Los Indicadores Sociales en Cuba Socialista

Por: Carmelo Mesa-Lago

Junio 2020

Vistas

Introducción

En 1989, antes del colapso de la Unión Soviética, los indicadores sociales cubanos—salvo la vivienda— se ordenaban entre los más altos de América Latina y en varios países socialistas. La severa crisis de los años 90 (“Período Especial”) deterioró gravemente a dichos indicadores; la ayuda substancial de Venezuela al inicio del siglo XXI contribuyó a mejorar varios de ellos, pero no todos (Mesa-Lago, 2003; 2017b). Factores adversos a dichos indicadores son: el acelerado envejecimiento de la población, las reformas estructurales de Raúl Castro en 2007-2018 y la crisis económica de 2017-2020 (la peor desde los 90). Este artículo, basado en estadísticas cubanas, analiza las tendencias en nueve indicadores sociales: 1) el envejecimiento demográfico, 2) el empleo y el desempleo, 3) el salario, 4) la desigualdad en el ingreso, 5) los impuestos y el gasto social, 6) las pensiones, 7) la atención de la salud, 8) la educación, 9) la vivienda y 10) la pobreza y la asistencia social; termina con las conclusiones.

Envejecimiento Demográfico

Cuba es el país más envejecido en el hemisferio occidental. La tasa de crecimiento de la población se redujo de 2.1 % en 1953 a -0.1 % en 2018 por dos razones: la tasa de natalidad más baja del hemisferio (menguando de 2.5 % a 1.0 %) y una tasa de emigración neta muy alta y en ascenso. La tasa bruta de reproducción (hijos por mujer en edad fértil) fue 1.6 % en 2018, por debajo de la tasa de remplazo de 2.1 hijos por mujer; de ahí que la población absoluta haya disminuido en años recientes (ONEI, 2019). Esto se debe al amplio conocimiento popular del sistema reproductivo, la alta participación de la mujer en la fuerza laboral, el uso de contraceptivos y la disponibilidad gratuita del aborto, y las difíciles condiciones de vida (Díaz-Briquets, 2014) (Ver Gráfico 1).

 

Por el envejecimiento poblacional, la proporción del segmento joven (0-14 años) mermó de 36.9 % en 1970 a 16.1 % en 2018, y se proyecta que bajará a 15.5 % en 2030; el segmento viejo (60 y más) ha crecido de 6.9 % a 20.1 % y 30.1 % en igual período; el segmento en edad productiva (15-59), crucial porque mantiene a los otros dos segmentos, ya comenzó a decrecer de 64.8 % en 2002 a 63.8 % en 2018 y 54.4 % en 2030. Por ello, la “tasa de dependencia” (suma de los segmentos joven y viejo, divididos por el segmento en edad productiva) aumentó de 53 % en 1990 a 56 % en 2018 y 84 % en 2030, lo cual implica una pesada carga en aumento (Gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución Demográfica en Cuba, 1953-2018

Empleo y Desempleo

El envejecimiento ha provocado una disminución en la población económicamente activa (PEA): -11.9 % entre 2011 y 2018, mientras que la PEA ocupada declinó 10.5 % (Gráfico 2). Ambas tendencias continuarán.

 

La reducción de la PEA, especialmente jóvenes cualificados, será un serio problema a largo plazo, pues provocará escasez de mano de obra. La alta emigración, 76.7 % en el segmento productivo, agrava la situación, especialmente en actividades cualificadas (Aja, 2016).

