Las mujeres siguen sin tener un verdadero acceso al poder y a la agenda pública en Nicaragua, dejando en evidencia la debilidad de la representación descriptiva y sustantiva. Este artículo presenta una aproximación sobre el modo como la representación formal manifestada en cifras, ha servido de instrumento para ocultar la problemática.

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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con vigencia desde 1976, es una de las normativas principales en materia de derechos humanos, con el cual se incluyen algunos derechos como el derecho a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultura, al agua y saneamiento, y al trabajo.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que en la región americana la discriminación contra las mujeres se sigue reflejando en el mercado de trabajo, su acceso limitado a la seguridad social, las reducidas oportunidades de participación para mujeres, especialmente indígenas y afrodescendientes, así como el hecho de que las mujeres tienen menores posibilidades que los hombres de satisfacer sus necesidades básicas, tales como la alimentación, el acceso a vivienda y a servicios de salud especializados; siguen expuestas a formas de violencia física y sexual, y tienen opciones limitadas de obtener un trabajo decente y de incidir en la agenda pública de sus países (CIDH, 2011). Si bien, estos problemas han estado presentes a lo largo de toda la región, especialmente en los países latinoamericanos, es necesario detallar dicha situación en uno de los países no democráticos, donde la realidad de la promoción y salvaguarda de los derechos de las mujeres es muy distinta a lo que las cifras o comunicados oficiales dicen ser: Nicaragua.

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Para el año 2020 en Nicaragua se registraba una población de 6,625 millones de los cuales el 50.7% son mujeres. En el Índice Global de la Brecha de Género 2020 Nicaragua se encuentra en el quinto lugar, debajo de los países escandinavos. En el país aproximadamente el 58.2% de los ministerios está compuesto por mujeres, y otros organismos como la Procuraduría General está a cargo de una mujer. No obstante, Gioconda Belli, escritora nicaragüense, ha criticado dichas estadísticas exponiendo que “en Nicaragua hay mujeres nombradas a cargos, pero ellas son fichas en un tablero ilusorio (..) Ellas son ejecutoras de las “órdenes de arriba,” carecen de autoridad y de autonomía” (Belli, 2021). A inicios de este año se presentó una reforma a la Ley Electoral que proponía aprobar una cuota obligatoria del 50% femenino en todas las estructuras electorales, ampliándola a los miembros del Consejo Supremo Electoral, Consejos departamentales, municipales y Juntas Receptoras de Votos.

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Frente a lo anterior es importante recordar el aporte de Hanna Fenichel Pitkin respecto al concepto de representación. En la historia, se ha tendido a relegar la representación de las mujeres o abordar desde perspectivas formalistas en las que se aprecia el simple diseño de reglas electorales para la distribución del poder, que no van más allá de los números. No obstante, los esfuerzos no deben de quedarse ahí, sino que debería avanzarse hacia una representación tanto descriptiva, en la que los representantes realmente fungen su función de representar a sus electorados en su forma de pensar, opinar y argumentar, y una representación sustantiva que enmarca ese acting for, en el que realmente se trabaja por la promoción de legislaciones que estén acorde a los intereses de los ciudadanos, y en este contexto, de las mujeres. Con esto en mente, pareciera que en Nicaragua los esfuerzos no han ido más allá de simplemente cumplir con los números y las “reformas electorales” que permitan que los mismos se den, sin presentar una representación ni descriptiva ni sustantiva, las cuales, de fondo, son más importantes que la formal.

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Continuando su crítica, Belli (2021) expone que basta ver la alta tasa de feminicidios, la extendida persistencia de abuso sexual, maltrato doméstico y tasa de embarazos en adolescentes – que es la mayor de Centroamérica- “para darse cuenta que aquí hablar de paridad en las estructuras electorales es un argumento más para descalificar y dificultar el tendido electoral de la oposición”.

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Aunado a lo anterior, en su periodo 70° de sesiones, llevado a cabo entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre del presente año, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU respecto a Nicaragua señaló estar preocupado por la información que da cuenta de altos niveles de corrupción e impunidad, la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial y la falta de independencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como su falta de reacción ante violaciones de derechos humanos, especialmente por la persecución, las amenazas, el acoso y los actos de represalias contra defensores de derechos humanos por participar en las protestas (Naciones Unidas, 2021). Es interesante anotar cómo uno de los cargos que los defensores del régimen de Ortega resaltan por estar a cargo de una mujer es la Procuraduría, la misma que es puesta en cuestión por no cumplir con su deber, lo cual refuerza aquella percepción que la representación no va más allá del ámbito meramente formal.

