La región vive un tiempo de profundas polarizaciones. El origen de este contexto responde a múltiples factores. Los procesos de ampliación de agendas en políticas públicas como respuesta a la movilización de sectores que han puesto sobre la mesa del espacio público ciertas demandas históricamente postergadas han sacado a la luz discrepancias y desacuerdos sobre asuntos que no logran consensos muy claros dentro de la sociedad. Más allá de la profundización sobre mecanismos legales y políticos que extienden derechos y libertades, los ritmos de la sociedad, en general, para aceptarlos son otros, y ello provoca resistencias, tensiones y retrocesos.

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Esto va de la mano de las polarizaciones que también se han originado a raíz de la profunda escisión entre el gobierno de turno y la sociedad en general en algunos países, con todos los problemas que causa la falta de legitimación de un sistema político para la estabilidad democrática. Hoy día, lo vemos en Venezuela, Chile, Nicaragua, Brasil y Colombia, con sus respectivos matices, y junto a otros casos de menor intensidad, donde las luchas entre oficialismos y oposiciones drenan la estabilidad y producen situaciones de preocupante confrontación y violencia.

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Dentro de estos escenarios, las comunidades religiosas asumen muchas veces un lugar fundamental. Podríamos decir que se transforman en espacios catalizadores de conflictos sociales. Tal vez en el primer contexto que mencionamos, de polarización profunda, esto se hace más patente, ya que, en momentos de conflicto sobre el abordaje de temáticas valóricas, morales y que desafían áreas sensibles, algunas voces religiosas emergen como un campo reactivo, de defensa y resguardo de “lo tradicional”, frente a la novedad que amenaza la estabilidad cosmovisional, ideológica y política de un grupo social. Lo religioso, entonces, representa el resguardo de lo conocido y lo naturalizado, a través de la defensa de miradas particulares que se articulan con la de distintos grupos de poder. También pueden transformarse en una pantalla de resguardo para ciertas fuerzas políticas, con las cuales se construyen espacios comunes de movilización con el propósito de dar disputa al tratamiento de proyectos.

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En el segundo caso, el vínculo con lo religioso se torna más ambiguo. Vemos casos como el de Nicaragua, donde la iglesia católica intentó ser mediadora en el contexto de conflicto social en los últimos años, lo cual fue infructuoso; inclusive, dicha institución se transformó en una amenaza y, por ende, recibió distintos tipos de persecución a causa de su oposición al gobierno. En cambio, en Brasil, algunas expresiones evangélicas son utilizadas por el gobierno –concretamente por el presidente Bolsonaro- con el propósito de legitimar desde una visión religiosa ciertos discursos o posicionamientos políticos como intento de capitalizar –simbólica y políticamente- una de las expresiones religiosas más importantes del país para su beneficio propio. Esto no sólo trae consigo el evidente peligro de imponer una visión particular en nombre de la fe, sino también inscribe un escenario de conflicto con otras expresiones religiosas y grupos de la sociedad civil, tal como lo vemos en el alarmante aumento de persecución de minorías –especialmente las de matriz afro- o los casos de violencia transfóbica, justificados desde una defensa obstinada de ciertos posicionamientos dentro de los grupos cristianos más conservadores del país, con los cuales el gobierno trabaja.

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En síntesis, vemos que lo religioso asume diversos lugares en contextos de conflicto social, siendo utilizado para legitimar políticas represivas desde gobiernos, o ubicarse como marco ideológico para la negación de libertades y derechos. Sin embargo, la experiencia también nos indica que, por el contrario, las religiones pueden ser a su vez agentes de paz, promotores de justicia y defensoras de derechos. De aquí nos preguntamos: ¿por qué se asumen ciertas posiciones sobre otras dependiendo los momentos y contextos? ¿Qué hace que una religión aporte al bien común y no sea una herramienta de vulneración de derechos? ¿Es lo religioso intrínsecamente opuesto a la construcción de un ambiente democrático, o todo depende de la forma en que se aborde políticamente el asunto?

