Marthadela Tamayo González es una destacada activista cubana en materia de derechos humanos, justicia racial y género. Ha desarrollado una trayectoria sólida al frente de organizaciones como el Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR) y el Grupo de Observadores de Derechos Electorales (ODE). Su trabajo ha estado marcado por un enfoque interseccional que articula las luchas antirracistas, feministas y por la participación política en un contexto represivo. Ha sido víctima de múltiples formas de hostigamiento por parte del Estado cubano, razón por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares junto a su familia. En 2024, fue reconocida internacionalmente con el Premio de Derechos Humanos y Estado de Derecho otorgado por los gobiernos de Alemania y Francia.

 

La presente entrevista busca profundizar en su experiencia como defensora de derechos humanos en Cuba, destacando los retos que enfrenta el activismo independiente en regímenes autoritarios y las estrategias que ha impulsado para visibilizar las desigualdades estructurales. Desde una perspectiva situada y con interés particular en el cruce entre género, raza y disidencias, esta conversación se enmarca en un ejercicio académico de análisis comparado sobre derechos humanos en América Latina, con énfasis en las experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en contextos de alta restricción democrática.

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DDG: Desde hace casi dos décadas has estado vinculada a procesos de defensa de derechos humanos en Cuba, particularmente en comunidades con altos niveles de vulnerabilidad social. ¿Qué factores específicos motivaron tu decisión de involucrarte en este tipo de activismo, y cómo influyó tu entorno en la construcción del mismo?

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MT: Exactamente, ya casi dos décadas trabajando y vinculada a los temas de defensa de los derechos humanos dentro de mi país. En todos estos años han sido varios los proyectos que he acompañado y animado junto a otros activistas, artistas, periodistas y organizaciones políticas. Pero es en el CIR, el Comité Ciudadano por la Integración Racial, donde, con el trabajo constante desde el programa Di.Verso que se enfoca mayoritariamente en el fortalecimiento de la ciudadanía en barrios, asentamientos poblacionales o los llamados “llega y pon”, barrios en situación de marginalidad y pobreza extrema—, el trabajo en valores con niñas, adolescentes, niños y mujeres fue lo que me llevó a tomar esta decisión de trabajar y defender los derechos de las mujeres vulneradas. Hablar y trabajar desde un enfoque de defensa constante ante las distintas manifestaciones de violencia de género, y también una violencia muy marcada en la isla, que es la violencia política. Esa que ejerce el Estado contra mujeres que, como siempre decimos, lo único que desean es ser parte de la vida pública y política del país.

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El trabajo dentro del CIR, con su otro programa, ODE, Observadores de Derechos Electorales, también fue otra parte que me motivó y me llevó a trabajar en la defensa de los derechos electorales dentro de la isla. Esto lo iniciamos desde su fundación en 2017, cuando recibimos capacitaciones en la región sobre temas de observación electoral en países como Colombia, Costa Rica, Honduras, Argentina, y con el acompañamiento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con su capítulo CAPEL, y con Transparencia Electoral y DemoAmlat. Todo lo que aprendimos en esos años de formación técnica con estos expertos en la región, lo trajimos a la isla y lo pudimos implantar y adaptar a nuestra realidad. Participamos en procesos de observación como el del Código de las Familias en 2022, el referéndum constitucional en 2019, observaciones a procesos de asambleas municipales de delegados y diputados, y el más reciente, el de rendición de cuentas en 2024. También es importante mencionar que todos estos temas de defensa electoral se trabajaron mucho en el proyecto Otro 18, que buscaba una reforma política y en la ley electoral cubana, así como potenciar las candidaturas independientes.

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DDG: La carrera que desempeñabas en la docencia fue interrumpida tras tu expulsión en el año 2013 por ejercer activismo ¿Cómo impactó esa experiencia en tu vida personal y en tu trayectoria como defensora de derechos humanos? Y ¿qué obstáculos consideras que enfrentan las personas activistas en entornos educativos y laborales en Cuba?

