FORO CUBANO Vol 5, No. 47 – TEMA: 11J: "A UN AÑO DEL GRITO DE LIBERTAD" –

Yo quiero fundamento 

El 11J en Cuba y la necesidad urgente de una Sociología que incomode.

Por: Elaine Acosta González [1]

Agosto 2022

La muela sin fundamento  

me produce malestar[2] 

 

El 11 de julio se vivió una jornada inédita en Cuba. Inédita por su carácter masivo, espontáneo y de alcance nacional. Las protestas se extendieron prácticamente por todo el país, evidenciando que el malestar social acumulado era profundo y transversal a la sociedad cubana y necesitaba nuevas vías de expresión. La ineficiente gestión del gobierno cubano y sus instituciones, la inmutabilidad del sistema político y su diseño institucional, el aumento de los mecanismos de represión y su mayor visibilización a través de las redes sociales, fueron generando crecientes tensiones y mayores niveles de conflictividad social que eclosionaron el 11 de julio. 

 

Desde la perspectiva académica, el estallido social del 11J nos deja varias lecciones y aprendizajes en el ámbito de las ciencias sociales en la isla, en particular de la Sociología. También un montón de desafíos. Lo más notorio, superar el retardo o déficit para hacerse cargo, oportuna y críticamente, de las complejidades de las causas e impactos del 11J en la sociedad cubana actual, en términos de la investigación y la incidencia social. Este será el propósito de la presente reflexión, ahondar en los vacíos, barreras y limitaciones, tanto de la propia disciplina científica, como las que provienen del entorno institucional, político y social que no han permitido una respuesta de la ciencia social a la altura de la importancia e impacto de la protesta social y la crisis por la que atraviesa el país. Profundizaremos además en la importancia de activar una Sociología crítica, que incomode y se revele contra los poderes que impiden que esta ciencia devele la naturaleza estructural de la crisis que atraviesa la sociedad cubana en la actualidad y los impactos sociales que alimentan el creciente malestar y conflictividad. 

 

Para entender las condiciones de la producción científica de la Sociología en la isla, que carece de una sistematización de su tradición histórica, es preciso recordar que la enseñanza y devenir institucional de la disciplina en Cuba han venido confrontando interrupciones en los procesos formativos, censuras e intermitencias institucionales, así como ausencias de temáticas, enfoques metodológicos y perspectivas analíticas que impactan negativamente en la docencia, la investigación y la incidencia social (Muñoz, 2005; Nuñez, 1997; Espina, 1995). Otros procesos como la inexistencia de un debate sostenido al interior de la comunidad de sociólogos; la falta de espacios de asociación que permitan fomentar la vinculación de las distintas instituciones que se dedican a este tipo de estudios; la escasez de espacios de publicación; las limitaciones de acceso a la bibliografía actualizada y los controles sobre su uso; la crisis de representatividad de la ciencia (Hernández y Díaz, 1995), las complejas relaciones entre la comunidad científica transnacional, han impactado en la forma en que se producen, difunden y utilizan los resultados de las investigaciones sociológicas.  

No es de extrañar entonces las ausencias o déficits que aún persisten en términos de la formación y la investigación social, reconocidos por algunos investigadores en la isla. La cuestión racial y sus nexos con la desigualdad social, la pobreza, la integración y conflictividad social, las alternativas de desarrollo y de cambio social, las cuestiones del poder y los actores sociales, la sociedad civil, continúan siendo temas que han carecido de atención y análisis sistemáticos (Espina, 1995). El enfoque interseccional, tan significativo en los estudios sobre desigualdad social, ha tenido una reciente y limitada presencia en los estudios sobre desigualdades en Cuba. Según el estudio de Zabala (2020), la categoría que ha tenido mayor uso en los estudios realizados es la de género, seguida de la del color de la piel y la edad, mientras que la discapacidad, la condición migratoria, la orientación sexual, la identidad de género y la filiación religiosa apenas son tomadas en consideración, siendo que los pocos estudios que existen evidencian que la superposición de “marcadores” de vulnerabilidad magnifica las experiencias de exclusión social.   

