La defensa de la revolución en manos de civiles: dispositivos de seguridad en Venezuela y Cuba. 

Por: Daniela Garzón

Julio 2019

Vistas

Los lazos entre la revolución cubana y la revolución bolivariana son innegables. La amistad y admiración mutua que se profesaban Hugo Chávez y Fidel Castro son solo una muestra de la conexión que se materializó en brigadas médicas, instrucciones militares e inmersión de cubanos en asuntos claves del Estado venezolano. Algunos académicos incluso han llegado a aplicar el término “Cubazuela” (Blanco, Cartaya, Domínguez, y Ocando, 2019) para explicar la forma en la que desde Cuba se ha ejercido y se sigue ejerciendo control sobre la política y la economía venezolana. La idea de que el régimen de Nicolás Maduro sobrevive porque para los dirigentes cubanos y los poderes que controlan las economías legales e ilegales sería impensable que se acabara, y con ello se perdieran sus privilegios, es una tesis que se ha afianzado en el último tiempo.

Hoy, sin embargo, ambos procesos se encuentran en decadencia, y especialmente la revolución bolivariana enfrenta una situación económica insostenible. Pero aún con una inflación disparada nunca vista en el continente, una fuerte presión internacional con algunas amenazas de intervenciones militares, un fenómeno migratorio que ronda los tres millones y medio de personas salientes y un presidente interino que hoy es reconocido por más de sesenta países, paradójicamente, el régimen de Miraflores no se cae.

Una de las fórmulas utilizadas por los mandatarios de ambos regímenes para defenderlos ha sido la creación de organizaciones en las que los civiles se involucran en el desarrollo de tareas de educación, creación artística, deportes, y una mucho más delicada, vigilancia y seguridad. A través de ellas se ha buscado esparcir la ideología del régimen y a la vez, vincular a la sociedad civil en procesos organizativos que los comprometen con las tareas y la defensa del Estado, es decir, del régimen.

Bien se dice que no hay nada más conservador que una revolución al otro día, y tanto Fidel Castro como Hugo Chávez tuvieron en mente la perpetuación de las organizaciones políticas que crearon, casi a cualquier costo. Además de fortalecer a las Fuerzas Militares, apostaron por la promoción y el fortalecimiento de grupos armados civiles que tuvieran a su cargo tareas de vigilancia y seguridad y que les permitieran afianzar las conexiones ideológicas con bases populares más amplias, pues para el caso venezolano el fortalecimiento de esas conexiones no resultaba tan sencillo con las Fuerzas Militares y de Policía.

En Cuba pueden identificarse al menos dos figuras preponderantes de este tipo: Los Comités en Defensa de la Revolución y las Brigadas de Acción Rápida.

Los Comités en Defensa de la Revolución (CDR) se fundaron el 20 de septiembre de 1960 en La Habana con el objeto de llevar a cabo tareas de vigilancia colectiva de la revolución. Organizados por cuadras o barrios, los comités se crearon para que “el pueblo vigile” y enfrente actos de desestabilización del sistema político cubano. En medio del discurso de creación, Fidel Castro dijo que su misión era hacer frente a las amenazas imperialistas y demostrar la fuerza del pueblo organizado. Revestidos bajo un discurso democrático, por la ampliación de la participación de la sociedad cubana en la defensa del régimen, acabaron siendo dispositivos de vigilancia de los disidentes.

Aunque su vinculación no es formalmente obligatoria, a los comités pertenecen jóvenes desde los catorce años. En uno de los últimos actos de celebración de su fundación se habló de la importancia de vincular a más jóvenes pues la tasa promedio de edad había aumentado, y que pertenecían a ellos alrededor de ocho millones de cubanos.