El desempleo puede ser abierto (declarado) y oculto (sub-empleo o sub-utilización de la mano de obra). En Cuba, el abierto fue de 1.7 % en 2018, el menor de la región. Las estimaciones del subempleo por CEPAL en 1989-1998 superaron ampliamente al abierto; durante la crisis, para impedir un disparo del desempleo abierto, el gobierno no despidió a los trabajadores de las empresas cerradas y continuó pagándoles el salario y subsidiando a las empresas, lo cual aminoró la productividad, disparó el déficit fiscal y los precios, y redujo los salarios (Vidal y Pérez, 2010). En 2010-2011, se revelaron cifras oficiales sobre el empleo innecesario en el sector estatal (desempleo oculto), el cual debía ser despedido (500 000 en 2010, 1 millón en 2011 y un total de 1.8 millones en 2015) y conseguir empleo en el sector no estatal. A fines de 2014 habían sido despedidos solo 418 000 empleados estatales superfluos y en 2016 se decretó la terminación de los despidos, de forma que, tomando la meta de 2015, aún quedaban 1.3 millones de empleados superfluos (Mesa-Lago, 2017b). La razón es que el crecimiento del sector no-estatal fue insuficiente para dar empleo a todo el empleo excedente[1]. Cuando comenzaron los despidos, el desempleo abierto aumentó de 1.7 % en 2009 a 3.5 % de la PEA en 2012, pero al terminarse aquellos declinó consistentemente a 1.7 % en 2018; no obstante 29 % de la PEA en 2018 aún sufría desempleo oculto, indicando un descenso en la productividad (Cuadro 1).   

Salario

El salario en el sector estatal se fija centralmente; la ley no estipula su ajuste al índice de precios al consumidor (IPC) y concede gran discrecionalidad al gobierno para hacerlo. En 1993, el peor año de la crisis, el salario real (ajustado a la inflación) era una décima parte que en 1989; después siguió una recuperación gradual hasta que en 2018 había subido a 54.7 % del nivel anterior a la crisis, o sea, el poder adquisitivo en 2018 era 45.3 % menor que en 1989. El cálculo oficial del IPC para deflactar el salario medio estatal se basa solo en el peso nacional (CUP) y excluye desembolsos en pesos convertibles (CUC), por lo que subestima el valor del salario real. Vidal (2018) nota que existe un círculo vicioso de baja productividad y bajos salarios. Como los salarios son bajos los trabajadores se sienten poco motivados y la productividad no crece lo suficiente para que el gobierno autorice más incrementos. El salario medio estatal mensual de 777 CUP en 2018, equivalente a 33 dólares, era insuficiente para cubrir las necesidades básicas (excluyendo educación y salud). 

Desigualdad en el ingreso

En 1989, Cuba era uno de los países más igualitarios de la región, pero las reformas estructurales han ampliado la desigualdad en el ingreso. El gobierno nunca ha publicado el coeficiente Gini de desigualdad, pero estimados y documentación respaldan esa aseveración (Espina, 2015; Mesa-Lago, 2017b). Frente a un salario medio estatal erosionado, los ingresos en el sector privado, especialmente los cuentapropistas que rentan en CUC sus casas y habitaciones para turistas, así como los dueños de paladares, crecieron de forma extraordinaria especialmente en 2016-2017 con el salto del turismo. En 2017, usando el salario medio estatal como base (1.0), el ingreso de un cuentapropista o trabajador en turismo era 5.6 veces mayor, el de un paladar de lujo era 255 veces mayor y el de un rentista de mansión de lujo 380 veces mayor; por el contrario, la prestación asistencial era 0.2, el salario mínimo 0.3, la pensión promedio 0.4 y la remesa promedio 1.3 (Cuadro 2). A menos que el gobierno tome medidas compensatorias, la tendencia a la desigualdad se acentuará.

Impuestos y Gasto Social

A pesar de una mejora por la reforma de impuestos de 2012, el sistema sigue siendo regresivo: en 2010, 50.8 % del ingreso tributario provenía de impuestos indirectos (a las ventas y a los servicios públicos) y 49.2 % de impuestos directos (a utilidades, ingresos, nómina y otros); en 2018, las cifras respectivas eran 52.7 % y 47.3 %, por lo que se acentuó la regresividad (ONEI, 2011 y 2019).  

El gasto social se compone de salud, educación, pensiones, vivienda y asistencia social. Dicho gasto alcanzó su cénit en 2007-2008 cuando equivalió a 55.4 % del presupuesto estatal y 36.6 % del PIB. En 2018 había menguado a 40.8 % y 24.8 % respectivamente, o sea, un declive de 14.6 puntos porcentuales menos del presupuesto estatal y 11.8 puntos menos del PIB (Gráfico 4). Tanto el sistema tributario como el gasto social se han malogrado como factores para atenuar la desigualdad en el ingreso y sostener los servicios sociales a la población, lo cual ha generado un deterioro de la salud, la educación, las pensiones, la vivienda y la asistencia social como se verá.                  

