El artículo se centra en las instituciones informales y sus efectos sobre la corrupción política en Cuba, destacando así la figura del “sociolismo” y el patrimonialismo, problemáticas que han de ser solucionadas con la educación en valores democráticos y la creación de instituciones formales fuertes.

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Las transiciones generan inestabilidad y pueden abrir mayores espacios para la corrupción. En primer lugar, las instituciones existentes entran en crisis. Esto porque el proceso de tránsito no es “overnight” de manera que los cambios en las reglas del juego no solo toman tiempo, sino que los actores también tardan en adaptarse y adaptar las nuevas reglas. Como consecuencia, también se genera una crisis en los procedimientos para hacer cumplir las reglas formales existentes. Cuanto menos se puedan hacer cumplir las reglas, más probable se torna el auge de la corrupción. A su vez, las instituciones informales -aquellas no escritas- atraviesan por la misma situación que las formales.

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Podemos mirar, por ejemplo, el caso de Rusia o incluso a buena parte de las repúblicas democráticas que emergieron del colapso soviético. De acuerdo con Legvold (2009), hay tres razones por las que Rusia se convirtió en un estado criminal después del fallido intento de democratización: el legado del régimen totalitario, una transición caótica, y el hecho de que esta última no solo implicara liberalización política, sino también económica. Estos tres elementos podrían estar presentes en el futuro de Cuba.

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Por otro lado, una transición no elimina instituciones informales al mismo ritmo con el que puede cambiar regulaciones y leyes. Conexiones y relaciones de patronazgo quedan enraizadas. El problema de la inestabilidad y confusión respecto a las instituciones formales siempre suele recibir más atención que el problema que concierne a las instituciones informales. Es comprensible en tanto las primeras son más tangibles, modificables, y predecibles. Sin embargo, es justo sobre las segundas donde quisiera poner el foco de atención de esta breve aproximación al problema. Más precisamente, sobre los efectos que pueden generar determinadas instituciones informales sobre la corrupción pública en el nuevo régimen en Cuba.

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Ricardo Puerta (2004) señala al “socialismo” como un elemento importante para comprender la corrupción en el actual régimen cubano. Dentro del término socialismo podríamos tal vez incluir el patronazgo, el clientelismo, y redes personales con las que cada individuo cuenta para resolver contingencias, maniobrar y moverse entre los mercados legales, ilegales, y alegales, acceder a privilegios o tratos especiales de parte de las autoridades, conseguir empleos, ascender en su carrera política, y recibir beneficios a cambio de lealtades. 

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Todo, o casi todo, puede “resolverse” a través del socialismo. Podemos decir que el socialismo encierra varias instituciones informales o que en sí mismo es una institución paraguas. En cualquier caso, el socialismo parece ser aceptado por la mayoría de los actores de la esfera pública cubana. No hacer uso del socialismo es generalmente censurado por el resto de los actores. Y hacerlo es generalmente premiado. Estos dos elementos me llevan a entender el fenómeno como una norma, una institución, o, si se quiere, una institución paraguas. Hay una premisa fundamental para que el socialismo exista en Cuba, sea efectivo, extensamente practicado, y sobreviva en el tiempo: la ausencia de lo público o, en otras palabras, la perversión de lo público por lo estatal.

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La ausencia del entendimiento de que es lo público, como parte del legado totalitario, contribuirá a una “cultura de la corrupción” en una etapa postcomunista. Bajo el actual régimen existe lo estatal y lo privado que veremos cómo se encuentran al final del camino. En realidad, es muy difícil encontrar en la Cuba de hoy algo que pueda representar verdaderamente lo público. Desde el discurso político de “la calle es de los revolucionarios”, hasta la praxis dentro de las empresas estatales, la persecución política, el empleo particularista de los medios de comunicación, y la ausencia de transparencia en el uso del presupuesto del Estado revelan que lo público ha sido subvertido por lo estatal, por lo partidista. Pero lo partidista aquí tiene un importante elemento privado o personalista. Es decir, el Partido y el Estado han sido el feudo de Fidel Castro, Raúl Castro, y su pequeño círculo, el cual por momentos ha cambiado[2].

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Es aquí donde lo estatal y lo privado se encuentran. El Estado ha sido usurpado. Pero la ausencia de lo público no se reduce a las altas esferas del poder, sino que es un entramado que corroe todas las esferas “públicas”. Pensemos en las empresas estatales que funcionan como empresas particulares donde los directivos se enriquecen, a su vez que les permiten a los empleados hacer lo mismo como pago por su trabajo. Esto ocurre, por ejemplo, mediante el robo directo de recursos o el fraude. Lo propio ocurre cuando por motivos políticos se persiguen a estudiantes y profesores de universidades “públicas”. Esto es también una forma de particularizar lo público. La universidad como espacio del PCC o del Estado en lugar de espacio público.

