, y también las crisis recientes en el continente.
Tenemos en el dossier nueve artículos, escritos todos por diversos actores de la sociedad civil regional. Los tres primeros artículos nos hablan de la movilización ciudadana y la acción colectiva en Cuba.
El primero, escrito por Micaela Hierro, internacionalista y politóloga argentina, con más de 10 años de activismo prodemocracia en Cuba, hace una descripción sobre la sociedad civil cubana, sus estrategias de acción y los retos que tienen que enfrentar para su labor. En el segundo, Ariel Maceo Téllez, escritor y fotógrafo cubano, habla de lo inexistente, la democracia en Cuba, y las tres bases de la dictadura comunista en la isla: represión, adoctrinamiento y miedo. En ‘Comunidades para la democracia’, Lester Álvarez, artista y editor cubano, hace una descripción muy íntima de lo que ha significado para él la acción colectiva, desde su experiencia propia devela algunos de los mecanismos del régimen cubano para reprimir y amedrentar.
Posteriormente, se han incluido una serie de artículos que mencionan casos puntuales recientes de movilización y acción colectiva en otros países. Inicia Eduardo Toche, de la organización peruana DESCO, quien presenta las consecuencias del fracaso de iniciativas para fortalecer la participación ciudadana en Perú, que incluyen la preponderancia del conflicto abierto como mecanismo para encaminar las exigencias sociales. Eddie Cóndor Chuquiruna, activista y analista político Peruano, que vive en Bolivia, con un relato de la crisis creada en el proceso electoral de octubre pasado y los retos subsiguientes. En su artículo, Claudio Nash, académico chileno quién ha jugado un rol preponderante en la difusión internacional de la represión brutal que el gobierno ha hecho de la movilización ciudadana de los últimos meses (que aún no termina), hace un recuento de la crisis, el camino que se ha abierto gracias a la movilización ciudadana y las recomendaciones para el proceso de discusión constitucional que viene.
Para cerrar el número, saliendo de los análisis con enfoque nacional, se han incluido tres artículos que presentan lecturas temáticas transversales. Nicolás Panotto, académico argentino y director del Grupo Multidisciplinario de Religión e Incidencia Pública (GEMRIP), hace un análisis sobre el papel que los actores religiosos juegan en la crispación regional y resalta la libertad religiosa como instrumento para ampliar el espacio democrático y defender los derechos. Marta Gaba, activista argentina y miembro del Comité Coordinador de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, analiza el uso de las redes sociales y el ciberactivismo como vehículo y herramienta para la lucha por la profundización democrática; aunque no hace énfasis en las acciones recientes en el continente, la conceptualización que hace es relevante para entender otra forma de acción colectiva. Por su parte, Alejandra Santos, antropóloga y activista colombiana, cierra el número con un análisis centrado en el aprendizaje que nos deja el feminismo con el uso de acciones colectivas de muy diversa índole que proponen nuevas formas de ser y estar en el mundo.
Esperamos que este número pueda ser disparador de preguntas, cuestionamientos y nuevos aprendizajes sobre la acción ciudadana en nuestros países. La sociedad civil tiene una responsabilidad mayor que, entre otras, parte por abrirle la puerta a una más profunda deliberación y organizarse para la acción colectiva que permita dar mayor sustancia a los sistemas democráticos.
Referencias
Blanco, I. y Gomá, R. (2003). “Gobiernos locales y redes participativas: retos e innovaciones”. Revista del CLAD. Reforma y democracia (26).
Freedom House. Disponible en: www.freedomhouse.org
Fundación Alemana Bertelsmann. “Índice de Transformación” 2016 y 2018. Disponible en: https://www.bti-project.org/en/reports/regional-reports/latin-america-and-the-caribbean/