 

En términos metodológicos, se ha pasado de un enfoque cuantitativista al predominio del uso de la metodología cualitativa, en un nivel microsocial, centrándose en el análisis de pequeños conglomerados o grupos específicos de personas pertenecientes a una comunidad. Los trabajos menos frecuentes corresponden a aquellos basados en métodos y técnicas cuantitativas para la recogida y análisis de datos (Romero, 2020). Fuera de las estadísticas oficiales producidas por organismos como la ONEI o los ministerios específicos, usualmente no hay estadísticas alternativas, debido a los impedimentos para realizar investigación libre e independiente en Cuba. La producción de estadísticas es altamente centralizada y no hay instrumentos o mediciones alternativas para contrastarlas. Existen importantes vacíos estadísticos sobre aspectos fundamentales de la economía y la sociedad. Por señalar algunos que influyen de manera considerable en el bienestar de la población, no existe información sobre las remesas, la incidencia de pobreza, la desigualdad en el ingreso, la cobertura de la fuerza laboral en pensiones y de la población por la salud, entre otros. Este importante déficit de información estadística en Cuba, obstaculiza la realización de estudios de carácter nacional, comparativos o longitudinales, lo que redunda en una limitada densidad sociológica explicativa de problemáticas, tendencias o dinámicas que afectan de manera estructural a la sociedad cubana. La realidad rural es otro de los grandes pendientes de la Sociología en la isla.  

Todo ello ha estado profundamente marcado por la especial vinculación entre la ciencia social cubana postrevolucionaria y la política, condicionada por los estrechos márgenes de libertad académica que posibilita un régimen político autoritario como el cubano. Para inicios del siglo XXI, el balance de esta relación se inclinaba hacia una Sociología aún en proceso de consolidación institucional, altamente condicionada en términos de la ideología política que sustenta el proyecto político aún vigente en la isla, traducido en la siguiente cita como un apoyo al proceso revolucionario y en una opción política preferencial por el modelo socialista. “Las tendencias presentes al interior de la Sociología, apoyan al proceso revolucionario y han demostrado su compromiso político con el Socialismo, independientemente de que entre ellas, puedan presentarse algunas divergencias teóricas o metodológicas” (Muñoz, 2005). 

 

Los silencios, ausencias y vacíos de la Sociología cubana frente al 11J se explican en buena medida por esta condicionalidad política. ¿Dónde están, por ejemplo, las encuestas o sondeos de opinión pública sobre temas de relevancia social y política, como son, por ejemplo, las medidas económicas tomadas en el contexto de la Tarea Ordenamiento y sus impactos sobre el bienestar de la población, las cuales forman parte del descontento social que motiva las protestas? La aplicación de este tipo de instrumentos (encuestas, sondeos de opinión) es relevante en contextos autoritarios como el cubano. Al girar en torno a las actitudes del público hacia las cuestiones de índole económica, social o de política pública, pueden desempeñar, un papel notable en la comunicación del estado de ánimo de la sociedad a un público más general y a los responsables de la toma de decisiones políticas (Acosta, 2019). El activismo en las redes sociales en Internet ha obligado al Estado chino, por ejemplo, a reformar sus formas tradicionales de manejar los eventos de los medios y la política. Últimamente hemos visto, cómo también el activismo ha impactado en la forma de comunicación y estrategias utilizadas por el gobierno cubano para manejar comunicacionalmente la crisis.  

 

A este déficit de información, datos y análisis sobre las cuestiones medulares que están detrás del creciente malestar social, el economista Pedro Monreal le ha llamado «apagón estadístico nacional sobre la pobreza y la desigualdad». Monreal alerta sobre la escasa importancia que parece concedérsele oficialmente en Cuba al análisis público de temas cruciales como la pobreza, la desigualdad y el efecto social del empleo de baja productividad. En efecto, son escasísimos los estudios de opinión sobre las políticas y los programas sociales. Menos aún sobre los temas de orden político. ¿Qué se ha investigado desde la Sociología sobre las representaciones y significados sociales del 11J y sus repercusiones en las visiones y proyectos de cambio social, tanto personal como institucional, por ejemplo?  

