TEMA: ESPECIAL DE CENSURA
Entrevista a José Raúl Gallego sobre iniciativa por la autonomía universitaria en Cuba
Por: Claudia González Marrero*
Agosto 2019
*Candidata (PhD), Universidad Justus Liebig, Gießen.
En el último año se ha promovido como estrategia de mejoramiento de la imagen del Consejo de Estado y de Ministros cubano la creación de cuentas de cuadros políticos y administrativos en redes sociales como Facebook y Twitter. Una mayor presencia del ejecutivo supondría mayor transparencia informativa, mayor apertura de espacios para el diálogo, una modernización tecnológica con ademán democratizador que los mecanismos de toma de decisiones en la isla venían necesitando, desprovistos de los aires de tribunas y liderazgo carismático de otra época. Sin embargo, las consecuencias de exponer la cosmovisión oficialista a mayor visualización –sobre todo con la intención propagandística en la que se inscribe– han tenido repercusiones inesperadas. Ha subrayado el ritmo a destiempo con el que se conduce “la continuidad” del gobierno; ha expuesto la reproducción gastada de símbolos e ideogramas, ahora gestionados por las experiencias personales de estos cuadros mostrando prejuicios, intolerancias, e incluso discursos de odio. Esta inusual actividad ha sido rápidamente identificada por usuarios más críticos y mejor informados que antaño, quienes se saben ante una plataforma de exposición y debate inédita en la isla.
El 18 de agosto la viceministra de Educación Superior Martha Mesa Valenciano publicaba el artículo “Ser profesor universitario” en el sitio oficial del ministerio.[1] Este respondía de manera ad hoc a recientes críticas sobre la sostenida tendencia institucional de expulsar a profesores y alumnos incómodos a “los principios revolucionarios”.[2] Para justificar la purga administrativa, la viceministra concluía: “El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario”.
La respuesta no se hizo esperar, comenzando por el propio perfil de la viceministra en Twitter, que recogió las primeras críticas. Luego, el debate se desplazó a otros espacios entre los que una iniciativa ha tenido marcada incidencia y relevancia. El periodista, profesor e investigador José Raúl Gallego, de perfil considerablemente activo en redes en lo que al análisis de la legislación cubana se refiere, publicó el viernes 30 de agosto una “Carta al Gobierno de la República de Cuba, por estudiantes y profesores universitarios cubanos” en la que intelectuales como Armando Chaguaceda, Rafael Rojas, Julio César Guanche y Julio Antonio Fernández Estrada firmaban su “rechazo a que el derecho universal a la educación, al trabajo y la protección contra toda forma de discriminación consagradas en la Constitución cubana, se continúen violando en las universidades del país con cada persona expulsada de las mismas por razones políticas.”[3]
No asociada a ninguna ideología o agrupación política particular, la misiva ha sido secundada por economistas, juristas, profesores e investigadores como Pavel Vidal Alejandro, Mabel Cuesta, Mauricio de Miranda Parrondo, pero también por críticos de arte, artistas, deportistas y escritores como Dean Luis Reyes, Juan Carlos Cremata, Tania Bruguera, Lázaro Bruzón y Enrique del Risco, alcanzando hasta el presente más de 3000 signatarios. La carta fue una construcción colectiva, respondió a una decisión colegiada que no tuvo liderazgo patente. Por razones de logística ha sido José Raúl Gallego (@joseraul86), quien se ha encargado de hacerla visible en la plataforma Change.Org, Facebook y Twitter. A continuación, conversamos un poco con él sobre el origen de este proyecto, su naturaleza y objetivos.
¿Cómo se ideó la escritura de la carta? ¿Qué tipo de acotaciones debieron hacerse teniendo en cuenta la pluralidad de posturas políticas de los firmantes que incluye?
