Autonomofobia de Estado y socialización cívica en Cuba

Por:  Armando Chaguaceda Noriega y Claudia González Marrero 

Mayo  2019

La reticencia deliberada del Estado cubano ante grupos identitarios de mayor visibilidad podría encontrar justificación por el reclamo histórico de una voluntad delineada desde 1959 como colectiva y unanimista, corporeizada en los entes políticos oficiales: partido único, organizaciones de masa, etc. Las representaciones de las minorías tradicionales han sido absorbidas y ejecutadas desde arriba como parte del ideal de emancipación y redistribución que conjugó el cambio revolucionario. De tal modo no debe haber un feminismo allende la oficialista Federación de Mujeres Cubanas ni un activismo LGBTI+ fuera de los predios del Centro Nacional de Educación Sexual dirigido por Mariela Castro; quien ha aclarado que los debates que cohabitan en la esfera pública forman “parte de los proyectos de justicia social que propone la Revolución cubana”.[1]

La resignación del cuerpo social a esta relación de gobernabilidad entiende que la política pública ha sido convenientemente delineada, que los reclamos grupales han sido archivados y que la sociedad construye un camino estandarizado al ideal de justicia social, por lo que cualquier escollo o postura incómoda deberá verse como atentado al Bien Común. Fuera del léxico político que el imaginario instituyente informa, en la práctica ello se traduce en una actitud autonomofóbica característica del Estado cubano.

El pasado sábado 11 de mayo alrededor de 300 miembros de la comunidad LGBTI+, activistas y simpatizantes, portando banderas cubanas y del arcoíris, marcharon desde el Parque Central habanero, atravesando el Paseo del Prado. Exclamando “Cuba diversa” y “Sí se pudo”, la demostración respondía a la cancelación de la “Conga contra la homofobia”, tradicionalmente organizada por CENESEX. Se trató de la primera manifestación independiente multitudinaria en Cuba en las últimas décadas.[2] La marcha fue interrumpida en Malecón, al final de la avenida, por policías y agentes vestidos de civil, con el argumento de que la actividad no había sido autorizada.[3]

Tras la jornada, lo que ya ha comenzado a conocerse como el 11M cubano, ha sido resemantizado tratando de inducir una alerta ‘contrarrevolucionaria’ en la memoria colectiva. Sitios digitales, medios de prensa y programas de televisión oficialistas han desplegado una contraofensiva donde a los manifestantes se les reduce en número, se les asocia a una conspiración foránea, se les construye liderazgos estigmatizados, se les tergiversa en sus motivaciones,  se les criminaliza en sus canales de concertación y, en definitiva, se les deslegitima en su derecho a la representación y la manifestación pública. En consecuencia, aquellos que reproducen dichos postulados en las redes -no solamente funcionarios o intelectuales oficiales, sino también ciudadanos de a pie, orgánicos a esta cosmovisión y funcionales a su narrativa-, les han restado justeza a los manifestantes, alegando intereses y beneficios personales, ignorancia e incluso capricho.

El artículo primero de la Constitución recientemente aprobada identifica al Estado cubano como “socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”. Sin embargo, la distancia entre la retórica socialista del texto constitucional estipulando derechos de jure y la administración de estos de facto se dilata aún más en la imposibilidad de discutirle legalmente al Estado tanto en materia de políticas públicas como en derechos cívicos.

En el artículo 13 del mismo capítulo explica que el Estado tiene entre sus fines esenciales “(…) garantizar la igualdad en el dis­frute y ejercicio de los derechos, y el cumplimiento de los deberes con­sagrados en la Constitución”. No obstante, en el mismo apartado incluye “afianzar la ideología y la ética inherentes a nuestra sociedad socialista”. Esto significa que, si bien el Estado, de jure, debe reconocer y fomentar las organizaciones que agrupen intereses diversos y específicos en los diferentes grupos de la población, estos no pueden obstaculizar lo que se entiende como la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista.[4] De facto, los recursos que posee un sujeto incómodo a la cosmovisión oficial no serán comparables a los de otro con una ciudadanía activa, militante e integrada, tan sencillo como que este último tendrá derecho a manifestarse públicamente mientras el primero no. Y aquí se demuestra la lógica verticalista, jerárquica y monopólica del Leviatán tropical, acostumbrado a no aceptar desafíos a su hegemonía.