 

¿Dónde ha estado el análisis de la sociología jurídica sobre el papel del Estado en su accionar frente a manifestaciones populares, sobre el uso de los escasos recursos para fines represivos en medio de una crisis estructural de proporciones, sobre la falta de independencia del sistema de justicia y las altísimas e injustas condenas impuestas a los manifestantes? Un jurista, como Julio Antonio Fernández Estrada, censurado y expulsado de las aulas universitarias, hizo notar cómo el 11J puso el sistema de justicia cubano al descubierto, pese a saberse que en la isla la ley no es lo más importante que se pone a consideración de los jueces. Para Fernández nada es comparable con la afrenta al Estado de derecho que significa que el presidente del Tribunal Supremo reconociera, sin ruborizarse, que en Cuba los jueces son de la Revolución y del Partido y que está bien ponerse de acuerdo con la Fiscalía y con el Ministerio del Interior para administrar justicia.  

 

En síntesis, la sobre-ideologización, la monoteorización dogmática, la negación del papel crítico de la teoría social (Hernández, 1998), la escasez de datos y las limitaciones metodológicas, los silencios y complicidades con el poder, continúan siendo impedimentos para dar cuenta comprensivamente de los cambios sociales que han venido ocurriendo en la sociedad cubana en los últimos treinta años y su impacto en las subjetividades. Se les suman los pobres vínculos interdisciplinarios y la falta de actualización de los programas formativos, todos los cuales dificultan hacerse cargo de la ‘creciente complejización de la sociedad cubana actual’ (Figueroa, 2010).  

 

Pagué ayer por un melón  

el salario de dos meses  

por eso es que algunas veces  

estalla mi corazón 

 

La historiadora Alina Bárbara López Hernández, desde el medio independiente que actualmente dirige, ha contribuido, junto con otros pensadores, a exponer las claves interpretativas de lo ocurrido el 11 de julio, además de denunciar el estado de cosas actual en la sociedad cubana y proponer alternativas. Para la historiadora, en las causas del estallido social se encuentran razones de carácter estructural resultantes de políticas económicas y sociales fallidas y el desgaste del modelo de socialismo burocrático, que redundaron en un aumento de la pobreza y la desigualdad social. Concluye que el estallido social no fue más que “la reacción tardía de una parte del pueblo que no puede sufrir más los rigores de la pobreza y los ajustes de un semi-neoliberalismo con maquillaje socialista”, junto con las ansias de cambios y expectativas de futuro de una ciudadanía que ha perdido la confianza en la clase burocrática -inepta e ineficiente- que dirige desde hace décadas la sociedad cubana. 

La creciente estratificación social y racial, resultante de los continuos e improvisados paquetes de medidas que ha implementado el gobierno cubano en los últimos años, continúan siendo una fuente de enorme frustración popular. Con mucho menos acceso a capital financiero, bienes y movilidad, los negros y mulatos están claramente en desventaja, cuestión que tiene una serie de implicaciones políticas inmediatas, una de ellas dar urgencia a la reforma del sistema de bienestar social de Cuba (Hansing and Hoffmann, 2019). La pandemia del Covid-19 visibilizó el deterioro de los principales pilares de la protección social, especialmente en el ámbito de la salud (Mesa-Lago et al., 2020). Un estudio de la oficina del PNUD en Cuba señala como principales impactos sociales de la pandemia la reducción de la disponibilidad de alimentos, afectaciones en la producción del cuadro básico de medicamentos, presiones sobre el sistema de salud pública y de asistencia social, afectaciones en el consumo, potenciales desafíos en materia de género e impactos en la educación y servicios culturales específicos, todos ellos influyendo de manera diferenciada por grupos poblacionales (Rodríguez y Odriozola, 2020). 

 

La combinación de estas reformas y procesos ha contribuido a reforzar el patrón de vulnerabilidad social en el país, que ha ampliado las poblaciones en riesgo (Torres, 2020). Dentro de ese patrón se encuentran fundamentalmente, aunque no en forma excluyente, las familias monoparentales con jefatura femenina, las familias negras y mestizas, obreras, con baja calificación e instrucción, familias residentes en barrios marginalizados, comunidades en tránsito y, en general, territorios con desventaja social o riesgo medioambiental. Se incluyen además las familias vinculadas al sector estatal de la economía sin otras fuentes de ingresos, extensas y con miembros dependientes, donde la persona a cargo del hogar está privada de libertad y existen hijos pequeños, familias en situación de violencia agravada, y hogares unipersonales de adultos mayores o personas con discapacidad (Zabala et al, 2015).  