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MT: El primer impacto fue frustrar totalmente mi carrera como educadora, porque soy graduada de Licenciatura en Educación con mención en Lenguas Extranjeras, en este caso Inglés. Me expulsaron del centro de trabajo por el simple hecho de pensar diferente. En el acta de expulsión, después del análisis que se hizo en la dirección de la escuela secundaria básica Rubén Martínez Villena, escribieron literalmente que “no podían tener en las aulas a una docente que se vinculaba con desafectos al sistema” y que yo “no cumplía con los requerimientos necesarios para trabajar dentro del sistema y el sectorial de Educación”. Me expulsaron, y muchas cosas en mi vida cambiaron. Dejé de ser una joven que empezaba su carrera como maestra, como pedagoga una carrera que elegí por voluntad propia y vocación porque me gusta mucho la pedagogía. Si volviera a nacer, sería educadora nuevamente.

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Pasé de eso a trabajar desde mi casa vendiendo alimentos como dulces, pasteles, refrescos y otras cosas a muy bajo precio, solo para poder sustentar a mi hijo, que en ese momento tenía 4 años. Al mismo tiempo, seguía ejerciendo como activista y defensora de derechos humanos, así que tenía que combinar esa ecuación, algo muy difícil en un contexto tan cerrado y bajo un régimen totalitario como el cubano. Además, una vez que te conviertes en una persona crítica, que confronta lo que el Estado no cumple, ya no te vuelven a contratar en ninguna otra empresa ni puesto estatal. En Cuba, apenas eso pasa, te catalogan de “contrarrevolucionaria”, así, con esa palabra. Entonces, decidí trabajar por cuenta propia, aunque también ha sido muy difícil.

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Desde ese momento hasta hoy ya en 2025 he dedicado casi la mitad de mi vida a la defensa de los derechos humanos en mi país. Siempre desde el trabajo comunitario, acompañando a mujeres violentadas, en la defensa de derechos electorales, y también desde el trabajo que hacemos con artistas de rap y artistas visuales, a quienes acompañamos desde Di.Verso en esta labor.

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DDG: A partir de tu experiencia con el ODE, ¿qué hallazgos destacarías sobre las dinámicas de participación ciudadana y rendición de cuentas en procesos como el referendo constitucional de 2019 o el Código de las Familias en 2022? ¿Cuáles son los principales obstáculos técnicos, logísticos y de seguridad que enfrentan quienes intentan hacer monitoreo electoral desde la sociedad civil en Cuba?

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MT: Por un lado, en cuanto a los principales obstáculos, no tanto técnicos como logísticos, que enfrentamos en Cuba con el trabajo de defensa de los derechos electorales desde la sociedad civil es que el Estado no permite la observación internacional. No la autoriza en ninguna circunstancia. Toda la observación que hemos hecho desde ODE, Observadores de Derechos Electorales, ha sido una observación nacional, doméstica, desde lo ciudadano. Y, aun así, siempre hemos enfrentado mucha represión cada vez que participamos en estos procesos.

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A pesar de tener bien claros los procedimientos que debe seguir una observación electoral y de actuar desde lo que siempre llamamos un monitoreo ciudadano puro, lo que parte de lo que vive y dice la gente, hemos sido constantemente perseguidas. Trabajamos con metodologías basadas en estándares internacionales de observación y veeduría, porque además hemos participado como observadoras en procesos en países como Colombia, Argentina, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Honduras. También nos hemos formado con organizaciones como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su capítulo CAPEL, y con Transparencia Electoral y DemoAmlat.

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Hemos traído toda esa experiencia y ese conocimiento a la isla, pero el Estado cubano simplemente ignora todo lo que proponemos desde la sociedad civil. Aun así, nosotras sabemos que esto es un derecho ciudadano. Lo que hacemos no lo hacemos en secreto, aunque nos haya costado una alta cuota de represión en estos ocho años que llevamos desarrollando este trabajo.

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A pesar de todo eso, creo que hemos avanzado. El simple hecho de sostener este proyecto y hacerle frente a tantas barreras ya es una forma de resistencia. Y aunque no se nos reconozca formalmente, seguimos apostando por visibilizar lo que pasa con los procesos electorales en Cuba.

