* Director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida

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El 12 de enero de 2017, el presidente estadunidense Barack Obama canceló la política de “pies secos, pies mojados” mediante una orden ejecutiva. Dicha política permitía que los cubanos que llegaran a suelo estadounidense ingresaran legalmente como inmigrantes, mientras que los detenidos en el mar eran devueltos a su país de origen. Así terminó el ciclo más largo y masivo del éxodo cubano: entre 1995 y 2016, donde el gobierno estadounidense admitió a más de 716 000 inmigrantes cubanos, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

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Desde entonces, el gobierno estadounidense ha dificultado que los cubanos viajen y reciban asilo en ese país al cerrar la sección consular de la embajada estadounidense en La Habana, al restringir las visas de inmigrantes, eliminar las visas de entrada por cinco años y deportar a miles de cubanos indocumentados. La primera de estas medidas fue una respuesta a los misteriosos “ataques sónicos” a veintiséis empleados de la embajada estadounidense en La Habana entre noviembre de 2016 y junio de 2018. Además, como parte de su estrategia de ejercer la “máxima presión” económica sobre el gobierno cubano, la administración Trump suprimió los vuelos comerciales y fletados entre Estados Unidos y Cuba (excepto La Habana), limitó las remesas familiares a la Isla y sancionó a la subsidiaria gubernamental cubana FINCIMEX, que tramita los envíos de dinero a la isla a través de la compañía estadounidense Western Union.

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La precaria situación económica de Cuba, junto con las crecientes penalidades impuestas por la administración Trump, la crisis cada vez mayor de Venezuela (el principal aliado político y socio comercial de Cuba) y, más recientemente, la pandemia del coronavirus, han creado las condiciones para un nuevo éxodo masivo. El saldo migratorio negativo (la diferencia entre las entradas y las salidas de personas) se venía ampliando en Cuba desde principios del siglo XXI, aumentando de 29 322 personas en el año 2000 a 46 662 personas en 2012, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba. Después de reducirse entre el 2013 y el 2014, como resultado del aumento de entradas tras la reforma migratoria cubana establecida por el Decreto-Ley No. 302, el saldo migratorio negativo creció nuevamente de 24 684 personas en 2015 a 26 194 en 2017. Según la ONEI, la tasa neta de migración de Cuba decayó de –2.3 personas por cada 1 000 habitantes en 2017 a –1.5 por cada 1 000 habitantes en 2019. Esta reducción probablemente se debió a la disminución en la cantidad de nuevos cubanos admitidos a Estados Unidos desde el final de la política de “pies secos, pies mojados”.

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El movimiento de cubanos a Estados Unidos ha mermado considerablemente desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2017. En 2018, el gobierno estadounidense otorgó solo 6 959 visas de inmigrantes a los cubanos, alrededor de una tercera parte de la cuota vigente de al menos 20 000 visas de inmigrantes al año. El número de balseros cubanos interceptados por la Guardia Costera disminuyó de 5 230 en 2016 a 483 en 2019. Unos 18 000 indocumentados cubanos quedaron varados en la frontera de México con Estados Unidos a partir de 2017. Estados Unidos devolvió a 7 709 cubanos a México en 2019 como parte de la nueva política estadounidense de retornar a ese país a los solicitantes de asilo. Asimismo, el número de visas de no inmigrantes otorgadas a cubanos cayó de 41 001 en 2014 a 8 805 en 2019. En definitiva, las diversas rutas migratorias de los cubanos a Estados Unidos se han ido cerrando en los últimos años. Al mismo tiempo, ha crecido el éxodo cubano a otros países europeos y latinoamericanos, e incluso han surgido nuevos destinos migratorios como Uruguay, Chile y Brasil.

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El gobierno cubano tradicionalmente ha utilizado la emigración como una válvula de escape para exportar la disidencia y, más recientemente, para aliviar las presiones económicas. Según la socióloga Silvia Pedraza, el éxodo cubano ha tendido a consolidar al régimen establecido por Fidel Castro al externalizar el descontento político —aunque también representó una “fuga de cerebros” de los sectores profesionales y administrativos a inicios de la década de 1960-. Por lo menos desde 1979 —con la autorización de las visitas familiares a la isla de los cubanos residentes en el exterior—, el éxodo también ha proporcionado una creciente cantidad de divisas para la maltrecha economía cubana. Las remesas familiares actualmente constituyen una de las principales fuentes de ingresos de Cuba, junto con el turismo y la exportación de servicios profesionales. Las remesas (calculadas en 3 691 millones de dólares) superaron por mucho el valor total de las exportaciones cubanas (unos 2 400 millones de dólares) en 2018.