 

Esta situación ha empeorado recientemente con la puesta en práctica de la «Tarea Ordenamiento» a inicios del 2021, la crisis de abastecimiento de bienes básicos, que incluyen los medicamentos y el proceso de hiperinflación que se vive en el país, que ha continuado al alza. El malestar verificado en las recientes manifestaciones de protesta social en Nuevitas y su antecedente más ampliado durante la jornada del 11J, ha estado, además, íntimamente ligado a un discurso de criminalización y racialización de la pobreza. El gobierno cubano ha negado sistemáticamente la existencia de pobreza en Cuba y continúa sin publicar estadísticas sobre su incidencia. Sin embargo, la investigación de la socióloga Mayra Espina evidenció el aumento de pobreza urbana, que alcanzaba cotas de 20%, y un incremento del índice de Gini hasta 0,38 hacia inicios del siglo XXI (Espina, 2020). Un estudio nacional sobre la pobreza y su comportamiento territorial, con enfoque interseccional, es una deuda de la Sociología en la isla, que requiere ser urgentemente atendida. 

Se sabe, no obstante, que la pobreza ha aumentado. Desde la crisis del decenio de 1990, luego con las reformas estructurales de Raúl Castro de 2007 y profundizado con la crisis económica actual, el acceso a bienes y recursos básicos ha disminuido de manera considerable, a la par que ha aumentado el costo de la vida y se han reducido los subsidios y la asistencia social. El gasto en asistencia social como porcentaje del PIB se redujo de 2.2% a 0.3% entre 2006 a 2020; mientras que el número de beneficiarios como porcentaje de la población se contrajo de 5.3% a 1.7% en el mismo período (Mesa-Lago, 2020). Al mismo tiempo, se ha deteriorado el acceso y calidad de los servicios de salud, llegando a niveles críticos durante la pandemia, se redujeron el salario y la pensión reales en 45% y 32% respectivamente entre 1989 y 2020; y la inflación galopante desde la unificación monetaria de 2021 (entre 50% y 1,000%) ha disparado los precios de los bienes y servicios, así como reducido aún más el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones (Mesa-Lago, 2020b). A todo lo anterior, hay que agregar el efecto regresivo en términos de equidad que ha provocado la puesta en marcha en 2021 de venta de artículos de primera necesidad en moneda libremente convertible (MLC), a precios inasequibles para la mayoría de la población.  

La precarización laboral y de la vida se ha venido convirtiendo en un rasgo de la sociabilidad en Cuba desde los noventa. Este proceso ha venido aparejado de una movilidad descendente, producida por la pérdida de peso (real y simbólico) de la clase obrera, el aumento del desempleo y el paso de ocupaciones de mayor a menor calificación (Bobes, 2016). Este problema se agrava para determinados grupos, como ya hemos mencionado anteriormente. Las vías de movilidad social se han modificado, apegándose más a criterios informales que institucionales. Se trata de un problema de orden estructural, con múltiples expresiones y rostros que exponen las crecientes desigualdades sociales (Zabala et al., 2015), y a la vez, ha generado nuevas formas y acciones de resistencia y reivindicaciones sociales por parte de la ciudadanía. 

Los crecientes procesos de segregación espacial, gentrificación y marginalización social, que cada vez son más evidentes en la isla son una expresión de lo anterior. ¿Qué se ha dicho desde la Sociología urbana al respecto, qué se conoce de los movimientos poblacionales e impactos sobre la reubicación -voluntaria o forzada- de los habitantes de zonas turísticas hacia zonas periféricas o de los desplazamientos de migrantes internos hacia la capital o zonas turísticas? En suma, ¿cómo se ha evaluado el impacto de las políticas económicas que han priorizado la inversión en el turismo -y del turismo de lujo- como un rubro cada vez más prioritario de la economía?  Al mirar el mapa de las protestas y los barrios donde se localizaron muchas de ellas, elaborado por Proyecto Inventario, puede apreciarse que los beneficios sociales que el gobierno había prometido como resultado de esta política de inversión no se han traducido en un mejoramiento de la vida en los barrios periféricos de la ciudad, ni prácticamente en ningún orden de la vida social.   