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Además, respecto a la igualdad de género, el informe señala que el Comité, tomando nota de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades adoptada por Nicaragua, está preocupado por la información recibida según la cual “los estereotipos de género continúan arraigados en la sociedad, lo cual dificulta el ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales por parte de las mujeres, en particular en el ámbito laboral y el acceso a cargos de decisión tanto en el ámbito público como en el privado” (Naciones Unidas, 2021). De igual forma, en el apartado sobre las condiciones laborales, el Comité lamenta no haber recibido información sobre las condiciones laborales de las mujeres en algunos sectores, como el de maquilas y el trabajo doméstico, y le preocupa además que las condiciones de trabajo en estos sectores continúen siendo precarias exponiendo a las mujeres que trabajan en estos a graves riesgos de abusos y explotación. Es imprescindible abordar este último tema de preocupación expresado por el Comité en lo referente al ámbito del trabajo doméstico, donde se encuentra además de este, el cuidado no remunerado.

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Si bien, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado siempre ha presentado una sobrecarga en la mujer, la llegada de la pandemia debido a los cierres de colegios más el aumento de cuidado de los enfermos por COVID-19 hizo que dicha carga aumentara aún más. Sin embargo, pese a que este problema ha sido una constante a lo largo del mundo, a diferencia de los otros países, en Nicaragua no es posible encontrar cifras que den cuenta de su situación dentro del país. Los documentos en que se pueden encontrar dichos datos han sido por medio de las pocas investigaciones independientes sobre cuidados realizadas en el país.

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Por un lado, según los datos de “Veinticinco años de cuidados en Nicaragua 1980-2005: Poco estado, poco mercado, mucho trabajo no remunerado” para el último quinquenio del siglo pasado, el aporte del trabajo de las amas de casa a la economía nacional representaba más de la mitad del PIB, siendo de un 54.3% si se comparaba con el ingreso promedio de los hombres y mujeres ocupadas. Por otro lado, la investigación “el mercado laboral de Nicaragua desde un enfoque de género (2014) señaló que las mujeres, en promedio, dedicaban nueve horas en las actividades que componen este trabajo, mientras que los hombres solo realizaban cinco horas diarias, y en el área rural dichas horas aumentan aún más (Media Cuartilla, 2021). Dada la relevancia y magnitud de estos datos, si realmente les importara seguir la lucha por derrumbar las brechas de género estas cifras podrían estar actualizadas y tener un soporte aún mayor, pero no es así. Al gobierno no le interesa, por lo que nunca ha hecho si quiera un mínimo esfuerzo por mantenerlos en sus estadísticas oficiales, ello, debido a que no le conviene dar informe de los mismos, ya que revelaría las incoherencias internas respecto a la parte que deciden mostrar y la realidad de los hechos que vive su población.

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De esta manera, acorde a todo lo expuesto anteriormente, siempre es importante ir más allá de lo que nos muestran algunos índices respecto al trabajo en las brechas de género ya que los gobernantes, especialmente cuando no son democráticos, tienen el poder de controlar la realidad a su beneficio. La representación formal si bien es importante en el avance de la materia, cuando se instrumentaliza para el beneficio de un régimen pierde todo su esfuerzo, y aún más cuando no está acompañado de una representación ni descriptiva ni sustantiva como sucede en Nicaragua, donde las mujeres siguen sin tener un verdadero acceso y poder en la agenda pública, y donde las problemáticas y desigualdades de género persisten sin ser atendidas.

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Referencias

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Belli, G. (2021, abril 15). Cuotas falsas para las mujeres. Confidencial. https://www.confidencial.com.ni/opinion/cuotas-falsas-para-las-mujeres/

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CIDH. (2011, diciembre 19). CIDH presenta informe sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres [Text]. http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2011/130.asp

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Media Cuartilla. (2021, febrero 1). Trabajo doméstico no remunerado: La sobrecarga se agudizó con la pandemia. Niú. https://niu.com.ni/trabajo-domestico-no-remunerado-la-sobrecarga-se-agudizo-con-la-pandemia/

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Naciones Unidas. (2021, octubre 20). Nicaragua-Derechos Humanos: Preocupa la corrupción, la falta de independencia judicial y el cierre de los espacios de diálogo. Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2021/10/1498632

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