*Decana de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás.

​

Recientemente la organización Freedom House en su informe Libertad Global 2020 situó a Venezuela entre el 25% de las naciones “no libres” del mundo. Señalando particularmente para este caso que su valoración actual se debe a la concentración de poder en el Ejecutivo y la limitación de todos los canales de disenso político. Sin embargo, pese a la gravedad de la situación, esta evaluación no causa mayor sorpresa ya que la instauración del régimen hace más de 20 años trajo consigo la imposición de lo que se ha denominado una hegemonía comunicacional, la cual se ha valido, entre otras acciones de persecución, del cierre progresivo de los canales de comunicación que pudiesen presentar cualquier tipo de desacuerdo con la versión construida y exportada por el régimen de lo ocurrido al interior de Venezuela.

​

Tal como se señaló en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación del país y como se evidencia en los reportes publicados por el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, en el pasado año 2019 se registró el mayor deterioro de la libertad de expresión. Entre las tantas acciones del régimen, enviadas como una suerte de mensaje a la ciudadanía en donde se les “invita” a practicar la autocensura, advirtiendo la presencia del Estado en la vida privada de las personas e incluso capaz de descifrar sus pensamientos (caso de la Jueza Afiuni). Con estas acciones dirigidas al control de la información, se han registrado casos como el del periodista y defensor de Derechos Humanos, Luis Carlos Díaz, quien fue acusado, después de una detención arbitraria y estuvo desaparecido por más de ocho horas, acusado de ser parte de un plan cibernético para desestabilizar el territorio nacional con los apagones masivos. Es de anotar que esta acusación se hizo a partir de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

​

"en el pasado año 2019 se registró el mayor deterioro de la libertad de expresión"

​

A esta persecución que se desarrolla como una forma de ocultar la ineficiencia del régimen en la administración de los servicios, se suman las violaciones realizadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, censurando y retirando diferentes canales de televisión, emisoras de radio y portales web, que, entre muchos otros medios, determinó la salida de CNN Internacional. Sin embargo, como se mencionó en las primeras líneas, estas no son acciones aisladas, son parte de la implementación de la hegemonía comunicacional trazada desde los inicios del régimen. En este sentido, este artículo pretende brindar al lector un breve recorrido sobre los hechos que marcaron de forma significativa la involución de la libertad de expresión en Venezuela y la lucha de quienes intentan combatir el enmudecimiento de toda una sociedad.

​

El uso de la institucionalidad en la consolidación de la hegemonía comunicacional

El ataque sistemático a la libertad de expresión no es algo nuevo dentro del actual del régimen, desde su llegada se evidencian ataques constantes a los medios comunicación, a los periodistas y a los defensores de Derechos Humanos. Por esta razón, en los últimos años las redes sociales se han convertido en el medio principal para informarse, con los riesgos que ello implica, sin contar con el limitado acceso a Internet, el bloqueo de portales web y la dificultad de conexión producto del deterioro de la infraestructura.

​

Es así que el régimen ha hecho uso de las instituciones del Estado para perseguir y acallar de forma progresiva cualquier voz disidente, mientras consolida la hegemonía comunicacional. Con este objetivo en mente se modifica una institución de gran utilidad como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, mientras se emiten leyes dirigidas a controlar la difusión de la información y se hace uso de la fuerza pública como motor represor.

​

"se evidencian ataques constantes a los medios comunicación, a los periodistas y a los defensores de Derechos Humanos"

​

Conatel es una institución creada antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, pero es con la promulgación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el 2000 que se convierte en un ente autónomo, teniendo entre sus funciones regular y socializar el uso las telecomunicaciones del país. De acuerdo con las cifras presentadas en 2019 por el Colegio Nacional de Periodistas, desde 1999 se han registrado más de 600 cierres de medios de comunicación, acompañados en muchos casos de la incautación de los equipos y persecución de los directivos, acciones llevadas a cabo con la colaboración del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

​

Esto ha traído como consecuencia el monopolio del manejo de la información por parte del régimen, llevando a los venezolanos a informarse por medio de portales web y redes sociales, como se mencionó en líneas anteriores. Es por ello que el mismo ente en diferentes ocasiones ha exigido a los proveedores de Internet el bloqueo de diferentes sitios web, cerrando cada vez más la posibilidad de acceder a cualquier tipo de información sobre la realidad del país e imponiendo su propia versión de lo que ocurre a diario. Una de sus acciones más recientes, a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fue la de tomar el control de todos los bienes de DirecTV, incluidos el centro de operación y transmisión.

​

Este cierre sistemático del medio y la persecución a quienes aún en medio de esta situación trabajan por informar, vino reforzada por la promulgación de leyes que, lejos de garantizar el acceso a información veraz han buscado silenciar cualquier voz opositora en defensa de la democracia. En este contexto se promulgan leyes como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como la Ley mordaza, y más adelante la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (siendo esta emitida por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente quien además se atribuye la facultad de legislar), con las cuales se ha buscado tener un control directo del ejecutivo, a través de otros poderes, de cualquier tipo de información publicada y perseguir a quienes considere responsables.