Le ha faltado a la Sociología jurídica pronunciarse sobre la forma en que las sentencias de los procesados por su participación en las jornadas del 11J ofrecen información que permite constatar la enorme complejidad de las dificultades existentes en el tejido social y la vida comunitaria, que tienen como denominadores comunes la agudización de la pobreza y la exclusión social. El caso del barrio La Güinera, donde se registra una proporción significativa de los procesados por el 11J, es ilustrativo al respecto. En un artículo del historiador Leonardo Fernández, recientemente vetado para continuar sus estudios de doctorado en la Universidad de La Habana, se concluye que los efectos de las continuas crisis económicas y del deterioro del modelo socio-político cubano, han influido en el débil mercado laboral de los residentes en dicho barrio. A ello contribuyen tres factores fundamentales que caracterizan las dinámicas y estructura de oportunidades de los habitantes de la zona: elevada tasa de abandono del sistema educativo al concluir la enseñanza media, auge del empleo informal y desconfianza en las instituciones públicas o gubernamentales. 

 

Ay, yo quiero fundamento  

Ay, yo quiero fundamento 

 y no me digan que miento 

 

Pese a este escenario, persisten y se alzan voces críticas, muchas de las cuales han sido expulsadas de las universidades y centros de investigación en los últimos años, mientras otras, desde medios independientes se esfuerzan por hacer análisis críticos y oportunos sobre las más diversas problemáticas por las que atraviesa la sociedad cubana actual. Teresa Díaz, por ejemplo, ha reflexionado bastante sobre el rol de los intelectuales y las ciencias sociales en los tiempos de crisis que se viven en Cuba. En uno de sus recientes artículos señala sentir vergüenza sobre “el mutismo de una parte de la intelectualidad que se muestra incapaz de exigir la construcción de un hogar común por mediación de la compasión. No solo se van cuerpos de cubanos al exilio; a la palabra también la exilian”.  

 

En ese rol que corresponde a la Sociología, ha faltado el examen crítico sobre la naturaleza del poder en Cuba, sus estructuras y mecanismos de reproducción ideológica y la valentía de preguntarse a cuáles intereses sirve en la actualidad. La investigación “fría y alejada del que sufre”, según la denomina la propia Teresa Díaz, ha primado sobre aquella que devela las orientaciones y modificaciones del rol del Estado cubano como protagonista hegemónico y decisivo de la política económica y social del país y sus responsabilidades en la profundización de la crisis que en todos los órdenes atraviesa la sociedad cubana.  

 

El rol de la sociedad civil cubana hay que considerarlo también entre las múltiples causas del estallido social y la Sociología apenas se ha pronunciado al respecto. El contenido político de los reclamos escuchados durante las protestas reafirmó las señales que se venían dando, de manera aislada pero persistente, de agotamiento de un modelo de sociedad y del proyecto político, carente de políticas comprehensivas que se hagan cargo de la complejidad de las múltiples crisis. Fue además una expresión que contrarrestó el imaginario imperante de una ciudadanía pasiva, indiferente o despolitizada. El 11J vino a confirmar la incapacidad de las élites políticas en Cuba de gestionar el malestar social, optando por las respuestas tradicionales de adjudicar la responsabilidad a un “enemigo externo”, mientras que aumentaba los mecanismos de represión y criminalización del disenso. 

 

El 11J confirma la emergencia de nuevos actores con demandas y mecanismos de expresión y participación más desconectados del molde político tradicional. Los aprendizajes y presiones ejercidas por varios movimientos y acciones de la sociedad civil anteriores al estallido social fueron mostrando a la sociedad en su conjunto que era posible mover las barreras. A ello contribuyeron diferentes iniciativas, con mayor visibilidad y resonancia desde el gremio artístico, pero a las que sumaron acciones de reclamo popular desde las barriadas y sectores más empobrecidos (tomas de viviendas por mujeres, protestas en las calles por falta de agua o electricidad, etc.) o por las precarias condiciones de atención médica.   

 

El abanico de grupos y organizaciones de carácter independiente, el tejido asociativo y su capacidad de agencia se ha ampliado y diversificado, pese a las enormes restricciones. Cada uno de estos grupos con demandas específicas y sectoriales, ha ido creciendo en visibilidad y presencia, especialmente a través del uso de redes sociales, y con ello disputando espacios al gobierno. La sociedad cubana transnacional experimentó también una reactivación y reencantamiento con el tema y la agenda políticas de cambio. Mostró capacidades y articulaciones para abordar y gestionar apoyos para enfrentar los efectos de la crisis de medicamentos durante la pandemia y, al mismo tiempo, reorganizarse cívica y políticamente para analizar, protestar y hacer incidencia internacional con el tema de Cuba.  

