Lo que mal empieza, mal acaba

Por: Eduardo Toche*

Febrero 2020

Vistas

*Investigador en Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO

En enero, los peruanos hemos llevado a cabo uno de los procesos electorales más desconcertantes que podamos recordar. Luego de la disolución constitucional del Congreso, en setiembre del año anterior, debíamos elegir nuevos integrantes del Parlamento con la esperanza de obtener algo cualitativamente mejor. No fue así y la expresión ciudadana se manifestó con una alta indecisión previa, sin otorgarle mayoría a ninguna de las organizaciones que competían, con amplios márgenes de duda sobre la representatividad de los elegidos y, finalmente, concediendo representación congresal a opciones confesionales, xenófobas, homofóbicas, represoras y demás, dejando constancia de que su acción política va por caminos opuestos a cualquier supuesto liberal.

Pareciera un capítulo más de un “control ciudadano” que tomó forma tiempo atrás con la sentencia “que se vayan todos”, que, si bien ha acotado a la fuerza la discrecionalidad de las autoridades y funcionarios del Estado peruano, ha devenido en una fórmula informal de accountability vertical ante la defección de los canales institucionales y, por lo mismo, un mecanismo sumamente precario que no propende al fortalecimiento democrático.  

Décadas atrás, en 2004, apenas iniciado un nuevo ciclo democratizador en Perú que suponíamos iba a reparar los daños ocasionados por el momento autoritario fujimorista de los 90, Carlos Franco ya hablaba de un realismo desencantado para referirse a la democracia peruana y, por extensión, la latinoamericana (Grupo Propuesta Ciudadana y otros, 2004).

Estaba convencido de que la voluntad de cambio y los esfuerzos aplicados para reformar algunos aspectos que estaban prescritos en la Constitución de 1993, el ordenador normativo del modelo neoliberal en nuestro país, en realidad eran de bajo impacto en tanto lo esencial, la relación Estado-sociedad que esta había formalizado no fue alterada y de esa manera, la aspirada democracia no podría ser consolidada.

En efecto, una gran promesa entonces fue la participación ciudadana, entonces pensada por algunos como la sustituta de una democracia representativa centrada en los partidos políticos que, para entonces, ya aparecía sumamente desprestigiada ante el ciudadano, siendo el gran pretexto para legitimar la experiencia autoritaria del fujimorismo. Para otros, menos radicales, debía ser el complemento de un sistema político que de todas maneras debía sustentarse en los partidos.

Lo cierto es que nunca se debatió en forma la definición de participación ciudadana, más allá de lo que implicó su interpretación “técnica”, es decir, el uso burocrático del esquema ideado por los organismos multilaterales para la “gestión eficiente” de las políticas públicas. De otro lado, desde el 2004 se buscó una y otra vez –sin éxito- formular mecanismos que fortalecieran a los partidos políticos, mediante condicionamientos para su inscripción y ampliando paulatinamente cuestiones como la revocatoria de autoridades electas y, luego, la generalización de la prohibición de reelección, que ya había sido establecida para el Presidente de la República, como una de las primeras enmiendas que se le hizo a la Constitución de 1993, luego de la caída de Alberto Fujimori.

 

En otras palabras, la atención fue monopolizada por el diseño de los mecanismos “participativos” y “políticos” sin reparar en la necesidad de potenciar a las organizaciones sociales y políticas para generar y enmarcar exigibilidad ni en la capacidad del Estado peruano para responderla eficientemente. En poco tiempo, cuando quedó en evidencia la limitada capacidad de los funcionarios públicos, fundamentalmente los que actuaban en las instancias subnacionales, para procesar las demandas sociales, gestionar los conflictos y devolver una respuesta adecuada, pudo notarse que los procedimientos implementados para supuestamente ampliar la democracia no tuvieron mayor efecto.

De esta manera, si bien nunca hubo en el Perú tantos espacios institucionales abiertos al diálogo y la concertación entre el gobierno, los partidos y las organizaciones de la sociedad civil, estos languidecieron rápidamente. Pronto, estos espacios que debían ser la arena para la actuación de las organizaciones sociales fueron influenciados por las élites territoriales y los funcionarios de las ONG, lo que denotaba las diferencias que marcaban el desigual acceso a la información, la capacitación, las diferencias educativas y el prestigio existentes entre los diferentes grupos sociales que componen el país.

Sin embargo, si bien lo dicho es importante, no pareciera ser lo sustancial. A lo largo de la experiencia democrática peruana lo que vamos a ver nítidamente es el menguante interés de las organizaciones sociales para incorporarse en los espacios participativos formales, en la medida que usaban otros mecanismos que, a la sazón, parecieran haberle dado resultados más inmediatos.

Uno de ellos, que se propone como la base desde la que se levantan actualmente los aparatos partidarios-electorales, es la formulación de precarias redes asistencialistas en donde los votos son intercambiados por bienes de primera necesidad, para lo cual se necesita un articulador local. Una variante de lo mismo es la importancia que adquiere un funcionario “clave” que puede “llegar” a los niveles de decisión y conducir hacia ellos la demanda del grupo social.

Pero, el mecanismo más importante por donde se han encaminado las exigencias sociales en la democracia peruana ha sido el conflicto abierto. En efecto, durante estos años la Defensoría del Pueblo se encargó de contabilizar y clasificar estos eventos llegando a registrar miles de ellos por año, siendo los predominantes los denominados “conflictos socio-ambientales”, es decir, aquellos generados por las actividades extractivas.

Si bien el Estado peruano buscó intervenir en la conflictividad socio-ambiental mediante instancias centralizadas que poco podían hacer ante situaciones locales a veces muy específicas, lo que llama la atención es cómo habiendo existido tantos espacios de concertación, los peruanos hayamos seguido insistiendo en las movilizaciones, por fuera de los canales instituidos, para manifestar nuestras demandas y obligar al Estado a firmar acuerdos por muy precarios que fuesen, por lo que, a la larga, el supuesto cambio en las relaciones entre sociedad y Estado que debía otorgar la concertación nunca se consolidó.

De esta manera, la crisis de la democracia peruana, casi veinte años después de haberse relanzado, está en relación directa con la crisis general del Estado y menos con los problemas de una sociedad que puede estar manifestando importantes grados de dispersión y heterogeneidad, sin embargo, formula continuamente sus demandas sin encontrar los canales adecuados para obtener una solución.

Sin duda, la crisis del Estado peruano es una crisis del sistema de poder que organiza el neoliberalismo. Como señala Bobbio: "El Estado está en crisis cuando no tiene el poder suficiente para cumplir con sus deberes. El problema de la ingobernabilidad es la versión contemporánea del problema del Estado que peca no por exceso sino por defecto de poder" (Bobbio, 1985).

Referencias

Bobbio, N. (1985). "La crisis de la democracia y la lección de los clásicos". En Crisis de la democracia. Ariel. Barcelona.

Grupo Propuesta Ciudadana y otros. (2004). “La participación ciudadana y la construcción de la democracia en América Latina”. Seminario internacional. Lima.

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