FORO CUBANO Vol 5, No. 40 – TEMA: CORRUPCIÓN Y DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA–

Corrupción, democracia, y totalitarismo

Por: Lennier Lopez

Enero 2022

Vistas

El artículo presenta dos posibilidades ante las mediciones que califican a Cuba como un país menos corrupto que sus pares de la región, resaltando como estas dos se cumplen parcialmente en la isla: algunas dictaduras tienen menos corrupción al controlar mejor la gobernabilidad y a su vez las mediciones suelen pasar por alto indicadores sobre Derechos Humanos.

Las diferentes mediciones de la corrupción[1] disponibles apuntan a Cuba como un país no tan corrupto si lo comparamos con otros países de la región como Argentina, Colombia, Brasil o México. Sin embargo, la amplia literatura existente sobre corrupción política apunta a la democracia como un elemento importante en el control de la corrupción. Es decir, cuanta más democracia, se espera que haya menos corrupción. Esto principalmente porque las instituciones democráticas generan contrapesos, controles, o accountability. Esto significa que la corrupción debe ser, al menos en principio, más costosa en un régimen democrático que en uno autoritario. Por ejemplo, antes de cometer actos de corrupción un senador deberá tener en cuenta que podría perder las siguientes elecciones si es descubierto o incluso sospechoso de corrupción, o incluso deberá considerar la posibilidad de ser perseguido judicialmente. Por el contrario, en un régimen no democrático este mismo senador sabe que su puesto no depende de los votos de los ciudadanos, ni su libertad de un juzgado independiente, sino de la "buena voluntad" de su patrón, elite, o dictador de turno. 

Dicho esto, no deja de sorprender que un país con tan pocas garantías democráticas como Cuba suela ser señalado como un país más "limpio" que democracias (muy imperfectas, ciertamente) de la región. Tenemos dos posibilidades aquí: primero, que en efecto en algunos aspectos Cuba sea un país menos corrupto que otros de la región a pesar de las diferencias sustantivas entre estos en cuanto a apertura política y económica; segundo, que las mediciones fallen en considerar aspectos importantes a la hora de estimar la corrupción en Cuba y que por ello el régimen comunista parezca más “limpio” de lo que en realidad es. 

Figura 1

Índice de percepción de la corrupción

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Nota. Índice de percepción de la corrupción en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y México. [Fotografía], por V-Dem[2], 2020.

Resulta muy complejo decidir cuál de estas dos opciones es más precisa, por lo cual me dispongo a evaluar ambos escenarios. Ello para terminar aceptando parcialmente ambas opciones. Es decir, por un lado, hay elementos que pueden justificar que Cuba, bajo el régimen totalitario o post-totalitario, sea un país menos corrupto que varias democracias de la región. Por otro lado, también hay elementos que indican por qué esos niveles de corrupción son probablemente más altos que lo que medidores como Transparencia Internacional, Banco Mundial, o V-Dem estiman. 

 

Una dictadura menos corrupta que algunas democracias

Hay algunos aspectos del totalitarismo que sugieren que la corrupción puede estar controlada. El primero de ellos es precisamente la gobernabilidad. Si bien democracias como la colombiana, la mexicana o la peruana cuentan con separación de poderes y una institucionalidad que, al menos en comparación con Cuba, permite perseguir a los corruptos sin importar quienes estos sean -véase, por ejemplo, la caída de presidentes en el Perú- también es cierto que estos estados no tienen la capacidad que sí posee el estado cubano. Es decir, los estados totalitarios entregan algo que muchas democracias débiles, como las de América Latina, no han podido entregar a sus ciudadanos: gobernabilidad. Esto es, capacidad para hacer cumplir las reglas. 

