FORO CUBANO Vol 3, No. 21 – TEMA: INDICADORES –
En Cuba urge una economía democrática
Por: Roberto Veiga González
Junio 2020
Vistas
Introducción
En los últimos tiempos el modelo de producción y servicios de Cuba muestra aún más su carencia de funcionalidad. Ello responde a la prolongada combinación de un modelo económico ineficaz, una impertinente dependencia económica de Venezuela y las consecuencias de la crisis en ese país, y los “aplastamientos” que provienen de la Casa Blanca. Además, hay que tener en cuenta la carencia de voluntad gubernamental para promover la acción ciudadana por medio de una sociedad civil empoderada. Sin embargo, cabe destacar que el gobierno organiza y administra lo mejor posible los escasos recursos que consigue.
A la vez, el actual impacto del Covid-19 ha provocado un shock económico negativo, capaz de postrar las escuálidas estructuras económicas del país. En tanto, cuando la isla controle el Covid-19 no estará en condiciones de “administrar la pobreza”; esfuerzo que ha permitido alguna estabilidad distributiva, si bien básica y gradualmente menos equitativa. Esto constituye un reto sensible y apremiante que preocupa a todos los cubanos y coloca suma responsabilidad en el actual gobierno.
Situación económica actual
La pandemia ha precipitado y ahondado la carencia de divisas disponibles, el deterioro del mercado turístico, las dificultades en la toma de créditos por impagos a países y acreedores comerciales, la disminución de remesas, y el desplome en las exportaciones de algunos rubros o servicios. Igualmente, imposibilita la habitual factura de bienes importados, sobre todo de consumo con énfasis en alimentos, y otros intermedios vitales para los procesos productivos (Pérez Villanueva 2020). Incluso, según da cuenta la entrega de la “Agencia Cubana de Prensa”, del 1 de junio, José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del PCC, en reunión con dirigentes de la agricultura, aseguró que después del Covid-19 será casi imposible importar alimentos, los que constituyen alrededor del 60 % del consumo social.
Por otra parte, será improbable que Rusia o China reemplacen a Venezuela o den préstamos billonarios a Cuba. Rusia enfrenta una caída de su PIB entre 4 % y 6 % en 2020. Rosneft, la importante empresa petrolera de Rusia, ante presiones de la administración Trump, anunció el fin de sus operaciones en Venezuela, lo cual deja dudas sobre sus futuras operaciones en la esfera energética de Cuba.
China, por su parte, sufrió un descenso de 6,8 % en el primer trimestre y, aunque proyecta una tasa positiva para todo 2020 de 2,5 %, es la menor en los últimos 44 años. Además, el gigante asiático ya redujo el comercio con Cuba en un 23 % durante el período 2015-2018 (Mesa-Lago, 2020). Asimismo, tiene aplazado desde hace años la ejecución de múltiples proyectos acordados (Amuchástegui, 2020).
A la par, Cuba no entra en el grupo de 70 países a los cuales el G-20 acordó una moratoria sobre la deuda. Por ello, se debe esperar presiones derivadas de las obligaciones financieras de la isla con respecto a su deuda externa y adeudos comerciales a corto plazo. Ante esto, tendrá que negociar, en mucha desventaja y sobre bases bilaterales, con el Club de París, que acaba de concederle una moratoria de un año, y con sus acreedores europeos y asiáticos. A su vez, la crisis en los mercados petroleros afecta la capacidad de pago de dos importantes “clientes” de Cuba por concepto de proyectos de cooperación, Venezuela y Angola (Amuchástegui, 2020; Domingo, 2020).
En este contexto, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joseph Biden, ha expresado que si resulta elegido retornaría a la política de normalización de Barack Obama. No obstante, si triunfara en noviembre, no tomaría posesión hasta enero y, en el mejor de los casos, dicha política llevaría tiempo para diseñarse e implementarse (Mesa-Lago, 2020).
Como resultado de todo esto, se espera una creciente paralización de la actividad económica, un deterioro progresivo de los ingresos de la población y del fisco, un incremento de la informalidad y precarización laboral en estadios iniciales de recuperación, y fuertes presiones inflacionarias en torno a bienes esenciales como los de alimentos, higiene personal y limpieza (Pérez Villanueva, 2020).
