La crisis económica y social en Cuba ha alcanzado niveles críticos, manifestándose con especial crudeza en la inseguridad alimentaria que enfrentan millones de cubanos. Con una inflación descontrolada, escasez generalizada de productos básicos y un sistema de racionamiento colapsado, la población cubana enfrenta uno de los períodos más difíciles desde el llamado "Período Especial" de los años 90. La pandemia de COVID-19 agudizó problemas estructurales de larga data en el modelo económico cubano, mientras que las políticas de "ordenamiento monetario" implementadas por el gobierno han tenido efectos devastadores en el poder adquisitivo de la población.

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1. Desde Food Monitor Program han estado monitoreando las condiciones de acceso y disponibilidad de alimentos en Cuba. ¿Cuáles son los hallazgos más preocupantes en los últimos meses y qué diferencias regionales han identificado entre las distintas provincias?

 

En Food Monitor Program realizamos anualmente la Encuesta de Seguridad Alimentaria que cubre el 100% del territorio nacional; en los últimos tres años hemos logrado visitar un total de 7400 hogares.[1] El principal hecho que constatamos es que, desde nuestro comienzo en el 2021, las condiciones alimentarias se han ido deteriorando, en conjunto con el colapso de servicios básicos como la distribución de energía eléctrica, de gas licuado para la cocción, de agua potable, así como el retroceso de otrora voluntades estatales para programas sociales que amortiguaran este contexto.

 

Entre los hallazgos más preocupantes, resultado de la encuesta realizada en la primavera del año pasado, encontramos que un 97% de cubanos ha perdido capacidad de acceso a los alimentos. A su vez, el 89% de los hogares considera que la oferta estatal de alimentos es insuficiente, mientras que el 97% esta completamente insatisfecha con los productos entregados mediante la libreta de abastecimiento. Otro fenómeno alarmante es que, dada esta situación, el 72% de los hogares ha tenido que recurrir a elaboraciones alternativas no saludables, ya que no pueden permitirse alimentos nutritivos, inocuos y orgánicos.

 

Enfrentar a diario el desabastecimiento en las redes estatales de comercialización y la inflación general en los mercados alimentarios ha hecho incluso que hasta un 29% de familias eliminen una de las tres comidas fundamentales del día, mientras que un 4% se ha limitado a una sola comida. Esto es de crucial importancia teniendo en cuenta que en este grupo se encuentran principalmente hogares compuestos por adultos mayores, con mayor índice en provincias como Artemisa, Holguín, Isla de la Juventud y Guantánamo. Para ancianos que viven solos o en compañía de otros ancianos, la situación que encontramos es cada vez más precaria, teniendo en cuenta que la pensión mínima, de la que vive casi un 40% de los jubilados cubanos, no alcanza para comprar un cartón de 30 huevos o un kilogramo de leche.

 

En entrevistas más localizadas que hemos hecho a adultos mayores[2] resalta que muchos de ellos intentan conseguir los productos más económicos o consumir combinaciones que le aplaquen el hambre lo que deja un por ciento mayoritario de ellos padeciendo hambre oculta o subalimentación y repercutiendo directamente en su salud a corto y mediano plazo, al mantener insuficiencias que agravan las enfermedades carenciales. Esta realidad es la que enfrentan todas las familias, aunque con más peso en 63% de ellas, donde conviven personas en condiciones de vulnerabilidad. Hay que tener en cuenta que, al menos la mitad de la población enfrenta carencias en grupos alimentarios básicos como proteína animal, lácteos, vegetales y frutas. Por ello, desde FMP hemos estado haciendo hincapié en el impacto que estas condiciones de malnutrición pueden tener en el futuro de la sociedad cubana, sobre todo en la prevalencia de padecimientos que requieren dietas específicas, entre ellos diabetes, hipertensión, cardiopatías, anemia, entre otros.

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2. Food Monitor Program sostiene que la narrativa del “bloqueo” ha sido utilizada como justificación oficial para el desabastecimiento. ¿Cómo desmitifican esta narrativa desde la evidencia que recopilan y qué elementos estructurales del régimen cubano consideran verdaderamente responsables de la crisis alimentaria?