J. R. G: Mira, la idea de la escritura de la carta fue bastante espontánea. La gente empezó a compartir en Facebook, a hacerle las críticas al texto de la viceministra, pero era algo desde la iniciativa individual. Entonces, en algún lugar se comentó la idea de que se debería hacer una carta abierta que fuera firmada por varios profesores o por todo el que se quisiera sumar. Todo el tiempo se tuvo claro que la idea era concentrarse en el problema fundamental que, más allá de otros intereses de tipo político-ideológico, constituían un atropello a la libertad académica y a la propia Constitución cubana estas declaraciones de la viceministra, que no vienen sino a reflejar lo que ha sido una política de Estado durante sesenta años. Por tanto, se concibió todo el tiempo escribir una carta en términos mínimos, bien acotada, bien precisa al problema puntual, de manera que muchas personas se sintieran identificadas con ella y que la cuestión de un término, una palabra o una idea no fuera a provocar que las personas se alejaran en vez de sumarse. En ese sentido, sí hubo que hacer ajustes, hubo ideas que conciliar, y quedó la carta como la ves. También se eliminaron cosas en función de la brevedad porque tenía que ser un documento contundente, que las personas leyeran y que no lo abandonaran a la mitad. Creo que, en ese sentido, ese proceso de pulido, de confrontación en el que participamos varios profesores, permitió llegar a un documento que me parece que tuvo bastante aceptación para quienes lo leyeron.
¿Cuál es el propósito final de la misiva y la recogida de firmas en Change.org?[4] ¿Tienen alguna estrategia concebida para continuar su impacto, sobre todo habiéndose agravado el debate con las nuevas disposiciones del Ministerio de Justicia sobre el Sistema Nacional de Grados Científicos (GOC-2019-773-O65) que indica como una de las condiciones a la obtención de programas de estudios “demostradas cualidades político-ideológicas”?
J. R. G: Como te decía, la misiva surge con el propósito fundamental de rechazar las palabras de la viceministra y tratar, de cierta manera, de poner un freno a una avalancha de personas que se venía gestando dentro de las universidades, apoyando estas declaraciones. El texto también había sido compartido por , lo que puede darte la idea que había total apoyo del gobierno a estas declaraciones que en resumen son el espejo de la política de Estado. No es algo que se le haya ocurrido a la viceministra, ella fue sincera y expresó lo que se ha hecho durante sesenta años en las universidades cubanas. Entonces, ese fue el primer objetivo.
El segundo, y por eso llevarlo a la plataforma Change.org, fue porque se anunció desde el propio Ministerio de Educación, y algunas autoridades de universidades, que la carta sería discutida al interior de los centros docentes una vez que empezara el curso. Nosotros sentíamos que, en esos contextos, las personas que se iban a parar e iban a apoyar la carta iban a ser precisamente esas personas que estaban con un discurso coincidente con el del poder. Aunque fueran pocos, ellos generarían una espiral de silencio sobre la otra gran mayoría que estaba en contra de ese tipo de ideas, pero que podía tener miedo de que si lo expresaban serían perjudicados por lo que la misma viceministra publicó.
Entonces pensamos en hacer un balance de fuerzas, en enseñarle a esas personas que hay muchos que piensan como ellos, que incluso hay muchas personas dentro del propio sistema de enseñanza que son reconocidas, que tienen una posición favorable hacia el proceso cubano, que están en contra de esas declaraciones, que no tiene que ver con un problema político, sino con la violación misma de Derechos Humanos que están reconocidos. Tanto en la Constitución como en los tratados internacionales sobre la Educación Superior, de los cuales Cuba es firmante. Por tanto, nuestra idea, además de pluralizarla, era precisamente esa, mostrar una correlación de fuerzas o por lo menos ponerle un freno a lo que parecía que podía ser un proceso de ‘envalentonamiento’ de estas fuerzas, bastante retrógradas, que existen dentro de la educación y la sociedad cubana que podrían traer de manera aislada o discreta procesos de purgas o ajustes de cuentas al interior de las universidades.
Sobre esta última disposición: ¿Qué opinión te merece la singular dinámica de toma de decisiones que ha caracterizado al proceso? ¿Hasta qué punto podríamos vincular esta tendencia informativa y sin consulta o deliberación, con el legado personalista del movimiento revolucionario, con el tipo de comunicación política que se da con el liderazgo carismático y la toma de decisiones de facto?