Pensiones de Seguridad Social

El sistema de pensiones de seguridad social cubre virtualmente a toda la PEA y en ello es el primero en América Latina. En 2008 fue necesaria una reforma “paramétrica” debido a su alto costo por varias razones: a) edades de retiro muy bajas en la región (55 las mujeres y 60 los hombres), a pesar de la alta expectativa de vida en Cuba; b) rápido envejecimiento poblacional; c) baja contribución de 10% cargada al empleador (básicamente estatal), y d) falta de aporte por la enorme mayoría de los trabajadores. Por ello, el costo las pensiones, respecto al presupuesto estatal y el PIB, era pesado y creciente. El sistema es de “reparto” sin reservas, por ello generaba un déficit (ingresos menores a egresos) que llegó hasta 40.5 % del gasto de pensiones, sufragado por el Estado y en aumento. La reforma de 2008 subió las edades de retiro en cinco años para ambos sexos (en un período de 4 años); además, aumentó la contribución del empleador de 10 % a 12 % y se estipuló que los trabajadores aportasen 5 % de su salario cuando este fuese aumentado (Mesa-Lago, 2017b). El Gráfico 5 muestra los resultados de la reforma; téngase en cuenta que el incremento de la edad aplazó la jubilación al menos en cuatro años y que los efectos no comenzaron a sentirse hasta 2014.

El déficit del sistema de pensiones sufragado por el Estado, como porcentaje del costo total, continuó creciendo y alcanzó un cénit de 43.8 % en 2013; después descendió gradualmente a 14.3 % en 2017 (debido a la reforma), pero subió a 16 % en 2018, y seguirá creciendo. El déficit financiado por el Estado como porcentaje del PIB creció a 3.2 % en 2013, pero menguó a 0.9 % en el mismo período y aumentó a 1 % en 2018. Por último, el costo total de las pensiones respecto al PIB bajó de 7.6 % a 6.2 % entre 2010 y 2017 y se estancó en 2018. A corto plazo, la reforma de 2008 tuvo éxito en reducir tanto el costo de las pensiones como el déficit pagado por el fisco. Sin embargo, a mediano y largo plazo el costo y el déficit retomarán su crecimiento por el proceso de envejecimiento y porque las actuales edades de retiro todavía son bajas con respecto a la expectativa de vida al tiempo del retiro: las mujeres 23.64 años y los hombres 17.33 años, altas a niveles latinoamericanos[2]. En 2018, había 1.7 millones de jubilados y pensionados en Cuba, y para 2030 se proyecta que las personas de 60 años y más serán 3.3 millones (ONEI, 2016; Aja, 2016). La relación de retirado por un trabajador activo era 3.6 en 1989 y mermó a 2.7 en 2018 (CEE, 1991; ONEI, 2019), a pesar de la reforma; no hay una proyección oficial para 2030, pero se estima la relación oscilaría entre 1.3 y 1.6, o sea, menos de dos activos por un pasivo, al menos que haya otra reforma (en 2019 se discutía otro incremento de la edad).

Otra manera de reducir el gasto es mantener bajas las pensiones reales. La ley no determina su ajuste al IPC (uno de solo cuatro países en América Latina) y, como en el caso del salario, el gobierno tiene amplia discreción para hacerlo. El Gráfico 6 exhibe la disminución de la pensión media ajustada a la inflación entre 1989 y 2018.   

En 1993, la pensión real era 16 % del monto de 1989, después ocurrió una recuperación parcial, pero en 2018 era 46.4 % inferior a 1989. La pensión media nominal en 2018 era de 303 CUP mensuales (ONEI, 2019), equivalente a 12.12 dólares, insuficiente para cubrir las necesidades básicas alimenticias. Los jubilados y pensionados se encuentran entre los grupos más pobres en la población (Espina, 2008); para subsistir deben recibir remesas, ayuda de familiares o trabajar como cuentapropistas (vendedores callejeros). 