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El Havana Consulting Group, con sede en Miami, ha pronosticado una drástica contracción en el monto de las remesas a Cuba en la actual coyuntura del coronavirus. La caída de las transferencias monetarias podría representar hasta un tercio del valor total —de 3 716 millones de dólares en 2019 a 2 500 millones de dólares en 2020. El descenso de las remesas golpearía particularmente al sector no estatal de la economía cubana, sobre todo a los trabajadores por cuenta propia que dependen sustancialmente de las ayudas de sus familiares residentes en el exterior. Igualmente, la reducción de los viajes de los cubanoamericanos a la isla tendrá un efecto económico negativo, puesto que muchos pasajeros llevan “remesas en especie” como enseres, comida y ropa a sus familiares y sirven como “mulas” informales de las remesas. Alrededor del 38 % de la población cubana tiene familiares en el exterior, según una encuesta realizada por la ONEI en 2018. Según la Encuesta sobre Cuba, patrocinada por la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés), el 40 % de los cubanoamericanos en Miami envió remesas a Cuba en ese mismo año.

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La emigración cubana puede interpretarse como un indicador del descontento popular con las condiciones económicas y políticas de la isla, así como de la persistencia de los lazos familiares transnacionales. La pobreza generalizada, los salarios ínfimos, el bajo poder adquisitivo, la falta de oportunidades económicas, las limitaciones de la alimentación, las dificultades del transporte y el deterioro de las condiciones de vivienda son algunas de las razones que impulsan a los cubanos al exterior. Sin embargo, los cubanos no emigran solo por razones económicas, sino también políticas como las limitaciones a la libertad de expresión y asociación, la intolerancia de opiniones contrarias al gobierno controlado por un solo partido y el monopolio estatal de los medios de comunicación.

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Muchos cubanos, especialmente los jóvenes, han llegado a la conclusión de que la única manera de mejorar sus vidas es yéndose de su país. Numerosos miembros de la generación nacida y criada a partir del Período Especial, durante la década de 1990, han expresado abiertamente su insatisfacción con las posibilidades de progresar personal y profesionalmente en la Cuba contemporánea. La emigración temporal o permanente se ha convertido en una estrategia de sobrevivencia económica común, así como una vía de movilidad social ascendente para muchos cubanos. Un pequeño grupo se ha acogido a la migración circular, facilitada por la reforma migratoria cubana de 2013 (el Decreto-Ley No. 302).

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Las estimaciones más confiables del número de cubanos emigrados son de unos 1.7 millones en 2019, cifra que representa alrededor del 15 % de la población de Cuba. Si se añadiera a los descendientes de cubanos nacidos en el exterior, la cifra aumentaría a un 26 % de la población insular. Aproximadamente el 80 % de los cubanos emigrados vive en Estados Unidos, principalmente en la Florida, y el 20 % en otros países como España, Italia, Canadá, Alemania y México. La diáspora cubana se ha dispersado cada vez más por el mundo y esta tendencia probablemente se acentuará en el futuro cercano.

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La emigración masiva ha contribuido al envejecimiento progresivo de la población cubana, ya que la mayoría de los emigrados son personas jóvenes entre los veinte y cuarenta y cuatro años. Además, el predominio de mujeres entre los emigrados entre 1995 y 2015 ha aportado al descenso de la tasa de natalidad y del crecimiento de la población insular. Como ha subrayado la socióloga Elaine Acosta, la conjunción de estos dos patrones demográficos —la creciente feminización del éxodo y el envejecimiento poblacional— representa un enorme desafío para el bienestar de las personas de edad avanzada en Cuba. Por ejemplo, la emigración masiva de mujeres jóvenes suele menguar los cuidados familiares para las personas mayores, quienes muchas veces se quedan a cargo de los niños de las que emigran. Por último, la salida de numerosos trabajadores con altos niveles de escolaridad y destrezas ocupacionales supone una pérdida cuantiosa de recursos humanos para la isla.

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En síntesis, la elevada y continua emigración es un indicador de la aguda crisis de la sociedad cubana contemporánea, agobiada por la recesión económica, las sanciones estadounidenses y los efectos de la pandemia. Las perspectivas inmediatas de recuperación de la economía cubana son poco halagadoras. Al levantarse las restricciones de viajes en Cuba impuestas por el coronavirus, el flujo migratorio probablemente se intensificará, aunque su destino primario no sea Estados Unidos, debido a las medidas draconianas de la administración Trump. Cuba acelerará su inexorable envejecimiento poblacional, seguirá expulsando a una gran cantidad de gente joven, dependerá cada vez más de las remesas familiares y aumentará la proporción de sus residentes en el exterior.