 

La narrativa del “bloqueo” como justificación del desabastecimiento en Cuba parte del supuesto de que la administración agroalimentaria es eficiente y que el único impedimento que enfrenta el Gobierno cubano para garantizar la comida en el país son las medidas prohibitivas de Estados Unidos. Aunque estas políticas tienen impacto real en las adquisiciones y contratos que Cuba puede hacer en varias áreas, las concesiones y vínculos comerciales en cuestión alimentaria entre ambos países deconstruyen el argumento oficial. Cuba se encuentra dentro del 1er cuarto de socios comerciales de Estados Unidos, el 90% de sus importaciones desde el norte corresponden  a la compra de pollo congelado, carne de cerdo, leche, huevos, sal, azúcar, café, además de insecticidas y plaguicidas, superando en algunos casos valores mensuales de 37 millones de dólares. A su vez, la producción endémica de estos y otros productos esenciales en Cuba ha caído un 65% en los últimos cinco años. En casos como la leche, su producción nacional se ha desplomado con indicadores muy por debajo a los registrados incluso durante el llamado Periodo Especial; otras dinámicas comparadas entre la crisis actual y la de la década de los noventa sugieren actualmente un colapso aún más profundo.

 

El recurso del desabastecimiento por el “bloqueo” puede revisarse incluso desde una mirada exclusivamente interna. La preeminencia que el Gobierno cubano le ha dado a la extracción de divisas mediante la comercialización de alimentos de primera necesidad, el retroceso de garantías estatales en la subvención, soportes e inversión de los mismos, la segregación alimentaria en la separación de mercados y monedas, así como la falta de voluntad gubernamental para asegurar la producción nacional de productos tan básicos como el pan –que ha relegado a la producción privada bajo precios exuberantes–, muestran un panorama doméstico mucho más complejo que apunta a la responsabilidad estatal. El mensaje oficial no tiene ya cómo justificar esta realidad: pide “resistencia” y “sacrificios” a una población cada vez más vulnerable, pero edifica todo un mercado capitalista de festivales gastronómicos gourmet y exclusivos para un turismo de élite (Cena de Blanco, Cuba Sabe, etc.) mientras alega vagamente situaciones “específicas” o “coyunturales” para describir la policrisis actual.

 

Esto ya no es una información reducida al análisis académico, la percepción ciudadana reporta en nuestros estudios que un 64% de cubanos le adjudica la responsabilidad de la crisis alimentaria directamente a la administración estatal, mientras que un 26% la considera causa de la corrupción. Solo un 8% menciona al embargo estadounidense. Gran parte de este cálculo proviene de la constatación por parte del pueblo, del considerable retroceso en el acceso a los alimentos que se ha experimentado tras la Tarea Ordenamiento, una de las últimas mega medidas del gobierno para “revitalizar la economía nacional”. También porque, a pesar de que el discurso oficial insiste en ubicar este agravamiento multifactorial de la crisis tras la pandemia de Covid 19, haciéndolo coincidir con el daño internacional que generó, las señales de descalabro económico se estaban dando desde el 2018. Recordar, por ejemplo, que el anuncio de la llamada Coyuntura, que muchos cubanos tradujeron como un nuevo Periodo Especial, tuvo lugar en septiembre del 2019, meses antes de que surgieran los primeros casos de Covid.

 

3. Considerando el segundo principio de Food Monitor Program sobre la interdependencia de los Derechos Humanos, ¿cómo observa la instrumentalización del derecho a la alimentación por parte del gobierno cubano y qué otros derechos se ven socavados como consecuencia?

 

La instrumentalización del derecho a la alimentación en Cuba no es únicamente una práctica administrativa fallida, sino una estrategia deliberada de control político y social que atraviesa todos los niveles de la vida cotidiana. El gobierno cubano ha subordinado el acceso a los alimentos al discurso de lealtad revolucionaria, reduciendo la alimentación a una dádiva estatal y erosionando así su carácter de derecho humano inalienable.

 

Este modelo, sostenido durante décadas a través de mecanismos como la libreta de abastecimiento, ha convertido la dependencia alimentaria en una forma de disciplinamiento social. Cuando se controla lo que una persona come, cuándo lo come y si lo come, se restringe su autonomía básica. Esta forma de gobierno alimentario, que combina escasez estructural con dependencia institucional, afecta directamente la posibilidad de ejercer otros derechos fundamentales.