Atención de Salud

A pesar de las dificultades económicas, Cuba mantiene su sistema de salud universal y gratuito, y continúa logros que se resumen abajo. Por el contrario, ha mermado el acceso, las instalaciones, el personal y la calidad de los servicios de salud en parte debido al recorte en el gasto social. El gasto de salud declinó de 20.5 % a 17.4 % del gasto total del presupuesto estatal entre 2015 y 2018, y de 12.8 % a 10.5 % del PIB entre 2009 y 2018 (basado en ONEI, 2009 a 2019). El envejecimiento incrementa los costos de salud, a medida que la población adulta mayor crece y sufre enfermedades terminales de alto costo (Cuadro 3).

Los aspectos positivos son la merma en 24 % de la mortalidad infantil en el período, la menor tras Canadá en el hemisferio en 2018; la reducción en 52% del número de habitantes por estomatólogo; y el incremento universal de la vacunación a once enfermedades contagiosas que redujo la morbilidad en la mayor parte de estas (ONEI, 2008 a 2019).

Por el contrario, la mortalidad materna aumentó 41 % en el período; el número de hospitales descendió 32 % y el de policlínicos 8 %; todos los hospitales y los puestos rurales y urbanos fueron cerrados en 2011, los pacientes son referidos a hospitales regionales, pero el tiempo y costo del transporte aumenta y los casos de emergencia son más riesgosos. Las camas reales de hospital mermaron en 5 %. Ha ocurrido un deterioro de la planta física y el equipo, y una reducción de los diagnósticos y las pruebas costosos. Hay una severa escasez de medicinas, insumos para cirugía, y los internados deben proporcionar sábanas, almohadas y otras necesidades (Fuente, 2017).

    

El personal total de salud cayó en 16 % en el período, los técnicos en 53 % y las enfermeras en 12 %. Por el contrario, el número de médicos aumentó 30 %; había 95 487 en 2018, pero unos 40 000 trabajan en el extranjero, por lo que, en vez de tener 127 habitantes por médico, en realidad había 202, un nivel similar al de 1993, el año peor de la crisis. Los médicos de familia que trabajan en el nivel primario donde se resuelve la mayor parte de los problemas de salud mermaron 59 % en el período.  La exportación de profesionales de la salud aportó al país un ingreso de 6 398 millones de dólares en 2018 y es la primera fuente de divisas (ONEI, 2019), pero reduce el acceso a los servicios médicos dentro de Cuba.          

Educación

Se mantiene un sistema de educación universal y gratuito. El envejecimiento poblacional y la consiguiente contracción del segmento joven, redujo la matrícula (entre la cima y el curso 2018/19) en el nivel primario y después en el secundario. Las caídas más fuertes fueron en la educación universitaria, el área rural versus la urbana, y en obreros y campesinos (Cuadro 4).

La matrícula total se contrajo 35 %, en el nivel primario en 16 % y en el secundario en 26 %, lo cual debió ser al revés de acuerdo con el envejecimiento (se mantuvieron escuelas y personal primarios que no eran necesarios por la contracción del segmento joven). En la secundaria básica las menguas fueron más tardías porque cubre un segmento de mayor edad que en la primaria. El descenso mayor fue en el preuniversitario con 36 %, debido al desplome en la matrícula universitaria (ver abajo). Las caídas en el área rural han sido superiores a los totales: 25 % en la primaria, 75 % en la secundaria y 82 % en el preuniversitario[3]. Es explicable la rebaja de la matrícula preuniversitaria, pero no que también se redujese en 39 % la matrícula técnica y profesional. La educación obrero-campesina menguó en 61 % y la secundaria en 72 %, en parte por la disminución del campesinado (pero no de los obreros) y por la universalización de la educación primaria.

Los cambios más notables han ocurrido a nivel universitario; durante la “Batalla de Ideas” Fidel Castro intentó lograr la cobertura universal a ese nivel y creó 3 000 sedes universitarias en tres años. Entre los cursos de 1989/90 y 2007/08, cuando se alcanzó la cúspide, la matrícula total creció 208 %, y en humanidades y ciencias sociales saltó 3 943 %; por el contrario, las carreras esenciales para el desarrollo sufrieron el menor crecimiento, o un descenso: ciencias técnicas 43 %, ciencias agropecuarias 38 % y ciencias naturales y matemáticas -39 %. Las reformas estructurales redujeron la matrícula total en 68 % entre 2007/08 y 2018/19; el recorte principal fue en humanidades y ciencias sociales (90 %) por su anterior crecimiento descomunal, pero también hubo mengua en ciencias técnicas (28 %) y en ciencias agropecuarias (25 %), mientras que se estancó la matrícula en ciencias naturales y matemáticas (ONEI, 2008 y 2019).