 

Al mismo tiempo, han surgido significativos esfuerzos de carácter transnacional dirigidos a la recolección y sistematización de datos para sustentar y apoyar las diferentes acciones de la sociedad civil. En especial destaca el registro, documentación y acompañamiento a las detenciones y procesos judiciales de las personas involucradas en las protestas del 11J. El trabajo de CubaLex y de Justicia 11J son muestras de ello. Se han sumado diferentes iniciativas de observatorios sociales y académicos para monitorear violaciones a derechos sociales, culturales y políticos. 

 

Ay, yo quiero fundamento, 

 no me repitan  

que hay que esperar el momento 

 

El 11-J establece un antes y un después en las lecturas, comprensiones y salidas a las múltiples crisis que atraviesa la sociedad cubana. Varios caminos están abiertos, con un conjunto infinito de obstáculos, pero también de posibilidades. La sociología cubana ha de identificar y caracterizar esas opciones y actores que emerjan de la sociedad, caracterizarlas, develar sus barreras y dificultades, y retomar la posición crítica que nunca debió perder. La Sociología es una ciencia que incomoda, que crea problemas, como diría Bourdieu, y en este momento crítico por el que atraviesa la sociedad cubana, los sociólogos y sociólogas deberían estar trabajando incansablemente en la producción de información verificable, fundamentada y útil sobre el país “real”, realizando análisis que ubiquen las principales tendencias, demandas y necesidades que tiene la ciudadanía, así como las valoraciones y opiniones que tiene sobre sus gobernantes, el presente y el futuro del país.  

 

Es urgente generar evidencia científica que alerte sobre la incidencia y consecuencias de una sociedad basada en la proliferación y normalización de la precariedad y la sobrevivencia cotidianas. Es imprescindible que las ciencias sociales y, en particular la Sociología, se movilice y aporte al debate político y público, alertando sobre la urgencia de regular, intervenir y transformar las condiciones y situaciones de precariedad en las que vive gran parte de la población cubana, desde un enfoque integral, solidario y fundado en derechos. Para ello, requiere profundizar en la comprensión del eje pobreza-vulnerabilidad-desigualdad social en una sociedad en permanente crisis y en cómo generar más información, datos y propuestas que contribuyan a mejorar la intervención social en medio de las limitaciones de un modelo social y político que no permite una participación activa de la sociedad civil. Una sociología que debe atender a los impactos de la crisis migratoria en términos de las dinámicas poblacionales y sus efectos sobre el desarrollo del país.  

 

El actual estado de cosas en Cuba reclama de una Sociología que ponga al descubierto el rol del Estado cubano, sus responsabilidades en la profundización de la crisis actual y en el aumento de los niveles de conflictividad social, sin ofrecer alternativas de salida para la elaboración de un nuevo pacto social. La Sociología requiere asumir los desafíos de analizar escenarios de crecientes tensiones en la sociedad cubana y proponer alternativas. Deberá identificar las narrativas y prácticas emergentes que faciliten la articulación de la sociedad civil y contribuyan a mejorar el clima político de los distintos actores sociales que consideran como urgente la necesidad de un cambio.  

 

Al mismo tiempo, y con urgencia, debe sacudirse de todos los moldes y corsés que le impone la subordinación y control a una ideología y partido político y proponerse generar modelos interpretativos propios, generar alianzas transnacionales con el resto de la comunidad cubana académica que vive fuera de la isla y favorecer el desarrollo de colaboraciones, estudios y propuestas. Una Sociología que reconozca y visibilice -sin cortapisas- la enorme y profunda crisis que atraviesa el país en todos sus órdenes, partiendo por el político, y se comprometa con una agenda de investigación-acción que contribuya a proponer, en alianzas con los más diversos actores sociales, alternativas de cambio del país que propendan a su democratización y desarrollo social y económico. En definitiva, que le diga al poder, con fundamento, lo que no quiere oír. 

 

 

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[1] Investigadora asociada al Cuban Research Institute, FIU 

Directora Ejecutiva Cuido60, Observatorio sobre el Envejecimiento, Cuidados y Derechos

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