La discusión teórica de los intelectuales jugó un papel importante en las reformas constitucionales previas a 1940. El autor de este artículo aborda los debates intelectuales en el marco de la constitución de 2019 y los desafíos posteriores a las manifestaciones del 11J

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En Cuba, la obra de los intelectuales de las generaciones de 1913[2] y de 1930 abrió un espacio para que se redactara una nueva constitución. Si en el período previo a la constitución de 1901, una vez consumada la expulsión de España, el papel de estos fue pasivo; ahora anticipaban en varios años los cambios que tomaron cuerpo en una nueva Carta Magna. Los intelectuales de las generaciones señaladas, pese a sus diferencias políticas, lograron socializar la percepción de una serie de valores que echaron abajo los puntales coloniales de la Republica.

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Podemos citar el caso de Ramiro Guerra quien perteneciendo a esta generación cubana-coetánea con la conocida española de 1914- escribe “Azúcar y población en las Antillas” donde considera que la base de la nación es la pequeña propiedad cuyo régimen había sido destruido por el latifundio.

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José Antonio Ramos, figura de esta misma generación, además, en el “Manual del perfecto fulanista” consideró imprescindible superar el pesimismo de las masas, principal rémora de “la colonia que sobrevive en la República” según la conocida expresión de Enrique José Varona.

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Figuras tan disimiles en filiación política como Alberto Lamar Schweyer, Joaquín Martínez Sáenz y Jorge Mañach consideraron que no hay Republica con analfabetismo. Estos autores llegaron incluso a pedir la supresión del voto al analfabeto mientras se educaba a este sector preterido de la población para la democracia. De esta forma abrieron el camino para que la constitución de 1940 concediera tal importancia a la educación que puso un monto mínimo para esta en el presupuesto del Estado cubano.

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Todavía en 1954 Luis Aguilar León constataba el peligro que para la democracia cubana constituía el analfabetismo. Sin estos antecedentes no puede entenderse el fenómeno revolucionario de 1959 y que junto al marxismo-leninismo, conformaron el conjunto de ideas inarmónicamente ensamblado en la constitución de 1976. Sin embargo, la inviabilidad de esta última habría de revelarse en su reforma, menos de veinte años después de promulgada, en 1992.

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Conviene recordar que en aquella reforma a la constitución de 1976 fue lograda la elección directa de los diputados a la Asamblea Nacional, algo que había sido pedido por diez intelectuales disidentes en Cuba.[3] A pesar de que no se logró la presencia de alguno de los miembros de grupos disidentes en la Asamblea Nacional, este cambio dejó abierta la idea de retomar la reforma constitucional como medio de obtener el pluralismo en la sociedad cubana.

 

Una nueva batalla de los intelectuales

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Aquí podemos entonces preguntarnos: ¿Puede la discusión teórica, de la mano de los intelectuales, siguiendo el antecedente que hemos visto en las décadas anteriores a 1940, conllevar a una reforma constitucional en Cuba? Este papel del intelectual fue ya hace una década señalado; en el punto más alto alcanzado por el debate sobre la reforma política de las instituciones derivadas de la constitución de 1976, por la ensayista Teresa Díaz Canals.

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Históricamente, la alternativa a la ideología oficial que se basa en la primacía del PCC viene de la tesis de la revolución traicionada-usando la conocida frase de Trotsky. El resurgimiento del liberalismo en el ámbito cubano, por otra parte, fue iniciado por Carlos Alberto Montaner un cuarto de siglo atrás. El pensamiento liberal, en cambio, ha tenido más éxito en el exilio y de la mano del populismo de Trump que por la influencia de este ensayista y político, crítico del expresidente norteamericano.

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Si algo llama la atención en la producción ensayística que abarca casi veinte años previos al proceso de discusión del anteproyecto de constitución del 2018 es el relativo poco peso en aquella de las ideas de la socialdemocracia clásica. Incluso los más cercanos ideológicamente a ésta, Manuel Cuesta Morúa en su trabajo “El castrismo cultural” y Arturo López-Levy se mueven en las coordenadas del discurso poscolonial.

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El primero vio en el tipo de cultura que genera la revolución el modo de vida de ciertas regiones orientales que habían significado la transposición mecánica de Galicia a Cuba. Este análisis conecta con la crítica al latifundio y a la emigración desnacionalizadora por Carpentier, Lamar Schweyer, Ramos y Mañach que ya hemos mencionado antes. De seguir la lógica del pensador socialdemócrata, el autoritarismo en la revolución cubana significaría la herencia colonial vinculada a un déficit de efectiva construcción nacional en la República.