J. R. G: Esta disposición en realidad lo que viene es a plasmar una práctica que ya existía. Tradicionalmente, el hecho de acceder a un postgrado dependía mucho del aval de tus jefes superiores sobre las “demostradas cualidades político-ideológicas”. Si el postgrado era en el extranjero mucho peor porque ese era el centro de los análisis que te hacían en la comisión de cuadros. Por supuesto que esta es una decisión que no se consulta como la mayoría de las normativas cubanas. O sea, si las leyes no se consultan va a ser mucho más difícil que un acuerdo del Consejo de Ministros o de un ministerio en específico sea consultado con las personas, a pesar de que esa debería ser la norma en un proceso democrático y progresista como mismo se pinta el proceso político cubano posterior a 1959.
Como tú dices, viene de una tendencia personalista que no creo sea solamente legado del movimiento revolucionario, es un legado también de nuestra historia que desgraciadamente, al igual que muchos países de América Latina, ha estado marcada por ese caudillismo, por ese individualismo, que la revolución no ha hecho mucho por combatir. Parece que esa va a ser la norma. Ahora con la nueva Constitución también vemos que se les ha dado determinado poder unipersonal a ciertas estructuras. El poder no regala nada, el poder siempre va a tratar de incrementarse y nos toca a los ciudadanos, de las maneras que podamos, tratar de acotar el poder en la medida de lo posible. Creo que este tipo de iniciativa sirve para demostrar músculo, que hay una ciudadanía que se puede organizar, que se puede empoderar y que puede plantar cara ante determinadas decisiones.
¿Qué interpretación legalista le darías a los mecanismos de representación en Cuba? ¿Hasta qué punto es la consulta popular una consulta efectiva y no ‘gobernable’? En el caso de esta última, ¿Cuál es tu impresión sobre el creciente debate que está tomando lugar en las redes, por jóvenes de tu generación, dentro y fuera de Cuba? ¿Podemos estar hablando de una resistencia cívica de impronta para la sociedad civil cubana?
Los mecanismos de representación que existen en Cuba no son efectivos porque están basados en una mentalidad totalitaria donde solamente es legítimo aquello que esté en concordancia estricta con el poder. Por tanto, no hay una representación legítima cuando hay un amplio sector de la población que es legalmente excluido por ese sistema.
Las consultas populares parecieran democráticas, pero no lo son. Primero, porque a esas consultas populares se les pone coto, hay temas que no se discuten o de los que no se puede hablar. Segundo, porque esa es una democracia prácticamente consultiva, de arriba hacia abajo: te bajan una orientación para que tú la debatas, con ciertas acotaciones, y los resultados del debate vuelven hacia arriba, son analizados por los mismos que los bajaron, toman sus decisiones sin responder a cuestiones cuantitativas y sin transparentar todas las estadísticas. Es una puesta en escena donde parece que participó gran parte de la población, pero en realidad lo que se crea es una especie de cámara de eco donde sube lo mismo que se quiere oír. Tampoco es válida una consulta popular en la que solamente tiene publicidad y puede discutirse por los medios de comunicación una sola de las posturas en disputa. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si aquellas personas que le señalaron puntos oscuros al anteproyecto de la Constitución hubieran tenido acceso en igualdad de condiciones a los medios de comunicación estatales que consume la mayoría de la población? ¿Cuántas más personas hubieran votado por el NO o hubieran pedido otros cambios?
El debate que está tomando lugar en las redes creo que es muy importante, aunque todavía arrastra muchos de los vicios que tiene el debate formal en Cuba. No sabemos discutir, no tenemos cultura para ello, muchas veces nos atrincheramos en posiciones y no vamos hacia la idea sino a quien la expresa, con los argumentos En ese sentido nos queda mucho por avanzar, pero es importante que se esté dando, que las personas lleguen a un punto de entendimiento medio, eso le hace falta a Cuba. Las redes sociales están supliendo ese espacio de la esfera pública física que no existe en Cuba, donde se puede tener este tipo de debate, y cada vez son más personas las que se suman.