Vivienda

El 85 % de la población es dueña de su vivienda, pero esta siempre ha estado a la zaga, comparada con los otros servicios sociales, por varias causas: el deterioro provocado por la fuerte y larga falta de mantenimiento y materiales de construcción;  gran ineficiencia de la agencia pública que estaba a cargo de las reparaciones; múltiples huracanes que destruyeron o dañaron decenas de miles de viviendas; la edificación hecha virtualmente sola por el Estado durante decenios, insuficiente para compensar por lo anterior y el aumento de la población; y las trabas enfrentadas por la población para edificar sus viviendas hasta hace pocos años. El déficit habitacional oficial es de 883 050 unidades (23 % del total existente). El Gráfico 8 muestra que la edificación de viviendas alcanzó una cúspide de 111 400 en 2006, pero decreció en 72 % en 2018 y, en unidades por 1 000 habitantes, mermó de 9.9 a 2.7.

 

Pobreza y Asistencia Social

Nunca se han publicado cifras oficiales sobre pobreza. Una encuesta en el año 2000 indicó que 20 % de la población habanera era pobre y, probablemente, esa cifra era mayor en el resto del país. La pobreza ha crecido en el último decenio debido a la crisis económica y las reformas estructurales (Mesa-Lago, 2017b). En vista a ello, la asistencia social se debió expandir a fin de proteger a la población vulnerable, pero ocurrió lo contrario. Entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2.2 % a 0.3 %, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5.3 % a 1.6 % (Gráfico 9). Esto se explica mayormente por un “Lineamiento” aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011, que terminó la asistencia social a los beneficiarios con una familia capaz de ayudarles.

Conclusiones

La evaluación previa muestra un deterioro en los indicadores sociales en Cuba en 1989-2018, con muy pocas excepciones, debido al envejecimiento acelerado de la población, las reformas estructurales (mayormente el recorte del gasto social) y el deterioro económico en los cinco últimos años.

La PEA total y ocupada menguaron 12 % y 10 %, respectivamente en 2011-2018, y la tendencia continuará aumentando la carga sobre el segmento productivo de la población.

En 2018, el desempleo abierto era el inferior en la región (1.7 %), pero unido al subempleo—un millón de empleados estatales superfluos— alcanza el 31 % de la PEA, porque el sector no-estatal no se expandió lo necesario para darle trabajo a los innecesarios.

Aunque el salario medio nominal en el sector estatal ha crecido, ajustado a la inflación en 2018 estaba en 45 %, por debajo de 1989, y no satisface las necesidades básicas.

La desigualdad en el ingreso se ha ampliado con las reformas estructurales; respecto al salario medio estatal en 2017, el de cuentapropistas era seis veces, el de dueños de paladares 255 veces y el de arrendadores de viviendas a turistas 380 veces.

Los impuestos en 2018 eran más regresivos que en 2010.

El alto gasto social lo hizo insostenible financieramente, por lo cual, en 2007-2018 se recortó en 15 puntos porcentuales del presupuesto estatal y 12 puntos del PIB.

Cuba tiene la cobertura mayor de pensiones de la región. La reforma de pensiones en 2008 logró, a partir de 2014, reducir a corto plazo su costo y el déficit financiado por el Estado, pero dicha tendencia se revirtió a partir de 2018 por el envejecimiento y edades de retiro relativamente bajas.

La pensión media ajustada a la inflación mermó en 46 % en 1989-2018 y no cubre las necesidades básicas alimenticias.

Se mantiene un sistema de salud universal y gratuito, a la par que continúan avances en ciertos indicadores de salud, pero ha disminuido el acceso, las instalaciones, el personal y la calidad de los servicios, mientras que el envejecimiento demográfico demanda más servicios costosos para los adultos mayores.

