La interrelación entre la preservación de los recursos naturales y el desarrollo económico constituye una fuente permanente de tensiones en el contexto latinoamericano; en Nicaragua, específicamente, la proliferación de la ganadería ha generado una crisis ambiental previsible, donde la deforestación —consecuencia directa del auge ganadero— ha puesto en riesgo no solamente la biodiversidad autóctona, sino también la supervivencia misma de las comunidades indígenas nicaragüenses. Este sector productivo, responsable del 57% de las emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero (GEI), representa una de las actividades de uso de suelo más significativas en el país. Ante esta situación, el gobierno nicaragüense, a través de su Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono (EDBC) para la Ganadería Bovina, ha identificado cuatro factores críticos que contribuyen a la problemática: el manejo inadecuado que dan los pequeños productores a la tierra, la tenencia insegura de tierras, la ganadería extensiva y la expansión descontrolada de la frontera agrícola (Canu et al., 2018).

 

Como respuesta a la problemática medioambiental, el Estado nicaragüense ha instituido un marco normativo orientado a la preservación ecosistémica del territorio nacional; dentro de este conjunto de instrumentos jurídicos, sobresale la Ley 7655 de 2011 —enfocada en el fomento de la producción agrícola mediante estrategias de adaptación al cambio climático—, así como el decreto ejecutivo No. 69-2008, el cual articula los lineamientos de la política nacional para el desarrollo sostenible del sector forestal (Canu et al., 2018). No obstante, pese a la existencia de este marco jurídico-ambiental, las dinámicas económicas han puesto de manifiesto las limitaciones de dichas políticas; la creciente demanda proveniente de pequeños y medianos productores rurales ha catalizado la proliferación de prácticas ganaderas no reguladas, fenómeno que adquiere particular relevancia en un sector que, para el año 2015, constituyó el 6.8% del PIB nacional y generó ingresos superiores a 490 millones de dólares estadounidenses en concepto de exportaciones de carne y ganado en pie (Canu et al., 2018).

 

La marcada dependencia de la economía nicaragüense respecto al sector pecuario, conjuntamente con la expansión descontrolada de la frontera agrícola, ha intensificado una triple problemática territorial: la ocupación ilegal de tierras, la devastación de la cobertura forestal y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas. Si bien el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) ostenta la responsabilidad de supervisar las políticas ambientales, su capacidad operativa para contener la explotación ilegal de recursos se ha visto significativamente mermada por factores sistémicos —entre los que destacan la corrupción institucional y la ausencia de voluntad política—, como se analizará a continuación.

 

En el VI Festival Interuniversitario de Cine por la Democracia se proyectó un documental que evidencia lo anteriormente expuesto: "Patrullaje"; esta obra cinematográfica, dirigida por Camilo de Castillo-Belli, se sitúa en la Reserva Biológica Indio Maíz —específicamente en el territorio Rama y Kriol—, donde expone la confrontación entre la preservación ancestral y la ganadería ilegal. La narrativa se desarrolla desde la perspectiva de dos guardabosques de la comunidad Rama, Armando y Margarito, quienes documentan la sistemática invasión de la población nicaragüense a su territorio. El documental incorpora el apoyo del conservacionista Christopher Jordan, quien, desde su llegada a Nicaragua en 2009, ha desarrollado una investigación doctoral sobre la interrelación entre la cultura local y la vida silvestre; sus aportaciones científicas contextualizan la importancia ecosistémica de Indio Maíz como uno de los últimos corredores de bosque tropical de tierras bajas en Centroamérica, destacando su rol crucial en el almacenamiento global de carbono y la urgencia de su preservación ante la acelerada deforestación.

 

El documental establece un marco histórico fundamental al presentar la lucha centenaria de las comunidades Rama y Kriol; estos pueblos, que han habitado la costa caribe de Nicaragua durante siglos y que sobrevivieron a la esclavización por parte de los ingleses —evento que casi extermina a la población Rama—, han resistido históricamente la explotación de sus recursos naturales por compañías nacionales y extranjeras. Esta resistencia alcanzó un hito jurídico cuando, en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado nicaragüense reconocer los derechos territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, lo cual se materializó en 2003 con el reconocimiento oficial del territorio. No obstante, este logro jurídico contrasta dramáticamente con la realidad actual; en efecto, la reserva biológica Indio Maíz —último reducto de sus bosques ancestrales— se encuentra gravemente amenazada por las presiones del mercado internacional de carne bovina, sector que experimentó un impulso significativo con la inauguración de la planta de ganadería integral SuKarne en 2015, proyecto que contó con el respaldo directo del presidente Daniel Ortega

 

El filme devela la compleja red de ilegalidad que sustenta la expansión ganadera a través de casos documentados con precisión; se presenta la comunidad de Samaria —ubicada a 8 kilómetros dentro de la reserva—, donde un ganadero identificado como "Chacalín" expone abiertamente sus operaciones clandestinas. Su testimonio detalla el proceso sistemático de ocupación territorial: la tala indiscriminada para el establecimiento de fincas ganaderas, el engorde de ganado durante períodos de uno a dos años, y su posterior comercialización a mataderos exportadores, todo esto sin ningún tipo de regulación fiscal o ambiental.