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Por otro lado, hemos tenido avances importantes desde la observación de derechos electorales. Uno de los ejercicios más significativos fue el referéndum del 24 de febrero de 2019, donde logramos desplegar al menos 85 observadores electorales y colaboradores distribuidos en las 15 provincias del país. Este ejercicio se desarrolló desde una red robusta de derechos electorales y tuvo tres objetivos principales. Primero, vigilar que cada elector tuviera la oportunidad de ejercer su derecho al voto, ya fuera para aprobar o rechazar la propuesta del referendo. Segundo, que nuestros observadores pudieran estar amparados por la ley electoral cubana para participar en los procesos de escrutinio. Y tercero, que ninguna persona fuera excluida del registro electoral, ya que teníamos información previa, gracias a colaboradores, de que muchas personas estaban siendo eliminadas del padrón sin justificación.

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Este ejercicio de observación en 2019 generó mucha incomodidad en el régimen. Por ejemplo, tuvimos dos observadores en el municipio de Antilla, Holguín, que estuvieron casi 72 horas detenidos por ejercer ese derecho ciudadano. A pesar de ello, logramos avanzar en la práctica y en la articulación de redes.

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Luego, en el año 2022/2023, observamos las elecciones municipales del Poder Popular el 26 de marzo, y también las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ambos procesos detonaron una fuerte represión por parte de la Seguridad del Estado, tanto en los días previos como posteriores a las votaciones. Esto se debe, en parte, a que se registraron los niveles de abstención más altos en la historia de las elecciones del Poder Popular en Cuba. El gobierno no quería sentirse observado por nuestra labor de monitoreo ciudadano —como siempre decimos, un monitoreo puro—, y su respuesta fue una represión constante.

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A pesar de todas las acciones de proselitismo del Estado para incentivar la participación, especialmente en las elecciones municipales de 2022, los resultados marcaron una tendencia clara de abstención, junto con un número elevado de votos nulos y en blanco. Desde nuestra observación electoral independiente, en colaboración con Transparencia Electoral y su capítulo DemoAmlat, solicitamos al Consejo Electoral Nacional, con sede aquí en el Vedado, La Habana, una auditoría independiente. Esta solicitud fue dirigida a Alina Balseiro, presidenta del órgano electoral, para que fueran transparentes con los datos que estaban presentando públicamente.

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Aunque la ley electoral cubana reconoce el derecho de la ciudadanía a estar presente en los escrutinios, lo cierto es que la permisibilidad para ejercer esta observación ha sido prácticamente inexistente. En estos ocho años de trabajo, lo que hemos experimentado es la represión sistemática de la Seguridad del Estado y la Policía política, que impiden que la ciudadanía ejerza libremente este derecho.

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En cuanto a las Asambleas de Rendición de Cuentas, según la legislación cubana, debieron celebrarse en 2023. Sin embargo, el gobierno las aplazó en octubre de ese año y luego las suspendió nuevamente en enero de 2024. Es decir, las suspendieron dos veces sin razones de fuerza mayor que lo justificaran. Varias organizaciones de la sociedad civil entre ellas el ODE, como red de observación presentamos reclamos ante estas decisiones, porque entendíamos que al no celebrarse estas asambleas se le estaba negando a la ciudadanía el único espacio formal donde podía expresar sus preocupaciones, dolencias y propuestas, y así exigir respuestas a los problemas que afectan su calidad de vida. Esta omisión representó una violación generalizada de los derechos humanos.

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La periodicidad de estas asambleas está establecida en el artículo 101, inciso c, de la Constitución, consignado como deber por el artículo 195 y regulado por la Ley 132, que define la organización y funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular. Aun en los peores momentos de la pandemia por la COVID-19 no se suspendieron estos espacios. Pero en este caso, su suspensión respondió únicamente a cálculos políticos del gobierno, ignorando los tiempos institucionales de la representación. Una representación democrática genuina escucha más, no menos, en tiempos de crisis. Negarse a la deliberación ciudadana es atentar contra aquellos a quienes se dice representar.

