Pocos académicos han notado que en la Cuba anterior a la Revolución de 1959 los cubanos gozaron de instituciones democráticas liberales que hicieron de ese país uno de los más avanzados en el continente en materia de derechos y libertades durante las década de 1930 y 1940. Con la caída del gobierno de Gerardo Machado, Cuba inició una convulsa transición a la democracia liberal de la mano de jóvenes revolucionarios en 1933 y una emergente oficialidad militar que terminaría por convertirse en árbitro de la política cubana. Durante esa época nacerían nuevos partidos políticos que romperían con el cerrado sistema de partidos de la “Vieja República”, controlados desde la independencia por liberales y conservadores.

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En 1928, el presidente Gerardo Machado logró su reelección gracias al apoyo decidido de los principales partidos políticos cubanos, quienes habían aprobado una enmienda constitucional para abrir la posibilidad de reelección. Sin embargo, la crisis de 1929 golpeó a Cuba y la popularidad de Machado, quien se vio obligado a realizar recortes en el gasto público. Pronto, los partidos políticos, estudiantes y exiliados se unieron contra el cada vez más autoritario Machado, quien debió acudir a la represión para mantener el orden público. La intransigencia del presidente y el peso de la represión impactó en la moral de los militares, quienes forzaron finalmente a Machado a dejar la presidencia en agosto de 1933 y dieron pasó a un gobierno provisional en manos de Calos Manuel de Céspedes.

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No obstante, Céspedes no duró en el cargo ante la oposición de los estudiantes agrupados en el Directorio Estudiantil Universitario (DEU) y la fractura del ejército entre los altos mandos militares y los jóvenes oficiales, encabezados por el sargento Fulgencio Batista. El 4 de septiembre de 1933, Batista da un golpe de Estado que lleva al poder a una breve Junta de Gobierno conocida como Pentarquía, quien posteriormente elige como presidente a Ramón Grau San Martín, reconocido activista en la lucha contra la dictadura machadista.

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Los 100 días de Grau San Martín son un periodo de la historia cubana caracterizada por cambios radicales en las estructuras políticas y sociales del país. Entre las medidas destacadas de este breve gobierno se encuentran la autonomía universitaria, el derecho de la mujer a votar, la jornada laboral de ocho horas, una seminal reforma agraria y la derogación de la Enmienda Platt. Sin embargo, los elementos más conservadores de la clase política cubana vieron con recelo dichas reformas. Con el apoyo tácito de Estados Unidos, Batista derroca a Grau San Martín en enero de 1934 e inicia una era marcada por su influencia en el proceso de transición y consolidación de la democracia liberal en la Isla.

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Con el final del gobierno de Grau San Martín, se sucedieron breves e inestables gobiernos democráticos (1934-1940). Durante estos periodos, se configuró un nuevo sistema de partidos polarizado entre partidos identificados en la izquierda (como la Joven Cuba, el Partido Revolucionario Cubano Autentico y el Partido Comunista Cubano) y en la derecha (Unión Nacionalista, Acción Republicana, El Partido Demócrata Nacionalista y el Partido Liberal) quienes integraron, en varias oportunidades, los gabinetes de estas administraciones. Sin embargo, el protagonismo de este periodo pertenece a Fulgencio Batista, quien tomó el nacionalismo y las reivindicaciones de la Revolución de 1933 como plataforma política que lo llevará a la presidencia en 1940, bajo una coalición que aglutinaba sectores de derecha y a los sectores más radicales de la izquierda.

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Batista inició su gobierno con la entrada en vigencia de la Constitución de 1940, que consagraba las conquistas de 1933, una estructura semi-presidencial del Estado y un fuerte énfasis en la intervención del Estado en la economía. Durante su mandato, Cuba tuvo un importante crecimiento económico gracias a las exportaciones de níquel y azúcar en términos de aprovisionamiento de los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Para 1944, Batista fue sucedido por Grau San Martín (1944-1948) quien afrontó una rápida merma de su legitimidad ante la ineficacia de su gobierno para erradicar la corrupción y el crimen organizado, este último heredado de la administración de Batista. Su sucesor, Carlos Prío Socarras (1948-1952) tampoco pudo contener la ola de violencia criminal y política que sería el preludio del quiebre democrático de 1952.

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Las elecciones de 1952 tenían como especial favorito al Partido Ortodoxo y a su candidato Eduardo Chibas, quienes desde su plataforma política prometían erradicar la corrupción sistémica en la que se había sumido el país desde la administración de Batista. Este último regresó desde Estados Unidos para contender por un segundo mandato, pero ante las altas posibilidades de éxito del Partido Ortodoxo, Batista recurrió a los militares para dar un nuevo golpe de Estado el 30 de marzo de 1952. De esta manera, los diecinueve años de democracia liberal llegaron a su fin.

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