Desde el año 1989, Cuba afronta un conjunto de desafíos de gran calado, relacionados, por un lado, con la postergación de un rediseño estratégico del Estado nacional para acoplarlo a los nuevos desafíos del siglo XXI y, por el otro, con la conflictividad que emana de su diferendo histórico con Estados Unidos. Se trata de un período de tres décadas (1989-2019) marcado por la resistencia de las autoridades cubanas para insertarse, con creatividad, en el orden mundial liberal de la post-guerra fría.

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Esta elección racional del gobierno cubano ha tenido consecuencias económicas, sociales y políticas adversas para la nación cubana. Como telón de fondo, y como nunca antes en la historia cubana de los últimos 60 años, se puede palpar con claridad en la esfera pública cubana transnacional la presencia de un arco político e ideológico similar a los de cualquier país del hemisferio occidental, por un lado, y una mayor penetración de Internet, que favorece el libre flujo de información, por otro.

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Para Cuba esta crisis comienza con el colapso de la Unión Soviética y el Bloque del Este, cuando en un período de tiempo muy corto desapareció, de golpe, la división internacional del trabajo articulada al CAME, que había modelado la estructura económica cubana. Es en este contexto cuando el ex-presidente Fidel Castro cierra las puertas a la propuesta de Carlos Solchaga –ministro de economía español, del gobierno de Felipe González-, quien había venido a la Isla invitado por el propio Fidel con la indicación de hacerle una propuesta de reforma integral de la economía insular. Varios amigos y compañeros de Solchaga afirmaron, después, que en la reunión donde Fidel rechazó sus propuestas este le comunicó al español que él entendía perfectamente la pertinencia y calidad de su planteo, pero que él no lo iba a implementar, alegando que eso se podría hacer en Cuba “después de que él se muriera”.

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Es en ese punto de la Historia cuando queda delineada la opción racional, por parte del liderazgo cubano, de no implementar las reformas estructurales para “acoplar” al país a las dinámicas mundiales; y se abre la senda de la “resistencia” y de la llamada “vía propia” de desarrollo. Es precisamente ese el camino que nos ha traído hasta aquí. Con posterioridad se han utilizado mecanismos de mercado, se aceptó la inversión extranjera, la circulación del dólar, la llegada de remesas y algunos espacios para el sector privado; pero siempre con una actitud provisional, zigzagueante, e ineluctablemente recelosa. Estos “resortes capitalistas” siempre estuvieron en función de modelar un escenario de apuntalamiento de la “empresa estatal socialista”, principal fuente de empleo del país, mantener los servicios sociales universales, y preservar intacta la estructura de poder político, basada en el partido único y en la ideología de Estado.

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Tras lo que he afirmado anteriormente, de manera realmente esquemática y reductiva, subyace el debate especulativo sobre las posibilidades reales de haber podido implementar (o no) lo sugerido por Carlos Solchaga a Fidel y al ministro José Luis Rodríguez, y la potencial utilización de este “plan” por la política agresiva de Estados Unidos en un momento que, en la práctica, podría haber conducido a una mayor erosión y debilidad del gobierno cubano (al menos en el corto plazo). Pero lo cierto es que entre ese punto (años 1993 y 1994) y la llegada de Raúl Castro al poder (2006), quedó eclipsada la implementación de una política de reforma estructural en Cuba.

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Bajo el mandato del general Raúl Castro, por otra parte, sí se produce un debate nacional más amplio y rico sobre el “deber ser” del futuro de Cuba. En este período surgen, y logran mínimos atisbos de articulación, varios proyectos que buscan reformas estructurales, provenientes de lados muy distintos de la realidad nacional. El renacer (hiper-acotado) del sector privado; una política internacional que tendió a la multilaterización (que llegó, incluso, a negociaciones con Estados Unidos) y ciertos dinamismos de la esfera pública cubana trasnacional, configuraron un escenario donde parecía que las autoridades cubanas avanzarían a una transformación estructural del modelo sociopolítico.

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Sin embargo, en el año 2016, y coincidiendo con la visita del presidente Barack Obama a la Isla, se inician dos procesos en paralelo: a) la “ralentización” y posterior parálisis total del proyecto de reformas iniciado por Raúl Castro en 2006 y b) la criminalización pública (desde el sistema mediático controlado por el PCC) de la política de apertura y acercamiento del presidente Obama, así como la criminalización de todos los actores sociales, políticos y económicos que, dentro de Cuba, habían apoyado dicha política. Muchos de estos proyectos fueron “acotados”, y algunos totalmente desarticulados. El punto final de este período lo constituyó el triunfo electoral de Donald Trump, con sus implicaciones globales a gran escala.

