*Miembros de la ONG RedesAyuda

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Los venezolanos han vivido durante años con una dictadura que ha ejercido un control excesivo en los medios de comunicación tradicionales e internet, hasta lograr una hegemonía comunicacional promovida desde el Estado. Adicionalmente, como si de un juego de jenga se tratase, a conveniencia, van removiendo y no renovando la concesión de canales y programas de televisión nacional, y sacando de la parrilla de las cableoperadoras del país canales informativos internacionales o que posean contenido que consideren incómodo ante el poder.

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Recientemente, el 19 de mayo de 2020, AT&T, empresa dueña de DIRECTV Latin América, anunció el cierre de sus operaciones en Venezuela, ya que se encontraba atrapada en una disyuntiva legal que le impedía mantener la legalidad de sus operaciones dentro del territorio nacional, debido a la imposibilidad de cumplir con las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hacia la dictadura, que prohíbe la transmisión de los canales Globovisión y PDVSA TV; y cumplir a su vez el marco legal venezolano, específicamente el capítulo III de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que indica que todos los servicios extranjeros de televisión satelital o por cable, en su programación, deben incluir, al menos, un 11% de canales nacionales.

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"como si de un juego de jenga se tratase, a conveniencia, van removiendo y no renovando la concesión de canales y programas de televisión nacional"

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Por otro lado, la radio venezolana también ha sido víctima de las decisiones arbitrarias de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), institución que debería ser autónoma, pero que ha sido utilizada como el brazo censor de la dictadura de Maduro para cerrar arbitrariamente estaciones de radio en el país, así como decomisar sus equipos e instalaciones. Una suerte que también han sufrido los medios impresos, los pocos que todavía existen sirven a la retórica impuesta por el régimen o se autocensuran para poder seguir operando.

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Ante la censura instaurada en los medios de comunicación tradicionales, las plataformas digitales se convirtieron en la principal fuente informativa para los venezolanos, quienes ven en Internet un espacio para expresarse y poder acceder a las noticias censuradas tanto en la televisión, como en la radio y la prensa. Por tal motivo, han podido conseguir formas para controlar esta plataforma, vulnerando y limitando, aún más, el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información de los ciudadanos.

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Conectividad a Internet

Una de las grandes restricciones que enfrenta el país es la conexión a internet, el promedio mundial de velocidad de descarga en banda ancha fija de internet es de 74.74 Mbps, y Venezuela solamente llega a 1.06 Mbps, lo que representa menos del 4 % de ese número, siendo así el penúltimo país en el ranking de velocidad de conexión a internet desde las redes móviles y ocupando el puesto 138 con una velocidad de descarga promedio de 6.07 Mbps.

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A esto se le suma que las condiciones de infraestructura de los proveedores de servicio de internet son precarias y, por una decisión de gobierno, no se han preocupado por crear políticas públicas para el mejor funcionamiento de estas. Por el contrario, se han impuesto restricciones a las principales empresas que ofrecen este servicio sobre el cobro que estas pueden hacer, limitando así la capacidad para invertir y mantener una calidad en ascenso de los paquetes disponibles para la conectividad.

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Covid-19 y represión a la libertad de expresión

La confirmación de los primeros casos de Covid-19 en Venezuela trajo consigo la profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja, que no sólo ha obligado a los venezolanos a enfrentar el deterioro de los servicios básicos como agua, luz, gas y gasolina, sino también a enfrentar las barreras de la dictadura, que hacen mucho más complejo y limitado el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información en tiempo real, en un contexto donde estar informados es fundamental.

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El inicio de la cuarentena trajo consigo un incremento acelerado en el carácter autoritario de las fuerzas represivas de Maduro, en lo que a la libertad de expresión en línea y el ejercicio periodístico en el país se refiere. Los trabajadores de la prensa enfrentan amenazas, hostigamientos en línea y son detenidos arbitrariamente por su labor de informar cómo los venezolanos enfrentan la pandemia en un contexto sociopolítico tan grave y deteriorado, que los ha llevado a romper el confinamiento para protestar y exigir respeto a sus derechos, así como denunciar las condiciones en las que tienen que vivir durante la pandemia.

