* Abogado venezolano UCAB 1990. Ex Rector de la Universidad de Margarita. Ex integrante del Consejo Nacional de Universidades de la RB de Venezuela. Profesor universitario. Magister en Historia. Especialización Derecho Administrativo Unimar 2010. Convalidado para ejercer como abogado en estrados en Colombia -ULaGranColombia 2016-. Presidente de la Asociación Migrantes de Venezuela -AsoVenezuela-. Consejero al Consejo Distrital de Participación Ciudadana de Bogotá por los Migrantes 2019. Reconocido como refugiado en Colombia.

​

En la República Bolivariana de Venezuela la precaria institucionalidad del país no ha variado. Existen dos realidades paralelas diferenciadas por la forma en cómo se presenta el ejercicio del poder y el control militar del territorio y de la población. Por un lado, se encuentra la institucionalidad del sistema que responde al presidente Maduro y, por otro lado, en frente de esta realidad, hace presencia un entramado institucional ciertamente reconocido mundialmente -pero muy frágil- dirigido por el ingeniero Juan Guaidó. En el medio de las dos realidades se encuentra la población venezolana, que pasa buena parte de su día a día dedicada a conseguir comida, gas doméstico, agua, medicinas y gasolina.  Esa gesta diaria le ocupa buena parte de su existencia. No hay tiempo ni mayor ánimo para otra cuestión.

​

En Venezuela, dos poderes públicos se encuentran enfrentados. El Ejecutivo y el Legislativo. En esa grave diatriba diaria, el Ejecutivo se vale de la tutoría de un ente colegiado de dudoso origen, denominado Asamblea Nacional Constituyente, y del Poder Judicial para hacer ver  como si nada malo ocurriera realmente, un estado socialista centralizado, militar, con soporte judicial de gobierno.  Por su parte, el Poder Legislativo, impedido por casi todo lo imaginable y reconocido ampliamente por muy buena parte de los gobiernos del mundo, procura resistir, pero está impedido de gobernar. No tiene control alguno sobre la fuerza armada y sobre el territorio nacional.

​

"en el medio de las dos realidades se encuentra la población venezolana, que pasa buena parte de su día a día dedicada a conseguir comida, gas doméstico, agua, medicinas y gasolina"

​

En el medio de esa situación, la población venezolana aún aprecia como solución inmediata: huir. Esa masiva huida diaria -que ya dura una década- deja como saldo en aumento a padres y abuelos desprovistos de protección pensional, incomunicados por la deficiencia de la conectividad a internet y en espera de algún desenlace que siempre tarda en llegar.  Venezuela está llena de ciudades con padres y abuelos huérfanos de hijos y nietos.

​

No se respetan los derechos humanos y las libertades civiles de los venezolanos

Es reiterado leer que día a día se empeora y agrava la terrible situación humanitaria del pueblo venezolano.  Es una verdad insoslayable. Así, el estado socialista centralizado, militar, con soporte judicial de gobierno en Venezuela favorece con su actuar que los miembros de la Asamblea Nacional no puedan llevar a cabo su trabajo político sin temor a represalias o castigos.  Ese actuar represivo promueve, además, que el opositor sea tenido por delincuente confeso y, por ello, sea perseguido, detenido, incomunicado y sometido a juicios penales interminables sin mayores garantías procesales. Esta gravedad de trato hacia el opositor se extiende a los defensores de los perseguidos, por lo que ejercer como abogado en Venezuela no está garantizado. En algunos casos, son perseguidos y judicializados el líder opositor y su equipo de defensa.

​

La restricción de libertades, en general, que se instaló en Venezuela, favorece también la limitación de la libertad de los medios de comunicación, los cuales son considerados opositores y también resultan siendo perseguidos. Dejar de informar es el costo que supone restringir a los medios de comunicación. Por ello, las redes sociales han asumido un rol de comunicación e información con mayor auge en los últimos años. Estos eventos y situaciones favorecen un “estado de cosas” de difícil soporte que se traslada y concreta en la generalidad de la población venezolana como razón suficiente para huir del país al costo que sea, aun cuando suponga esto poner en peligro la vida con tal de alcanzar la frontera y salir de Venezuela.

​

"ese actuar represivo promueve, además, que el opositor sea tenido por delincuente confeso y, por ello, sea perseguido, detenido, incomunicado y sometido a juicios penales interminables sin mayores garantías procesales"

​

2020 un año de más desafíos migratorios en Colombia

Así, llegamos al 2020, comprendiendo que habrá en Colombia mayores desafíos migratorios, apreciando que el ingreso de venezolanos no se detendrá y que las condiciones en Venezuela que promueven el masivo y constante flujo de personas no han variado, ni cambiarán en lo próximo. Al estado socialista centralizado, militar, con soporte judicial de gobierno venezolano le “agrada” que la gente huya. Que se vaya. Su consideración sobre la población es “si no te gusta vivir aquí, puedes irte”.

