Libertad de cátedra y autonomía universitaria en Cuba. Un nuevo episodio de “la continuidad”. 

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Por: José Raúl Gallego Ramos*

Agosto 2019

Periodista y Master en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Habana, Estudiante del Doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana de México

La publicación del texto “Ser profesor universitario en Cuba” de la viceministra primera de Educación Superior Martha Mesa (2019) ha vuelto a echar leña a una polémica que acumula ya más de cinco décadas: la falta de autonomía y de libertad académica en las universidades cubanas.

En el texto, publicado originalmente en la página oficial del Ministerio de Educación Superior y replicado por el medio oficialista Cubadebate, Mesa se pregunta:

“¿Se podría ser un profesor en Cuba lejano a las políticas del país?”

“¿Se podría ser un profesor que no defienda a ultranza cada paso que se da en la Revolución?”

“¿Será que la crítica ácida que se realiza a cada instante es considerada autonomía universitaria?”

“¿Será que la manera de abordar la crítica haciendo llamado a los derechos humanos es el camino desde nuestra academia?”

Y responde encabalgándose en un discurso de Fidel Castro de 1981 —es importante no olvidar de dónde proviene esta ideología—: “El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario”.

Así. A rajatabla. Como quien no tiene conciencia de la gravedad de lo que dice.

Un análisis somero de las palabras de la viceministra —dichas desde una posición de poder y respaldadas por la institución—, da cuenta de la violación de varias regulaciones y convenios tanto nacionales como internacionales.

Vulneran la libertad de pensamiento, conciencia y expresión reconocida en el artículo 54 de la Constitución cubana. También el artículo 42, que consagra a todas las personas “iguales ante la ley” y las protege de discriminaciones por cualquier “condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana” (República de Cuba, 2019, p. 4). Al exigir que los profesores escojan entre ser activistas gubernamentales, o renunciar, Mesa Valenciano discrimina por razones políticas, lo cual atenta, además, contra los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966), que el país firmó, aunque no ha ratificado.

En el plano de los acuerdos relacionados con la educación, esta postura del gobierno cubano pasa por encima de la definición de libertad académica reconocida por los países miembros de la UNESCO (1997), desconoce el artículo 2 de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI (UNESCO, 1998) y la segunda consideración de la Carta de Córdoba que plantea claramente:

“La educación superior se sustenta en los principios y valores irrenunciables de la libertad de cátedra y de investigación; de la pluralidad, la ética, la inclusión, la democracia, la tolerancia y la solidaridad; de la autonomía, entendida como la capacidad de las instituciones de educación superior de gobernarse, organizarse, regularse y administrarse por sí mismas para cumplir con sus fines y funciones, sin intromisiones ni injerencias externas” (ENLACES, 2018, p. 2)

Sin olvidar, por supuesto, que tales declaraciones laceran siglos de tradición universitaria cubana, en los que generaciones de pedagogos y estudiantes apostaron por y defendieron la pluralidad de pensamiento, la autonomía y la conciencia crítica, valores que están presentes en los principios rectores de buena parte de las instituciones de enseñanza superior del continente y el mundo.  

Sin embargo, el texto de Mesa, aunque indignante, no aporta nada nuevo al discurso institucional que por décadas han sostenido rectores, decanos, cuadros del Partido, agentes de la Seguridad del Estado y profesores para purgar de los centros universitarios a estudiantes y docentes por motivos ideológicos. Una política coercitiva sintetizada en la frase “La universidad para los revolucionarios” y que, a base de aplicación y víctimas, se ha ido cincelando en la conciencia colectiva.

Esa es la Universidad cubana. Y así es desde que en julio de 1960 el Comandante Rolando Cubela, al mando de las milicias universitarias, tomó la Colina, estableció una Junta Superior de Gobierno que depuró el 80% del profesorado de esa alta casa de estudios y liquidó de facto la autonomía universitaria (Sánchez, 2019). Esta es la misma universidad que ha alcanzado logros indiscutibles en materia de formación académica, universalización e internacionalización, pero que arrastra esa sombra de segregación ideológica que tanto la demerita. 

