La cooptación silenciosa del Estado colombiano por parte del régimen Cubano durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026)
⚠️ Imagen creada con inteligencia artificial (IA). No corresponde a una fotografía real.
Investigación desarrollada por el Programa Cuba
Director de la Investigación:
Sergio Angel
Coordinadora de la Investigación:
Zharick Gómez
Asistentes de Investigación:
Juan López, Isabela Muñoz, Luisa Sierra, Khaled Morales, Emily Triviño y Nicolás Diaz
1. Resumen Ejecutivo
La presente investigación documenta y analiza la naturaleza, implicaciones y alcance de las alianzas establecidas entre la República de Cuba y diversas instituciones nacionales durante el gobierno Petro (2022-2026). La investigación busca develar el modo en que las alianzas entre el régimen y el gobierno nacional se han traducido en mecanismos que, más allá de la diplomacia y negociación, podrían representar vías de injerencia del modelo político y social de Cuba en el país. De las 30 instituciones indagadas, mediante derechos de petición y tutelas, diez reportaron tener alianzas activas entre sus despachos y alguna dependencia del régimen, destacando el hallazgo de irregularidades en los sectores de salud, agroindustria y educación, lo que impacta directamente el bienestar de la población y desarrollo del país.
La información recolectada y los resultados de la investigación han permitido identificar tres rasgos distintos y definitorios de las alianzas entre el gobierno Petro y el régimen de Miguel Diaz-Canel. En primer lugar, Cuba representa un Estado parasitario que, incapaz de sostener su propio modelo político, económico y social, ha desarrollado una estrategia sistemática de dependencia externa para garantizar su supervivencia, obteniendo apoyo político, transferencia de recursos y donativos de gobiernos aliados bajo el título de las relaciones sur-sur. En segundo lugar, a través de afinidades ideológicas, relaciones personales y mecanismos institucionales formales, el gobierno Petro permitió y promovió una penetración inédita del modelo socialista y autoritario en múltiples sectores del país, facilitando la toma política del Estado y la supervivencia del régimen. En tercer lugar, lo que se presenta oficialmente bajo el titulo de asistencia bilateral sugiere, en la práctica, un usufructo unilateral, donde Colombia abre sus instituciones y pone los recursos, mientras Cuba exporta metodologías fallidas, instrumentaliza la ayuda humanitaria y proyecta una imagen internacional positiva.
No obstante, el patrón observado durante la administración Petro ya se ha observado en otros países de la región, principalmente en la trayectoria seguida en México bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde la simpatía ideológica hacia el régimen se tradujo progresivamente en acuerdos, omisiones regulatorias y posicionamientos diplomáticos al servicio de los intereses y necesidades de La Habana. Lo que inició siendo una afinidad declarada terminó normalizando la influencia y presencia del régimen en las instituciones del Estado mexicano. Ante un posible gobierno de la misma ideología y afinidad al régimen en el país, se plante un riesgo inminente de subversión de las instituciones públicas para apoyar y sostener al régimen.
Así sucedió en México, dado que la transición de López Obrador a Claudia Sheinbaum no implicó una ruptura, sino una profundización y formalización del vínculo entre Cuba y México, brindando un apoyo incondicional al modelo socialista y a la retórica oficialista del régimen, mediante el envió de ayuda humanitaria, petróleo y víveres a la isla, mientras en el país se registraba desabastecimiento y largas filas para adquirir gasolina. En Colombia, existe la posibilidad de que una eventual presidencia de Ivan Cepeda, aspirante por el Pacto Histórico y representante de la izquierda, represente un punto de no retorno para el país, dando el paso de una influencia indirecta a un alineamiento abierto entre los proyectos políticos del régimen y la nación. En prospectiva, la investigación busca documentar, basada en hechos y datos verídicos, las situaciones que harían posible dicho escenario y alertar a la academia, instituciones y sociedad sobre sus implicaciones para la democracia y el Estado de derecho en el país.
Los 5 ejes temáticos desarrollados en el presente documento, incluyen (1) la donación falsa de vacunas de fiebre amarilla anunciada por el Ministerio de Salud y medios oficiales en Cuba; (2) la presunta exportación de arroz a Cuba por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, que ocultaría una donación no declarada; (3) la réplica del modelo fallido agrícola de la isla en Colombia a través del programa CampeSENA; (4) la implementación del programa de alfabetización "Yo sí puedo", un instrumento de adoctrinamiento ideológico y (5) la participación institucional del país en festivales y ferias del libro en Cuba, que proyectan una imagen positiva del régimen mientras persigue y silencia a disidentes, activistas y opositores.
2. Metodología
La investigación se sustenta en la revisión de prensa internacional y nacional sobre la injerencia y alianzas del régimen y el gobierno Petro y en el ejercicio del derecho de petición y acción de tutela, amparada bajo los derechos de acceso a la información pública y transparencia institucional. El diseño institucional y documental de la investigación incluyó las siguientes tres fases de planeación, implementación y monitoreo.
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Identificación de 30 instituciones públicas nacionales, departamentales y distritales que trabajan áreas estratégicas del desarrollo político, social, económico y ambiental del país y que podrían haberse vinculado al régimen.
