La apertura económica y la concentración del poder político constituyen factores dinámicos en los últimos dos quinquenios en Cuba. Aquí una comparación entre estos dos periodos teniendo en cuenta su influencia en la reconstitución del Estado cubano y su impacto en el estallido social del 11J

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El estallido social de los días 11 y 12 de julio en Cuba ha provocado un saludable debate sobre los límites y alcances de las políticas públicas en la isla, sobre las relaciones internacionales cubanas en general y el embargo comercial de Estados Unidos en particular. Es recomendable interpretar tanto las protestas de principios de julio como las reacciones de los principales actores domésticos e internacionales desde una visión histórica de mediano plazo sobre la transformación que experimenta Cuba en los últimos años.

           

Si tomamos como marco temporal de ese cambio, la pasada década, puede ser útil comparar brevemente los dos últimos quinquenios: el de 2011 a 2016 y el de 2016 a 2021. Dos quinquenios que no podrían tener fisonomías más distintas, lo cual explicaría no sólo la diversa conducción discursiva y política de la vecindad con Estados Unidos sino los diferentes ritmos de la reforma económica y grados de tolerancia del disenso interno. En los párrafos que siguen propongo un breve análisis comparativo de ambos quinquenios, que, en buena medida, dan forma a la reconstitución del Estado cubano.

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Los dos últimos gobiernos

 

Durante el periodo que va de 2011 a 2016 se produjo una concentración del poder político y gubernamental en la generación histórica, encabezada por Raúl Castro. El quinquenio arrancó con una purga de dirigentes jóvenes (Carlos Lage, Felipe Pérez Roque, Otto Rivero, Carlos Valenciaga) y un aumento de la presencia de militares en la alta jerarquía del Partido y el Estado.

 

La reforma económica fue trazada en los “Lineamientos” del VI Congreso, celebrado en 2011 y la nueva “Conceptualización” del socialismo. Aquella reforma, que llegó definirse como “cambio estructural y de concepto”, suponía una considerable dilatación del sector no estatal de la economía, con el propósito de crear un nuevo mercado de trabajo para unos 4 millones de empleados públicos. Eso generó una multiplicación del trabajo por cuenta propia y un ensanchamiento del mercado interno, especialmente en la esfera de los servicios, el negocio inmobiliario y la compraventa de automóviles y equipos electrodomésticos. Hubo un aumento de la inversión extranjera directa y un crecimiento de ingresos por remesas y turismo.

 

La limitada recuperación económica durante el periodo raulista estuvo relacionada directamente con la flexibilización del embargo comercial de Estados Unidos durante los dos últimos años de la administración demócrata de Barack Obama. La combinación de reforma económica interna y la distensión bilateral incluyó el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y la normalización diplomática, anunciados en diciembre de 2014.

 

El siguiente quinquenio arrancó en 2016 con el Séptimo Congreso del PCC, unas semanas después de la histórica visita del presidente Obama a La Habana. En ese congreso se le puso freno a la reforma económica por medio de la adopción de nuevas medidas que limitaban el trabajo por cuenta propia y se caracterizó la política “obamista”, especialmente en lo referido a la dilatación de la sociedad civil, como una nueva forma de hostilización del sistema cubano, tan o más peligrosa que la anterior. La reacción contrarreformista de la política cubana convergió con el reforzamiento de sanciones de la administración de Donald Trump a partir de 2017, especialmente costosas en materia de reducción de viajes y remesas.

 

En el plano político, el nuevo quinquenio produjo una significativa mutación. Primero tuvo lugar la sucesión de poderes entre Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, en la presidencia de los Consejos de Estado y Ministros. Luego, con la nueva Constitución de 2019, se distribuyó el mando central por medio de la separación de funciones entre el presidente de la República, el Primer Ministro y el presidente del Consejo de Estado, cargo que se fundió con la dirección de la Asamblea Nacional. Finalmente, en 2021, Díaz-Canel reemplazó a Raúl Castro en la máxima jefatura del partido único.

 

Como ha observado Jorge I. Domínguez, la reconfiguración de la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el gobierno y el Partido Comunista, entre 2018 y 2021, dio lugar a una importante renovación generacional y demográfica del poder cubano. El Comité Central se renovó en casi un 60%, el Buró Político en casi 50%, la presencia de militares tanto en el Partido como en el Estado se redujo considerablemente. Las mujeres sobrepasaron la mitad en la Asamblea, aunque los afrodescendientes quedaron por debajo del 45%. La edad promedio en la cúpula gobernante bajó a menos de 60 años.