 

La investigación adquiere una dimensión más profunda cuando el conservacionista Christopher Jordan expone una irregularidad institucionalizada: el ganado que pasta ilegalmente en territorios protegidos porta chapas de identificación oficial en sus orejas —registradas en bases gubernamentales—, lo cual evidencia las fracturas en el sistema de trazabilidad bovina nicaragüense. Esta revelación se amplifica mediante una investigación periodística meticulosamente desarrollada por "Onda Local" en el puerto de "Las Maravillas" —centro neurálgico de subastas ganaderas sin regulación efectiva—, donde documentan, mediante técnicas de registro encubierto, las operaciones de José Solís Durín; este ganadero, cuyo inventario bovino había sido previamente identificado en zonas protegidas de Indio Maíz, ejemplifica la sistematización de estas prácticas ilegales. Las grabaciones demuestran la existencia de una red articulada de comercialización que conecta el ganado criado ilegalmente en territorios indígenas con los principales mataderos exportadores del país, específicamente SuKarne y Carnic; en efecto, esta evidencia desarticula la narrativa oficial sobre la trazabilidad ganadera en Nicaragua, exponiendo cómo el mercado internacional de carne bovina se sustenta, parcialmente, en prácticas que transgreden tanto los derechos territoriales indígenas como las regulaciones ambientales vigentes.

 

La narrativa documental culmina con el desarrollo del proceso burocrático que enfrentan las comunidades indígenas en su búsqueda de justicia institucional. Margarito, guardabosques Rama, efectuó la gestión necesaria en Bluefields para presentar la evidencia a Saúl Buitrago, delegado del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. El proceso revelo las barreras sistémicas que obstaculizan la protección efectiva del territorio: la necesidad de conformar una comisión constitucional regional y realizar evaluaciones de campo por funcionarios gubernamentales, requisitos que, en la práctica, diluyen la urgencia de intervención inmediata. Ante la inoperancia institucional, el Gobierno Territorial Rama y Kriol implementa una estrategia multinivel, estableciendo alianzas estratégicas con la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua —buscando ejercer presión desde el sector productivo— y canalizando la documentación de violaciones territoriales a través de medios independientes como "Onda Local". Sin embargo, la escalada del conflicto alcanza un punto crítico en abril de 2018, cuando un incendio provocado en la reserva biológica —el segundo más extenso en la historia nicaragüense— genera protestas estudiantiles que enfrentan una represión gubernamental, evidenciando cómo la defensa territorial indígena se entrelaza con dinámicas más amplias de conflictividad social. La posterior consecución de cifras récords en exportación cárnica durante 2022 subraya la paradoja fundamental: mientras los mecanismos institucionales de protección territorial se ralentizan en procedimientos burocráticos, la expansión ganadera ilegal continúa erosionando irreversiblemente los territorios indígenas.

 

La Reserva Biológica Indio Maíz representa un patrimonio natural crítico en Nicaragua y Centroamérica; esta área protegida, que abarca una extensión de 2,639 km², no constituye únicamente un bosque tropical húmedo, sino un ecosistema vital que alberga especies amenazadas o en peligro de extinción como "tapires, jaguares, chanchos de monte, manatíes, y gran variedad de aves, como lapas, tucanes, quetzales y garzas tigre" (Ríos & Mendoza, 2017). Sin embargo, este santuario natural enfrenta una crisis sin precedentes debido a la invasión sistemática para actividades ganaderas ilegales; el caso más emblemático de esta destrucción lo protagoniza el ganadero José Solís Durón, quien no solo se apropió ilegalmente de "dos mil manzanas de tierra, ubicadas entre la bocana del Río Chontaleño y El Naranjo", sino que además "derribó más de 244 hectáreas de bosque para la crianza y engorde de reses" (Onda Local, 2018).

 

La magnitud del daño ambiental queda documentada en el informe oficial citado por el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K); este documento señala, específicamente, que existe "un alto daño del Área Protegida Reserva Biológica Indio Maíz en al menos 203.5 hectáreas o más de bosque, donde estas se encontraban como bosque virgen y se le afectó creando un desequilibrio del ecosistema por las actividades de deforestación no permitidas en el sitio, fragmentado el hábitat y la conectividad de las especies de fauna y flora silvestres existente en el sitio, establecimiento de pasto mejorado, introducción de ganado, cambio de uso de suelo, contaminación de suelos y fuentes de agua cerca (Río Chontaleño, El Naranjo y quebradas) y quemas" (Onda Local, 2018).