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Radicación de Derechos de Petición solicitando información sobre todo tipo de alianzas, incluidos memorandos, acuerdos, pactos, programas y donaciones realizadas entre instituciones del país y el régimen, entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de octubre de 2025.
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Monitoreo y seguimiento plazos legales de respuesta (15 días hábiles y 10 días hábiles prorrogables, bajo previo aviso) y radicación de tutelas ante las instituciones que no daban respuesta
Las respuestas oficiales fueron sistematizadas y analizadas para identificar (1) la existencia y naturaleza de las alianzas públicas, (2) los montos presupuestales asignados y el nivel de ejecución, (3) la fecha de adopción y vigencia temporal de los acuerdos, (4) las áreas institucionales y sectoriales involucradas, y (5) la presencia de indicadores de opacidad, incumplimiento, irregularidades y asimetrías en las partes.
3. Resultados
De las 30 instituciones indagadas, el 34.5% (10) manifestaron tener algún tipo de alianza entre su despacho y entidades del régimen, mientras que el 65.5% (19) negaron tener relación directa. Entre los principales hallazgos de la investigación, destaca la existencia de una red documentada de afinidades y sinergias interinstitucionales entre el régimen cubano y el gobierno Petro que abarca múltiples sectores estratégicos, incluyendo salud, agroindustria, trabajo, educación y arte.
3.1 Donación fantasma de vacunas y propaganda médica: ¿Puede un Estado que no garantiza la salud pública ofrecer donativos de vacunas a otro país?
En el marco de la emergencia sanitaria y económica por el brote de fiebre amarilla decretada el 15 de abril de 2025 en todo el territorio nacional, el gobierno Petro y el régimen de Miguel Diaz-Canel anunciaron la donación de 2.000 vacunas al país. No obstante, en respuesta al Derecho de Petición radicado por el Programa Cuba, el Ministerio de Salud informó el 27 de noviembre de 2025 que la donación no se materializó y nunca ingresó al país, a pesar de que la aceptación y agradecimiento oficial del donativo se realizó el 16 de mayo. Lo anterior sugiere que Cuba ofreció una donación que no podía sostener, priorizando su proyección internacional sobre las necesidades de su propia población y la urgencia sanitaria en Colombia.
Figura 1. Respuesta de MinSalud al derecho de petición sobre alianzas y donaciones entre MinSalud y la República de Cuba.
Nota. Respuesta de Minsalud ante el derecho de petición en la que indica que la donación no se materializó y nunca ingresó al país.
El 15 de abril de 2025, el presidente Petro decretó la emergencia sanitaria y económica en todo el territorio nacional, bajo el pretexto de atender la propagación del virus de fiebre amarilla, principalmente en las regiones de Tolima, Huila y Nariño. Posteriormente, el 25 de abril, Minsalud solicitó vacunas para reforzar la repuesta ante el brote y disminuir las tasas de mortalidad. En respuesta, el 2 de mayo, el embajador de Cuba en Colombia, Javier Caamaño, manifestó al ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que el Ministerio de Salud Pública de Cuba donaría 200 bulbos x 10 dosis, en total, 2.000 vacunas al país. En la misiva, el régimen también solicitó indicar la aceptación del donativo y las instrucciones para el envío y entrega inmediata de las vacunas.
Al respecto, la Exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, ratificó la noticia y agradeció al gobierno de Cuba por su “generosa y solidaria donación”. Asimismo, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro Rodríguez, destacó la solidaridad de Cuba y exhortó a la oposición a manifestar gratitud, preguntando si “¿La oposición saldrá como siempre a criticar?, ¿serán capaces de expresar agradecimiento?”. A su vez, el senador por el partido Comunes, Omar Restrepo, resaltó que “La Cuba bloqueada por Estados Unidos, le dona 2.000 dosis de vacunas a Colombia”, y aplaudió la solidaridad y ternura de los pueblos. En la misma línea, el Exministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, agradeció la donación y apuntó “Cuba siempre a la vanguardia de la defensa de la vida”. Incluso, David Porras, reconocido influencer y activista del Pacto Histórico, trinó “¡Grande Cuba, siempre solidaria!”, dando mayor visibilidad y viralización a la información.
Figura 2. Trinos de voceros del gobierno Petro en la red X sobre el anuncio de la donación de 2.000 vacunas de Cuba al país.
Nota. Publicaciones en X realizadas entre el 4 y 5 de mayo por voceros del gobierno Petro, agradeciendo la donación de 2.000 vacunas de Cuba al país para atender la emergencia de fiebre amarilla.
Por su parte, RTVC informó que el gobierno de Cuba donó 2.000 vacunas para enfrentar la emergencia de fiebre amarilla y que las gobernaciones y alcaldías adelantarían los programas de vacunación a nivel departamental y municipal, priorizando su aplicación para menores de edad y población migrante. Los medios oficiales del régimen, incluyendo Granma, Cubadebate y Juventud Rebelde, también divulgaron la noticia, manifestando que la donación fue un gesto solidario y recalcando el agradecimiento de los voceros del gobierno Petro.