¿En busca de solución?
Ante esta crisis, y después de una extensa insistencia en contra de cualquier reforma, el despacho de prensa de “Granma”, el 1 de junio, informa de una reunión del Consejo de Ministros en la que se anuncia que el primer mandatario advierte la necesidad de transformar el sistema productivo en busca de eficiencia y productividad, utilidad e ingresos, con el objetivo de lograr desarrollo, exportar y satisfacer las demandas internas de bienestar. Para ello, indica el jefe de Estado, habrá que cuestionarlo y revisarlo todo con el propósito de modernizar las instituciones y los procesos, pues en muchos casos estas tienden a entorpecer las cadenas de gestión.
Tal proyección responde a una convocatoria del general Raúl Castro, primer secretario del PCC. Según el periódico Granma, en la reunión del Buró Político del 8 de mayo, este demandó responder a todo lo debatido durante estos años y liberar “las fuerzas productivas”, y enfatizó que ello resulta el problema estratégico principal. Para eso, además, dijo: “hay que seguir trabajando en estos temas, montarnos en este tren y no bajarnos más”.
Al respecto, Carmelo Mesa-Lago advierte la necesidad de producir alimentos, estimular el cuentapropismo, crear empleos, promover la inversión extranjera, unificar la moneda, realizar una reforma global de los precios y fortalecer una red de protección social (2020). Por su parte, Pedro Monreal indica la urgencia en torno a la seguridad alimentaria y sobre la capacidad para revertir el proceso creciente de “zombificación” de las entidades económicas cubanas (2020).
Al respecto, Monreal sostiene que alcanzar la seguridad alimentaria “implica tres condiciones simultáneas: a) alimentos suficientes (cantidad y calidad que garanticen una nutrición adecuada), b) alimentos accesibles (debe existir disponibilidad estable de la oferta), y c) alimentos asequibles (todos los ciudadanos, especialmente los de menores ingresos, deben ser capaces de alimentarse de manera sana)”.
Y agrega que: “la reforma del sistema agropecuario cubano debe priorizar una transformación sustantiva en el plano institucional, tanto en la producción como en la comercialización. Precios, créditos, inversiones, e insumos deben ir acompañados de autonomía en materia de decisiones en el sector privado y cooperativo, que es donde se garantiza la oferta de alimentos en Cuba. Se necesita la modificación del sistema de contratos, la reducción de barreras de entrada a las actividades productivas y de comercialización, y la adopción de un marco competitivo con un papel limitado de acopio”.
Igualmente, apunta que “el incremento del peso relativo de entidades ‘zombies’ afecta negativamente la productividad, la eficiencia en la asignación de recursos para invertir y crea barreras de entrada a nuevas entidades que pudieran operar de manera más eficiente, con un efecto positivo en la renovación del tejido económico nacional”. Además “en el caso de Cuba, el calificativo de ‘zombies’ no se aplicaría únicamente al área de las empresas estatales, sino también a la esfera de los emprendimientos privados y cooperativos. En estos momentos, existe una gran incertidumbre acerca de la futura viabilidad de ‘modelos de negocios’ privados que funcionaron hasta antes del Covid-19.”
Argumenta que “la posible ‘zombificación’ de una parte de las entidades económicas funcionaría como un lastre de la recuperación. No solo se necesita un ‘rescate’ del tejido económico, sino su renovación, y eso exige colocar el acento en el plano institucional. Se necesita una reforma sustantiva del funcionamiento del sector privado -flexibilización del trabajo por cuenta propia y el establecimiento de pequeñas y medianas empresas (PYMES)-, antes de proceder a una reforma de la empresa estatal a gran escala para poder disponer de capacidad de absorción de los trabajadores excedentes. El inicio de la reforma de la empresa estatal debe darse desde ahora, aunque sea en forma de un programa ‘piloto’ para un grupo de entidades. No es razonable esperar hasta que se apruebe la ley de empresas prevista para 2022”.