Urge pensar la ciudadanía fuera de las prácticas del imaginario ideológico que supeditan constructos de patria, nación, soberanía, etc., a la pertenencia natural jurídica del ciudadano. El 30 de diciembre el presidente cubano Díaz-Canel aseguraba en Twitter, por ejemplo, que no faltaban “los mal nacidos por error en Cuba”, incluyéndose en la tendencia de los medios estatales de nombrar “excubanos” a un grupo destituido de lo que consideran políticamente correcto. Aunque parezca inofensivo enunciar la caducidad de la ciudadanía desde un podio virtual, en la mentalidad creada por el poder de facto de un movimiento social tras un golpe de Estado, la oratoria misma de los líderes históricos ha promovido, cumplimentado, y confirmado la aplicación o reforma de estatutos legales, sin mayores fricciones ni confrontación en la relación gobernante/gobernado.

Todo activismo, en teoría, es político en tanto habita la exigencia y el emplazamiento de determinadas políticas públicas. De hecho, el derecho a la organización y a la protesta está incluido en los derechos políticos de la ciudadanía.[5] Las movilizaciones protestatarias interrogan al poder para, ‘desde abajo’, reposicionar discursos de reivindicación y reparación. En casa, estos movimientos llegan a administrar políticas locales, a promover sufragios y reformas legales, incluso a presionar vocabulario y práctica en las relaciones interpersonales. En las redes, establecen alianzas y solidaridades globales y propician una mayor discusión sobre las racionalidades y tipologías de modelos políticos existentes. Pero esto solo puede alcanzarse si el Estado permite abrir un escenario de debate donde el espacio público sea una arena real de controversia instrumental en la construcción de reclamos sociales, no únicamente ‘desde arriba’, retando sus categorías y jerarquías de lo que un ‘no-ciudadano’ puede llegar a ser.[6]

La construcción de una ciudadanía activa es central para el desenvolvimiento democrático en lo político (derecho al voto, a la asociación y reunión, y a la protesta, transparencia informativa), en lo legal (representación imparcial, libertad de expresión, de prensa, de privacidad y a la propiedad). Estos, entre otros derechos, no pueden ser opacados ni supeditados a la entrega básica de garantías sociales alcanzada en los 60s, como ha venido siendo el estandarte del sistema en la isla, en lo simbólico, toda vez que estas mismas subvenciones han ido depauperándose drásticamente. La violencia implícita en esta dicotomía reside primero, en la condición de introducir el derecho a la educación, a la seguridad social, al trabajo y la salud como logro unilateral del movimiento y por ende, como base indispensable para el sustrato social de la Revolución, por lo que cualquier interés que revisite este constructo abstracto se ubica contra el destino histórico común y en favor de motivaciones personales sin legitimación. Estos resortes han permitido recapitular discursos de normalidad en medio de crisis económica y déficit democrático, ajustar decisiones del ejecutivo con justificación necesaria como para no incurrir en la evidencia autoritaria frente a la izquierda internacional, abortar iniciativas emergentes que resulten ‘desestabilizadoras’, así como neutralizar la articulación de asociaciones futuras.

La obstaculización o encapsulamiento de estos debates -mediante mecanismos oficiales de participación consultivos, movilizativos y parroquiales- refuerza los patrones dominantes de una ciudadanía fragmentada, estéril, entumecida, reproductivista y desinformada. Inútil para conseguir la reconciliación nacional y fomentar procederes que nutran la vida civil del país, donde todos puedan manifestarse por lo que son y lo que piensan, donde puedan celebrar su identidad y a la vez informar a otros allanando estigmas, donde no resulte incómodo abogar por el derecho animal y articular iniciativas ciudadanas para su promoción. Una vida civil donde el espacio público sea un lugar de argumentación y debate y no de fórmulas maniqueas e intolerantes.

 

[1] Goodman, Amy. Transcripción de la entrevista televisada a Mariela Castro conducida por Democracy Now, junio 11, 2012.

[2] Coberturas exhaustivas del evento pueden leerse en La Jornada y The Guardian, entre otros medios internacionales que estuvieron presentes tanto en la marcha como en la represión policial con la que culminó.

[3] Valga aclarar que la no petición de un autorizo vino precedida por el entendimiento de los participantes de una negativa segura. Recientemente se había hecho pública la expulsión de un funcionario del Municipio Plaza de la Revolución que habría autorizado una iniciativa similar de un grupo protector de animales.

[4] http://www.parlamentocubano.cu/wp-content/uploads/Tabloide-Constituci%C3%B3n.pdf

[5] Turner, B. S. (1990). “Outline of a Theory of Citizenship”. Sociology, 24(2), 189–217.

[6] Alvarez , S. , Dagnino , E. , y Escobar , A. ( 1998 ) “Introduction: the cultural and the political in Latin American social movements” , en S. Alvarez , E. Dagnino , y A. Escobar (eds.) Culture of politics, politics of culture: re-visioning Latin American social movements , Boulder, CO : Westview Press : 1 – 29 .

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