 

La Constitución de 2019 establece como condición que el presidente de la República tenga menos 60 años en su primera postulación y que sólo pueda relegirse por un quinquenio. Otros artículos constitucionales garantizan una renovación generacional permanente. Sin embargo, esa renovación no ha logrado acortar el déficit de representación que arrastra el viejo sistema de partido único ni ha podido contener las insatisfacciones provocadas por una Constitución que quedó por debajo de las expectativas de cambio. La nueva dirigencia ha mostrado muy poca capacidad de diálogo frente a una juventud cada vez más crítica y demandante.

 

A pesar de que la Constitución flexibiliza nominalmente derechos civiles, una serie de decretos (349, 370, 373 y el Decreto-Ley 35) limitan las libertades de manifestación, expresión, reunión y asociación. Como muestra la forma en que el Estado enfrentó las protestas del Movimiento San Isidro, el 27 de noviembre de 2020 y el 27 de enero de 2021, así como el estallido social de los días 11 y 12 de julio de este año, puede afirmarse que, conforme crece el disenso, la represión ha aumentado su rango social, su sistematicidad y su carácter preventivo.

 

Apertura económica y cierre político

 

El proceso sucesorio de más una década, que se completó con el traspaso de la jefatura del Partido Comunista de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, a principios de 2021, ha sido conducido desde la premisa de que la fórmula debe combinar una apertura económica limitada con un incremento del control político. La combinación es asumida como una necesidad dictada por el crecimiento de la estratificación social y la pluralidad civil que genera el avance cauteloso al mercado y a un sistema con diversidad de formas de propiedad e ingreso.

 

Desde el punto de vista de las relaciones internacionales y, específicamente, del vínculo con Estados Unidos, esa fórmula doméstica genera una poderosa tensión entre una política exterior realista, encaminada a atraer créditos e inversiones, y una diplomacia ideológica, que prioriza los vínculos con el bloque bolivariano y Rusia. La represión interna también se incorpora a esa tensión, generando conflictos con países y regiones, como la Unión Europea, España y Canadá, que el gobierno cubano ve como potenciales aliados de la reforma económica.

 

Esa articulación entre apertura económica y cierre político existe desde que comenzó la sucesión anterior, la de Fidel a Raúl Castro, entre 2006 y 2008. No porque Fidel favoreciera una apertura política sino porque Raúl sí se comprometió con la reforma económica. Pero podría plantearse como hipótesis que los costos de la fórmula se incrementan en la segunda sucesión, la de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel. El nuevo presidente, no elegido directamente por la ciudadanía, sino designado desde mucho antes por la cúpula partidista, carga con una legitimidad de origen débil o dependiente.

 

En medio del deterioro económico y social de la isla, los límites de la legitimidad del presidente no tendrían necesariamente que compensarse por medio del carisma. Más importante, en la actual coyuntura, parece ser un liderazgo capaz de hacer frente al incremento de demandas económicas. No obstante, una lectura exclusivamente tecnocrática o economicista de las necesidades, especialmente de las comunidades juveniles cada vez más heterogéneas, puede crear zonas de desafecto más amplias.

 

La aprobación en agosto de 2021 de la ley de pequeñas y medianas empresas y el avance hacia una mayor flexibilización de las cooperativas no agropecuarias es reveladora de que la crisis sanitaria y económica está produciendo, en la cúpula dirigente, una reorientación hacia las reformas del quinquenio raulista. Esa vuelta a la perspectiva reformista, como señalan Pedro Monreal y otros economistas, se da acompañada de una lógica extractivista de la inversión, que privilegia algunos servicios, especialmente en el sector turístico, en detrimento de ramas productivas orientadas al desarrollo y al autoconsumo, como la agropecuaria.

 

El relanzamiento de la reforma económica, así como el reforzamiento de la presencia pública del presidente Díaz-Canel, por medio de encuentros con diversos sectores de la sociedad, buscan llenar vacíos del nuevo liderazgo, que se pusieron en evidencia con las protestas. La persistente represión y criminalización mediática y jurídica de los manifestantes y, en general, de las comunidades de jóvenes activistas de la sociedad civil, indican el avance hacia una nueva reconstitución hegemónica.

 

El éxito de esa reconstitución no podrá medirse a partir de los resultados aislados de cada uno de sus dos componentes: la apertura económica y el cierre político. No es lo mismo eficacia que éxito y puede prevenirse un nuevo estallido social y, a la vez, reproducirse el control político por medio de mecanismos cualitativamente más costosos como el aumento de la emigración juvenil profesional y la pérdida o subocupación del capital humano. Si la reconstitución hegemónica da la espalda, nuevamente, a la pluralidad civil real del país, Cuba no estaría saliendo de los límites políticos trazados en la última década.   

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[1] Rafael Rojas. Profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Director de la revista Historia Mexicana. Miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Miembro de los consejos editoriales de las revistas Istor y Letras Libres. Su último libro es El árbol de las revoluciones. Ideas y poder en América Latina (Madrid, Turner, 2021).