Figura 3. Titulares de medios nacionales y medios oficialistas cubanos que anuncian la donación y el agradecimiento de los voceros del gobierno Petro
Nota. Titulares de medios nacionales y medios oficialista cubanos que anuncian la donación de 2.000 vacunas de Cuba al país para atender la emergencia de fiebre amarilla
Sin embargo, en la respuesta al derecho de petición allegada el día 27 de noviembre de 2025, Minsalud notificó que, tras la revisión de los registros institucionales y los sistemas de gestión documental, la donación de las vacunas nunca ingresó al ministerio, por lo que, aunque se tramitó desde dicho despacho, no se materializó y tampoco llegó al país. A su vez, la entidad precisó que la aceptación oficial del donativo se realizó el 16 de mayo de 2025, bajo el objetivo de reforzar el programa de vacunación nacional y atender la emergencia sanitaria y económica por fiebre amarilla, y que la donación incluía la entrega de 200 bulbos y 2.000 dosis de vacunas (Frasco 5ml + diluyente) del proveedor Instituto de Tecnología de Inmunobiológicos BioManguinhos lote 228VF040Z. Pero, a diferencia de lo anunciado en los titulares de prensa y las declaraciones de voceros del gobierno Petro, no hay registro de ingreso, distribución y aplicación de las vacunas en el territorio nacional.
A la situación se suma la denuncia de medios independientes y opositores al régimen cubano, incluyendo CiberCuba, quienes aseguran que, aunque el gesto fue aplaudido por las autoridades y voceros del gobierno Petro, la isla presenta un déficit estructural y prolongado de insumos médicos y vacunas para atender las necesidades de su propia población. Aunque el régimen no lo reconoce y no toma medidas al respecto, la población padece fuertes brotes de dengue, zika, chikunguña y fiebre amarilla. Incluso, desde inicios de 2022 hasta el año vigente, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha regulado el uso de la vacuna de fiebre amarilla, restringiéndola para viajeros internacionales y dejando fuera del esquema de vacunación a la población en riesgo, dada la limitada disponibilidad del biológico en la isla.
Pese a las recurrentes denuncias por la falta de antibióticos, analgésicos y vacunas en hospitales, Cuba ha priorizado su influencia y proyección internacional sobre la atención y bienestar de su propia población. En tal marco, resulta importante y oportuno preguntar ¿De qué manera un país que no logra garantizar la atención pública interna puede ser oferente y proveedor de donativos para otros Estados? De hecho, el donativo anunciado hace parte del sistema de propaganda oficial del régimen que busca proyectar una imagen de potencia médica y solidaridad regional, a expensas de las necesidades básicas de la población y el desarrollo de la isla.
A nivel nacional, las autoridades mantienen la alerta nacional dado el aumento de muertes y virosis. Desde 2024 hasta la fecha, Minsalud ha reportado 68 fallecimientos y 155 casos de fiebre amarilla, por lo tanto, el gobierno mantiene la emergencia sanitaria y económica y la entidad ha tomado la decisión de aplicar dosis de refuerzo en las zonas de alto riesgo y la población vulnerable. La decisión se sustenta, además, en la valoración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que el 23 de mayo decretó alto riesgo de propagación y letalidad y el 31 de mayo emitió una alerta epidemiológica en varios países, incluyendo Colombia, Ecuador y Perú.
En suma, el anunció del gobierno Petro sobre la donación de 2.000 dosis de vacunas para atender la emergencia sanitaria y económica por fiebre amarilla en el país, que nunca se materializó y tampoco ingresó al país, no solo genera desinformación y desconfianza institucional, sino que además representa un acto deliberado de falsa respuesta estatal y férreo apoyo a los regímenes autoritarios de la región. La diferencia entre el discurso público y los hechos documentados en respuesta al derecho de petición ocurren en un momento de alta preocupación y alerta nacional. Mientras tanto, Cuba sigue enfrentado múltiples brotes virales y una aguda policrisis de alimentos, medicinas y servicios básicos, lo que plantea graves interrogantes sobre la veracidad de los anuncios públicos y la viabilidad de donativos inexistentes.
3.2 Exportación inexistente de arroz a Cuba y crisis agrícola en Colombia: ¿Quién le paga a Colombia el arroz de los agricultores del Tolima?
En respuesta al paro indefinido del gremio arrocero del país iniciado el 1 de julio de 2025 y motivado por el incumplimiento de los acuerdos previos entre el gobierno y los agricultores y la falta de ajuste de los precios del arroz, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y voceros del gobierno Petro anunciaron un acuerdo histórico en el que 4.968 pequeños productore de arroz del Tolima exportarían su producción a Cuba, ofertando 1.404 toneladas de arroz blanco y generando 5.984 millones de pesos al año. No obstante, en respuesta a la acción de tutela del Programa Cuba, la agencia revela que, aunque dejó dispuesta toda la articulación logística, técnica, jurídica y financiera en territorio nacional, la operación fue suspendida indefinidamente por falta de habilitación y tramites del importador en La Habana. Esta situación sugiere que, ante la ausencia de registros de pago, lo que se presenta bajo el titulo de exportación, en la práctica, puede ocultar una nueva donación y ayuda bilateral del gobierno Petro a la isla.
