TEMA: SOCIEDAD CIVIL EN CONTEXTOS AUTORITARIOS 

Los últimos años del proceso boliviano

Por: Eddie Cóndor Chuquiruna

Febrero 2020

Vistas

Como cada país latinoamericano, y otros del sur del planeta, Bolivia vive en un constante proceso de transformaciones y de búsqueda de su horizonte en lo político, económico, social y otros ámbitos que hacen a un Estado del siglo XXI. Su condición de país plurinacional y pluricultural es y será una oportunidad.

Los bolivianos y las bolivianas han experimentado de todo en cada ámbito de su vida como país independiente, y -en esa senda- aún muestran más sombras que luces en el proceso de afirmación de su democracia.

En este marco, 181 años después de su “grito libertario”, el ascenso al poder del señor Juan Evo Morales Ayma encontró raíces en una diversidad de causas, entre las que destaca la exclusión social de sectores en situación de vulnerabilidad -como los indígenas- desde la colonización y luego por cada gobierno desde su nacimiento como Estado en 1825.

Después de catorce años de Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), en el país persisten la mayoría de aquellos problemas de siglos pasados. Hay nuevas leyes que, además de sus discrepancias con la Constitución, no pasan de ser la suma de buenas intenciones de solución de los problemas nacionales. Lo que parecía una oportunidad, históricamente esperada, pasó a ser una ocasión ida, una circunstancia perdida. Hubo concentración de poder y ejercicio autoritario del mismo, que terminó por vaciar de contenidos y mandatos a todas las instituciones democráticas de control y contrapeso al poder político; lo que terminó decepcionando y agotando a la población. El aparato mediático que montaron, muy bien estructurado por cierto, distrajo a nivel interno y disimuló en el plano internacional. Los organismos internacionales, especialmente los de la Organización de Naciones Unidas (ONU), fueron blandos y guardaron silencio sobre lo que fue ocurriendo.

El intento de sostenerse en el poder a través de un proceso de elección y cuarto periodo de gobierno, que fue declarado como “fraudulento” por la Organización de Estados Americanos (OEA), a pedido del mismo Gobierno de Morales Ayma en el marco de una “auditoría” a la última fase del proceso electoral, marcó un punto de quiebre -inesperado para muchos países del mundo- en el proceso boliviano.

La tozudez por la perpetuidad en el poder encontró respuesta en el pueblo, el que espontáneamente y de modo pacífico se volcó a las calles durante 21 días, paralizando el país. Los “Comités Cívicos” en los 9 departamentos tuvieron un papel importante, pero no determinante. El rechazo de la población fue creciendo con las provocaciones de los exgobernantes y la aceptación de la OEA de realizar la auditoría electoral. Luego llegarían los motines policiales y la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas de renuncia al -entonces- presidente.

El hecho que aniquiló las aspiraciones de los ex gobernantes de seguir en el poder lo daría la OEA al anunciar que en Bolivia “hubo una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves”, que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.

Entre la renuncia y la posesión de la nueva presidenta, hubo una ola de violencia y muerte. La población, en diálogo con la Policía y las Fuerzas Armadas, volvió -en una acción colectiva sin precedentes- a ser protagonista final del desenlace. Las “pititas” usadas para bloquear las calles, las coplas alentando las protestas y las movilizaciones pacíficas y multitudinarias tuvieron igual potencia.

Asistimos, luego a la sucesión en la conducción del país, la que se ajustó al marco constitucional (arts. 169-I, 170 y art. 35 parágrafo I y art. 41 del Reglamento General de la Cámara de Senadores) y fue validada por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de una declaración oficial en el que expresaron que “el funcionamiento del Órgano Ejecutivo de forma integral no debe verse suspendido”, e instaron se aplique “ipso facto” la línea sucesoria. A las renuncias del Presidente y de su Vicepresidente sumó la de la presidenta y Primer Vicepresidente de la Cámara de Senadores. También, la renuncia del Presidente y Vicepresidente de la Cámara de Diputados. Quedó, de ese modo, habilitada para ocupar la presidencia del Estado Jeanine Áñez, quien entonces era Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores.