 

La violación del derecho a la alimentación genera una cadena de afectaciones interdependientes. La primera de ellas es la restricción del derecho a la salud, debido a la imposibilidad de acceder a una alimentación adecuada desde el punto de vista nutricional y sanitario, lo que ha producido escenarios generalizados de malnutrición, anemia y enfermedades carenciales. Asimismo, se vulnera el derecho a la información, en tanto el Estado monopoliza los canales de distribución de datos sobre composición, calidad y procedencia de los productos alimenticios, limitando la capacidad de las personas de tomar decisiones informadas. Se restringe también la libertad de expresión y de asociación, al criminalizar cualquier forma de organización comunitaria que cuestione el sistema de distribución o proponga alternativas de abastecimiento. Incluso el derecho a la identidad cultural resulta menoscabado, pues el desmantelamiento de la cultura alimentaria tradicional cubana y su sustitución por dietas de emergencia impuestas desde el Estado despojan a la población del control sobre su propia memoria gastronómica. Así, el hambre no es solo una consecuencia del colapso económico, es una tecnología de poder que precariza la vida y desactiva las capacidades colectivas de transformación social.

 

4. En un contexto de creciente censura y represión, ¿cómo logran documentar la situación alimentaria en las distintas provincias cubanas y qué rol juegan las redes comunitarias o los actores locales en la recolección de datos?

 

Investigar de forma independiente en un contexto cerrado como el cubano es muy complejo por sus obstáculos estructurales y metodológicos. En Cuba existen muchos profesionales muy valiosos que están desvinculados de las instituciones oficiales por elección personal. Muchos colaboran en la visibilización de la realidad cubana desde diferentes aspectos, acompañados por un ecosistema de organismos como el nuestro que monitorean los derechos socioeconómicos en la isla.

 

Nuestros investigadores deben sortear la autocensura de muchos entrevistados, así como la naturalización de la precariedad que viven, que a veces interviene en cómo describen sus realidades y que presenta un dilema ético a la hora de procesar objetivamente la información. También es una preocupación constante la propia seguridad de ellos en el terreno, expuestos como están a la acción reguladora de la Seguridad del Estado. Recordemos que en los últimos cuatro años y en respuesta directa a la jornada de manifestaciones ciudadanas del 11J-2021, todo el sistema penal se ha intensificado para penalizar justamente actividades periodísticas, académicas y activistas independientes al control del Estado, hablo sobre todo de la actualización del Decreto-Ley 35 (2021) que regula la comunicación en redes sociales, el Código Penal (2022), la Ley 162 (2023) que regula el ámbito de la comunicación social, incluso el proyecto de Ley de Ciudadanía (2024) contienen estructuras de coerción y criminalización contra la investigación independiente.

 

Respecto a la colaboración de actores locales te diría que sigue siendo un reto, primero porque toda burocracia clientelista que ostente algo de poder por mínimo que sea no declarará nada bajo riesgo de perder privilegios o por temor a repercusiones políticas. Otras evasivas como te decía vienen de la desconfianza y de la autocensura, en una población que no está acostumbrada a sondeos de opinión y que ha aprendido a asumir cuestionamientos sobre garantías sociales y económicas como un riesgo político. De ahí que nuestro trabajo debe partir de generar un espacio profesional de seguridad, transparencia y confianza. Para ello seguimos varios métodos que van cambiando según se acrecienta el discurso condenatorio y autocrático del gobierno y su negociación en el subconsciente social. Esto también varía entre generaciones y zonas a encuestar, cosa que tenemos bien clara en FMP si queremos darle voz a todos los grupos poblacionales, principalmente a residentes en zonas de difícil acceso, tradicionalmente invisibilizados.

 

5. Food Monitor Program analiza los roles de género en la búsqueda y distribución de alimentos. ¿Qué carga diferenciada están asumiendo las mujeres cubanas en el contexto de la crisis alimentaria actual y cómo ha evolucionado este fenómeno?

