¿Hay pobreza en Cuba? La respuesta a la pregunta, si es respondida por un cubano “de a pie”, que vive en la Isla, debería ser un sí inequívoco. El asunto se complica cuando comenzamos a indagar por su extensión, dimensiones, en qué sitios o grupos sociales se focaliza, en qué por cientos podríamos medirla, etc. Si bien es cierto que su presencia salta a la vista en zonas urbanas, sub-urbanas y rurales, el asunto se complica debido a la inexistencia (o invisibilización) de estudios empíricos que nos muestren su alcance real y dimensiones. Sabemos que hay pobreza en Cuba cuando vemos el fondo habitacional y las condiciones de hacinamiento en amplias zonas urbanas; cuando vemos el estado de la vivienda en las zonas rurales alejadas de los principales centros económicos; cuando analizamos el sistema de pensiones y lo contrastamos con los precios del circuito de consumo “en divisas”; cuando constatamos que las mujeres cubanas no quieren salir embarazadas y parir; o cuando vemos que, en los últimos años, decenas de miles de jóvenes cubanos toman la decisión de emigrar. 

​

Luego de 1959 el país implementó políticas sociales extensivas que dieron acceso a servicios sociales universales a amplios sectores populares. “Hoy podríamos hablar de salud, educación, cultura y mínimos de alimentación para grupos específicos (niños pequeños, mujeres embarazadas, personas que padecen enfermedades con requerimientos nutricionales particulares), como una garantía para todos” (Espina, 2016). Sin embargo, la crisis que se abre con el colapso de la URSS colocó a la Isla en una situación donde se ampliaron los márgenes de pobreza y exclusión social, sin que este delicado asunto haya sido abordado ampliamente en la esfera pública cubana. Por otra parte, si bien la existencia de estos servicios públicos de acceso universal (salud, educación y cultura) ha ayudado a “amortiguar” las franjas de pobreza en Cuba, ellos por si solos no constituyen una solución.

​

Igualmente, la “pobreza” (como concepto) y su “superación” (como estrategia política), no constituyen parte de la narrativa del Gobierno cubano, más enfocado en sus documentos programáticos (“Lineamientos”, “Conceptualización”, “Plan hasta el 2030” y “Constitución de 2019”) en una matriz discursiva sobre el “deber ser” en materia de igualdad y en la potenciación/modernización de los servicios públicos mediante los cuales ese Gobierno ha “construido” tradicionalmente la igualdad social en Cuba. Tal como afirma la socióloga Mayra Espina, quizás el principal referente académico sobre el tema en la Isla: “(en los documentos de la reforma) los temas sociales quedan concentrados en la intención de resguardar conquistas y proteger vulnerabilidades. Esto es positivo, pero insuficiente: ampara la pobreza pero no la supera, ni elimina los mecanismos que históricamente atrapan a determinados grupos en esa condición. De hecho, estos documentos y los discursos posteriores no mencionan la existencia de pobreza y, consecuentemente, no se disponen acciones para su eliminación” (Espina, 2016).

​

El economista Pedro Monreal afirma que “la última vez que se tuvo noticia de una cifra del coeficiente de Gini calculada por una institución oficial cubana fue en 2004, cuando en el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), la Dra. Angela Ferriol, estimó el coeficiente de Gini en un valor promedio de 0,38 para el periodo 1996-1998. Anteriormente, la economista Lía Añé –entonces investigadora del Centro de Estudios de Población y Desarrollo- había estimado un coeficiente de Gini de 0,407 para el año 1999. Desde esa perspectiva, el coeficiente de Gini más actualizado para Cuba se remonta a 17 años atrás” (Monreal, 2016). Este sería el “piso” más “firme” -basados en datos empíricos con consistencia científica- al que podríamos apelar para hablar sobre qué pasaba en la Isla en materia de pobreza y desigualdad social.  

​

Tomando como pivote central ese lejano referente, Monreal afirmaba en la plataforma Cuba Posible: “Ese coeficiente –cuyos valores se mueven entre uno y cero- expresa una distribución más equitativa del ingreso en la medida en que el coeficiente tiene un valor menor. Cuando se toma en cuenta que el coeficiente había sido estimado en 0,22 en 1986, eso significa que en el año 1999 (con un valor de 0,407) el indicador empeoró en un 85 por ciento. Si el dato inicial que se toma es el 0,25 de 1989, entonces el deterioro del coeficiente habría sido de 63 por ciento. Alternativamente, si se adopta como cifra final el valor calculado para 1996-1998 (0,38), el empeoramiento habría sido de 52 por ciento en relación con 1989 y de 72 por ciento en comparación con 1986”

​

Varios autores –Espina, Monreal y Mesa-Lago- llegan a la conclusión de que la reducción de la pobreza en Cuba pasa por la implementación de una política de Estado que “mida”, con herramientas científicas, la pobreza en el país; que se transite de un enfoque de asistencia vertical a uno transversal y sectorial con atención a grupos vulnerables y territorios; y que se acabe de aceptar, como afirma Pedro Monreal, que reducir la pobreza y la desigualdad en Cuba no pasa, esencialmente, por medidas de redistribución social sino por transformar la esfera productiva, especialmente en lo relativo a la distribución primaria del ingreso. Es decir, la superación de la pobreza en Cuba pasaría por una transformación económica-política-social del modelo, y por la superación del diferendo con Estados Unidos, que “aprisiona” definitivamente esa posibilidad.  