Es obvio que para la revolución cubana la transferencia de la ideología y el mantenimiento del control y la vinculación de los cubanos a las labores diseñadas por el régimen por generaciones ha sido clave para intentar limitar cualquier levantamiento. Así, los Comités no solo se convirtieron en una fuerza para defender el socialismo, sino en una fuente de tareas para los cubanos. La elección de los presidentes de dichos comités, por ejemplo, tiene en cuenta que estos estén comprometidos con el proceso revolucionario.

Siguiendo esta línea, el régimen cubano creó las Brigadas de Atención Rápida antes de los Juegos Panamericanos de 1991, con el fin de que el gobierno contara con una fuerza que pudiera contrarrestar cualquier manifestación surgida desde los opositores. Estas Brigadas son grupos armados civiles que se han dedicado a controlar a los disidentes, en principio haciendo énfasis en los que querían huir de la isla, y ahora extendiéndose a casi cualquier manifestación en contra del gobierno castrista.

Human Rights Watch (2009) los identifica como grupos que buscan proteger al régimen de amenazas “contrarrevolucionarias”, y los ha vinculado con golpizas, ataques y uso excesivo de la fuerza en contra de disidentes. Usualmente llevan bates y barras de metal y muchos testimonios recogidos por esta ONG, muestran la brutalidad de sus actos. Aunque son considerados grupos de civiles armados, a su cabeza se encuentran, en ocasiones, miembros de las fuerzas policiales. Sus actos son ejecutados muchas veces en vía pública, y no solo buscan atemorizar por medio de la violencia física y las agresiones verbales, sino que hacen presencia en los juicios realizados a presos políticos en la isla. Todo esto crea un clima amenazador que viola garantías mínimas para los procesados.

Organizaciones parecidas fueron creadas en Venezuela y casi con seguridad podría decirse que con inspiración y asesoría cubana. Luego del golpe de Estado sufrido por Chávez en 2002, que casi lo saca del poder, un objetivo primordial para el fallecido expresidente fue el de crear una base social más amplia que le asegurara la defensa de su cargo y del régimen.  Y lo consiguió porque hoy el cerco que rodea a Maduro de alguna forma ha logrado que, pese a las situaciones álgidas, permanezca aún en el poder.

El mismo año del intento de golpe, Chávez creó los círculos bolivarianos (Arenas y Gómez, 2005) como células organizadas para discutir los problemas de la comunidad y para difundir la ideología chavista. Los juramentó el 17 de diciembre de 2002, en un discurso parecido al que dio Fidel Castro en la creación de los CDR, diciendo que el único requisito para pertenecer a los círculos era “compartir los ideales de Bolívar”. Desde su creación, los círculos bolivarianos fueron acusados de ser grupos de civiles con acceso a armas y de participar en actividades en contra de los opositores. A partir de ellos, se constituyó en 2005 la Milicia Nacional Bolivariana y en 2006 los Consejos Comunales, de donde finalmente surgieron los colectivos chavistas.

En el nacimiento de los colectivos estuvo desde el principio el espíritu de hacerlos partícipes de tareas de seguridad y vigilancia. Así lo demuestran las leyes sobre Consejos Comunales (2006-2009), que les dejaron a cargo tareas de deporte y educación en los barrios y, a la vez, les abrió la puerta para encargarse de labores de “seguridad integral”. Aunque no todos los colectivos están armados ni dedicados a temas de seguridad, los que lo están pisan una línea entre lo legal y lo ilegal que les permite tener financiación o algún tipo de apoyo estatal.

Hoy a los colectivos armados chavistas se los identifica como grupos de hombres en moto, que visten de civil, encapuchados y con armas en la cintura. Se los acusa de reprimir las protestas de la oposición, de operar en los barrios en los que la policía no puede entrar, o en colaboración con ella en las Operaciones de Liberación del Pueblo, y de controlar la entrega de alimentos y el tráfico de drogas. También se dice que cobran “vacunas” para permitir el paso de personas y vehículos en los barrios en los que hacen presencia, y que están involucrados en casos de secuestros y extorsiones.