 

Este es un tema prioritario en el trabajo de FMP. A medida que la policrisis se profundiza en Cuba, son las mujeres las que asumen más responsabilidades: recoger y potabilizar agua, encontrar formas de conservar los alimentos durante los largos cortes de electricidad, elaborarlos de manera atractiva o sustituir/aprovechar recetas sorteando la escasez de alimentos, para garantizar la comida de los infantes del hogar. Recordemos que el 96% de los cubanos experimentan desabasto de productos frescos como vegetales, frutas y proteína animal, y que por ello el 72% de los hogares ha debido buscar alternativas en su dieta.

 

En las madres y esposas también recae el compromiso adicional de preparar con anticipación lo que llaman “el refuerzo” durante las jornadas lectivas y laborales de hijos y esposos respectivamente, ya que la mayoría de los comedores institucionales no garantizan una alimentación adecuada cada día.[3] A su vez, dado el vaciamiento demográfico que está experimentando Cuba, no podemos descartar que son las mujeres las que cubren en cierta medida la crisis de cuidados que afecta a las personas mayores de sesenta años, dentro de un tejido social cada vez más desestructurado y un programa de asistencia casi inexistente.

 

Otra gran dificultad es el estrés agregado de organizar el tiempo de cocción cotidiano debido a los cortes de electricidad que está experimentando casi la totalidad del país y que duran entre 4 y 20 horas según las zonas geográficas. Las féminas del hogar son mayormente las encargadas de elaborar los alimentos en las ventanas de tiempo entre los “apagones” aprovechando la energía eléctrica ya que el gas para la cocción lleva meses ausente de las redes de distribución. Cuando estas tareas no son posibles, deben recurrir a combustibles alternos no limpios ni seguros, sobre todo en espacios improvisados dentro del hogar, lo que también representa un factor de riesgo para su salud. No sorprende entonces que, durante las últimas protestas ciudadanas, un por ciento mayoritario que tomó las calles fueran mujeres, demandando comida, agua y electricidad. Otros reclamos de micro formato también son protagonizados por mujeres con sus hijos interviniendo espacios de conflicto en sus barrios, por deficiencias más puntuales.

 

6. La organización se enfoca en determinar las formas de control social que operan en la distribución de alimentos. ¿Podría explicarnos cómo funciona este sistema de control y qué impacto tiene en la autonomía personal y comunitaria de los cubanos?

 

Para pensar en el control social a través de los alimentos hay que considerar el contexto cubano en términos antropológicos y políticos. Desde 1959 la revolución cambió hábitos, costumbres, lenguajes y formas de percepción entre semejantes, y de estos como consumidores respecto al Estado. Desde 1962 cada hogar fue censado y contabilizado dentro del sistema de distribución de la libreta de abastecimiento, dando derecho por edad y por cantidad de miembros en el hogar a los alimentos racionados. Lo que se recibía en este sistema paternalista no era cuestionado ni revisado dentro de un mensaje de sacrificio del Estado cubano por proveer alimentos subvencionados a todos. Pero la dependencia de este suministro a las políticas alimentarias oficiales determinaron graves ausencias en la libertad de escogencia, en el conocimiento sobre la inocuidad, procedencia, composición y caducidad de los alimentos, así como en la misma memoria e identidad alimentarias de los cubanos.

 

El peso económico de malproveer de alimentos a una nación a la par que se controlaban las políticas productivas y se determinaba de forma personalista los proyectos que se emprenderían, determino un sistema agroproductivo sultanista y dependiente que no tuvo cómo sostenerse tras la desaparición de las subvenciones del campo soviético y por todo lo moldeados que habían sido los contratos preferenciales con el bloque. Las crisis posteriores no han hecho más que consolidar esta despersonalización a través del racionamiento y la escasez, la subordinación de todo contrato social, sujetos como están los cubanos a la incertidumbre de qué y cuándo vendrá algo de comer, en permanente espera y dependiendo de muchas negociaciones de supervivencia que no han hecho más que normalizarse. Hoy día muchos vecindarios tienen un grupo de Whastapp o de Telegram donde los vecinos avisan de un producto esencial en ese momento en venta, o del número en la lista para adquirir alguna compra subvencionada, o trueques de alimentos o medicamentos necesarios para alguien en la familia. Estas son redes que el gobierno también aprovecha para difundir los horarios semanales de corte de electricidad y para hacer control de daños ante un alza de indignación ciudadana, aunque en la mayoría de las ocasiones esta precariedad es normalizada.