A la vez, Mesa-Lago advierte que, para ello, sería necesario autorizar a todos los productores para que determinen por sí mismos qué sembrar, a quién vender y fijar los precios con base en la oferta y la demanda. Se debe incentivar y autorizar a los profesionales a trabajar por cuenta propia; a terminar la etapa experimental de las cooperativas de producción no agrícolas y de servicios; a establecer mercados al por mayor para suministrar insumos a todos en el sector no estatal; a instituir bancos, incluso extranjeros, a que ofrezcan microcrédito; a permitir al sector no estatal importar y exportar directamente; a eliminar los impuestos más gravosos al sector no estatal; a establecer un impuesto a las ganancias en sustitución de un impuesto al ingreso bruto y permitir la completa deducción de gastos; a empoderar a una asociación independiente de microempresas para negociar condiciones con el gobierno. Asimismo, en cuanto a la inversión extranjera, sería necesario autorizar a las compañías extranjeras para contratar y pagar directamente a todos sus trabajadores, y aprobar la inversión de capital extranjero, incluyendo a los cubanos en el exterior, en todos los sectores económicos, así como en las microempresas y cooperativas de producción no agrícolas y de servicios (Mesa-Lago, 2020).
Las sugerencias de muchos cubanos apelan por un mayor acceso a las tecnologías de las comunicaciones, eliminar los arreglos monopólicos y oligopólicos, dar paso a la creciente incorporación de proveedores y dinámicas de competencia, incentivar remesas orientadas a esfuerzos productivos más que al consumo y mayores bríos para el trueque de deuda en participación inversionista, romper el monopolio del Estado sobre el comercio exterior, permitir que compañías extrajeras sean sujetos activos en el comercio interior, promover que los medios fundamentales de producción de la isla se abran consistentemente a la asociación con el capital extranjero, facilitar mecanismos para que las empresas puedan acceder al capital a precio razonable, propiciar un mercado de medios de producción que posibiliten a las unidades económicas alcanzar el nivel que requieren para insertarse en cadenas productivas, o iniciar un proceso de acercamiento al sistema financiero internacional (Fernández, 2020; Pérez Villanueva, 2020; Amuchástegui, 2020; Mesa-Lago, 2020).
Todo esto exige una profunda reforma conceptual y estructural de las relaciones económicas. A ello invitó el general Raúl Castro desde 2007 y mucho han aportado los académicos cubanos. Pero falta voluntad política a su favor en ámbitos de poder.
Intríngulis del asunto
Los miembros del ejecutivo reconocen las complejidades económicas y la necesidad de “liberar las fuerzas productivas” para conducir la economía por senderos estrictamente “económicos”. Sin embargo, se contradicen.
Sobre ello, el Jefe de Estado, en respuesta a Lorena Cantó, periodista de la agencia EFE, el pasado 23 de enero manifestó:
“hay algunos economistas que cuando hablan de (…) desatar las fuerzas productivas del país, solo piensan en el sector privado. (…) Nosotros reconocemos como el principal actor económico en nuestra sociedad el sector empresarial estatal y como un complemento de esa economía estatal el sector privado. O sea, nosotros no estamos negando el sector privado, pero es un complemento de la economía. (…) Hoy (…) queremos, sin frenar al sector privado, desatar lo que es el sector estatal y encontrar el adecuado dimensionamiento que tiene que tener el Estado.”
No estoy a priori en contra de esto, pero resulta disfuncional en las actuales circunstancias de Cuba. La estructura económica del Estado no posee las capacidades requeridas para ocupar todo el sistema empresarial que demanda el bienestar nacional. Frente a ello, por ejemplo, si el Estado no tiene capital ni tecnología, ni otras condiciones necesarias para poseer todas las empresas estatales que necesita el país y así garantizar que estas sean el “sujeto principal” de la economía nacional, en condiciones de satisfacer las necesidades sociales: ¿cómo asegurar que lo consiga? ¿Acaso pretenderá lograrlo reduciendo las potencialidades de “otras formas de propiedad” para que estas no sobrepasen la dimensión y el raquítico potencial de la empresa estatal, a costa de no crear riqueza sino pobreza?