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Es evidente que todas estas prácticas son inherentes al actual régimen. Es decir, este no se puede sostener sin ellas. El totalitarismo, el postotalitarismo[3], o su variante militar de movilización (Espinosa, 2001)[4] mediante la usurpación de la esfera política, económica, y cultural del país ha particularizado prácticamente todo, ha hecho de lo público algo estatal, y del Estado algo particular.

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Todo esto significa que una vez hayamos transitado hacia un nuevo régimen estas prácticas particularistas generalizadas seguirán siendo un problema fundamental y un incentivo para la corrupción por varias razones. La primera, y más obvia, es porque la corrupción es precisamente el uso de un poder confiado con fines privados[5]. Es decir, sin una comprensión y asimilación de qué es lo público no podemos esperar que no haya corrupción sistemática. La segunda razón -muy relacionada con la anterior- tiene que ver con la lucha contra la corrupción más directamente. Si los ciudadanos y la sociedad civil esperan que todos continúen con prácticas particularistas, entonces es más probable que los corruptos queden impunes. Esto tiene que ver con la visión que algunos académicos tienen respecto a la democracia en estados débiles o, dicho de otra forma, en contextos donde la corrupción es sistémica. En estos escenarios la corrupción se convierte en un problema de acción colectiva. Es decir, el problema ya no es que un agente -que puede ser, por ejemplo, un cargo público electo por los ciudadanos- traiciona la confianza -o poder confiado- de un principal -que pueden ser en este caso los votantes, sino que no hay principales interesados en hacer que el agente no sea corrupto. Dicho de otra manera, la corrupción en estos contextos se vuelve algo tolerado o, incluso, premiado[6].

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Lo que aquí he expuesto es que uno de los legados que nos dejará el régimen será la ausencia de una internalización de lo público en la ciudadanía cubana a partir de una norma social, institución informal (paraguas) que se conoce como “sociolismo”. Lo privado y lo estatal ocuparán un espacio central. Pero ambos necesariamente se encontrarán en tanto el segundo no sea entendido como un espacio público. En otras palabras, la patrimonialización del Estado podremos revertirla desde lo formal, con nuevas reglas, pero no tanto desde lo informal mientras la ausencia de una cultura que defienda y valore la importancia de lo público no emerja. El sociolismo y el patrimonialismo que el implica perseguirán la república.

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Pero no todo está perdido

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La corrupción es inherente a la condición humana. Así que en cualquier sociedad y bajo cualquier régimen político tendremos personas y grupos que intentarán usar lo público para su beneficio particular. En el caso particular nuestro, después de una transición, lo mejor es prever qué podemos hacer. La respuesta más corta al sociolismo y el patrimonialismo en general es la educación en valores democráticos. Sin embargo, esto, además de ser la respuesta más corta, también es el camino más largo a recorrer en tanto es una meta a largo plazo. La segunda respuesta es precisamente intentar crear instituciones formales lo suficientemente fuertes para que aquellas informales que las perviertan sean menos exitosas.

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En tal sentido propongo dos metas fundamentales desde el diseño institucional formal para condicionar el sociolismo. Primero, el sociolismo aumenta con la fragmentación al interior del poder legislativo. Es decir, cuantos más actores compongan este poder, más probable resulta lo que Geddes y Neto (1992) llaman “política de intercambio”. Es decir, mientras mayor sea el número de actores políticos en el Congreso, más débil serán cada uno de ellos, y mayores incentivos tendrán para apoyarse en socios. A su vez, esto hace más probable que la búsqueda de socios no esté influida por la búsqueda de bienes colectivos -objetivos programáticos-, sino por bienes particularistas. Cuando hablo de instituciones formales que incentivan la fragmentación excesiva me refiero, por ejemplo, a reglas para fijar la entrada y salida de los partidos políticos[7], a la dimensión de los distritos electorales[8], entre otras.

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En segundo lugar, el sociolismo también aumenta con la politización de la burocracia. Cuanto más meritocrático sea la burocracia del nuevo régimen, más complejo será para los cargos electos usarla para sus fines e intercambios con otros actores. En tal sentido, los partidos políticos pueden intentar emplear la burocracia del Estado con fines particulares en lugar de para implementar políticas que beneficien al conjunto de la sociedad (ver, por ejemplo, a Gingerich, 2013). Es por ello que un sistema meritocrático ayuda a prevenir la influencia excesiva de políticos sobre la burocracia que estará encargada de implementar políticas y regulaciones.