Figura 4. Respuesta de la ADR a la acción de tutela sobre alianzas entre la ADR y la República de Cuba.
Nota. Respuesta de ADR ante el derecho de petición en la que indica que la paralización indefinida de la exportación de arroz por falta de habilitación y tramites del importador en Cuba
El acuerdo surgió en medio de una de las tensiones y perdidas más graves del sector arrocero en el país. Durante las temporadas agrícolas en 2024 y 2025, los productores sembraron más hectáreas que la demanda real del mercado, generando una sobreoferta histórica que hundió el precio del arroz paddy verde hasta entre un 20% y 25% por debajo de lo habitual, a la vez que el retiro del incentivo gubernamental para almacenar inventarios agudizó la sobreoferta del producto. La situación derivó en dos paros nacionales arroceros en 2025, el primero en marzo y el segundo en julio, registrándose bloqueos en Tolima, Huila, Meta, Casanare, Sucre y Córdoba que paralizaron el transporte y generaron pérdidas millonarias. Frente a la presión social y el riesgo de quiebra masiva de pequeños productores, el presidente Petro anunció que el Estado pagaría directamente la sobreproducción de arroz a pequeños y medianos arroceros y exportaría el producto a la isla.
El anuncio se realizó el 8 y 9 de julio de 2025, varios medios nacionales y voceros del gobierno informaron que productores del Tolima venderían 1.644 toneladas de arroz a Cuba y a instituciones públicas nacionales, incluyendo el ICBF, el Ministerio de Igualdad y el DPS, distribuidas en 1.404 toneladas para la isla y 204 toneladas adicionales para programas sociales internos. El acuerdo fue impulsado bajo la dirección de Alfredo Saade, jefe de despacho presidencial, y César Pachón Achury, presidente de la ADR, quienes indicaron que la medida resolvía el problema de la sobreproducción, garantizando rentabilidad y autonomía alimentaria. En la plataforma X, la ADR también señaló que el modelo de negocio implica el pago anticipado del 100% de la producción por parte del importador en Cuba y el envió semanal de al menos 29 toneladas de arroz tolimense.
Figura 5. Trinos de voceros del gobierno Petro en X que anuncian el histórico acuerdo de exportación de arroz entre Cuba y Colombia
Nota. Publicaciones en X realizadas en julio por voceros del gobierno Petro anunciando el histórico acuerdo de exportación entre Cuba y Colombia
Al respecto, representantes de la oposición y miembros del gremio arrocero objetaron la viabilidad del acuerdo. Por un lado, Carolina Restrepo, abogada y militante del partido Centro Democrático, manifestando que el gobierno adquiriría 1.404 toneladas de arroz no para abastecer al PAE y tampoco para enfrentar la inseguridad alimentaria, sino para ofrecerlo a Cuba, un país sin divisas y sin poder real de pago, buscando brindar asistencia política y sostener al régimen. Por otro lado, el movimiento Dignidad Agropecuaria denunció que el acuerdo no soluciona ni el 0,1% del problema de la sobreoferta, dado que el país recogería más de dos millones de toneladas de arroz, por lo que la prioridad debería ser garantizar precios remunerativos y sostenibles.
La respuesta oficial de la ADR, fechada el 20 de febrero de 2026, ratifica las dudas sobre quién paga el arroz de los productores tolimenses y a quién beneficia realmente. La agencia reconoce que adelantó y dejó lista toda la articulación logística, técnica, jurídica y financiera necesaria en Colombia para viabilizar la exportación, pero precisa que el proceso no ha podido finalizarse debido a la falta de habilitación del importador en La Habana. La propia institución resalta que dichos requisitos dependen exclusivamente de la facilitación y los trámites de la isla, ajenos a su órbita de trabajo, y que se mantiene a la espera de que Cuba los resuelva para poder dar seguimiento a la operación.
Figura 6. Trinos de representantes de la oposición y movimientos agrícolas en respuesta al acuerdo de exportación de arroz entre Cuba y Colombia
Nota. Publicaciones en X de representantes de la oposición y movimientos agrícolas alertan sobre irregularidades en el acuerdo y falta de alternativas reales al problema
En suma, a los arroceros que llevan dos paros nacionales indefinidos exigiendo una salida a la sobreoferta y garantías para el sector agrícola, el gobierno Petro les vendió una solución que, un año después, no tiene importador habilitado y pagos anticipados por parte de Cuba. La Agencia de Desarrollo Rural adelantó la articulación interinstitucional, la logística y el respaldo técnico, jurídico y financiero, mientras que Cuba no ha superado los requisito administrativos y trámites necesarios para importar el producto. El mismo patrón de irregularidades entre el discurso y la práctica que ya se documentó en la donación de vacunas vuelve a repetirse, poniendo en riesgo los recursos públicos de la nación y la sostenibilidad de los productores locales.
3.3 La paradoja del programa laboral y agrícola CampeSENA: ¿Puede la isla transferir metodologías rurales y buenas prácticas al sector agrícola nacional?