​

Un diagnóstico global sobre la situación de la economía cubana muestra resultados adversos; sobre todo en indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), donde la Isla crece a tasas muy bajas (por lo general por debajo del 3 por ciento en los últimos años). Según Pavel Vidal Alejandro, los 10 años de reformas de Raúl Castro no bastaron para darle el dinamismo prometido al crecimiento económico, hacer despegar la agricultura, mejorar los salarios reales y eliminar la dualidad monetaria. Para el especialista, la profundización de la reforma quedará pendiente para las próximas generaciones de líderes cubanos. Afirma Vidal: “En estos diez años se desperdició mucho tiempo y energía en aplicar cambios no fundamentales, reorganizar de forma parecida o ponerle nombres diferentes a lo mismo, o intentar nuevamente acciones que ya habían probado su fracaso en décadas anteriores. Pensar que la falta de control, disciplina u organización era la causa principal de los problemas también desvió la atención”. 

​

Tanto para Pavel Vidal, como para Carmelo Mesa-Lago, el principal problema de la economía cubana es proclamar que el “plan central” debe prevalecer sobre el mercado, y la propiedad estatal sobre la no-estatal; así como el principio de que no puede haber concentración de la riqueza y de la propiedad. Afirma Vidal: “La reforma siempre quedará incompleta si el Gobierno no logra despegarse del modelo de economía centralmente planificada. Hay suficiente evidencia para entender que el dominio estatal sobre la propiedad y el control monopólico sobre los mercados no favorece la productividad, la innovación y el desarrollo, y que, con cambios aislados y puntuales, mayor control y trasformaciones organizativas, no cambian significativamente los resultados”.

​

Un consenso generalizado entre economistas y otros actores (dentro y fuera de Cuba) aboga por el tránsito hacia una economía mixta, con énfasis en la justicia social; donde la reforma económica sea acompañada por el rediseño de otros elementos (sociales, institucionales y políticos) del modelo.

​

En un  texto anterior, publicado en la plataforma de Cuba Posible sistematice los cambios necesarios para el modelo en su conjunto de la siguiente manera: “1) mantener los recursos estratégicos de la nación en manos del Estado; 2) contar con una esfera pública abierta y deliberativa que permita el acceso de los actores sociales y políticos de la nación; 3) favorecer un debate nacional amplio en torno a la “justicia social”, que convierta a “la equidad” en el principal “eje” de convergencia de todo el espectro político cubano, y que esta realidad pueda traducirse en un consenso republicano estable y duradero;  4) mantener y mejorar, a toda costa, un sistema de educación público y laico para todos los ciudadanos de la República; 5) mantener y mejorar la cobertura universal de salud; 6) defender la existencia de un vigoroso movimiento sindical, que sea un actor clave en las relaciones capital/trabajo; 7) permitir y potenciar la existencia de una sociedad civil activa, en relación constante con los medios de comunicación, los poderes públicos y con acceso a las instituciones del sistema político; 8) defender un rol activo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) en relación con: a) el combate al crimen organizado nacional y transnacional, b) la preservación de la soberanía nacional ante la potencial interferencia de poderes externos, y c) el sostén de una política de seguridad nacional enfrascada en la defensa del funcionamiento de las instituciones democráticas y de la justicia social; 9) la posibilidad de legalización e institucionalización de tendencias y corrientes políticas; 10) la potenciación de un aparato cultural que: a) siga garantizando el acceso masivo de la ciudadanía a la cultura nacional y extranjera, y b) favorezca la formulación de una “conciencia crítica” ciudadana; y 11) se comience, de forma acelerada, una integración de las “diásporas” cubanas a la vida social, económica y política del país, mediante la restitución de derechos”.

​

Por otra parte, se impone una pregunta: ¿cómo impacta la Constitución de 2019 en la implementación de los cambios necesarios para reactivar la economía y superar la pobreza? Con la Constitución de 2019, la llamada “Generación Histórica” ha querido dejar sobre la mesa un documento que dé continuidad a su legado, mediante un acto de reafirmación (política e histórica) cuyo eje central es la necesidad de “unidad”. Para hacer “operativa” esa “unidad”, han recurrido a las herramientas tradicionales mediante las cuales esa generación ha entendido la manera de construir dicha “unidad” en Cuba: se ratifica la figura del Partido único como garante de la cohesión entre “el pueblo y la Revolución”; nuevamente se coloca a la empresa estatal socialista como corazón de la economía nacional; “el plan” tendrá supremacía sobre el mercado; se garantizan las políticas sociales con alcance universal y de manera gratuita; se prefiere la inversión privada extranjera sobre la inversión privada nacional; se reconoce y legitima la existencia de la propiedad privada, pero se acota su alcance y dinamismo; la “acumulación de capital” por parte de ciudadanos cubanos se constituye en uno de los principales “focos rojos” del debate; se desea avanzar hacia un “Estado socialista de derecho”, “con todos y para el bien de todos”, pero se obvia legitimar constitucionalmente a la “sociedad civil”, no se habla de pluralismo, se desatienden los derechos políticos de cientos de miles de emigrados, y no se implementa un Tribunal de Garantías Constitucionales; los principales cargos públicos de la República serán electos de manera indirecta, y gestionados por las “Comisiones de Candidaturas”.

​

Está por verse cómo el gobierno –según lo codificado en el nuevo texto constitucional, y en el entramado de leyes complementarias que lo acompañan- facilita (o no) la reactivación económica nacional. A estas alturas ya sabemos qué funciona, y qué no, en la economía cubana. Por otro lado, sin una ampliación del régimen de libertades ciudadanas (en ámbitos disímiles de la vida nacional) no será posible hacer avanzar al país hacia el futuro. Y la reducción de la pobreza no escapa a esa dimensión.