 

Consideramos que el mantenimiento de un status quo donde la sociedad destina el 90% de su energía para asegurar la comida, dilatado en pequeños ejercicios que dificultad y agregan tensiones y estrés a las familias, es un mecanismo de regulación social y congelamiento político ya que desprovee al individuo de los fundamentos más básicos para repensarse como ciudadano con derechos. Actualmente en Cuba son pocos los que pueden decidir qué comer de acuerdo a sus principios éticos, religiosos o políticos, que siguen regímenes alimentarios de acuerdo a preferencias y necesidades médicas, que respetan y alimentan la cultura gastronómica familiar y esto obviamente tiene un peso considerable en la agencia a la hora de pensarse ciudadanos, pero también personas.

 

Por ello, en FMP abordamos desde una perspectiva transdisciplinaria la instrumentalización de los alimentos como una estrategia histórica de control. Es un hecho que, a lo largo del tiempo, numerosos regímenes autoritarios han manipulado el acceso a recursos básicos —incluida la alimentación— para consolidar su poder, reprimir disidencias, asegurar lealtades políticas, obtener respaldo social y proyectar una apariencia de legitimidad. En términos más amplios, la subordinación a políticas alimentarias de corte autocrático limita gravemente la capacidad de las personas para participar libremente en la vida pública y reclamar derechos como la libertad de expresión, de asociación y de participación política.

 

7. Cuál es el impacto en la economía cubana, en medio de un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica provocada por la administración Trump, y el conflicto latente en Ucrania, en donde se ve involucrado uno de los mayores aliados económicos de Cuba.

 

Como veníamos comentando, la economía cubana ya enfrentaba una situación crítica, con enormes desafíos estructurales. Desde la primera administración de Trump, las sanciones que se impusieron a Cuba contribuyeron a una mayor restricción económica. Tampoco ayuda el hecho de que Rusia, uno de los principales aliados económicos e ideológicos de Cuba, se haya enfrascado en un conflicto militar con Ucrania restándole capacidades para sostener el maltrecho sistema cubano.

 

Pero el colapso actual en la isla no depende directamente de estos factores, sino de décadas de una planificación económica pensada en la dependencia de importaciones mediante contratos ideológicos, en la relación neopatrimonialista y opaca con socios extranjeros, en el excesivo control estatal y burocratizado sobre el sistema agroalimentario, así como en la precaria gestión financiera del gobierno. El hecho de que el gobierno se arroje el derecho a penalizar, imponer topes de precios, congelamiento de cuentas, impagos y otras acciones, sin consenso de los afectados, no ayuda a este panorama.

 

Actualmente Cuba muestra un terreno muy inseguro para la inversión, un escenario colapsado donde cada servicio básico requiere de inyecciones millonarias, y un espacio poco atractivo o competitivo para el sector de servicios, renglón económico por el que Cuba ha apostado en las últimas décadas. El actual orden geoestratégico no sugiere nuevos tiempos de bonanzas y Cuba tampoco puede venderse ya desde una peculiaridad y un mito que están hoy día completamente desgastados. Pongamos como ejemplo que, tras los años más críticos del Periodo Especial la recuperación económica tuvo un avance rápido comparado con lo crítico del periodo inmediato anterior; la policrisis que vivimos hoy no ha hecho más que profundizarse durante los últimos años, incluso a niveles más bajos que durante los noventa, a la par no se ven señales se posible mejoría o cómo esta pudiera ocurrir.

 

8. Esta organización busca caracterizar las representaciones sociales alrededor de la alimentación. ¿Cómo ha observado que la crisis alimentaria está transformando la identidad alimentaria cubana y qué impacto cultural tiene este fenómeno?