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A su vez, los propios burócratas pueden emplear la burocracia para ascender en su carrera política tal como ha sido tradición en regímenes comunistas y también en regímenes democráticos de nuestra región. La profesionalización de estos puestos es entonces doblemente importante. Cuanta más profesionalidad exista al interior de la burocracia del Estado, también será menos probable que esta sea empleada solo como un escalón para ascenso político.

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Si bien estos dos elementos -excesiva fragmentación y burocracia politizada- no son los únicos importantes, creo que son centrales a la hora de combatir el sociolismo que perdurará en un futuro régimen democrático en Cuba. Adicionalmente, un trabajo sistemático sobre una cultura de respeto a lo público y de internalización de que lo público no es “lo que no de nadie” o lo que “es del Estado”[9], sino que es lo que les pertenece a todos y no le pertenece a nadie en particular, es desde luego, fundamental en el largo plazo.

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Referencias

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Espinosa, J. C. (2001). “Vanguard of the State”: The Cuban Armed Forces. Problems of Post-Communism, 48(6), 19-30.

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Geddes, B., & Riberiro Neto, A. (1992). Institutional Sources of corruption in Brazil. Third World Quarterly , 641-661.

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Gingerich, D. W. (2013). Political institutions and party-directed corruption in South America: Stealing for the team. Cambridge University Press.

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Legvold, R. (2009). Corruption, the Criminalized State, and Post-Soviet Transitions. In R. I. Rotberg, Corruption, global security, and world order (pp. 194-239). Brookings Institution Press.

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Lotspeich, R. (2003). Crime and corruption in transitional economies: lessons for Cuba. Policy Reform, 6(2), 71-87.

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Puerta, R. A. (2004). Corrupción en Cuba y cómo combatirla: una propuesta de auditoría social.Buenos Aires: Fundación CADAL.

 

[1] (Santa Clara, 1991). Licenciado en Sociología por la Universidad Internacional de la Florida (FIU). Maestría en Ciencias Políticas en FIU. Doctorando en Ciencias Políticas en FIU. Vive y estudia en Miami, Florida.

[2] Es importante tener en cuenta que incluso los más cercanos a los “sultanes” no están protegidos del todo. Piénsese en Luis Orlando Domínguez, Carlos Aldana, Carlos Lage, Arnaldo Ochoa, o los hermanos de la Guardia.

[3] Aquí me refiero específicamente a la tipología que emplea Juan Linz.

[4] Esta alternativa empleada por Espinosa describe al régimen cubano de forma diferente. Por un lado, comparte características con otros regímenes totalitarios, pero también cuenta con particularidades sustantivas como la de un hombre fuerte al mando, predominio de lo militar sobre lo civil (el partido de las Fuerzas Armadas y no a la inversa), y bajos niveles de institucionalización fuera de las Fuerzas Armadas.

[5] Así lo define Transparencia Internacional y es una de las definiciones más empleadas.

[6] Lo primero -la tolerancia a la corrupción- es representado, por ejemplo, con la popular frase de “roba, pero hace’. Lo segundo puede verse, por ejemplo, en votantes que prefieren bienes particularistas a cambio de su voto en lugar de bienes públicos -programáticos.

[7] Con esto me refiero a las reglas que establecen los requisitos para legalizar un partido (lo cual suele incluir recogida de firmas), y las que dictaminan cuando un partido desaparece de acuerdo a su desempeño electoral. Los países con reglas muy laxas (un muy bajo número de firmas requeridas, o un por ciento muy bajo de votos validos como requisito para continuar existiendo) suelen tener más partidos.

[8] La dimensión de los distritos electorales se refiere a la cantidad de asientos que se disputan en cada distrito. Cuanto mayor es el número de asientos en disputas mayor es la representatividad, pero a su vez, mayores incentivos para tener un numero más grandes de partidos compitiendo por esos asientos.

[9] Estas dos visiones son muy comunes en la Cuba comunista y son en parte el resultado de la usurpación del Estado, sus instituciones, y la perversión de lo público en general por lo “estatal” y, en última instancia, por lo particular. Por solo poner una anécdota como ejemplo, hace unos años, en una visita a Cuba conversaba con un grupo de amigos sobre el presupuesto del Estado. Para ellos resultaba difícil comprender que ese presupuesto era del conjunto de la sociedad. En su visión mostraban dudas respecto a la idea misma de que ese dinero fuese también de ellos junto al resto de la sociedad. Para ellos era más familiar la idea de que ese dinero era “del Estado”. Y, desde luego, por “Estado” no entendían un espacio neutral y abierto, sino uno particularista y cerrado.

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