Pero el dilema profundo trasciende el criterio acerca de la factibilidad y dimensión de empresas no estatales. Un folletín publicado en Granma, el 6 de mayo, titulado “La «bondad» neoliberal de los entusiastas consejeros”, arremete en contra de todo criterio a favor del emprendimiento económico individual. Por momentos, incluso, parecen cuestionados, al menos de soslayo, hasta el general Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. El autor asegura que quienes aconsejan semejante absurdo solo atienden a los intereses económicos e ideológicos del neoliberalismo, los cuales laceran importantes factores culturales, ideológicos, políticos, geopolíticos e históricos de la nación cubana. Afirma esto como si el bienestar fuera contranatura y ajeno a lo que él imagina sobre cultura, ideología, política e historia. En mi opinión debió explicarse, además, con claridad, pero quizá no era políticamente oportuno por razones de dudosa legitimidad.
Varias personas respondieron a este diletantismo. Algunas consideraciones colocaron el asunto en su estado exacto. Por ejemplo, Mario Valdés Navia, en un artículo titulado “La reforma pospuesta y los ojos del pescado”, publicado el 8 de mayo en la Joven Cuba, asegura que este resulta un debate de larga data, donde se enfrentan dos actitudes opuestas.
Afirma que de un lado está una minoría soberbia de cubanos incompletos, que no creen realmente en la capacidad del pueblo y siempre aspiran a encontrar por el mundo un poder externo que los mantenga en su lecho de rosas. Antes eran España, USA o URSS; hoy son las transnacionales o cualquier gobierno afín por razones geopolíticas. Conjuntamente, atestigua que, del otro lado, está la mayoría que aspira a un desarrollo nacional autóctono a partir del talento y la capacidad de resiliencia del pueblo cubano, y entre estos menciona a científicos y guajiros, emprendedores y amas de casa, artistas y empleados, intelectuales y obreros, burócratas y soldados, religiosos y ateos, comunistas de verdad y patriotas de cualquier signo, además, sin distinción porque residan en la isla o en la emigración.
Por otro lado, Pedro Monreal, en su artículo titulado “Éramos pocos y parió Catana: ¿una oposición de izquierda en Cuba?”, publicado el 7 de mayo en su blog personal El Estado como tal, ofrece una precisión aguda. Sustenta que dicho sector, representado por este tipo de “analista”, se preocupa por intereses “puros y duros” en relación con el control de los recursos nacionales, incluyendo sus ciudadanos, que resultan el principal activo del país. Agrega que el posible establecimiento de PYMES en Cuba tiene efectos perturbadores para estos, porque implicaría una redistribución concreta y real del control de actividades económicas, lo cual perciben como una “pérdida” de poder.
Conclusiones
El país no puede continuar en una crisis incorporada como “endémica”, la cual, además, sucede al modo de un círculo vicioso siempre decadente. Ello es imprudente e innecesario. Cuba no posee importantes medios materiales, pero sí disfruta de unas “fuerzas productivas” (como denomina el marxismo) excepcionales. También existe un consenso extenso, profundo y sopesado en torno a la ruta debida.
Concurren muchas certezas al respecto. Por ejemplo, la necesaria liberación de una virtud empresarial orientada hacia el bienestar, la participación coherente de todas las formas de propiedad económica, la imprescindible combinación de la política económica y la política social, el desarrollo de todos los ciudadanos y de todas las localidades del país, la obligación de no abandonar a quienes padezcan desventajas o tengan dificultades, la necesaria centralidad del trabajo, y la responsabilidad social y estatal en todo ello.
Sin embargo, esto conduce a un elemento que (lo confirma el debate de las anteriores semanas) resulta el anatema del modelo social. Me refiero a la autonomía, a la liberación de las “fuerzas productivas” y del ejercicio ciudadano en general. Tal vez la causa eficiente de ello resida en la aprensión por el capital político plural que pueda provenir del desarrollo autónomo de los individuos y las instituciones. Quizá por ahí debería continuar la búsqueda, el debate.