Este espacio de participación directa es aún más importante en Cuba, porque los órganos locales son la única instancia en la que las personas pueden elegir de forma directa y cercana, y donde pueden ejercitarse como ciudadanos. Por eso, esta discontinuidad temporal en las instituciones locales de representación como lugar de intercambio entre elector y elegido— se convierte en un atentado contra la ya frágil gobernabilidad institucional del país. La nueva legislatura de la Asamblea Nacional y los delegados electos en las últimas elecciones ni siquiera han tomado contacto con la ciudadanía. Han pasado dos años sin escrutinio popular, y la población no ha podido confrontar ni evaluar la gestión de quienes dicen representar su voluntad.

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Cuando un gobierno intenta sostener su gobernabilidad a costa de una gobernanza débil como la que existe en Cuba, no logra sostener ninguna de las dos. Negarse a escuchar la voz popular durante dos años solo debilitó más la legitimidad de las instituciones. Y lo que quedó fue una ciudadanía en total desamparo.

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DDG: Has insistido en la necesidad de aplicar un enfoque interseccional para comprender las formas de represión en Cuba. ¿Podrías desarrollar cómo esta intersección entre raza, género, clase y disidencia política configura una violencia más sistemática y específica hacia ciertos grupos? En el marco de la crisis económica y social actual, ¿cómo se expresan estas crisis con las desigualdades estructurales sobre mujeres, personas afrodescendientes y sectores LGBTIQ+?

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MT: Sobre esta pregunta, puedo decir que es uno de los temas que más hemos trabajado en estos años de activismo. Desde ese enfoque académico y conceptual, lo hemos trabajado también desde lo comunitario, marcando siempre la interseccionalidad y el feminismo. La interseccionalidad la tomamos como punto de partida para ver las brechas que se manifiestan en materia de desigualdad, especialmente en la Cuba profunda y en los enclaves barriales donde el CIR ha trabajado. Son brechas que se hacen cada día más fuertes, desde la feminización de la pobreza, la violencia de género, y dentro de esa violencia de género, algo que marcamos mucho: la violencia política.

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Esa violencia política se ejerce por parte de los agentes hegemónicos del Estado para impedir que las mujeres podamos ser y formar parte de la vida pública del país. Ya sea desde el periodismo independiente, desde el activismo, desde el arte, o sencillamente desde una ama de casa que intenta posicionarse y formar parte de la vida pública y política. Por eso es que tanto hablamos de violencia política. Un ejemplo de eso son todas las mujeres presas después de las protestas del 11 de julio. Y antes también, pero tomamos como punto de referencia el 11 de julio, y todas esas protestas que se siguen desarrollando en Cuba por la crisis social, la crisis energética y la falta de necesidades básicas.

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Cuando hablamos de esa interseccionalidad y ese feminismo, lo vemos particularmente en mujeres migrantes del oriente del país, mujeres afrodescendientes, personas trans, activistas defensoras de derechos humanos. Hay que hablar de eso, porque a pesar de que el oficialismo diga que existe un Plan de Acción Nacional para el desarrollo de las mujeres impulsado por la Federación de Mujeres Cubanas, nosotras, como defensoras de derechos humanos que hemos sido víctimas de violencia política, estructural, física, de ciberacoso, podemos decir que entre las mujeres cubanas hay una profunda desigualdad y ausencia de muchos derechos.

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La respuesta estatal, que es vertical, se traduce en indiferencia y en falta de voluntad política para erradicar estos problemas. Si bien las desigualdades afectan a un amplio sector de mujeres en la isla, siempre hacemos énfasis en la feminización de la pobreza. Son muchas las mujeres negras, las personas trans, el colectivo LGBTIQ+ quienes se topan con más obstáculos para tener oportunidades y mejorar su calidad de vida. Continúan siendo excluidas de muchos procesos de empoderamiento y de oportunidades, incluso ahora que hay políticas emergentes en el sector privado estatal.