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la política agroindustrial impulsada por el gobierno Petro, el SENA adoptó el programa CampeSENA para acercar la formación técnica y tecnológica a las zonas rurales del país. No obstante, en respuesta al derecho de petición del Programa Cuba, la institución indicó que el programa busca adoptar las metodologías agrícolas de la isla para fortalecer y actualizar el desarrollo de buenas prácticas agroindustriales en el país. Lo anterior resulta paradójico, dado que el programa incorpora referentes técnicos y metodológicos basados en un modelo que llevo a la parálisis y declive de la producción agrícola nacional, marcada por la apropiación estatal de la tierra, la gestión ineficiente de los insumos y la inseguridad alimentaria.
Figura 7. Respuesta del SENA al derecho de petición sobre alianzas entre el SENA y la República de Cuba.
Nota. Respuesta del SENA ante el derecho de petición en la que indica el objeto, recursos asociados, ámbito de aplicación y resultados obtenidos del programa CampeSENA
El programa CampeSENA busca promover el reconocimiento del trabajo de los agricultores, facilitando su acceso a los servicios y asistencia del SENA, bajo la dirección general de Jorge Eduardo Londoño Ulloa, atendiendo el llamado del presidente Petro de impulsar la justicia social y ambiental. La iniciativa, surgida mediante el Acuerdo 003 de 2023, pretende beneficiar a tres millones de agricultores, brindándoles la oportunidad de formarse, articular unidades productivas, acceder a orientación y recursos y liderar proyectos productivos. El programa incluye 7 pilares, Formación Integral, Sena Emprende Rural (SER), AgroSena, Fondo Emprender, Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico (Sennova), Formación Especializada para la Economía Campesina (Feec) y Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (ECCL).
En tal marco, el SENA suscribió el 9 de octubre de 2024, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, un Memorando de Entendimiento junto al Ministerio de Educación de Cuba y la Embajada de Cuba en Colombia para potenciar el desarrollo humano, económico y tecnológico de instructores y aprendices de ambos países, replicando metodologías y prácticas agrícolas de la isla. La institución difundió en sus redes el resultado de la reunión entre la ministra de Educación de Cuba, Naima Ariatne Trujillo Barreto, y el embajador de Cuba en Bogotá, Javier Caamaño Cairo, adelantada el 9 de noviembre de 2024, en la que se acordó la actualización y el intercambio de buenas prácticas en programas de formación técnicos y tecnológicos sobre agricultura de precisión, agroindustria y agroecología. A la fecha, el director del programa, Jorge Londoño, ha indicado que CampeSENA ha beneficiado a un millón de agricultores, mediante una inversión de 1,1 billones de pesos y el fortalecimiento de 510 núcleos rurales.
Resulta significativo que, dentro de una iniciativa de tal magnitud presupuestal, el rubro de transferencia técnica y tecnológica agrícola internacional se haya orientado hacia un modelo que, según sus propios datos oficiales, generó y ahora no logra resolver su déficit productivo interno. Las estadísticas oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) muestran que, en 2021, el sector estatal acaparaba el 79,3% de la propiedad de la superficie agrícola, frente a apenas el 13,9% en manos privadas. Además, pese a dominar la mayoría de la tierra, el sector estatal participa solo de forma marginal en la producción física de alimentos, registrando 22,7% en arroz, 16,3% en maíz y 9,8% en hortalizas, mientras el sector privado logra entre el 73% y el 84% de la producción de frutales, frijol, hortalizas, viandas y maíz. Es decir, el propio modelo estatal y socialista que Cuba pretende transferir a Colombia ha demostrado ser improductivo en su país de origen.
Figura 8. Participación del sector estatal y privado en la tenencia y productividad de la superficie agrícola
Nota. El Estado acapara el 79,3% de la tierra, pero tan solo genera el 32,2% de la productividad interna del país. Tomado de la cuenta de X de Pedro Monreal.
La tendencia ha seguido el mismo patrón en los últimos años, donde incluso se ha agudizado debido a la mala gestión de los recursos y la priorización del sector turístico. De acuerdo a datos de la ONEI para el período enero-octubre de 2025, la participación de la agricultura, ganadería y silvicultura en la inversión total del sistema de la isla disminuyó del 3% a apenas 2,1% respecto al mismo período en 2024, mientras la industria turística, hoteles, inmobiliario y restaurantes, recibió la inversión restante, pasando de 37,4% a 22,3%. En otras palabras, en momentos en que el sector agropecuario requiere mayor inversión para frenar la disminución de la producción nacional y desabastecimiento, el régimen prioriza el turismo y la imagen internacional. Esta parálisis se traduce en la parálisis productiva, donde persisten las prácticas de tracción animal por déficit de maquinaria y gasolina.
Figura 9. Participación de la inversión pública en actividades energéticas, turísticas y agrícolas en Cuba
Nota. El Estado ha priorizado la inversión en el sector turístico sobre el sector agrícola, lo que deriva en la parálisis de la producción nacional. Tomado de la cuenta de X de Pedro Monreal.
Atendiendo a los resultados de la Encuesta Alimentaria 2025 del Food Monitor Program, aplicada a 2.509 hogares en las 16 provincias del país, el 33,9% de los hogares reportó que al menos un miembro se acostó hambriento en el último mes y el 96,91% de la población no tiene acceso adecuado a alimentos debido a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Igualmente, el informe reveló que Cuba importa actualmente entre el 70% y el 80% de los alimentos que demanda, mientras su producción nacional se desploma, incluyendo el arroz entre 59% y 81%, los huevos 43% y la leche 37,6%. A lo anterior se suma el hecho de que el 82% de las personas percibe que el desabastecimiento tiene su origen en la mala administración del Estado y que los miembros del régimen no sufren el hambre del pueblo.