También subsiste un sistema de educación universal y gratuito, pero en parte debido al envejecimiento, la matrícula total se redujo en 35% entre la cima y 2018, con mayores caídas por niveles en las zonas rurales, el grupo obrero-campesino, la técnica-profesional y la universitaria, lo cual se debe a otras razones, no al envejecimiento.

La matrícula en educación superior se expandió tres veces en 1989-2007 (en las humanidades y ciencias sociales 40 veces), mientras que en las carreras esenciales al desarrollo subió muy poco o bajó; las reformas estructurales redujeron la matrícula total en 68 % en 2007-2018 (90 % en humanidades y ciencias sociales), incluyendo cortes adicionales a las carreras esenciales al desarrollo.

Alrededor de 85 % de la población es dueña de su vivienda, pero el número de viviendas construidas mermó 72 % en 2006-2018.

Aunque no hay estadísticas, la pobreza ha aumentado en el último decenio, lo cual hace necesaria la expansión de la asistencia social, pero en 2006-2018 se contrajo en un séptimo respecto al PIB y en un tercio respecto al número de beneficiarios.

La actual crisis económica es la peor desde los años 90, debido a la continuidad del modelo de planificación central que ha fracasado en todo el mundo, la reducción substancial de la relación económica con Venezuela, las medidas agresivas de Trump y la pandemia. La crisis unida al envejecimiento perjudicará a los indicadores sociales, lo cual hará más difícil su recuperación, a menos que haya una reforma económica profunda, la cual no se vislumbra en estos momentos.

Referencias:

 

Aja, A. (2016). “Dinámica demográfica de Cuba: Actualidad y desafíos”. Seminario Retos demográficos en Cuba: envejecimiento, migración y la economía. Florida International University – FIU. Instituto de Investigaciones sobre Cuba, Miami.

Comité Estatal de Estadística—CEE. (1991). “Anuario Estadístico de Cuba 1989”. La Habana.

Díaz-Briquets, J. (2014). “Accounting for recent fertility swings in Cuba: Population and Development Review”. Pp. 677-693.

Espina Prieto, M. (2008). “Políticas de Atención a la Pobreza y la Desigualdad. Examinando el Rol del Estado en la Experiencia Cubana”. Buenos Aires, CLACSO-CROP.

Espina Prieto, M. (2015). “Retos y cambios en la política social”. En Pérez Villanueva, O. y Torres, R., comps. Miradas a la Economía Cubana: Análisis del Sector No-estatal. La Habana, Editorial Caminos, pp. 158-175.

Fuente, Á. (2017). “¿Cómo consigue Cuba una sanidad con índices de un país rico?”. El País

Mesa-Lago, C.  (2017a). “Convertir el desempleo en Cuba de oculto a visible”. En Invitación para leer a Carmelo Mesa-Lago. La Habana, Cuba Posible, No. 35, pp. 34-48.

Mesa-Lago, C. (2003). “Buscando un Modelo Económico en América Latina ¿Mercado, Socialista o Mixto? Chile, Cuba y Costa Rica”. Caracas, Nueva Sociedad.

Mesa-Lago, C. (2017b). “Bienestar Social en Cuba”. Cuba Posible, La Habana.

Oficina Nacional de Estadísticas e Información—ONEI. (1995, 2008, 2009, 2015, 2019). “Anuario Estadístico de Cuba 1994, 2007, 2008, 2014, 2018”. La Habana.

Vidal, P. (2018). “Is Cuba’s economy ready for the 2018 leadership transition?”. Cuba Study Group.

Vidal, P. y Pérez Villanueva, O. (2010). “Se extiende el cuentapropismo en Cuba”. Espacio Laical, 6:3, pp. 53-58.

[1] El sector no estatal en la PEA creció de 16% a 31,6% en 2009-2018, pero para absorber a todo el empleo estatal innecesario debió aumentar muchísimo más.

[2] Países menos desarrollados que Cuba tienen edades de retiro iguales, como Honduras, y mayores en las mujeres, como Perú con 65 para ambos sexos.

[3] El gobierno decretó el cierre de las escuelas secundarias y preuniversitarias en el campo.

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