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Esto lo hemos denunciado, lo hemos escrito, lo hemos hablado en varias investigaciones que se hicieron desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial, sobre la negación, represión y exclusión de los afrodescendientes en Cuba. También sobre las disparidades raciales en el mercado laboral cubano, tanto en el sector privado como en el emergente. En la etapa del COVID-19 también investigamos y hablamos sobre la situación que enfrentaban muchas mujeres afrodescendientes, donde se cruzan todas esas variables de la interseccionalidad que tanto marcamos. Ahí vimos todas las desigualdades y las brechas económicas que persisten.

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Algunas problemáticas que marcan de forma diferenciada a la población cubana son, por ejemplo, el reforzamiento de desigualdades y las inequidades, en mayor medida sobre mujeres migrantes. También la ampliación de desigualdades territoriales, sobre todo en zonas tradicionalmente más empobrecidas, lo cual lleva al aumento de la pobreza en familias negras. La feminización y radicalización de la pobreza en los nuevos escenarios de emprendimiento económico, como las mipymes, también es algo que estamos viendo. Muchas mujeres negras y mestizas están subrepresentadas, porque no cuentan con capital de apoyo ni con remesas para poder sostener sus emprendimientos.

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Las relaciones desiguales de poder, marcadas por el color de la piel, también generan estas grandes desigualdades. La violencia de género e intrafamiliar es una realidad que pesa sobre los cuerpos racializados. También está el maltrato policial constante contra personas de la población LGBTIQ+.

 

Y mientras tomábamos estos puntos para esta entrevista, recién ocurrió una catástrofe climatológica acá en la isla, en una comunidad cercana al aeropuerto donde el CIR también trabaja. Allí, 22 viviendas fueron gravemente afectadas. Viviendas ubicadas en asentamientos poblacionales, los llamados “llega y pon”, y casi toda la población que vive allí es afrodescendiente.

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Por eso es que siempre marcamos el tema de la interseccionalidad. Porque habla de las condiciones reales que enfrentan las mujeres, las personas afrodescendientes y las comunidades LGBTIQ+ dentro de Cuba. Y desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial, con sus capítulos como Di.Verso, seguimos sosteniendo que no se puede hablar de derechos sin tener en cuenta estas realidades cruzadas.

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DDG: El proyecto político de la Revolución Cubana en los años 60 se presentó como una vía hacia la erradicación del racismo y la igualdad de género. A la luz de tu experiencia, ¿cómo contrasta esa narrativa oficial con las condiciones reales que enfrentan hoy las mujeres y las personas afrodescendientes en la Isla?

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MT: Sobre esta pregunta relacionada con el proyecto político de la Revolución Cubana en los años 60, desde nuestra experiencia en el Comité Ciudadano por la Integración Racial hemos planteado varias veces cómo esa narrativa oficial no corresponde con la realidad que vivimos hoy en la isla.

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Como ya habíamos descrito en el libro Cubanías: luchas por las libertades, históricamente la discriminación y los prejuicios raciales se han invisibilizado bajo el pretexto de que la Revolución Cubana eliminó el racismo. Según Fidel Castro, el racismo “se fue con la burguesía”. Pero eso no es real. Hablar del tema, incluso, era visto como una amenaza a la seguridad nacional. Esa política de negación ha tenido consecuencias que aún persisten. La discriminación racial y el racismo siguen impactando profundamente la vida de las personas afrodescendientes que viven en la isla.

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Desde el Comité y su capítulo Di.Verso, marcamos siempre la realidad de las personas afrodescendientes que viven en barrios en situación de marginalidad y pobreza extrema, lo que popularmente se conoce como barrios “llega y pon” o asentamientos poblacionales. En estos espacios, la mayoría de la población es afrodescendiente.

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El trabajo que realizamos en relación con la raza, el género y el desarrollo de los individuos en sus comunidades nos ha permitido, en estos 16 años, observar con mucha preocupación que los afrocubanos siguen padeciendo problemáticas que evidencian el racismo estructural y la discriminación que persiste desde el propio sistema. Una de esas problemáticas es el incremento de la pobreza, que viene acompañado por una brecha económica profunda que sigue reproduciendo desigualdades raciales.