No todas las dictaduras son capaces de esto, vale aclarar. Los regímenes de corte autoritario -a diferencia de aquellos totalitarios- en ocasiones encuentran difícil garantizar el orden enfrentando a fuertes movilizaciones, oposición organizada y en ocasiones armadas que le impiden al estado ser el único actor ejerciendo el uso de la violencia. Muchas democracias de la región sufren el mismo problema. Colombia, por ejemplo, ha tenido grupos armados y crimen organizado en su territorio por décadas. Estos grupos controlan sectores del país donde el estado no puede ejercer el orden. Asimismo, allí donde el estado si es más efectivo, estos grupos también consiguen infiltrarse generando no solo amplios espacios de corrupción, sino también deteriorando la institucionalidad y la confianza de todos -sociedad civil y política- en ellas.

En escenarios como este, no es extraño entonces encontrar que países como Cuba puedan controlar mejor la corrupción que sus pares democráticos. Mientras el estado colombiano, peruano, argentino, o mexicano no pueden hacer cumplir las reglas del juego, el estado cubano si. Aun cuando estas reglas sean arbitrarias, el estado cubano las hace cumplir. O, dicho de otra forma, el estado cubano es arbitrario, pero consigue que todos los ciudadanos acepten -ya sea por consentimiento o por la fuerza- esa arbitrariedad. 

 

Una dictadura más corrupta de lo que parece

Si bien el estado cubano es más efectivo que algunas democracias a la hora de gobernar, hay muchos otros elementos que pueden sugerir que el régimen cubano podría ser más corrupto de lo que nos dicen los estimados que tenemos a la mano. Además de la inexistencia de contrapesos, elecciones libres donde los electores pueden castigar a los corruptos, o una prensa que no esté bajo el control de las autoridades y ejerza así el escrutinio a los servidores públicos, el régimen cubano ejerce una forma de corrupción sistemática que no es siempre propiamente sopesado por estos medidores. Me refiero a la violación de los derechos humanos[3]. No todas las violaciones en este sentido son actos de corrupción, pero aquellas que se ejercen para obtener beneficios particulares si lo son. Esto ocurre, sobre todo, porque estos estimados prestan mucha más atención a los beneficios materiales que a aquellos que pueden ser más intangibles, como beneficios políticos[4]

Es difícil discernir cuando hay un beneficio directo o no para el oficial que viola, ordena, o permite la violación de los derechos de un ciudadano u organización; pero hay ejemplos donde podemos ver la relación con más claridad. Véase los juicios a los manifestantes del 11J; estos son claramente actos de corrupción. Si bien no siempre queda claro si los fiscales o jueces han intercambiado sentencias a cambio de prebendas -promociones, vacaciones pagadas o subsidiadas, mera supervivencia en su puesto, u otros favores- es evidente que oficiales de mayor rango -y con poder sobre las autoridades judiciales- si se benefician y respaldan -si no fuerzan- estas sentencias violatorias de los derechos de los manifestantes tales como la presunción de inocencia y un juicio justo. El beneficio es político, desde luego. Miembros de la élite, como el propio Diaz-Canel, apaciguan las aguas generando miedo, y haciendo saber a quienes disienten que los costos de manifestarse son muy altos. 

Otras prácticas sistemáticas como el uso de los medios de comunicación para asesinar la reputación de disidentes, o el empleo de los aparatos represivos para impedir la movilidad de activistas, periodistas, y opositores también sirven de ejemplo. Todo esto debiese tomarse en cuenta a la hora de estimar los niveles de corrupción en un país. Y basta mirar otros indicadores como “derechos civiles” o “derechos políticos” para ver que, en estos aspectos, Cuba está muy por detrás de la mayoría de los países de la región. Ello sugiere, entonces, que la corrupción en Cuba, de tener en cuenta estos elementos, podría ser bastante mayor de lo que parece. 

