*Estudiantes de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, miembros del Semillero de Estudios sobre Cuba.

 

El reporte de Eventos de 2019 para Cuba, presentado en la 30° edición del Informe Mundial 2020 realizado por la organización Human Rights Watch, expone los principales hechos de abusos a los derechos humanos en la isla. Dicho informe abre con una oración que resume la situación en el país, al afirmar que “el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública” (HRW, 2020).

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En general, los abusos del régimen cubano se basan en un sometimiento total de la población, manifestado a través de prácticas como las detenciones arbitrarias y los encarcelamientos de corta duración, las restricciones a la libertad de expresión, la existencia de presos políticos, las dificultades a la posibilidad de viajar, las condiciones desfavorables en centros de detención, los derechos laborales limitados, la persecución a defensores de derechos humanos y demás individuos por su orientación sexual e identidad de género, y la represión a actores internacionales clave.

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A pesar de reconocer una disminución en los casos de abusos en comparación con 2018, las violaciones persistieron en 2019 con más de 1.800 detenciones arbitrarias reportadas hasta agosto. Casos como el de la Unión Patriótica de Cuba y las Damas de Blanco muestran cómo las detenciones sistemáticas a activistas políticos que buscan manifestarse en contra del régimen son el pan de cada día en la sociedad cubana.

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En cuanto a la información, el acceso limitado a internet y a los medios de comunicación hace que medios independientes como 14ymedio, Cubanet o Cibercuba deban luchar por encontrar los recursos y espacios suficientes para realizar prensa independiente y crítica al régimen. En consecuencia, los periodistas independientes siempre se ven como blanco de hostigamiento y detención por parte de las autoridades. Tal es el caso de Roberto de Jesús Quiñones, periodista del portal de noticias Cubanet, quién fue condenado a un año de prisión por "resistencia" y "desobediencia" al régimen.

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Este tipo de acciones arbitrarias son fundamentadas legalmente por decretos como el 370 de 2018, referente a la informatización de la sociedad, que tilda de ilegal el almacenamiento de información contenida en sitios web cubanos en servidores ubicados en países extranjeros. Así, representan un mecanismo que permite el control total de la producción y difusión de información en la isla, fundamentado bajo la previsión de amenazas en contra de los valores y las buenas costumbres de la sociedad cubana, por lo que se elimina cualquier tipo de opinión opuesta al régimen y se reduce la posibilidad de diversificación del conocimiento.

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Otra de las principales formas de represión que enfrentan los ciudadanos cubanos es la restricción arbitraria a la posibilidad de viajar al exterior o, incluso, movilizarse al interior del país. Decretos como el 217 limitan la migración bajo el fundamento de “salvaguardar” la defensa y la seguridad nacional, haciendo que la detención de ciudadanos que buscan desplazarse al interior o fuera de la isla sea una constante que, una vez más, viola las garantías al debido proceso. Es común que periodistas independientes sean retenidos en aeropuertos porque son vistos como un riesgo para la legitimidad del régimen cubano.

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Las violaciones también trascienden al ámbito laboral. A pesar de la actualización del código laboral cubano, la asociación nacional de sindicatos es manejada por el mismo Estado, lo cual no permite el funcionamiento real de organizaciones de esta naturaleza.

De igual forma, las acciones de persecución se dan también frente a temas como lo son el género. Si bien el gobierno reconoció a inicios del 2018 a parejas del mismo sexo, las acciones de represión se evidencian contra individuos que actúan por fuera del oficialista Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), que dirige la diputada Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, reduciendo toda expresión que no sea coordinada por esta instancia.

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En contraste, resultan preocupantes no solo las acciones de violación de derechos humanos en sí, sino también todo el control gubernamental necesario para llegar a tal punto de intromisión en la vida de los ciudadanos. Los presos políticos, las detenciones arbitrarias y la censura sobre los medios de comunicación independientes son una muestra de la vigilancia estatal sobre las opiniones, preferencias, acciones cotidianas y posiciones políticas de cada uno de sus ciudadanos, ejerciendo una forma tenebrosa de control social. Tal es el caso de Armando Sosa Fortuny, el preso político más antiguo de la isla, quien murió antes de cumplir su condena de 30 años por "actos en contra de la seguridad del Estado".

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Sumado a la violación de los derechos humanos, se encuentra la inexistencia de mecanismos que permitan demandar a, lo cual facilita este tipo de prácticas dentro espacios como los centros carcelarios. Adicionalmente, instituciones como los tribunales de control al poder ejecutivo y legislativo se encuentran en un estado de subordinación total, por lo que cualquier garantía a un debido proceso queda fuera de la discusión.

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Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el régimen no permite la intervención de ningún tipo de organización de derechos humanos en casos de presos políticos, ni la revisión de las condenas impuestas a los activistas políticos. Como si no fuera suficiente, el acercamiento por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos es prohibido, por lo que es difícil registrar la verdadera magnitud de la represión y la violación de los derechos civiles y políticos. En consecuencia, uno de los retos más grandes al que se enfrentan los defensores de derechos humanos en Cuba es precisamente el papel ilegitimo que tienen frente al régimen, motivo por el cual el hostigamiento y las agresiones son mucho más persistentes a quienes se dedican a la defensa de derechos humanos.

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Frente a todo este panorama, actores internacionales han tomado medidas a causa de las acciones del régimen. Por un lado, Estados Unidos optó por imponer medidas restrictivas en materia económica y mercantil, mientras que la Comisión Internacional de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno cubano para hacer un seguimiento a los derechos humanos. No obstante, es preciso aclarar que fue gracias a los reiterados esfuerzos por parte de Cuba para evitar cualquier tipo de control sobre la violación los derechos humanos que este dejó de ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2019, restringiendo cualquier tipo de rendición de cuentas o control por parte de la comunidad internacional para garantizar la protección de la sociedad civil cubana.

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En conclusión, los abusos en la isla continúan, los verdugos de dichos actos han desarrollado por años todo el entramado político, institucional y discursivo que les permite prorrogar su conducta, y aquellos que han intentado cambiar la situación en el país se han encontrado con un completo sistema de obstáculos que, si no los termina convirtiendo en víctimas directas de los abusos que buscan eliminar, terminan siendo censurados y bloqueados de la realidad cubana.