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Todo este escenario, a su vez, desemboca en la Constitución cubana de 2019, marcándola profundamente. En la nueva Carta Magna se avanza en ciertas zonas, se mantienen elementos importantes de la matriz soviética del texto de 1976 (reformado en 1992), y se cometen torpezas de nuevo tipo, que no estaban presentes en la Constitución anterior. En sus contenidos y propuestas definitivamente no ha “cuajado” el espíritu de un nuevo “pacto social”, que encarne las aspiraciones compartidas de una nación transnacionalizada, compleja, y políticamente plural, que aspira a un régimen político genuinamente democrático.

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Perviven la institución del partido único, que se percibe como una “vanguardia” y adosa, mecánicamente, su petrificada identidad marxista y leninista a toda la sociedad y el Estado; la economía estatal, donde emergen nuevas formas de propiedad, pero no acaban de cuajar claramente los roles del “plan” y del “mercado”, ni es suficientemente institucionalizada la propiedad privada; una gran estructura ideológica adosada al PCC, que monopoliza los aparatos ideológicos del Estado y, desde ellos, estandariza sus mensajes con una visión estrecha de Cuba y del mundo; las organizaciones políticas y de masas, instituciones anexas al PCC que funcionan como “correas de transmisión” entre el Partido y la sociedad; y una nueva Ley Electoral sin el más mínimo elemento novedoso, “amarrada” a las tristemente célebres Comisiones de Candidaturas. Además, se mantiene la cobertura nacional grutita de salud y educación extensivas para toda la ciudadanía.

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En la Constitución cubana de 2019 queda clara la intención de retardar y contener la reproducción y el empoderamiento de las nuevas élites republicanas emergentes (sector privado, nuevos actores productores de “ideología”, actores “diaspóricos” de influencia en varias orillas, etc.), todo ello mediante la utilización de instituciones, mecanismos y estructuras que han quedado desfasadas por la historia.

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El nuevo gobierno nacional, que encabeza el presidente Miguel Díaz-Canel, llegó al poder prometiendo “continuidad” y una más eficaz gestión gubernativa. Si bien hemos observado una dinamización creciente del trabajo del Consejo de Ministros, en mi opinión todo este esfuerzo ha colisionado, colisiona y colisionará contra los muros de un modelo sociopolítico desfasado e inoperante, que teme demasiado a ensanchar los espacios de libertad ciudadana (ya sea en la economía, en la política o en el ámbito social). No me queda claro aún si el nuevo liderazgo nacional entiende que es rehén de esa realidad, o es que no le queda más remedio (por el momento) que aceptar esas reglas del juego. Esta interrogante la despejará la vida con el pasar del tiempo. Por otro lado, un grupo, fuertemente empoderado en estructuras de comunicación oficiales, cree firmemente que el actual estado de cosas, al que llama “el modelo cubano”, es “natural” y en su proyección más delirante afirma, incluso, que ese “modelo” es “alternativo” al orden global.

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En medio de esta realidad está el pueblo cubano, que ha resistido, a duras penas, una crisis que ya dura tres décadas, y que no parece tener fin. Esa crisis ha visto el deterioro creciente de la infraestructura nacional, la depauperación de la calidad del nivel de vida, las crisis simultáneas del transporte, la vivienda, la alimentación y el abasto de agua, el éxodo creciente de cientos de miles de cubanos -sobre todo jóvenes-, la activación de una peligrosa “bomba demográfica”, la insostenibilidad del sistema nacional de pensiones, y el desmantelamiento reiterado de iniciativas ciudadanas “ideológicamente” sospechosas.

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El clima de esperanza y el dinamismo que trajeron a la sociedad cubana la reforma impulsada por Raúl Castro, y el proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos (Barack Obama mediante), se han eclipsado definitivamente. Está por verse la capacidad del nuevo liderazgo para entender (a cabalidad) las causas estructurales de la crisis que vivimos. Por lo pronto, en el año 2019, aún queda pendiente la república martiana ideológicamente plural, de y para las mayorías nacionales, tan bien esbozada en los programas políticos de los movimientos revolucionarios “26 de Julio” y “13 de marzo”, hace ya más de 60 años. Quizás el gobierno cubano hubiese podido encontrar más “respuestas” en esos viejos documentos, que en las actuales directrices del PCC.

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Pero, en cualquier caso, el futuro pasa por escuchar al pueblo de Cuba (el de aquí y el de ahora; el de “adentro” y el de “afuera”), y traducir sus reclamos de prosperidad y democracia reales en un programa nacional políticamente inclusivo y económicamente sustentable.