Aun si algunos estimadores tienen esto parcialmente en cuenta, hay otros elementos que pueden hacernos creer que Cuba es menos corrupto que sus contrapartes en la región. Estos elementos tienen más que ver con los expertos encuestados, que con las organizaciones que se dedican a estimar. Por ejemplo, la ausencia de frecuentes escándalos de corrupción en Cuba tiene más que ver con la poca transparencia del régimen y la escasa presencia de medios de comunicación independientes, que con la voluntad del régimen para combatir la corrupción. Los ciudadanos -y expertos- tendrán siempre un sesgo empírico. Es decir, si la corrupción no es visible, resulta difícil apuntar a ella. Es por ello por lo que, si queremos tener un estimado más preciso de los niveles de corrupción en Cuba, seguramente debemos mirar allí donde más se puede palpar la corrupción en Cuba: en la burocracia. La burocracia es ese espacio donde estado y ciudadanos inevitablemente se encuentran. Y dado que los ciudadanos -y expertos- no podemos tener una mirada cercana -a través de los medios de comunicación y filtraciones a la prensa de whistleblowers- a la corrupción que pueda ocurrir en, por ejemplo, los altos círculos del conglomerado GAESA, debemos entonces observar lo que ocurre en la burocracia. Algo particular del régimen cubano es que el estado, el gobierno, y el partido se fusionan. De modo que lo que vemos en un ámbito, se refleja con cierta precisión en el otro. Es decir, lo que ocurre en GAESA, pasa por ciertas esferas de las FAR, MININT, y PCC. 

 

Figura 2

Índice de percepción de la corrupción en el sector público

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Nota. Índice de percepción de la corrupción del sector público en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y México. [Fotografía], por V-Dem[5], 2020.

 

Si miramos entonces la corrupción de los empleados en el sector público[6] podremos tener seguramente una mejor idea de cómo se comporta la corrupción en Cuba. V-Dem nos puede echar una mano con esto, dado que separa corrupción política de la administrativa. El lector puede repasar los datos en el gráfico y sacar entonces sus propias conclusiones. 

 

Referencias

V-Democracy. (2020). Índice de percepción de la corrupción en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y México. [Fotografía].

V-Democracy. (2020). Índice de percepción de la corrupción del sector público en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y México.  [Fotografía].

 

[1] Por corrupción me refiero específicamente a la corrupción pública. Es decir, aquella que ocurre en, o a través de, el estado o gobierno. Esta corrupción es definida por Transparencia Internacional como el uso de un poder confiado para beneficio privado.

[2] Si bien el índice de TI va hasta 1995, V-Dem solo recoge los datos desde 2012 que es cuando TI comenzó a usar una escala estandarizada de 0-100. Cuanto mayor es el número, menos percepción de la corrupción existe. Para conocer mas vea aquí.

[3] Si bien recientemente la visión “derechohumanista” – a al cual se refieren Armando Chaguaceda y Arturo Chípuli en uno de los artículos que aparecen en este número – considera el impacto de la corrupción en el respeto de los derechos humanos, esta no siempre entiende la violación misma de estos derechos como actos de corrupción. Para ilustrar esto, lea aquí

[4] La excepción de esto es uno de los indicadores de V-Dem, corrupción de régimen, el cual explicita en su pregunta a expertos el término “beneficio político”. Desde luego, es posible que aun así los expertos tiendan a valorar mas beneficios, por ejemplo, electorales o partidistas que beneficios mas abstractos como el de intimidar a opositores y asegurar la estabilidad política del régimen lo cual trae dividendos políticos -al menos a corto plazo- a la elite y al dictador más específicamente.

[5] Si bien el índice de TI va hasta 1995, V-Dem solo recoge los datos desde 2012 que es cuando TI comenzó a usar una escala estandarizada de 0-100. Cuanto mayor es el número, menos percepción de la corrupción existe. Para conocer mas vea aquí.

[6] Nótese, sin embargo, que este indicador presta atención mayoritariamente a beneficios materiales a cambio de favores. Es decir, no pone énfasis en beneficios políticos que, por ejemplo, cuadros del PCC busquen para ascender en sus carreras políticas. El indicador va de 0 a 1. Mientras mayor es el valor, mayor corrupción se estima.