 

El factor económico juega un papel crucial en esta crisis ambiental. La investigación revela un patrón alarmante de incentivos perversos: "Mientras en Nueva Guinea una manzana de tierra cuesta 30,000 córdobas (1,000 dólares) —cuyas tierras han sido acondicionadas y legalizadas para la ganadería—, en las áreas boscosas se comercializa ilegalmente por 2,000 córdobas (66 dólares)" (Ríos & Mendoza, 2017). Esta disparidad económica ha creado un mercado negro de tierras protegidas, donde, según Marcos Gómez de la comunidad de Nueva Quezada, "hay mucha gente que tiene buenas fincas pegadas a la reserva y el que vende, va más adentro, vuelve a encarrilar y vende, y así" (Ríos & Mendoza, 2017).

 

La gobernanza y respuesta institucional han sido notablemente deficientes ante esta problemática; a pesar de que "el 70% de la Reserva de Biosfera Indio Maíz es territorio indígena de Ramas y Afrodescendientes Kriol" (Ríos & Mendoza, 2017), las autoridades han mostrado una preocupante falta de acción. Esta inacción resulta particularmente grave considerando que el Código Penal establece sanciones específicas: "quien ponga en grave peligro al ambiente, bienes y/o vida de la población, será sancionado con prisión de tres a seis años y de 600 a 900 días de multa" (Ríos & Mendoza, 2017); en efecto, esta discrepancia entre el marco jurídico y su aplicación efectiva evidencia una crisis sistémica en la protección de las áreas protegidas nicaragüenses, donde los intereses económicos prevalecen sobre la preservación del patrimonio natural y los derechos territoriales indígenas.

 

"Patrullaje" se erige como una obra documental sobresaliente que logra exponer, mediante un trabajo cinematográfico meticuloso, la compleja crisis socioambiental que enfrenta la Reserva Biológica Indio Maíz; la narrativa, construida a través de testimonios directos y evidencia documentada, revela eficazmente la red de ilegalidad que sustenta la expansión ganadera en territorios protegidos. El documental destaca particularmente por su capacidad para entrelazar las perspectivas de las comunidades indígenas, conservacionistas e investigadores, ofreciendo un retrato multidimensional de la problemática.

 

No obstante, la obra podría haber fortalecido su impacto mediante la incorporación de tres elementos fundamentales: en primer lugar, la inclusión de datos históricos sobre la evolución de la industria ganadera en Nicaragua —específicamente estadísticas de exportación, precios internacionales y variaciones en el uso del suelo durante las últimas décadas— habría proporcionado un contexto más robusto para comprender la magnitud del problema. En segundo lugar, un análisis más detallado del sistema de trazabilidad bovina y sus deficiencias institucionales permitiría dimensionar mejor las fracturas en los mecanismos de control estatal. Finalmente, la incorporación de información comparativa sobre casos similares en otros territorios protegidos de Nicaragua habría ayudado a evidenciar si este patrón de invasión y deforestación representa una problemática sistemática a nivel nacional.

 

En conclusión, "Patrullaje" constituye un documento audiovisual que trasciende la mera denuncia ambiental; el filme logra evidenciar cómo la convergencia entre intereses económicos, debilidad institucional y demanda internacional de carne bovina ha configurado una crisis socioambiental sin precedentes en la Reserva Biológica Indio Maíz. La narrativa construida expone no solo la sistemática invasión de territorios protegidos, sino también la compleja red de ilegalidad que sustenta la expansión ganadera en Nicaragua; en efecto, el documental revela cómo la fragilidad en los sistemas de trazabilidad y la falta de voluntad política han permitido que el mercado internacional de carne se sustente, parcialmente, en prácticas que transgreden tanto los derechos territoriales indígenas como las regulaciones ambientales vigentes. Esta obra cinematográfica se configura, así, como un testimonio crucial para comprender las dinámicas contemporáneas de destrucción ambiental en Centroamérica y sus profundas implicaciones para la preservación de los últimos reductos de bosque tropical en la región.

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Referencias

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Canu, F. A., Borges, M., Buitrago, O., Marin, L. J., & Pérez, K. (2018). Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono (EDBC) para la ganadería bovina en Nicaragua. UNEP DTU Partnership.

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Onda Local. (2018). La ilegalidad que pasta en Indio Maíz. Onda Local Nicaragua.

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Ríos, M., & Mendoza, Y. (2017). Indio Maíz: La Reserva que agoniza entre la desidia estatal y la codicia de invasores. Confidencial Nicaragua.