 

"el inicio de la cuarentena trajo consigo un incremento acelerado en el carácter autoritario de las fuerzas represivas de Maduro"

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Ley contra el odio para reprimir y criminalizar

El posicionamiento de las plataformas digitales como el principal espacio informativo y de expresión para los venezolanos ha hecho que la dictadura cree mecanismos de control para intentar censurar estos medios, tal fue el caso de la creación de la inconstitucional Ley Contra el Odio, aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, el 8 de noviembre de 2017. La misma, establece en su artículo 14 la prohibición de mensajes que “inciten al odio” en las plataformas digitales y, en su artículo 20, establece hasta 20 años de cárcel para quien “incite al odio”, siendo la dictadura quien decide arbitrariamente lo que puede ser considerado un mensaje de odio.

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Se han valido de estos mecanismos para encarcelar, por un lado, a periodistas, médicos y enfermeros, por informar sobre las cifras y las precarias condiciones salubres en el país en el marco de la pandemia de la Covid-19; y, por otro lado, a ciudadanos que han sido tratados como delincuentes cuando su único “delito” ha sido expresar a través de estados de WhatsApp, tuits y publicaciones en Facebook su descontento ante el deterioro del sistema político, social, salubre y económico en el que viven.

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Restricción al acceso a la información

La dictadura de Nicolás Maduro, a través de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela -CANTV-, principal proveedor de internet en el país, ha bloqueado de forma temporal distintas redes sociales, impidiendo el acceso a las mismas durante el período de tiempo que ellos decidan. Estos bloqueos selectivos, generalmente, ocurren durante las sesiones en vivo de la Asamblea Nacional y durante las alocuciones del Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El acceso es restituido una vez que culminan o cuando desde el poder se dirigen al país, demostrando claramente la intención de controlar la retórica a través de imposibilitar el acceso a estos medios.

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Las páginas web informativas también son víctimas de los bloqueos, algunas son víctimas de forma temporal y otras permanentes. En su mayoría esto ocurre luego de publicar reportajes, noticias o artículos que exponen o señalan a miembros de la dictadura o que vayan en contra de la versión de los hechos expuesta en los medios oficialistas. Tal es el caso de las plataformas creadas por la oposición venezolana para informar sobre su gestión y el Covid-19, con una cuenta que va por 14 de sus dominios bloqueados en los principales proveedores de internet del país, por orden de CONATEL. Este tipo de restricciones obligan a los venezolanos a utilizar herramientas digitales como VPN para poder saltar la censura.

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Ataques cibernéticos

Otro de los obstáculos que se encuentran en internet son los ciberataques. Páginas web informativas han sido víctimas de ataques DDoS que impiden que los ciudadanos puedan acceder a la información contenida en las mismas y que, en algunos casos, se destruya el sitio web.

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"14 de sus dominios bloqueados en los principales proveedores de internet del país, por orden de CONATEL"

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Además, han implementado ataques de phishing para engañar y robar los datos de los usuarios de ciertos sitios, como es el caso de la plataforma Héroes de la Salud, la cual fue creada por la presidencia encargada para registrar a los trabajadores de la salud del país y otorgarles un apoyo económico durante la pandemia. La dictadura optó por crear una página que copiaba la interfaz de la original y robaba los datos de quienes se registraban, esto con fines desconocidos. Además, aplicaron un DNS spoofing, que consiste en redirigir, a través de los servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) de CANTV, a los usuarios que intentaban acceder a la plataforma original hacia el sitio web malicioso.

Internet libre y sin represión

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En emergencias de salud pública es fundamental la difusión, documentación y denuncia, tanto de los trabajadores de la prensa como de los ciudadanos, para visibilizar las condiciones en las que los ciudadanos enfrentan la pandemia, informar sobre cifras, decisiones de Estado, medidas de prevención y casos confirmados.

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El contexto en el que viven los venezolanos necesita no solo la creación de políticas públicas para el mejoramiento de los servicios básicos, sino que también necesita y exige que sean respetados, promovidos y garantizados los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información, y, para ello, es fundamental que la dictadura cese la represión, no limite el ejercicio de estos derechos en línea y permita al país realizar una transición hacia la democracia.

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Por otro lado, es necesario que se reconozca el internet como una herramienta democrática, un espacio en el que los venezolanos puedan decidir a cuáles contenidos acceder, un espacio formativo, informativo y participativo, en el que los ciudadanos no tengan que sortear barreras para informarse, ni tengan miedo a ser reprimidos, silenciados y criminalizados por opinar.