En ese contexto, desde fines de noviembre de 2019, el país transita por un periodo de tensa calma, que ha tenido hitos importantes: 

  1. El 24 de noviembre de 2019, la nueva presidente, en orden al art. 169-I de la Constitución, anunció la realización de nuevas elecciones (Ley Nº 1266), las que el Órgano Electoral fijó para el 3 de mayo de 2020.

  2. Recomposición del Órgano Electoral a nivel del Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales, a través de la elección de nuevos integrantes por parte de la Asamblea Legislativa.

  3. Prórroga del mandato de los integrantes de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, los gobernadores, alcaldes y la presidente del Estado, como consecuencia del fraude electoral que generó una “situación de anormalidad constitucional” al impedir que el 22 de enero haya cambios de mando de las autoridades. Esta medida, adoptada gracias a un acuerdo político entre el Ejecutivo y Legislativo, está ayudando a la gobernabilidad del país, al garantizar el funcionamiento de los cuatro Órganos del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Implicó la formulación de un proyecto de ley (Ley de Prórroga de Mandato Constitucional) que, vía “Acción de Constitucionalidad”, fue declarada constitucional -con el voto unánime de sus nueve magistrados- por el Tribunal Constitucional Plurinacional (SCP 001/2020), a los 12 días de presentada.

  4. El 21 de enero de 2020, dos meses después de presentada, el parlamento boliviano aceptó la renuncia de Morales Ayma y su vicepresidente. Actualmente, Morales Ayma tiene una orden de arresto por parte del sistema de justicia por la supuesta comisión de delitos de sedición y financiación al terrorismo, usurpación de funciones públicas y, por la suplantación de pruebas en el asesinato a tres extranjeros en el año 2009. Reside en Argentina en condición de asilado.

Los meses que siguen, considerando que la crisis de gobernabilidad no ha sido superada y pensando en lo que le conviene al país, son de retos.

En primer lugar, es imprescindible devolver la independencia a las instituciones y Órganos del Estado, entre otros aspectos, promoviendo la meritocracia. El desarrollo de un proceso integral de reforma del sistema de justicia, por la seguridad jurídica que generaría, debería ser prioritario.

En segundo lugar, urge conocer los programas de gobierno de los candidatos. Es necesario conocer de ellos -ojalá- en espacios formales de debate y no sólo en redes sociales, la radio y la televisión sus propuestas y la defensa de las mismas. No ayuda que vuelva a existir elección sin un programa de gobierno ni su sustentación frente a otras propuestas. No ayuda al país que existan partidos políticos débiles, fragmentados y nominales.

En tercer lugar, sería importante que la población “siga los pasos del Órgano Electoral”. Si bien es cierto que fue recompuesto, tras el enjuiciamiento de sus anteriores integrantes, el control social y escrutinio público debe generar certidumbre de su imparcialidad.

 

Los actores relevantes -actuales- del proceso boliviano, en cuarto lugar, deben adoptar decisiones coherentes y que sumen a la pacificación y gobernabilidad del país. Los militares en las calles de algunas ciudades, los anuncios de protestas y las disputas por los espacios públicos no deben ceder a la violencia y la muerte. Cualquier discurso que enfrente el pueblo con el pueblo, debe ser condenado y desechado.

También es fundamental mantener la estabilidad económica del país y avanzar en la reducción de la pobreza. El Gobierno de Morales Ayma disminuyó la pobreza del 60% en 2005 a la mitad en 2012, mediante políticas redistributivas dependientes de la bonanza económica que generó la nacionalización de sectores estratégicos del país. La situación económica hoy no ofrecería las mismas condiciones por los precios del gas, del petróleo y las exportaciones de materias primas.

Morales Ayma, por medio de su Movimiento al Socialismo, intentará volver al poder el 2025. Su éxito o fracaso en este cometido, e incluso si es antes, dependerá del tipo de gestión y gobierno que desarrollen, en relación a aquellos sectores a los que más benefició, quienes resulten electos el 3

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