Si estamos hablando de una resistencia cívica, yo no te sabría decir realmente si pudiéramos darle esa magnitud en cuanto implica organización y estructura. Lo que sí es indiscutible es que se le está disputando la hegemonía al Estado en el terreno de la ideología y del discurso. Hay un grupo creciente de personas que está perdiendo el miedo a decir lo que piensa, que incluso está redefiniendo y cuestionando cosas que en determinado momento en Cuba fueron verdades absolutas e incuestionables, en las que descansaba el sistema y que hoy se ponen en disputa.
Yo creo que es importante que siga así, que la gente lo haga con inteligencia, con respeto, porque al final los argumentos tienden a imponerse y la gente va mirando de qué lado está la razón, cuando por un lado tiene personas hablando con honestidad, con argumentos, buscando vías cívicas de protesta, y por otro tiene a un gobierno que ni siquiera los reconoce como interlocutores legítimos, a pesar de ser sus propios ciudadanos.
En relación con la pregunta anterior, y considerando lo activo que estuviste durante la discusión del Anteproyecto de la actual Constitución (feb.2019). A la luz de estas nuevas disposiciones: ¿Qué vinculación legal encuentras respecto a las cuestiones que surgieron en el debate popular y el acabado del texto constitucional? ¿Qué opinión te merece la preferencia de gobernanza en decretos y contravenciones como medidas directas y el escaso espacio a la deliberación que permiten?
J. R. G: El análisis del texto constitucional fue un espacio para construir legitimidad desaprovechado por el gobierno. Mucha gente se volcó con las mejores de las intenciones, dedicándole tiempo y esfuerzo, y haciendo sugerencias que hubieran mejorado muchísimo el texto, personas que hablaban desde años de experiencia. Desgraciadamente cuando vimos los resultados pudimos observar que los cambios en el texto final fueron más de forma que de contenido, y que aquellos de contenido en muchos casos fueron a peor, como eliminar el artículo 68 que avalaba el matrimonio igualitario.
La Constitución que tenemos es letra muerta, es un texto que promueve y ampara el respeto a la no discriminación en los puestos de trabajo por motivos ideológicos, pero ya vemos qué pasa... y tampoco existen los mecanismos para reclamar. No se quiso incluir un tribunal constitucional ni la figura del Tribuno del Pueblo, y si tú no tienes un estado de derecho realmente funcional con independencia del poder judicial, es muy difícil que logres cumplir aquello que está plasmado en la Constitución cuando es el propio gobierno el que la viola. A veces es difícil pedirle peras al olmo. Si un gobierno, que por esencia, estructura y definición es totalitario, empieza a dar espacio real a la deliberación y participación, ese sistema totalitario se va a desmontar porque es contrario a la participación popular. Ellos están haciendo lo que es de esperar; mientras no se desmonte esa estructura de poder podemos hacer lo que queramos, pero va a ser difícil que el sistema regale lo que nosotros como ciudadanos debemos conquistar.
Por último, teniendo en cuenta lo que hemos discutido sobre la Constitución de la República, la tendencia a impartir políticas desde arriba y los espacios de discusión y confrontación, ¿cuáles son tus mayores inconformidades/preocupaciones/sugerencias sobre la política de Estado cubana en referencia a la educación, a la cultura y las comunicaciones?