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López Levy, por otro lado, aunque se manifiesta a favor de dar espacios de asociación política para la disidencia, crea el concepto de plattismo para deslegitimar a aquella que no considere al embargo el principal obstáculo para la democratización. López-Levy, sin embargo, no se pregunta por qué la sociedad cubana generaría dicho plattismo y cómo las estructuras estatales han sido afectadas por este.

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Desde el oficialismo, Fernando Rojas intervino en esta discusión al ver en la fase soviética de la revolución (1968-1986) el reforzamiento de la herencia colonial a través de la burocracia. No lo extendió, sin embargo, al hecho de ser la constitución de 1976 en más de una tercera parte, la copia de la estalinista de 1936. Haber vinculado este hecho con la herencia soviética pudo haber abierto el debate sobre cómo la relación del PCC con las “organizaciones de masas” era parte de esta.

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Tampoco tuvo suficiente difusión la posición socialdemócrata y nacionalista de Haroldo Dilla frente a la ley fundamental de 1976. Una de las más interesantes, sin embargo, correspondió a Julio César Guanche. Este último sin entrar en un análisis filosófico como el de Rojas, vinculó la burocratización del Estado y la sociedad cubana con la concentración de poderes en el PCC en la constitución de 1976.

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La divulgación de las obras mencionadas de estos autores estuvo ausente en los debates que precedieron la constitución de 2019 donde solo estuvieron dos intelectuales: Eduardo Torres Cuevas y Elier Ramírez. El primero es conocido por su análisis sobre la presencia del capitalismo en Cuba en el periodo de la plantación esclavista. Sin embargo, este historiador no ha desarrollado un sistema que conecte sus tesis historiográficas con el debate político de la colonialidad que hemos señalado arriba. Los grandes ausentes, a nivel oficial, del debate constitucional fueron los intelectuales. Lo más parecido a una presencia en este fue un texto recopilado por Iroel Sánchez sobre el “centrismo”.

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Es de recordar, sin embargo, que se intentó excluir el término comunismo de la constitución actual cubana en 2018. Este fue reintroducido en el texto que finalmente se aprobó. La consigna "Abajo el comunismo" de una parte de los manifestantes del 11-J pudo haber estado de esta forma expresada en la letra de la Constitución de no haber sido eliminado en el proyecto.

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El epílogo de este debate, promovido por los intelectuales, sobre las fuentes de legitimidad del poder político en Cuba y el peso de la herencia estalinista en la constitución de 1976, estuvo en que al menos once mil participantes pidieron la elección directa del nuevo cargo de presidente de la República en los sindicatos oficialistas, en los análisis del anteproyecto de la nueva constitución.[4]

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En un sistema político donde los diputados no explican por quién han de votar por presidente, de entre los nominados a diputados por la Asamblea Nacional, esta petición era relevante para evitar las prácticas coloniales y estalinistas criticadas por los intelectuales en los años previos a la discusión del anteproyecto constitucional.

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Al no existir, además, campañas electorales ni acceso a la prensa para proponer programas legislativos; este “velo de ignorancia” para usar la metáfora de John Rawls para ilustrar el contrato social; garantiza que se consume la fusión Partido-Estado, a través de la elección del cargo de presidente del Consejo de Estado y de Ministros primero y ahora de la República que desde 1976 ha recaído en el Primer secretario del PCC. 

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De ahí que si fuéramos a buscar ideas comunes o el "sistema de ideas desde la que un tiempo (nacional) vive", según Ortega y Gasset; encontraremos que el anticapitalismo poscolonial de los autores que hemos visto coincide con la disidencia revelada el 27 de noviembre de 2020. Esta última coincide con los liberales en la irrelevancia que tiene la revolución de 1959 para un nuevo imaginario simbólico de la sociedad.

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Falta, sin embargo, en el movimiento anticapitalista una teoría del Estado. De ahi que sea fácil para el oficialismo colonizar estas ideas, incorporando "nuevos derechos" sin abrir alternativas a la hegemonía del PCC. Y es, por tanto, perfectamente posible desde dicho referente teórico que ensayistas cercanos al oficialismo como Fidel Vascós González, reclamen la búsqueda de la democracia directa frente a la representativa, propia del pensamiento liberal.

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La expresión de esta democracia directa en la figura del referendo no ha sido defendida por estos autores en la reciente crisis de legitimidad del gobierno, pero al menos muestra los dos caminos abiertos después de aprobada la constitución de 2019: apelación a la figura constitucional del referendo o reforma de esta, la primera desde el anticapitalismo y la segunda desde el liberalismo.