En uno de sus fortines, el barrio 23 de enero de Caracas, se puede notar el componente ideológico de los colectivos: una virgen sosteniendo un fusil AK-47 y Cristo con un Kalashnikov pintados en las paredes son los símbolos del peso que sigue teniendo la revolución bolivariana. Con el control que el Estado venezolano les ha cedido a los colectivos sobre la distribución de los alimentos y la libertad para ejercer actividades criminales, hoy son los menos interesados en que se caiga Nicolás Maduro.  

Insight Crime (2018) identificó hasta el año pasado 46 colectivos que hacen presencia en al menos 16 de los 23 estados que tiene Venezuela. Solo en Caracas hay por lo menos trece colectivos, y entre los más notorios se encuentran el de La Piedrita, fundado por Valentín Santana y Carlos Ramírez, que se han arrogado ataques contra medios de comunicación, la sede de COPEI y la Nunciatura Apostólica; el Alexis Vive, que organiza programas de adoctrinamiento y entrenamiento sobre el uso de armas con menores de edad; Tres Raíces, fundado por el expolicía José Miguel Odremán, en el que presuntamente trabajan civiles de la mano de miembros de algunas agencias de seguridad y ha sido vinculado con secuestros y asesinatos, y Montaraz, del que uno de sus miembros en una entrevista hecha por la BBC aseguró que “frente a una invasión (…) habría que defender la revolución con armas”.

Hoy los colectivos chavistas son vistos por los medios de comunicación y los analistas de seguridad como los últimos protectores de Maduro. Su poder ha ido en aumento y por la dificultad de conocer estadísticas precisas, no se sabe con claridad cuántas armas se encuentran en su poder, aunque en Venezuela en manos de civiles hoy se cuentan al menos 5 895 000 (Alpers, Rossetti y Goi, 2019). La flexibilidad que poseen gracias al actual estado de cosas en Venezuela para el manejo de negocios legales e ilegales que son muy lucrativos hace muy probable que defiendan al régimen en caso de que algún actor use la fuerza para derrocarlo.

Los dispositivos de seguridad en manos de civiles son peligrosos en la medida en que no tienen la misma instrucción y límites que tienen las fuerzas de seguridad institucionales, se mueven entre la legalidad y la ilegalidad, disfrazan sus actividades de seguridad y vigilancia entre actividades civiles y son amenazas constantes para otros civiles que se encuentran indefensos frente a sus acciones pues el régimen los protege. Como dispositivos de protección y prolongación de los procesos que comenzaron Castro y Chávez han permitido una ampliación de las bases sociales armadas que los apoyan y que están dispuestos a pararse en la primera línea de su defensa a pesar de las limitaciones en materia de libertades civiles, políticas, económicas y culturales que han significado dichos regímenes.

Referencias

Alpers, Phillip; Rossetti, Amélie; y Goi, Leonardo. (2019). “Venezuela — Datos sobre armas, figuras y leyes”. Sydney School of Public Health, The University of Sydney. GunPolicy. Disponible en: https://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/venezuela  

Arenas, Nelly; y Gómez, Luis. (2005). “Los círculos bolivarianos: el mito de la unidad del pueblo”. América Latina Hoy. Disponible en: http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=30803907

Blanco, Juan; Cartaya, Rolando; Domínguez, Luis; y Ocando, Casto. (2019). “Cubazuela: crónica de una intervención cubana”. Foundation for Human Rights in Cuba.

García, Daniel. (2017). “Qué son los colectivos y cómo operan para "defender la revolución bolivariana" en Venezuela”. BBC Mundo. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40527998

Human Rights Watch. (2009). “Un nuevo Castro, la misma Cuba. Presos políticos en la era post Fidel”. Disponible en: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/cuba1109spwebwcover_0.pdf

InSight Crime. (2018). “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?”. Disponible en: https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/05/Venezuela-Estado-mafioso-InSight-Crime-Observatorio-de-crimen-organizado.pdf

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