Indicadores de elecciones y sistema político cubano

Por: Jorge I. Domínguez

Junio 2020

Vistas

Los procedimientos que rigen las elecciones nacionales en Cuba han sido diseñados para garantizar la continuidad de un régimen político autoritario. Sin embargo, un modesto proceso de liberalización electoral comenzó en 2013, en vísperas de la selección de Diputados para la Asamblea Nacional. Este artículo presenta el contexto electoral cubano y ofrece indicadores electorales que revelan esta leve liberalización, que fue probablemente una decisión del Presidente Raúl Castro.

Después de la victoria revolucionaria en 1959, el gobierno procedió a gobernar sin convocar a elecciones nacionales hasta la adopción de una nueva Constitución de la República en 1976. Entre 1959 y 1976, el Consejo de Ministros fungió simultáneamente como el órgano ejecutivo y el órgano parlamentario del país. La Constitución de 1976, así como la Constitución de 2019, ambas en su Artículo 5, establecen un régimen político en el que solamente el Partido Comunista de Cuba (PCC) es legal. A partir de 1976, la ley electoral autorizó elecciones directas por parte de los ciudadanos solamente para las asambleas municipales. A su vez, estas seleccionaban a los Diputados para la Asamblea Nacional, partiendo de una lista propuesta por una comisión de candidaturas, cuyos miembros provenían de organismos oficiales bajo la orientación del PCC.

El derrumbe de la Unión Soviética y de los regímenes comunistas europeos impulsó una modesta reforma de la Constitución y de la ley electoral en 1992. Desde entonces, la ciudadanía ha votado directamente por delegados municipales y por Diputados de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la ley exige que el número de candidatos a Diputados sea idéntico al número de escaños parlamentarios por seleccionar; la ley electoral vigente retiene este mandato. Este diseño electoral para Diputados emula al de la antigua Unión Soviética.

Por tanto, los indicadores electorales normales de otros países no son pertinentes para el caso cubano. No hay más que un solo partido. No hay más que un candidato a Diputado por escaño. No hay campañas electorales para la propuesta y divulgación de programas y proyectos de ley. Sin embargo, hay algunos indicadores electorales que permiten seguirle la pista a un lento y leve proceso de liberalización electoral.

 

La ley electoral de 1992 y su aplicación

La ley electoral no exige la votación obligatoria. Sin embargo, desde 1976, en el ámbito municipal, y desde 1992, en el ámbito nacional, las organizaciones oficiales han montado una eficaz movilización para que todos concurran a las urnas. La abstención electoral puede surgir por diversos motivos –enfermedad, cuidado de niños o ancianos, etc.–, pero también puede manifestar un descontento político. La disminución de la efectividad de la movilización, y el crecimiento del descontento, pueden converger para reducir la tasa de participación electoral. En un régimen democrático competitivo, la baja participación electoral es indeseable; en un régimen autoritario, puede reflejar una leve liberalización política.

La misma ley electoral exige que los candidatos a Diputados de la Asamblea Nacional se agrupen por distritos electorales, con un mínimo de dos escaños por distrito para seleccionar un número idéntico de candidatos. Todos los candidatos ganan su curul, pero el votante retiene cuatro opciones al llegar a las urnas. Puede apoyar el “voto unido”, es decir, marca un prominente círculo en la boleta que indica que todos los candidatos reciben su aval; sin embargo, el ciudadano puede votar “en blanco”, anular su boleta, o indicar un voto selectivo. El voto es selectivo cuando el votante apoya al Candidato A, pero no al Candidato B. Los informes oficiales reportan el voto selectivo solamente como porcentaje de los votos válidos, que excluyen las boletas en blanco y las anuladas; en el Cuadro 1, las tres opciones se calculan con relación al número de votantes que acude a las urnas, es decir, con un denominador consistente.

Desde la elección nacional de 1993 hasta la del 2008, las entidades oficiales promovían el voto unido. Por ejemplo, antes de la elección de 2008, el periódico oficial del PCC, Granma, desplegaba un cintillo, “Llama la CTC (Central de Trabajadores de Cuba) al voto unido”. El cintillo de Granma posterior a esa elección fue: “¡Triunfó el voto unido!”. El PCC desarrolló campañas para presionar en pro del voto unido en todo el territorio hasta la elección del 2008; a partir del 2013, se aplicó menos presión a favor del voto unido, aunque probablemente persistan tales campañas en zonas rurales y en las provincias orientales. La preferencia oficial sigue siendo a favor del voto unido, sin embargo. Por tanto, si bien ha sido legal ejercer las otras opciones, la suma del voto en blanco, el voto anulado, y el voto selectivo identifica un voto inconforme con las consignas y preferencias oficiales.

Fidel Castro ejerció como primer secretario del PCC y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros hasta su ingreso en un hospital en agosto de 2006. Raúl Castro ejerció, primero, como substituto y eventualmente lo reemplaza como presidente en 2008 y primer secretario en 2011. Fidel retuvo poder hasta su muerte en 2016, pero su incidencia sobre elementos importantes del sistema político disminuyó paulatinamente. Observaremos cambios en los indicadores electorales solamente después de que Raúl Castro asumió todas esas responsabilidades, es decir, a partir de la elección de Diputados en 2013. Es razonable presumir que él decidió permitir esta modesta liberalización.