​

La mayoría de los venezolanos que ingresan a Colombia -por lo general en muy malas condiciones físicas- lo hacen buscando atención médica, acceso a la comida y promoviendo con el mayor esfuerzo un cambio radical en su modo de vivir.  A todo este panorama se le suma el hecho de que más de la mitad de los que huyen de Venezuela lo hacen a pie y sin pasaporte -sin documento de identidad-. Respetadas agencias internacionales insisten en afirmar que estaremos ante cifras de hasta 5 millones de personas migrantes forzosas y refugiadas para fines del año 2020, cantidad que podría aumentar -por el efecto de la pandemia, entre otros- hasta superar los 6.5 millones.

​

Buena parte de los países receptores de migrantes venezolanos han desarrollado mecanismos temporales de regularización -permisos que promueven identidad-, pero que no favorecen de manera asertiva la inclusión de la migración venezolana en los diferentes sectores económicos de los países receptores. Sin embargo, el promover permisos temporales no es realmente efectivo para el desarrollo de políticas públicas migratorias orientadas a la acogida e integración de la población proveniente de Venezuela. En Colombia, se cuenta con un documento de planeación de alto valor institucional, producto de sesudos análisis y de una gestión del conocimiento irrepetible: el denominado Conpes 3950. Su eficacia como plan general y la inclusión productiva de los migrantes venezolanos van de la mano con la medida del fortalecimiento de la identificación del migrante, de la simplificación y mejor trato en la política nacional de otorgamiento de visas, el favorecimiento del emprendimiento y la gestión empresarial, el ingreso al sistema de salud y la comprensión biocultural.

​

"más de la mitad de los que huyen de Venezuela lo hacen a pie y sin pasaporte"

​

Consideramos que, si hay acuerdos latinoamericanos de muy alto nivel para respaldar el cambio de la institucionalidad en Venezuela, es preciso promover -quizás como régimen legal único- una norma supranacional que promueva una robusta identidad del migrante venezolano, que sea su llave para el establecimiento en el país de acogida.  Es sabido que, en Venezuela, la “política de Estado” en cuanto a identificación es precisamente no favorecer la identidad del venezolano ni mucho menos promover la simplificación de trámites para la obtención de documentos que comprueban el estado civil, la acreditación académica, la filiación, entre otros. En Venezuela, actualmente no es posible, sin pagar sobretasas, obtener alguno de los siguientes documentos: pasaporte, certificaciones de actas de nacimiento, certificaciones de matrimonio, sentencias de divorcio, certificaciones de unión marital de hecho, apostillas, entre otros.  Y es que esas sobretasas o pagos extras van seguramente directo a funcionarios públicos venezolanos que alimentan o contribuyen de forma eficaz al inmenso sistema de corrupción oficial que convive y permea actualmente a la nación venezolana.

​

El migrante venezolano en Colombia se siente en su casa

Adicionalmente, a pesar de la hermandad y la vecindad geográfica, las diferencias afloran, pero no impiden la integración. Usualmente, el migrante venezolano hace muy rápidamente a Colombia su casa, su hogar y su santuario de protección. Muchos autores han escrito sobre las diferencias de lenguaje, de usos, formas, modos y visiones, pero la verdad es que Colombia ha acogido a los migrantes venezolanos como solo una verdadera patria lo hace. Gracias.

​

En general, Colombia es la principal afectada y obligada por esta ingente migración venezolana.  Es cierto que el número de personas que sale de Venezuela seguirá aumentando al tiempo que disminuirá su deseo de regresar, enfrentando a Colombia, en especial, a nuevos retos. Convencidos estamos que, para Colombia, existe un deber ineludible de proteger a los habitantes migrantes venezolanos, pero es prioritario que ese deber se favorezca con un enfoque más amplio que el de una situación migratoria temporal.  Hemos siempre sostenido que no es temporal, que en muchos casos puede ser definitiva. En la medida en la que apreciemos a la migración venezolana como parte de los habitantes de Colombia, su localización y su incorporación a la vida productiva será más ágil.  Un buen ejemplo a seguir es el fenómeno que ha ocurrido en colegios y universidades, el proceso de integración y adaptación allí es óptimo y muy favorable.

Es por eso por lo que dejamos a modo de conclusión algunas acciones que pueden promover esta incorporación:

​

• Aplicar extensivamente el reconocimiento de la condición de refugiado a los migrantes venezolanos.

• Reconocer que la apostilla es un documento de difícil obtención en Venezuela, por lo que se deben favorecer mecanismos alternos que suplanten a la apostilla.

• Gestionar la incorporación efectiva de los profesionales migrantes venezolanos localizados en Colombia. Bastaría para ello simplificar el proceso administrativo de homologación de credenciales académicas.

• Posibilitar el acceso a la oferta de visas actual, comprendiendo que muy buena parte de los migrantes venezolanos tienen vocación de localizarse, residenciarse e invertir en Colombia.