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¿Después de las protestas: ¿qué puede venir?

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Dos meses después de las masivas protestas y las subsiguientes detenciones y juicios sumarios ocurridos en Cuba conviene analizar el posible escenario en los próximos meses desde la perspectiva amplia del derecho constitucional que hasta aquí hemos explorado. Estas manifestaciones no lograron algunas de las demandas, como la libertad de expresión y asociación.

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El sector dentro de los manifestantes que reclamaban la renuncia del presidente no logró influir en este sentido ni en el Comité Central del PCC ni en el Consejo de Estado, para lograrlo. Por otra parte, la Asamblea Nacional constitucionalmente puede remover los cargos que elige según el artículo 109 pero a falta de una ley que establezca este procedimiento, la vía constitucional para remover un alto cargo quedaría probablemente reducida a la figura del Primer Ministro. Este, según la constitución, es el jefe de gobierno-cargo que en la de 1976 quedaba fusionado con el presidente del consejo de Estado. Es, además, propuesto por el presidente y aprobado por la Asamblea Nacional.

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En este sentido, la constitución no prohíbe que los diputados recojan firmas pidiendo la destitución del Primer Ministro por el presidente, pero ni siquiera esta posibilidad dentro de la ley cubana ha sido contemplada por figuras reformistas dentro del oficialismo. En otros términos, si el pueblo no es tan fuerte para presionar en la renuncia del Primer Ministro, todo dentro de la constitución, puede esperarse algo que sería más osado pero que probablemente sea un proceso liderado por los intelectuales desde su espacio dentro de la sociedad civil: una reforma de la constitución de 2019. 

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Aquí aparece el obstáculo, en comparación con su antecedente de 1976, del socialismo como sistema político y económico irrevocable constitucionalmente. Definir qué es socialismo es todo un problema teórico que me temo excede la capacidad del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC. Incluso, si no bastara el abismo entre una definición jurídica y un concepto filosófico, la compaginación del socialismo con la libertad es un tema de filosofía política y no creo la sociedad cubana pueda resolverla sin un prolongado análisis y discusión.

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Lo más fácil de lograr en términos constitucionales no es, entonces, una Asamblea Constituyente que reforme la vigente desde el 2019 para eliminar el artículo cinco que da el monopolio político al Partido Comunista; aunque resolvería el problema de tener un omni-poder localizado fuera del orden constitucional. Pudiera pensarse entonces en retomar aquella petición hecha por al menos once mil personas, en la discusión del anteproyecto constitucional para reclamar la elección directa del presidente.

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Una alternativa a la tramitación de esta reforma, más cercana al uso de la figura del referendo que antes mencionábamos y para la que serían necesarias cincuenta mil firmas, está en que pudiera solicitarse a la Asamblea Nacional una consulta al pueblo sobre si desea que Díaz Canel continúe en el cargo hasta el año 2023, cuando serán las próximas elecciones.

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Un "Sí" quitaría fuerza a las peticiones de renuncia o a las quejas por su gestión gubernamental. Un "No", aunque fuera un plebiscito sin carácter vinculante, podría llevar al presidente o a renunciar o a ceder en la aprobación de esta reforma constitucional, aunque pudiera continuar al frente del Partido Comunista hasta su próximo Congreso.

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De la manera anotada arriba se podría lograr la separación de poderes entre Partido Comunista y Estado esperada por la sociedad civil y postergada por varias décadas. De manera que todavía la tradición republicana de dar papel protagónico a los intelectuales en el diseño constitucional puede aún tener presencia en la evolución política cubana en los próximos años.

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[1] Ariel Pérez-Lazo (La Habana, 1977) Graduado en Filosofía por La Universidad de La Habana y Máster en Historia contemporánea por la misma universidad. Candidato a doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad Internacional de la Florida. Profesor de filosofía adjunto en el Miami Dade College. Ha colaborado en publicaciones como Hypermedia Magazine, Diario Las Américas, Cubaencuentro, Diario de Cuba, Espacio Laical entre otras.

 

[2] Escojo este año por ser aquel en el que Fernando Ortiz publica “Entre cubanos” y José Antonio Ramos “Calibán Rex”

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[3] Díaz Martínez, Manuel: La Carta de los Diez. Encuentro de la Cultura Cubana. No 2. Otoño de 1996. Pág. 22.

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[4] Presentan a los diputados resultados de la consulta popular del Proyecto de Constitución Radio Granma: https://www.radiogranma.icrt.cu/presentan-a-los-diputados-resultados-de-la-consulta-popular-del-proyecto-de-constitucion/. 19 de diciembre de 2018.

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