"Exprópiese y cúmplase"

Vistas

Por:  Stephany Castro           

Abril  2019

Con la llegada de la Revolución en 1959 se estableció el rumbo agrícola que debía tomar la economía del país para regenerar la sociedad desgastada que había dejado la dictadura de Fulgencio Batista. Bien lo decía Fidel el 13 de marzo de 1963, mientras se conmemoraba el VI aniversario del asalto al Palacio Presidencial, “la agricultura necesitaba brazos” para hacer progresar al país. Brazos y tierra, porque Cuba debía subsanar el legado acumulador que habían dejado las empresas norteamericanas que, para la Revolución, fueron quienes junto a Batista y la elite extranjera terrateniente socavaron los medios económicos propios de los campesinos, apropiándose de su tierra y explotándolos laboralmente. Todo por lo que habían luchado y lo opuesto a la Revolución estuvo representado en el capital de las multinacionales Shell, Texaco, los mercados Minimax, y otras empresas internacionales con sede en Cuba que fueron intervenidas como primer acto del gobierno revolucionario.

 

Cabe resaltar que aunque no era propiamente el presidente, Fidel lideraba y representaba la causa de la Revolución y el triunfo de la misma; él era una especie de padre al que, además de obedecer, había que rendirle cuentas. Por eso, el 6 de julio de 1960, bajo la atenta revisión de Castro, el presidente Osvaldo Dorticós firmó la ley 851 que formalizaba la expropiación “legítima” de las propiedades norteamericanas establecidas en territorio nacional de la isla. Pero más que una expropiación impulsada por el espíritu antiimperialista de la Revolución, la norma también buscaba sentar las bases de la nueva sociedad agrícola que se pretendía formar en Cuba, una sociedad que ayudara a sostener económicamente los objetivos y que encajara en los estándares revolucionarios.

 

Sin embargo, esta no fue la primera acción legal de confiscación de bienes en Cuba, ya el 17 de mayo de 1959 se había firmado la Primera Ley de Reforma Agraria que buscaba “estabilizar” la situación de desigualdad y la explotación laboral al campesinado que había imperado en el periodo anterior. Antes, el 1,5% de los propietarios poseía más del 46% del área nacional en fincas, y para la Revolución esos propietarios eran la elite extranjera y las compañías norteamericanas que dominaban la producción agrícola de arroz, cítricos, café, tabaco, entre otros productos. Entonces, con dicha ley se confiscarían las propiedades de más de 400 hectáreas para ser nacionalizadas y redistribuidas entre numerosos campesinos que la cultivaran. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores agrícolas quedaron por fuera porque, al no tener la categoría de campesinos, eran considerados simples “jornaleros” que todavía no podían acceder a la tierra.

 

Luego, con la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria –INRA- (1959) y la Segunda Ley de Reforma Agraria (1960), se endurecieron las medidas contra los latifundistas extranjeros y la elite cubana “capitalista”, y las nuevas normas de expropiación limitaron la propiedad a 33 hectáreas. La Segunda Ley fue la que terminó casi que totalizando la propiedad de la tierra cubana en manos del gobierno, haciéndolo dueño de las grandes extensiones de cultivos de caña, tabaco y otros productos agrícolas predominantes en la isla. Y luego, con la ley 851 de 1960, se terminó de formalizar el statu quo del gobierno como gran propietario en otros sectores económicos de Cuba. Podría decirse que las leyes que pretendieron erradicar el latifundio y la acumulación de tierra concluyeron centralizando la propiedad (productiva) en el gobierno revolucionario, que ahora era el gran latifundista del país.

 

Fue así como la Compañía Cubana de Electricidad terminó siendo intervenida para pasar a manos del Estado, convirtiéndose en una empresa poco eficiente con apagones constantes que perjudicaban a toda la población. Además de ella, gracias a la ley 891 del 60, también fue nacionalizada e intervenida toda la banca extranjera en territorio cubano, y se les quitó cualquier posibilidad de recuperar capital con el cambio de moneda que vino al año siguiente.

 

La expropiación, entonces, se convirtió en una especie de exilio a todos los inversores extranjeros con propiedades en la isla y se concretó en el absurdo y ofensivo plan de indemnización a 50 años que estableció, y nunca pagó, el gobierno revolucionario. Con todo ello, el 80% de la capacidad industrial y más de 350 empresas extranjeras establecidas en Cuba pasaron a manos del gobierno, encabezado, además de Fidel, por otros revolucionarios como Ernesto “Ché” Guevara. El Ché fue nombrado director del Banco Nacional y también del Departamento de Industrialización adscrito al INRA, y durante su dirección se estableció la fuerte necesidad de crecimiento y diversificación de la industria cubana para sostener económicamente la Revolución. Pero aunque esas ideas sustentaron las leyes de expropiación y se basaron en facilitar el surgimiento de nuevos cultivos que proveyeran la industria nacional y las necesidades de gasto en la isla, nunca se logró satisfacer a totalidad el consumo agrícola de la sociedad cubana. Incluso, hoy muchas tierras permanecen improductivas y la isla tiene que importar azúcar. 

 

De todo lo anterior podría decirse que, más que por algún mandato legítimo democrático, la expropiación en Cuba se dio por imposición del gobierno castrista, y aunque los fundamentos se basaron en mejorar la calidad productiva y el acceso a la tierra para los campesinos, las normas no favorecieron a la mayoría de los trabajadores agrícolas (campesinos) por no ser considerados como tal. Así, el sustento de la ley que era recuperar la tierra acumulada en manos de latifundistas privados para dársela a los campesinos que mejoraran la producción, nunca se cumplió. La expropiación solo acabó por cambiar de manos la tierra, porque al centralizar la propiedad en el gobierno revolucionario este se convirtió en el gran latifundista del país sin mejorar los rendimientos productivos. Entonces, la producción centralizada pasó de la elite extranjera a la elite revolucionaria, que también estableció sus propios medios de explotación - aún más crueles- con lo que serían las posteriores Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP). 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

SEMILLERO DE ESTUDIOS SOBRE CUBA

CALLE 74 # 14-14

INFORMACIÓN: 57 1 3258181

LÍNEA GRATUITA: 01 8000 110414