Los indicadores electorales

El Cuadro 1 provee los indicadores electorales que permiten constatar una modesta liberalización electoral: el por ciento de participación electoral municipal y nacional; y las votaciones en blanco, anuladas, selectivas e inconforme en las elecciones de Diputados para la Asamblea Nacional. Se presentan los datos nacionales y para la ciudad de La Habana.

La tasa de participación electoral es muy similar, alta, y casi invariante para las elecciones municipales y nacionales, tanto para la votación nacional como en La Habana, hasta la elección municipal de 2012 y la nacional de 2013. Cae la tasa de participación en las elecciones municipales de 2015 y 2017, tanto para el país como para La Habana, pero la caída es muy superior en La Habana; cae también en las elecciones nacionales a partir de 2013 e igualmente su desplome es mucho mayor en La Habana.

La votación en blanco es notablemente estable en todas las elecciones nacionales, tanto para el país como para los habaneros. La proporción de boletas anuladas es también estable y baja, excepto en las elecciones de 1993 cuando una fracción importante del electorado, sobre todo en La Habana, ejerció esta opción para protestar contra la ley electoral y las terribles circunstancias políticas y económicas del país, que siguen al derrumbe de la Unión Soviética. Las boletas en blanco y las anuladas se deben interpretar como un rechazo de estos procesos electorales.

El voto selectivo demuestra poco arraigo en los 1990s, aumenta en los 2000s y adquiere más importancia a partir de 2013. Tanto en el país como en La Habana, el voto selectivo se dispara entre las elecciones de 2008 (la última cuando se presionó en pro del “voto unido”) y 2013; y se consolida en la elección de 2018. El voto selectivo implica un desacuerdo con algunas postulaciones, pero no un rechazo del sistema electoral, sino que indica una disposición a votar por algún candidato. Es una oposición leal.

El voto inconforme es marcadamente estable entre 1993 y 2008, excepto en La Habana, en 1993, donde refleja una protesta. En 2018, el voto inconforme representó la cuarta parte del electorado nacional y casi la tercera parte del electorado habanero. La Habana es menos propensa a obedecer las consignas oficiales según todos los indicadores en todos los años: menor tasa de participación, con más boletas en blanco, anuladas, selectivas y, por tanto, más inconformes. El voto inconforme combina las modalidades de rechazo y de oposición leal para caracterizar el desacuerdo electoral con el oficialismo. La posibilidad de manifestarlo representó la liberalización electoral bajo Raúl Castro.

¿Perspectivas?

La dirección nacional del PCC ha resistido un cambio que se podría realizar aun reteniendo un régimen de partido único. Desde 1976, la ley electoral exige que se presenten no menos de dos candidatos por escaño a elegir para las asambleas municipales. La ley establece también otros controles. Se prohíben las campañas electorales; solamente los órganos oficiales pueden distribuir propaganda. Todo candidato carece del derecho de confeccionar y publicar su resumen biográfico; tal biografía se publicita exclusivamente por las autoridades oficiales. Nadie puede por sí solo postular su candidatura; estas surgen de asambleas convocadas por las autoridades. A pesar de esas y otras restricciones, las elecciones municipales permiten que los votantes seleccionen entre dos o más personas.

Un procedimiento similar podría aplicarse para las elecciones nacionales. La curiosa ley electoral cubana facilita tal cambio, ya que exige la agrupación de candidatos a Diputados en distritos electorales. Se transitaría del voto selectivo al voto competitivo, se presentan dos candidatos en un distrito, como ya ocurre, pero entonces para competir por una sola curul. Un candidato gana, otro candidato pierde. Todos jurarían su lealtad política al PCC. Tal cambio no constituye una transición democrática, pero sería un paso de liberalización más allá que permitir el aumento del voto selectivo.

Desde la elección de 2018, con cambio de título en 2019, Miguel Díaz-Canel ocupa la presidencia de Cuba. Es posible que sustituya a Raúl Castro en el Congreso del PCC que debe convocarse para 2021. ¿Seguirá el rumbo de Raúl Castro, bajo su mismo lema de modificaciones en política económica, “sin pausa, pero sin prisa”? ¿Aprenderá Díaz-Canel de Vietnam? En Vietnam, el número de candidatos al parlamento es casi el doble del número de escaños a elegir, al mismo tiempo que, Vietnam, retiene un régimen político de partido único.

En mayo de 2018, Cuba rindió su informe caracterizando la situación de Derechos Humanos en el país frente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Reportó que, gracias a “los resultados de las últimas elecciones generales”, que consagran el ascenso de Díaz-Canel, “se pudo constatar el funcionamiento de las instituciones democráticas de la Mayor de las Antillas”. Es cierto que se constató el funcionamiento de las instituciones en Cuba. Lástima que sigan apuntalando un régimen autoritario.

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