 

Antes que la crisis, ya la dependencia de los cubanos a las políticas alimentarias del gobierno determinó la modificación de la identidad, la memoria y la cultura gastronómica en consonancia con los designios del Estado. Por ejemplo, cuando Cuba comerciaba con exclusividad con el campo soviético, priorizando cultivos de azúcar y cítricos para la exportación, los cubanos veían en sus mesas carne prensada y leche condensada rusa, grosellas de Albania o dátiles de Irán mientras los frutos tropicales de mayor demanda eran destinados al comercio internacional. Esto hubiera sido un añadido exótico si no fuera por decisiones personalistas que reconvirtieron la agricultura en un espacio de monocultivos en función de los intereses de la URSS. Más tarde el sistema agroalimentario continuó siendo dominado por un aparato de intervención estatal con muchas demandas de los gobiernos provinciales y poco incentivos e inseguridades para los productores. En entrevistas con campesinos de diversas localidades FMP ha podido constatar inconformidades por: impago o incumplimiento de contrato en la recogida de la cosecha por parte de las instancias oficiales de Acopio, contrataciones con correctivos y tope de precios unilaterales, desoír reclamos y sugerencias del gremio, así como no cumplimentar apoyos necesarios, dígase mayor protección ante alza de criminalidad rural expresada en robo y sacrificio de cosechas y de ganado mayor.

 

Tras décadas de una administración deficiente, lo que se pone en las mesas cubanas hoy día se compone fundamentalmente de productos procesados y de importación, que distan mucho de los ingredientes tradicionales de una cocina “slow food” de tradición hispana y caribeña. De aquellas elaboraciones se ha pasado al “arroz amarillo” o “arroz con perrito”, las “croquetas de ave(rigua)” o “explosivas” y otros recursos del lenguaje popular que le ponen nombre a recetas salidas de la escasez. El principal impacto que hemos registrado en FMP es la naturalización de esta cocina de contingencia, del casi nulo acceso a servicios básicos y el desconocimiento prolongado de información nutricional. No hay rasgo más distintivo en una sociedad que ha vivido largamente en crisis alimentaria, que la justificación y naturalización de la subalimentación, ya sea porque no conocen otra realidad, ya sea porque no tienen manera de subvertirla. Ello implica el retroceso constante de los parámetros más básicos de una vida moderna o al menos digna.

 

La identidad alimentaria de los cubanos es la de “estirar” la proteína, la de echarle agua a los frijoles que lograron comprar al valor de un cuarto de un salario mensual, la de llenarse y no la de alimentarse, la de hacer más con menos, la de reducir una de las comidas del día y comer la siguiente fría porque no hay combustible para recalentarla. Hablamos de la realidad del cubano de a pie, no la de los restaurantes y centros de recreación con pago en divisas que muestran una oferta variada de productos del mar y de la tierra, nacionales e internacionales. Porque esa es otra parte de la memoria que se está negociando actualmente, la de la segregación alimentaria, la de la desigualdad económica, la del avance de la pobreza.

 

En suma, las autocracias intervienen y monopolizan el patrimonio nacional y la cultura alimentaria en Cuba no ha sido la excepción. Es un campo en discusión si la sovietización o las recetas de resiliencia y recuperación heredadas de la más profunda precariedad deben formar parte del canon gastronómico nacional. A juzgar por los prejuicios y concepciones que los cubanos cargan de la comida del Periodo Especial y las profundas privaciones que se experimentan en la policrisis, no creo que haya un orgullo nacional en elaboraciones que se han comido por necesidad y no por preferencia o gusto. El patrimonio gastronómico será otro aspecto que se deberá rescatar una vez Cuba viva en democracia y en pleno derecho a la alimentación. Pero para ello habrá que incluir en el debate la memoria de más de dos millones de cubanos emigrados en los últimos años, y de muchísimos más a lo largo del proceso político post1959, es una prioridad de reconciliación nacional para rescatar la identidad alimentaria de una nación actualmente destruida.

 

9. Más allá de la denuncia, ¿cómo busca el Food Monitor Program incidir en escenarios internacionales como organismos multilaterales o foros de derechos humanos para transformar la narrativa oficial sobre el modelo cubano y posicionar el derecho a la alimentación como una cuestión de libertad y no solo de asistencia?