J. R. G: Mis insatisfacciones son precisamente que Cuba y todos sus sectores y esferas de lo social se manejan con una ideología totalitaria, más que con una democrática. La sociedad para funcionar necesita autonomía de los sectores, no puede estar todo subordinado al gobierno y, en este caso, al Partido Comunista que está incluso por encima del gobierno. En el caso de los medios de comunicación, que es mi área, no vamos a tener periodismo ni un sistema de medios funcional en la sociedad mientras este sea un subsistema del sistema político. En esa relación no puede cumplir sus funciones, no puede hacer una verdadera vigilancia del entorno o una construcción de consenso cuando está subordinado a quienes están dictando las pautas a la sociedad para funcionar. La sociedad debe cuestionar de manera cívica y democrática Partido y gobierno, que no son lo mismo, son entes diferentes, y es normal que existan contradicciones entre ambos. Para eso deben estar creados los mecanismos, para resolver esas contradicciones de manera pacífica, y donde salga ganando la totalidad del país y no una estructura específica. El centralismo democrático no existe, la democracia tiene que estar dispersa, tiene que llegar a todos los lugares, tienen que contrapesarse los elementos que están en juego, de lo contrario lo que estamos es reproduciendo una especie de teatro. Creo que mientras en Cuba no asumamos que el actual modelo de subordinación de todas las esferas a la política del Partido, como dice el artículo 5 de la Constitución, no funciona, vamos a seguir innovando, buscando alternativas dentro de lo posible, pero no vamos a tener un país inclusivo y democrático.
¿Algo más que quieras agregar?
J. R. G: Mira, creo que el proceso de esta carta fue satisfactorio, aunque no logremos nada a corto plazo creo que hay un efecto a largo plazo y hay algunas cosas que yo destacaría. En primer lugar, creo que la carta demostró que existen causas en las que los cubanos nos podemos unir más allá de nuestras diferencias políticas, que podemos construir un consenso mínimo en torno a derechos que están reconocidos por la Constitución y por los mecanismos internacionales. No existe ninguna justificación para violarlos. El hecho de que Cuba esté bloqueada, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos tenga una política agresiva hacia Cuba no justifica que esta última pueda violar los derechos de sus ciudadanos, eso no hay manera de justificarlo. Creo que en torno a ello podemos construir una especie de consenso como se vio ahora con la carta.
Segundo, la importancia de que figuras con visibilidad pública se sumen a este tipo de pelea, que no tengan miedo los que están dentro o fuera de Cuba de dar su firma, de decir “yo estoy en contra de esto”, esa fue otra de las cosas importantes. Eran muchas las personas que, incluso ajenas al sector universitario, voluntariamente llamaban y decían “yo quiero estar ahí, yo quiero firmar porque es mi deber conmigo y con las generaciones que vienen”, eso fue algo muy lindo. Quiero decirte que fueron más los que respondieron que los que no. Siempre hubo quien midió primero la compañía de las firmas antes que el contenido de la carta, lamentablemente es un efecto de la división que nos han sembrado en la mente durante más de sesenta años. Había quien te decía “si está fulano yo no voy a firmar” o “yo tengo que ver quienes firman para yo firmar”, pero la mayoría no midió eso, la mayoría estaba de acuerdo con el contenido y firmaba sin importar quien apoyaba, porque al final todos tenemos derecho a apoyar o estar en contra de una determinada propuesta.
Esas son las cosas más importantes que nos dejó la carta, y lo que te decía, mostrar músculo, en una semana logramos reunir más de 3000 firmas, casi un tercio de lo que exige la Constitución cubana para promover una iniciativa legal. En sólo una semana, de manera espontánea y sin mucha organización. Imagínate lo que podemos hacer si nos planificamos, si nos organizamos en torno a presupuestos que nos sean comunes a todos, que nos afecten a todos.
Tal vez no logremos nada, tal vez hagan con diez mil firmas lo mismo que han hecho otras veces cuando se han recogido firmas, como ocurrió con el Proyecto Varela. Pero sirve para mostrar una ciudadanía que no está pasiva y que puede empezar a ser protagonista, sobre todo en este momento que hay cierto relevo generacional y donde la información es cada vez más accesible. Creo que es importante que como ciudadanía empecemos a despertar, a asumir posiciones políticas porque nada está ajeno a la política.
[2] Ver, por ejemplo, la experiencia de discriminación ideológica institucional que narra el profesor de Derecho, Julio Antonio Fernández Estrada en https://oncubanews.com/ecos/vision-de-vencido/
[4] Es necesario aclarar que la plataforma se encuentra bloqueada por el gobierno cubano, no obstante, como es usual con otros sitios también restringidos, los cubanos encuentran maneras alternativas para navegar por ellos, usando virtual private networks (vpn).