En síntesis, el régimen pretende transferir al país metodologías y buenas prácticas en agroecología y agricultura de precisión, mientras no logra garantizar el abastecimiento básico de su propia población. Por lo tanto, el modelo que ofrece a Colombia a través de CampeSENA no es el resultado de un intercambio y transferencia técnica probada, sino la proyección de una retórica de alianza sur-sur que le permite proyectarse internacionalmente y ser referente en agroecología, materializando afinidades ideológicas en la región y formando una imagen de "potencia agrícola". Hay una gran diferencia entre la narrativa y la práctica del modelo agraria en la isla, sustentando por sus propias estadísticas oficiales y respaldado por investigaciones independientes.
3.4 El dilema de adoptar y replicar el modelo de aprendizaje “Yo sí Puedo” en el país: ¿Alfabetizar mientras se vulnera la libertad académica y se persigue a la disidencia?
En el marco de la política educativa del gobierno Petro, que ha priorizado la alfabetización y formación básica de todas la población nacional, el Ministerio de Educación ratificó, en respuesta al derecho de petición del Programa Cuba, la destinación de 5.226.225.892 millones de pesos para replicar el programa de alfabetización "Yo sí puedo", diseñado y aplicado en La Habana, mediante un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Educación de Cuba, la Corporación Minuto de Dios y la organización Intercambio Científico Educacional (Cuba-ICE), en ejecución piloto desde octubre de 2025 y vigente hasta julio de 2026. Esto plantea una alerta, dado que Colombia invierte recursos públicos para replicar la metodología educativa de un régimen que persigue y reprime la libertad académica y que, además, registra un déficit de 24.000 plazas de profesores, lo que representa el 12,5% del total nacional.
Figura 10. Respuesta de MinEducación al derecho de petición sobre alianzas y donaciones entre MinEducación y la República de Cuba.
Nota. Respuesta de MinEducación al derecho de petición en la que indica el objeto, ámbito de aplicación, presupuesto asignado y resultados del programa “Yo sí puedo”
El programa "Yo sí puedo" tiene por objeto alfabetizar a jóvenes y adultos mayores en zonas de apartadas del país. Fue diseñado en 1998, bajo la dirección de Fidel Castro y el Ministerio de Educación de Cuba, basado en 65 videoclips y una libreta para el aprendizaje de números y letras. Desde entonces, La Habana ha exportado el modelo bajo su política de internacionalización educativa y social a al menos 30 países, incluidos Venezuela y Bolivia, donde fue implementado bajo gobiernos aliados ideológicamente y se le atribuyeron declaratorias de "territorios libre de analfabetismo". En Colombia, el programa fue adoptado y replicado a finales del 2025, priorizando la alfabetización de adultos mayores, el acompañamiento a padres de familia y la articulación interinstitucional, implementándose en Villavicencio, Valledupar y el Magdalena, buscando declarar dichos territorios libres de analfabetismo.
La alianza se ha materializado mediante la participación directa de instituciones y funcionarios del régimen en territorio nacional. En Valledupar, Mario Luján, representante del Ministerio de Educación de Cuba, anunció el seguimiento del programa bajo la fase “Yo sí puedo seguir” para los graduados de la primera etapa. Del mismo modo, representantes del país viajaron a La Habana para gestionar la implementación del modelo y adelantar reuniones bilaterales de alto nivel. Entonces, resulta pertinente preguntar qué tipo de transferencia y buenas prácticas puede ofrecer un sistema que viola la libertad académica y vulnera los derechos de la población de tercera edad.
Por un lado, el régimen oculta deliberadamente las graves restricciones a la libertad académica, la represión ideológica y el déficit educativo que impera en la isla. Hasta la fecha, atendiendo al último informe del Observatorio de Libertad Académica (2025), se han registrado 276 incidentes de trato desigual no justificado de los agentes del Estado, 177 denuncias de discriminación por razones de orientación y afiliación política y 176 alertas por acoso y hostigamiento. Otros actos de intimidación y represión incluyen la autocensura, despidos injustificados, violaciones al debido proceso, difamación y actos de repudio.
Figura 11. Tipos de incidentes que vetan la libertad académica y vulneran los derechos de los intelectuales en la isla.
Nota. Tipo y número de incidentes que restringen la libertad académica en la isla. Fuente: “Informe No. 48. Cuba: la academia y el análisis posible del socialismo” (OLA, 2025).