 

El Food Monitor Program ha desarrollado una estrategia de incidencia internacional que trasciende la lógica clásica de la denuncia y se orienta a transformar de manera estructural la narrativa dominante sobre el modelo cubano. Esta estrategia se construye sobre la producción sistemática de datos independientes, técnicamente válidos y éticamente recolectados, que permiten desmontar el discurso estatal que atribuye la crisis alimentaria exclusivamente a factores externos, como el embargo estadounidense. El objetivo del FMP no es simplemente evidenciar la precariedad alimentaria, sino introducir dicha evidencia en escenarios multilaterales, como los órganos de tratados de Naciones Unidas, los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos y espacios del sistema interamericano, para posicionar el derecho a la alimentación como una dimensión constitutiva de la libertad individual y colectiva, y no como una prestación asistencial subordinada al diseño institucional de un régimen autoritario.

 

Esta apuesta por incidir desde el campo de la prueba permite al FMP alimentar procesos de revisión periódica como los informes sombra del Examen Periódico Universal, las contribuciones a las observaciones generales del Comité DESC, y los procedimientos especiales sobre derechos económicos, culturales y sociales, incluyendo la Relatoría sobre el derecho a la alimentación. Pero, más allá del plano jurídico, su trabajo se articula también con redes de sociedad civil transnacional que buscan reposicionar el hambre como una forma de violencia estructural. En esa línea, el FMP plantea una lectura innovadora del derecho a la alimentación, al centrarlo en su potencial emancipador: el acceso a los alimentos, en condiciones dignas, suficientes y culturalmente adecuadas, no es sólo una garantía material, sino una condición previa para el ejercicio pleno de la autonomía, la deliberación pública y la ciudadanía democrática.

 

10. ¿Qué lecciones ofrece el caso cubano, tal como lo analiza el Food Monitor Program, para comprender los vínculos entre seguridad alimentaria, democracia y agencia ciudadana en otros países de América Latina?

 

El análisis del caso cubano desarrollado por el Food Monitor Program ofrece una advertencia de gran relevancia para América Latina, cuando el Estado concentra el control sobre los medios de producción, distribución y acceso a los alimentos sin mecanismos de control democrático ni participación ciudadana, la seguridad alimentaria deja de ser una política pública para convertirse en un instrumento de dominación. La experiencia cubana revela que el hambre no es solo un fenómeno vinculado a la pobreza o al subdesarrollo económico, sino que puede ser producida activamente por un sistema político que utiliza la escasez como tecnología de sujeción. Esto desmonta la idea de que la inseguridad alimentaria es siempre una consecuencia no deseada: en contextos autoritarios puede ser una herramienta deliberada para desmovilizar a la población, fragmentar la organización social y mantener el statu quo.

 

En ese sentido, la lección más contundente que ofrece el caso cubano es que la seguridad alimentaria no puede garantizarse sin democracia ni sin una ciudadanía empoderada. El acceso a una alimentación adecuada requiere no sólo de recursos materiales, sino de un marco institucional que permita a las personas participar en las decisiones que afectan su bienestar, exigir cuentas al Estado y organizarse para defender sus intereses colectivos. En Cuba, el vaciamiento de la esfera pública ha generado un escenario donde los derechos se fragmentan, se jerarquizan y se instrumentalizan. Este patrón podría replicarse, en distintas escalas, en otros países de la región donde resurgen discursos autoritarios que buscan centralizar el poder bajo el argumento de la eficiencia o la estabilidad.

 

Por ello, el FMP insiste en que el derecho a la alimentación debe ser entendido como un derecho puente, no sólo garantiza la subsistencia biológica, sino que habilita el ejercicio de otros derechos fundamentales. Cuando este derecho se realiza plenamente, se abren posibilidades para construir ciudadanía, para preservar las identidades culturales y para promover sociedades más justas e inclusivas. Cuando se niega, se produce una ciudadanía sin derechos, una democracia vaciada de contenido y un cuerpo social disciplinado por el hambre.

 

 

[1] https://www.foodmonitorprogram.org/encuesta-de-inseguridad-alimentaria-2024

[2] https://www.foodmonitorprogram.org/entrevistas-alimentacion-en-adultos-mayores

[3] https://www.foodmonitorprogram.org/inicio-entrevistas-centro-de-educa