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Como punto de partida, hay que reconocer que lo religioso no es simplemente un campo que se puede utilizar maquiavélicamente por fuerzas exógenas. Aunque no negamos dicho fenómeno, la relación entre lo religioso y lo político presenta características mucho más complejas que lo que una lectura utilitarista arroja. En los tipos de configuración socio-histórica de nuestros Estados y de la propia sociología de la región, debemos destacar que lo político siempre ha tenido una dimensión religiosa, así como lo religioso siempre representó un fenómeno intrínsecamente político. Más allá de lo que las voces secularistas del mainstream político afirmen desde una mirada liberal y republicana tradicional sobre la separación de esferas, lo religioso siempre tuvo, tiene y tendrá una gran influencia fundamental en la toma de decisiones y la construcción de matrices políticas en América Latina. Además, lo religioso dista de ser, como proclaman estas mismas voces, un ejercicio circunscripto solo en la vida privada del individuo. Por el contrario, las creencias siempre tienen un impacto en la vida social, en los mecanismos comunitarios y ,con ello, en las propias agendas políticas de cualquier grupo.

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Por todo esto, lo religioso es un asunto político que no debe ser descuidado, precisamente para que no se transforme, como vimos, en una herramienta en manos de poderes gubernamentales despóticos o en agentes que colaboran en la reducción de la convivencia democrática y el reconocimiento de derechos. Prestar atención al sano ejercicio de la libertad religiosa y la laicidad del Estado son asuntos de primaria importancia política, más aún en contextos de polarización como el que vivimos.

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De aquí la importancia de profundizar nuestros abordajes en torno a la libertad religiosa, no ya como un asunto restringido a las comunidades de fe, sino con un objetivo doble: para redefinir los tipos de relación entre lo religioso y lo público, y, además, tratar con mayor cuidado un asunto que tiene directa relación con la promoción democrática. Como primer elemento, es fundamental saber que la libertad religiosa reconoce el derecho de todas las creencias y se resiste a la imposición de una por sobre el resto, o a la sociedad como un todo. Trabajar en prácticas de libertad religiosa implica romper con el monopolio que poseen ciertas visiones religiosas hegemónicas en su intento por naturalizar su posición desde su lugar de privilegio. El reconocimiento del pluralismo religioso permite crear espacios plurales de diálogo que dan cuenta de todas las voces que conforman el complejo y vasto campo de las religiones, creencias y espiritualidades, confrontando así todo intento de monopolización.

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En segundo lugar, la libertad religiosa en clave de derecho no permite que las creencias sean manipuladas para usos particulares y abusivos. La idea de libertad religiosa parte del hecho de que las mismas comunidades de fe son espacios que no poseen un posicionamiento único con respecto a diversas agendas sociales, por lo cual ningún grupo puede adjudicarse hablar en nombre del todo. Por ello, se requieren de prácticas fomentadas desde el propio Estado donde todas las voces sean convocadas para el tratamiento de distintas temáticas sensibles, desde la diversidad de opiniones, perspectivas y prácticas que forman parte del mundo religioso.

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Por último, la libertad religiosa reconoce la pluralidad de expresiones y, con ello, que lo religioso se inscribe en las mismas tensiones que se juegan en lo social. Como mencionamos, las religiones viven también disputas internas con respecto a temáticas donde no hay consenso interno, y menos aún desde articulaciones interreligiosas. Por esta razón, lo más justo es reconocer que existen posiciones religiosas que apoyan las diversas perspectivas en disputa dentro del espacio público. De aquí que una práctica democrática implica no hegemonizar ninguna posición particular e identificar voces para las distintas posiciones en juego.

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En resumen, valorar democráticamente la libertad religiosa significa crear prácticas –tanto desde el Estado como desde sociedad civil- que visibilicen la pluralidad de creencias en un grupo social, el aporte de estas comunidades y voces al bien común, y la convocatoria de espacios de diálogo amplios, sin privilegios. Esto, como dijimos, servirá para que lo religioso deje de ser sinónimo de populismo, de manipulación, de persecución de minorías y de resistencia a la ampliación de derechos, para ser vista también como un campo que aporta a la pacificación, al diálogo democrático y a la defensa de las libertades.