En la misma línea, medios independiente afirman que el programa “Yo sí puedo” mantiene vigente el adoctrinamiento ideológico promovido desde la Revolución y origen mismo de la iniciativa, mientras la libertad académica desaparece y el disenso se tilda de propaganda antirrevolucionaria. Testimonios de diversos maestros y alumnos denuncian las largas jornadas de adoctrinamiento político que deben impartir y recibir en las sesiones de “supositorios” socialistas, al tiempo que se despide injustamente a los intelectuales y profesores que muestran la realidad política, económica y social de la isla. Lo anterior, ha llevado a un déficit de al menos 24.000 docentes, el 12,5% de las plazas necesarias para el período 2024-2025 y a la precarización laboral de los docentes, quienes reciben salarios entre 8 y 20 dólares mensuales, generando una fuga masiva de talento humano hacia otras actividades y países de la región.
Por otro lado, la gravedad de replicar el modelo de aprendizaje y adoctrinamiento del régimen se profundiza al dirigirse principalmente a población de la tercera edad y primera infancia. El Mapa de Intervención en la Vejez de Cuido 60 revela que los servicios de atención y asistencia social destinados a la población mayor en Cuba tienen una distribución deficitaria y desigual, pues algunas zonas urbanas albergan la mayoría de los servicios de alimentación, hogares de paso y programas de formación, mientras la mayoría de los municipios pequeños no tienen presencia institucional. Ante tal panorama, las organizaciones sociales han intentado llenar los vacíos que el Estado no atiende, ofreciendo servicios de alimentación, donaciones y actividades de recreación, iniciativas que dependen de los recursos y la voluntad de quienes las sostienen, lo que limita drásticamente su alcance y red de beneficiarios. Paradójicamente, el país ha adoptado y financiado un modelo de alfabetización nacional de un régimen dogmático y represivo que no logra garantizar atención geriátrica básica y servicios de atención primaria a su propia población.
Figura 12. Mapa de intervención del Estado y organizaciones religiosas en asistencia y programas para la vejez en Cuba
Nota. El mapa muestra una distribución insuficiente y desigual en la oferta de servicios destinados a la vejez, incluidos la atención geriátrica y la formación de adultos mayores. Fuente: (Cuido60, 2025)
En resumen, mientras Colombia destina más de 5 mil millones de pesos del presupuesto público para adoptar y replicar una metodología fallida de alfabetización, el país de origen del programa no solo atraviesa un grave déficit de su propio sistema educativo, marcado por miles de plazas docentes vacantes, salarios de subsistencia y un historial documentado de represión a libertad de pensamiento y opinión, sino que tampoco logra garantizar servicios básicos de atención a la población beneficiaria, principalmente jóvenes y personas mayores. En efecto, Cuba no exporta un modelo educativo y social exitoso, vende una retórica de buenas prácticas y logros idealizados que le permite proyectar prestigio internacional mientras restringen la libertad académica y desatiende a los grupos más vulnerables.
3.5 Los peligros del poder blando Cuba y Colombia: ¿Hasta qué punto la diplomacia intercultural entre Cuba y Colombia legitima un régimen que vulnera los derechos y libertades de los artistas?
Atendiendo a la política exterior del gobierno Petro, que ha promovido la diplomacia intercultural y los intercambios sur-sur en la región, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en respuesta al derecho de petición del Programa Cuba, indicó una amplia y activa agenda de relacionamiento público entre La Habana y Bogotá, incluyendo reuniones bilaterales de alto nivel, proyectos en industrias artísticas, fortalecimiento del Archivo Nacional de Cuba, presencia institucional en la Feria Internacional del Libro de La Habana, participación en el Festival Cubadisco, la Bienal de La Habana y el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, y la gestión para inaugurar tres monumentos a partir de las armas dejadas por las FARC-EP en territorio habanero. Estas múltiples formas de participación institucional y artística del país en la isla representan mecanismos de legitimación y proyección internacional del régimen, mientras persigue, hostiga y exilia sistemáticamente a los activistas y artistas disidentes.
Figura 13. Respuesta de MinCultura al derecho de petición sobre alianzas y donaciones entre MinCultura y la República de Cuba.
Nota. Respuesta de MinCultura al derecho de petición en la que resume todos las alianzas, programas, intercambios y donaciones entre el régimen y el gobierno Petro
Estas múltiples formas de participación institucional y artística del país en la isla representan mecanismos de legitimación y proyección internacional del régimen, mientras persigue, hostiga y exilia sistemáticamente a los activistas y artistas disidentes. Inicialmente, destaca la participación del país, al ser invitado de honor a la Edición 31 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, donde MinCultura oficializó la donación de 750 libros de grandes y pequeñas editoriales, incluyendo obras de García Marquez, Asdrúbal Valencia, Ron Riddell y el libro “Una vida, muchas vidas”, autobiografía del presidente Petro. No obstante, la feria del libro, lejos de ser un lugar de intercambio y libertad intelectual, ha adquirido un rol preponderante en la ideologización y lógica propagandística del oficialismo. Bajo el liderazgo del Instituto Cubano del Libro (ICL) y la Cámara Cubana del Libro, según el Observatorio de Derechos Culturales, desde el inicio de la Revolución hasta la actualidad, la historia nacional ha sido reescrita y tergiversada a partir del discurso y la ideología oficial, por lo que la feria se ha transformado en un instrumento de adoctrinamiento y parafernalia política, dedicado a la reivindicación de figuras históricas de la Revolución y la promoción de los valores y principios socialistas.