​

“Un amigo es para siempre”: el cierre de RCTV

La reciente salida de DirecTV del país removió los recuerdos del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en el 2007. Tras la decisión de cerrar sus operaciones ante la incompatibilidad de lo requerido por Estados Unidos y Venezuela para poder funcionar, llegan las represalias por parte del régimen. Se emitió una orden del Tribunal Supremo de Justicia para restituir el servicio, la incautación de los bienes de la empresa y la persecución de sus directivos, con la reciente detención de tres de sus gerentes.

​

Hace 13 años Venezuela era noticia por el cierre de uno de los principales canales del país, RCTV. Fue uno de los hechos con mayor visibilidad a nivel internacional debido a su impacto en la población venezolana, que además de representar una grave violación a la libertad de expresión, trajo como consecuencia la pérdida de más de 1.500 empleos. Recordando que, no solo se apagó su señal, sino que se sustituyó por un canal oficial haciendo uso de los propios equipos confiscados de forma arbitraria.

​

No obstante, como es común en el régimen bolivariano el uso del lenguaje resulta determinante para justificar sus acciones, es por ello que la versión oficialista hablaba de una no renovación de concesión mas no de un cierre, pero que en términos prácticos tenía los mismos efectos. En ese mismo año, RCTV vuelve a operar, pero por televisión por cable como señal internacional, sin embargo, en el año 2010 Conatel ordena a las operadoras sacar del aire al canal.

​

Este cierre se da bajo el argumento que se trataba de un canal golpista, debido a la transmisión de lo que ocurría en el país durante las protestas y el vacío de poder en el año 2002. Esta decisión fue anunciada por el mismo Hugo Chávez en diciembre de 2006 durante un acto de fin de año con la Fuerza Armada Nacional “No habrá nueva concesión para ese canal golpista que se llamó Radio Caracas Televisión. Venezuela se respeta”. Siendo este cierre solo uno de las tantas clausuras y persecuciones durante ese año y evidenciando la concentración de poder en el Ejecutivo Nacional, así como la ausencia de independencia entre los poderes públicos.

​

"como es común en el régimen bolivariano el uso del lenguaje resulta determinante para justificar sus acciones, es por ello que la versión oficialista hablaba de una no renovación de concesión mas no de un cierre"

​

Esta situación se da en medio de fuertes protestas realizadas por el movimiento estudiantil debido a la sistemática violación de los Derechos Humanos desde la llegada del régimen y que consigue en el cierre de RCTV el impulso para el reclamo de sus derechos. Entre muchos otros actores de la política venezolana actual, se encontraba en este movimiento de jóvenes universitarios el actual Presidente (E) de Venezuela, Juan Guiadó. Demostrando el creciente y ya histórico rechazo a las acciones de la Revolución, en diferentes sectores de la sociedad venezolana.

​

Ocho años después del cierre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Venezuela por la violación de la libertad de expresión y al debido proceso de los periodistas, directivos y otros trabajadores del canal, ordenando el restablecimiento de la señal. La Corte consideró que la decisión de no renovación de la concesión se tomó debido a la línea editorial crítica al gobierno y que sin la garantía efectiva de la libertad de expresión se propiciaba el arraigo de un sistema autoritario. Como era de esperarse, el régimen no dio cumplimiento a este fallo, argumentando que el mismo era inejecutable por ser contradictoria a la Convención Americana, recordando además que desde 2013 se hacía efectiva la salida de este instrumento, después de la denuncia del tratado realizada por Hugo Chávez.

​

La libertad de expresión como condición al anhelado retorno a la democracia

Para finalizar, el propósito de estas líneas al narrar algunas acciones que constituyeron graves amenazas a la libertad de expresión en Venezuela, no era otro que presentar en el lector dos ideas claves. La primera, que la violación masiva de Derechos Humanos, particularmente de las libertades no ha sido un actuar exclusivo de Nicolás Maduro, ha sido la fórmula para la consolidación del régimen bolivariano desde su llegada al poder. La segunda, dejar de presente que el debilitamiento del respeto a la libertad de expresión y el acceso a la información es un claro síntoma del autoritarismo, que de ninguna forma puede ser justificable en una democracia.

​

Sea este un reconocimiento a las diferentes organizaciones y defensores de Derechos Humanos que, pese a la persecución incesante del régimen y el limitado acceso a recursos para realizar su trabajo, continúan luchando contra la imposición de la hegemonía comunicacional, llevando información veraz a los venezolanos y dándola a conocer más allá de las fronteras. Con la certeza que el retorno de la democracia a Venezuela vendrá de la mano del regreso de todos los medios silenciados y un acceso libre a la información. Recordando las palabras de Nelson Bustamente, ganador de un Emmy por el documental RCTV: 10 años después “Venezuela, jamás pierdan las esperanzas. Nos vemos pronto”.