Muchas personas han visto en las palabras de Mesa el inicio de “una nueva parametración”, el regreso de tiempos oscuros, pero en realidad, el texto es una muestra más de lo que ha venido anunciando el presidente Díaz-Canel desde que asumió el puesto que le concedieron: son continuidad. Continuidad de una política que no ha tenido intermitencias en la enseñanza superior cubana y que, aplicada con más o menos ahínco, más generalizada o focalizada, siempre ha estado ahí. La viceministra es solo una expresión del modus operandi de un sistema totalitario que, por definición, es incompatible con la autonomía y la libertad de expresión.

La mezcla de juventud y conciencia crítica que se da en los centros de enseñanza superior es caldo de cultivo propicio para el inicio de movimientos que desafían al poder. De ahí salió parte del núcleo de quienes hicieron la Revolución de 1959, y por eso las universidades han estado desde entonces en el centro del trabajo “político-ideológico” del gobierno cubano. Una estrategia que incluye el diseño curricular, la preponderancia absoluta de la política por encima de otros valores y actividades, y que llega al punto de asignar un agente de la Seguridad del Estado para la atención de cada escuela.

Desde las primeras campañas de “depuración moral” de los años sesenta, pasando por los sucesivos “procesos de profundización de la conciencia revolucionaria” (Navarro, 2013, pp. 144-147) hasta las más recientes expulsiones de profesores vinculados a medios de comunicación no oficiales (Batista, 2019); la historia de Cuba de las últimas seis décadas muestra que no han existido tiempos de calma dentro de la enseñanza superior.

Sin embargo, el nuevo episodio de violación de derechos protagonizado por la viceministra no ha pasado desapercibido gracias al poder de difusión de internet y las redes sociales. Hasta al momento, tres han sido las reacciones identificadas. Por una parte, el apoyo institucional dado por universidades cubanas, el propio Ministerio de Educación Superior y un grupo de profesores que expresaron su conformidad con tales declaraciones. Por otra, el desacuerdo mostrado por una parte importante de la sociedad cubana, que utilizó las redes sociales, los medios independientes cubanos, memes, caricaturas y los comentarios en los sitios web de la prensa oficial para oponerse no solo al artículo de Mesa, sino también a la política continuada de segregación por motivos ideológicos en las universidades cubanas. Por último, este alud de críticas despertó lo que periodistas de El Toque llamaron un #MeToo Universitario, cuando varios profesores de diferentes centros de enseñanza superior, denunciaron y visibilizaron sus expulsiones por motivos políticos en distintas épocas y en varias universidades del país.

Pasado un mes de la publicación del texto de Mesa, y a pesar las críticas que generó en personas de las más diversas tendencias políticas, el gobierno cubano no ha realizado ninguna declaración que condene estas posturas extremistas y discriminadoras. Y tampoco lo hará.

Sirva este silencio, tan elocuente como las propias palabras de la viceministra, para dejar constancia de lo que ha constituido una política de Estado durante seis décadas. Una evidencia no solo para los cubanos, sino también para esa parte de la comunidad internacional universitaria que aún desconoce (o no quiere conocer) la existencia en Cuba de estas discriminaciones ideológicas que para muchos de ellos serían inadmisibles en sus países.

Referencias

Batista, Julio. (2019). “La universidad como moneda de cambio”. El Toque. Disponible en: https://eltoque.com/la-universidad-como-moneda-de-cambio/

ENLACES. (2018). “Carta de Córdoba. Propuestas del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES) ante la CRES 2018.” III Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, Disponible en: http://espacioenlaces.org/wp-content/uploads/2018/07/Carta_de_Co%CC%81rdoba_III_CRES2018.pdf

Mesa, Martha. (2019). “Ser profesor universitario”. Ministerio de Educación Superior. Disponible en: https://www.mes.gob.cu/es/noticias/ser-profesor-universitario.

Navarro, Armando. (2013). “Cuba, el socialismo y sus éxodos”.  Indiana, Estados Unidos: Palibrio.

ONU. (1966). “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas”. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

República de Cuba. (2019). “Constitución de la República de Cuba”. Disponible en: http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB-1.pdf

Sánchez, Eduardo. (2019). “La autonomía universitaria y la Constitución: una deuda pendiente con América Latina”. Rebelión. Disponible en: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=251376

UNESCO. (1998). “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción”. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113878_spa

UNESCO. (1997). “Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior”. UNESCO. Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

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