Figura 14. Titulares de la participación de Colombia en la Edición 31 de la Feria Internacional del Libro de La Habana
Nota. Titulares de medios oficiales del gobierno y prensa regional que anuncian la participación de Colombia en la Feria Internacional del Libro de La Habana.
En la misma línea, resalta la inclusión de proyecciones audiovisuales independientes y oficiales en la 45ª Edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (FINCL), organizado por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. El festival recibió a 42 países y proyectó 256 piezas audiovisuales, la mayoría orientadas a difundir los valores revolucionarios y legitimar la historia y el proceso político de la isla. Por más de tres décadas, el FINCL ha instrumentalizado la identidad latinoamericana y la solidaridad internacional para obtener aprobación global y reivindicar el modelo socialista, incluso, ignorando la dramática situación de la isla, sus organizadores aseguraron que el festival alentaría los ánimos de la población y ayudaría a superar los tiempos difíciles. Al respecto, el productor Jorge Espinosa y la Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC) rechazaron públicamente las políticas de vigilancia y persecución institucional, además de la selección de obras romantizadas y acríticas del régimen.
Figura 15. Titulares de la participación de Colombia en la Edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (FINCL)
Nota. Titulares de medios oficiales del gobierno y prensa regional que anuncian la participación de Colombia en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
La grave fractura que el hostigamiento y la autocensura han provocado en la producción audiovisual en la isla responde a la prohibición de la pluralidad de voces y la no participación de productores y artistas independientes. A lo anterior, se suma la represión directa que sufren los artistas activistas y opositores al régimen. El movimiento de artistas independientes 27N, surgido el 27 de noviembre de 2020 en respuesta a la represión y hostigamiento a las industrias artísticas derivadas del Decreto 349, fue desmantelada mediante detenciones arbitrarias, vigilancia y juicios injustos. Dos de los rostros más visibles de la brutal represión del régimen han sido el artista autodidacta Luis Manuel Otero Alcántara, y el rapero "Maykel Osorbo", autor de "Patria y Vida", himno las protestas del 11J, lideres del Movimiento San Isidro quienes fueron procesados bajo la figura de "desacato" y "resistencia" y sentenciados a 5 y 9 años de privación de la libertad. En febrero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció formalmente la persecusión del arte en Cuba, indicando que el Estado utilizó el sistema penal para reprimir la disidencia y oposición.
La censura no es un fenómeno reciente y tampoco se limita al ámbito penal, recorre también las instituciones oficiales de La Habana y junto a las que Colombia ha estrechado vinculos. La obra de Tania Bruguera, titulada Untitled (Havana, 2000), que articula performance en vivo y proyecciones de Fidel Castro, aludiendo a "los fusilados" por la Revolución, fue suspendida en la Séptima Bienal de La Habana del año 2000 tras durar apenas un día expuesta. La pieza estaba montada en la fortaleza de La Cabaña y fue vetada por las propias instituciones del régimen. Años después, durante el performance El Susurro de Tatlin #6, las autoridades incautaron el material fílmico de la artista y le impidieron instalar un micrófono abierto en la Plaza de la Revolución para que la sociedad opinaran sobre el futuro del país. Dado su trabajo y activismo, Bruguera ha sido detenida y encarcelada varias veces, y finalmente dejó Cuba en 2021. El hecho de que una de las artistas de mayor proyección internacional fuera expulsada de la isla refleja que la Bienal de La Habana, precisamente uno de los festivales en los que el gobierno Petro inscribe su presencia institucional, no es neutral, sino un espacio que opera bajo una lógica de vigilancia política y que excluye a las voces disidentes.
La participación de instituciones públicas y artistas nacionales en las ferias y festivales de La Habana deben leerse de manera precavida y alerta, dado que al ser invitado de honor, donar libros y presentar producciones nacionales, el país ofrece al régimen una vitrina de normalidad, legitimidad y prestigio internacional que difiere directamente de la realidad de persecución y represión que enfrentan los intelectuales y artistas en la isla. Es importante mencionar que el ICL, UNEAC y el Ministerio de Cultura de Cuba organizan plataformas que, en la práctica son lugares de selección acrítica y reivindicación política del régimen. Por ende, el intercambio editorial y audiovisual entre ambos países plantea interrogantes sobre la falta de reconocimiento y apoyo a las víctimas del régimen, pues no hay registro de ningún documento oficial donde el gobierno Petro se haya pronunciado respecto a la situación de los escritores, productores y artistas cubanos.
A la luz de lo anterior, la diplomacia intercultural impulsada por el gobierno Petro hacia La Habana no es un intercambio simétrico entre pares democráticos. Los espacios donde se inscribe la presencia institucional colombiana, la Bienal, Cubadisco, el Festival de Nuevo Cine, la Feria del Libro, son una vitrina que el régimen utiliza para proyectar una imagen de normalidad y apertura ante el mundo, precisamente mientras persigue, encarcela y exilia a sus propios artistas. Al sumar legitimidad, recursos y prestigio a dicha instituciones, el gobierno nacional favorece el intercambio no democrático y ayuda a limpiar imagen de una dictadura. La diplomacia, así ejercida, deja de ser un puente entre pueblos para transformase en un instrumento al servicio de la propaganda del régimen que la recibe.