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En el nuevo mapa económico de la sociedad cubana, observamos procesos de estratificación que reproducen modelos coloniales que creíamos superados, pero que en realidad sitúan a la población afrodescendiente en la parte baja de la pirámide social. Es ahí donde colocamos el entrecruzamiento que implica la interseccionalidad: la racialidad, el género y, además, otro factor que siempre mencionamos, que es la migración interna. Muchas personas afrodescendientes vienen del oriente del país hacia La Habana buscando mejores condiciones de vida, pero al llegar se ven obligadas a instalarse en esos mismos barrios en situación de marginalidad y pobreza.

Por eso, desde nuestra experiencia, insistimos en que esa narrativa oficial de igualdad no solo está desfasada, sino que oculta las formas reales de exclusión, empobrecimiento y racismo que siguen marcando a buena parte de la población cubana, especialmente a las mujeres y a las personas afrodescendientes.

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DDG: Desde tu experiencia como defensora de derechos humanos en un contexto autoritario, ¿consideras que los patrones de represión presentes en Cuba como la criminalización del activismo, la vigilancia estatal o el uso de sanciones administrativas para castigar la disidencia se están replicando en otros países? ¿Qué similitudes observas en términos de estrategias estatales para desarticular a la sociedad civil?

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MT: Sí. La alianza entre gobiernos autoritarios es retórica, es política, pero sobre todo es una alianza basada en el intercambio de estrategias y herramientas represivas. También hay un intercambio de expertos y de recursos humanos que proporcionan asesoría técnica en temas de control, e incluso, en ocasiones, personal que se implica directamente en la represión.

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El gobierno cubano sienta cátedra en estos temas. La estrategia represiva venezolana, por ejemplo, ha tenido éxito porque su gobierno entendió que debía vincular bien los servicios de contrainteligencia, los cuerpos represivos del Estado, los militares, el sistema judicial y el asesinato de reputación de los adversarios. Todo eso lo integraron en un solo cuerpo. Además, le añadieron una contra sociedad civil que se activa para dar la batalla en las calles cuando es necesario, mientras se sataniza a la sociedad civil real como agente de una potencia extranjera.

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Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua aprendieron esto del gobierno cubano, y Cuba, a su vez, aprendió de ellos todo el tema de la judicialización y penalización de los derechos. La solidaridad mutua entre regímenes autoritarios ha sido una de las contribuciones más claras de Cuba a la represión transnacional.

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En esto, todos actúan bajo el mismo patrón. Lo que los distingue es el contexto. En Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, hay un pluralismo reconocido, así que necesitan emplear más la tortura física para castigar la disidencia, mucho más de lo que necesita Cuba. También tienen que hacer más esfuerzos para combatir a la oposición en las calles, porque no han logrado monopolizar completamente el espacio público.

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DDG: A partir de tu trabajo de investigación y observación directa, ¿consideras que los mecanismos de represión y restricción de libertades en regímenes de izquierda, como el cubano, difieren estructuralmente de los que operan en contextos autoritarios de derecha? ¿Existen diferencias sustantivas en la forma en que se ejerce el control social, o reconoces patrones comunes independientemente del signo ideológico del régimen?

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MT: La ideología ya es secundaria a la hora de analizar las prácticas, las similitudes y las diferencias entre autocracias de izquierda y de derecha. La demonización del adversario, la judicialización de los derechos, la aplicación sesgada de la ley, el control o la cooptación de los medios de comunicación, el antinorteamericanismo y la subordinación a las mismas potencias autoritarias, así como la retórica antiliberal, son elementos que comparten todos los regímenes autoritarios sin importar su signo político.

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Cuba se distingue, tal vez, porque junto con Corea del Norte representa uno de los pocos autoritarismos cerrados que nacieron del totalitarismo. Sin embargo, hoy las diferencias entre estos regímenes tienen más que ver con sus contextos culturales y sus tradiciones históricas que con cualquier definición ideológica.

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DDG: Marthadela, muchas gracias por aceptar esta entrevista, tus aportes son sumamente valiosos.