Las recientes medidas de reordenamiento económico y el contexto de emergencia sanitaria han agravado la condición de desventaja a la que se enfrentan las personas con discapacidad en Cuba. Según los autores, dichas medidas se han planteado bajo un carácter homogeneizador que impide el reconocimiento de las necesidades de este grupo en particular

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Las personas con discapacidad se reconocen entre los grupos más vulnerables a nivel internacional. A pesar de las convenciones y tratados que abogan por sus derechos, continúa reproduciéndose en nuestras sociedades la exclusión, la discriminación y el maltrato a través de prácticas políticas, culturales y sociales. Las propias nociones que circulan en torno a la discapacidad y a lo que es ser persona con discapacidad han marcado de forma importante tanto el avance en políticas sociales que promueven el respeto de los derechos, como la legitimación y reproducción de discursos opresivos en la región.

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Es importante mencionar que varios países han avanzado hacia una concepción de la discapacidad desde un modelo social. Este enfoque, que aboga por el reconocimiento de los derechos humanos elementales, centra la atención no solo en la condición corporal de una persona sino también en los diferentes contextos sociales con los que esta interactúa. Se defiende así que la discapacidad es una construcción social que tiene su base en diferencias biológicas, corporales, fenotípicas, y que al igual que el género o la raza dan cuenta de las barreras de significados que circulan y que sustentan la exclusión. Estas barreras legitiman un universo estrecho de posibilidades para las personas que son “diferentes” y demuestran la rigidez de las sociedades para lidiar con la variabilidad humana. Para este enfoque, es la sociedad y sus estructuras las que discapacitan, la discapacidad no solo remite a los cuerpos, sino que también remite a las representaciones sociales de esos cuerpos y las prácticas que se instituyen en torno a ellos.

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Cuba se encuentra en un proceso de transición hacia este modelo. Sin embargo, a partir de un análisis del tratamiento de la discapacidad en la política social cubana, hemos constatado la presencia de una visión médica (contraria al modelo social), que privilegia una mirada asistencialista y opresiva. Esta visión ha provocado para el caso cubano una historia invisibilizada y naturalizada de institucionalización de lo “diferente/disruptivo” y el dominio de la discapacidad por profesionales de la salud que la consideran una enfermedad que debe superarse o rehabilitarse. Este modelo, además, ha promovido la segregación educativa (educación especial) y la vigilancia de las personas con discapacidad que pueden representar un “riesgo” (Comisiones de Diagnóstico y Orientación-CDO), Centro de Reeducación de Menores). Por otro lado, la persistencia de estas concepciones ha configurado un escenario donde la subsistencia económica pasa por la “suerte” de encontrar un empleador que no discrimine, que no prejuzgue las posibilidades de ese sujeto para contribuir o ha colocado a estas personas a merced del régimen de asistencia social y con ello las ha ubicado en la categoría de “dependientes”. Esta connotación es relevante porque cuando se considera a una persona como dependiente, ello implica pensarla en términos negativos, como lastre, carga y “problema” para el sistema. En este tipo de connotaciones se encuentran las personas con discapacidad, mucho más en un contexto en el que se prioriza implícita y explícitamente la capacidad del sujeto “normal” para la producción y el trabajo.

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Las recientes medidas de reordenamiento económico propuestas por el gobierno cubano en un contexto de emergencia sanitaria han generado un escenario de incertidumbre y temor. El gobierno, en la voz de los principales impulsores de estas medidas, ha afirmado en reiteradas ocasiones que “nadie quedará desamparado” sin embargo, existen personas que ya tenían una condición de partida desventajosa. En los análisis de política pública desarrollados por especialistas cubanos, se ha enfatizado en cómo el carácter homogeneizador de las políticas ha impedido un reconocimiento y atención a desventajas históricas de ciertos grupos. Este es el caso de las personas con discapacidad.

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En el actual contexto, el empleo se constituye como una de las principales fuentes de obtención de ingresos para la subsistencia, mucho más cuando se ha complejizado el acceso a ciertos bienes que han pasado a ser comercializables en moneda libremente convertible (MLC) o cuando se observa la limitada capacidad del Estado para hacer frente a la demanda de productos básicos lo que produce el alza de precios en el mercado informal. En lo que concierne al empleo de las personas con discapacidad ha habido cierta atención en la política social y ello se reconoce en la creación del Programa de Empleo para personas con Discapacidad (1995); el Reglamento para el empleo de personas con discapacidad (2011) y su actualización en el Reglamento del Código del Trabajo que recoge la Ley 116 de 2014. De acuerdo con el Censo de Población y Viviendas realizado en 2012, en la isla al menos un 5% de las personas se reconocen con una discapacidad. Un 53,2% pertenece a las edades de 15 a 64 años y un 41,1% se encuentra entre los 65 años y más (ONEI, 2014). Esta estadística demuestra, por un lado, el cruce entre envejecimiento y discapacidad, y por otro, da cuenta de que más de la mitad de las personas con discapacidad se encuentran en edad laboral de acuerdo con los rangos de edades que ha establecido el país. De estas personas (15-64 años) solo un 53,4% es considerada Población Económicamente Activa, y el 51,4% de ellas se declaró ocupada en el momento del Censo. De acuerdo con estos datos el desempleo es solo de un 2%.

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Si bien este valor puede considerarse bajo, hay evidencia que en la práctica son muchas las barreras objetivas y subjetivas para el efectivo acceso (Díaz & Hidalgo, 2019). Entre estas barreras se encuentran en primera instancia la no adecuación de los puestos de trabajo tal como establece la ley, pero también los prejuicios y estigmas que circulan en la sociedad cubana en torno a la discapacidad.  En la misma línea, Sánchez (2019) se refiere a la contradicción entre lo esbozado en la política y lo que sucede en la práctica. Esta autora también expone que no existen suficientes plazas en correspondencia con la capacitación que reciben las personas con discapacidad, sus intereses, su nivel escolar, las necesidades territoriales y, en muchos casos, con su condición de discapacidad. Tampoco el escenario del trabajo por cuenta propia o cooperativismo les ha ofrecido muchas posibilidades.

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Es lamentable que las estadísticas oficiales no permitan una descripción detallada de los sectores de la economía en los que participan las personas con discapacidad, el tipo de puestos que ocupan, sus características y las remuneraciones percibidas. Desde la experiencia internacional, la inclusión laboral sigue siendo un desafío, y se ha evidenciado por medio de investigaciones y estadísticas focalizadas, que el acceso al empleo de las personas con discapacidad es limitado, a la vez que son ubicados en puestos de menor responsabilidad y en consecuencia de menor remuneración. Las propias investigaciones citadas demuestran que el acceso al empleo es un fenómeno complejo en el país por cual la actualización de este dato estadístico podría arrojar hoy una realidad diferente.

Con relación a las personas beneficiarias de la asistencia social, si se consideran las estadísticas en un período de 11 años, se observa una disminución persistente de las ayudas. Esta disminución obedece a la progresiva responsabilización de las familias con la atención a los considerados “dependientes”, a partir de la necesidad de reducir los gastos del Estado en estos rubros. La “eliminación de subsidios y pagos indebidos” se ha constituido en uno de focos principales de la actuación gubernamental, y ello muy probablemente ha incidido en la interrupción de los beneficios o el rechazo de solicitudes de ayuda. Como muestra la tabla siguiente, en el período mencionado y tomando los valores totales por cada prestación, han disminuido en un 65,9% el número de personas beneficiadas.